El proyecto de ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, prevé que el 39 % del mismo, excluido el gasto de Seguridad Social está destinado a los Servicios de la Deuda. Por un total de 1,2 billones de pesos, equivalentes al circulante monetario, que es solo el pago de sus intereses, no de su capital, que se prevé refinanciar enteramente. Y otro 11 % son obligaciones a cargo del Tesoro, por un total 337 mil millones de pesos, más otro 8 %, 238 mil millones, a cargo de la secretaría de Energía, para subsidiar a empresas estatales y privadas con Techint a la cabeza. Restando el otro 42 % para asegurar el funcionamiento del Estado Nacional. Habiéndose previsto además inflación mediante, un atraso en el precio del dólar, para que los Servicios de la Deuda no treparan a un 44 % del Presupuesto.
Por Javier Llorens – 23/9/2019
Recientemente el economista neoliberal Roberto Cachanosky, en un programa de televisión apabulló a los legisladores nacionales Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio, y Victoria Donda y Daniel Arroyo del Frente de Todos, refregándoles en la cara el presupuesto asignado para el funcionamiento de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Afirmando que el costo de un diputado argentino es el doble de un diputado español, y que el costo de un senador argentino es diez veces mayor que el de un senador español.
Dejando de lado si Cachanosky tiene o no razón respecto el costo de los legisladores argentinos, que tienen ingresos muy por encima del argentino promedio, el reproche de Cachanosky, que proviene de una familia vinculada con el negocio bancario, es un ejemplo típico de como el árbol no deja ver el bosque. En este caso el inmenso bosque de la deuda, que no es precisamente una cachada.
Recientemente el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, donde prevé erogaciones por 6,25 billones de pesos. De los cuales corresponden 3,12 billones a la Seguridad Social (Jubilaciones) o sea casi exactamente un 50 %. Y otros 3,12 billones destinados al funcionamiento del Estado Nacional.
De estos tres y pico de billones, en orden decreciente, 1,2 billones, un 39 %, serán destinados al Servicio de la Deuda, o sea al pago de comisiones e intereses. 783 mil millones, un 25 %, irán a Servicios Sociales excluidos los de Seguridad Social. 613 mil millones, un 20 %, irán a Servicios Económicos. 260 mil millones, un 8 %, irán a la Administración Gubernamental. Y otros 258 millones, otro 8 %, a los Servicios de Defensa y Seguridad.
Se prevé además un déficit financiero de 786 mis millones de pesos. Lo que implica un superávit primario sobre los gastos del Estado, excluidos los Servicios de Deuda e incluidos los de Seguridad Social, de 423 mil millones de pesos, un 8 %. Y un déficit financiero del 16 %, lo que hace que el Servicio de Deuda equivalga a un 24 % de todo el gasto del Estado, incluida la Seguridad Social.
Este cuadro calamitoso, parece haber inspirado la escueta frase que se insertó en el frívolo mensaje que acompaña al proyecto de ley que dice: “la proyección de las cuentas públicas tiende a garantizar la solvencia fiscal en el mediano plazo”.
O sea que en el corto plazo no existe solvencia fiscal alguna, ya que el fisco solo puede pagar el 35 % de los intereses de la deuda. Y para el resto tiene que conseguir financiación que actualmente no encuentra por ningún lado en los mercados financieros.
El dibujo del presupuesto para reducir el impacto de la deuda
No obstante, contradictoriamente, evidenciando la confusión en la que ha caído la actual administración, en el comunicado que emitió el ministro de Hacienda Hernán Lacunza referido al inefable proyecto de ley que envió casi en simultáneo al Congreso para “reperfilar” la deuda pública, se expresa:
“Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de su deuda, en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado”.
Acorde las premisas macroeconómicas consignadas en el mensaje que acompaña al proyecto de ley de Presupuesto, ese “marco de políticas económicas consistentes”, se basarían inflación mediante, en atrasar el dólar al nivel previo a la devaluación de agosto tras las PASO, y aumentar un 1 % el crecimiento del PBI real.
Ya que prevé una inflación en el año 2020 del 43,1 %, a la que se debe sumar un 23 % de la inflación estimada hasta fin de año, con un dólar promedio a lo largo del 2020 de solo $ 67. Premisas que estimativamente, al atrasar el tipo de cambio real, permitirán una “economía” en los Servicios de la Deuda, de 300 mil millones de pesos, al estar compuesta un 78 % de ella en moneda extranjera.
Sí por contrario, se procurara que no exista un atraso en el precio del dólar, para tratar de impulsar la actividad productiva interna, los servicios de la deuda treparían a 1,5 billones de pesos. Representando el 44 % del Presupuesto excluida la SS, lo cual habría sido absolutamente impresentable e intolerable.
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De tal manera la deuda pública argentina, por su peso y estructura en moneda extranjera, se encuentra en una trampa terminal. Dado que si se propicia un aumento en el valor del dólar, para hacer más competitiva la economía interna, ello reduce el PBI aparente en dólares, haciendo que la deuda se torne insoportable e impagable, al carecer el fisco de recursos tributarios para la compra de divisas para atender los servicios de deuda.
Y si por contrario se atrasa el dólar para aliviar al fisco el pago de los servicios de la deuda en moneda extranjera, lo cual eleva artificialmente el PBI en dólares, haciendo aparentemente más soportable la deuda, por un lado la caída de la economía hará que también sean escasos los recursos tributarios para el pago de ella. Y por el otro lado también se registrará un déficit de divisas en la balanza de pagos, para poder cumplir con los servicios sin más endeudamiento, tal como sucede actualmente.
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El peso comparativo de la deuda
En el siguiente cuadro, en el que se basa el gráfico de la portada, se detallan los montos presupuestados para el ejercicio del 2020, correspondientes a cada jurisdicción. Habiéndose agregado en una columna las veces que representa el Servicio de la Deuda, en relación con el monto correspondiente a cada una de ellas.
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa103.pdf
Se puede apreciar en el cuadro que el Servicio de la Deuda equivale a cuatro veces las Obligaciones del Tesoro, que reparte subsidios a empresas estatales y de transporte, y del ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, y Tecnología. Y a cinco veces el ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda.
Con la salvedad en este último caso que el 94 % de su monto, 238 mil millones de pesos, va a parar a la secretaría de Energía para subsidiar empresas privadas. Destinando 76 mil millones de pesos a las petroleras, con el grupo Techint a la cabeza, y 146 mil millones a la Energía Eléctrica con el grupo Mindlin a la cabeza. Yendo así el grueso del Presupuesto, un 48 % excluido la Seguridad Social, a parar a manos de banqueros, financistas y mega empresarios como los Rocca de Techint, que reciben otra modalidad de seguridad social.
El Servicio de la Deuda equivale también a ocho veces el presupuesto del ministerio de Seguridad. A nueve veces el del ministerio de Defensa. A diez veces el de Transporte, que subsidia el transporte automotor urbano de pasajeros. A 18 veces el del Poder Judicial. A 21 veces el ministerio del Interior, Obras Públicas, y Vivienda.
A 28 veces el de la Presidencia de la Nación, que figura seguidamente con un rango del 1 % del Presupuesto. Encolumnándose a continuación, con un rango parecido y las siguientes cuantías, el Poder Legislativo, con 33 veces, mal que le pesa a Cachanosky. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, con 43 veces. El de Producción y Trabajo, con 48 veces. El Ministerio Público, con 49 veces. El ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con 54 veces, y la Jefatura de Gabinete con 72 veces.
Del Jubileo a los jubilados
Por su parte el Gasto en Seguridad Social de 3,12 billones de pesos, equivale a 2,6 veces el del Servicio de la Deuda, de 1,2 billones de pesos. El cual es sostenido en un 73 % con los aportes laborales y patronales, y un 27 % con impuestos, con un total previsto para el 2020 de 857 mil millones de pesos.
Una cifra parecida a la del déficit financiero de 786 mil millones de pesos. Y esta semejanza explicaría también la frase vertida por el ministro Lacunza, de que estos espantosos Servicios de Deuda son sostenibles “en el marco de una política económica consistente”.
La que conforme exige el FMI y está sucediendo en Brasil, consiste en una nueva reforma jubilatoria. Para que el componente tributario de la Seguridad Social, vaya al pago de los Servicios de Deuda, a costa del bienestar o mejor dicho del malestar de los ciudadanos de la tercera edad, que verán severamente recortados sus beneficios jubilatorios.
Así la deuda en vez de ir a un jubileo, irá a ser costeada en buena parte por los jubilados. Y el jubileo lo hizo el actual gobierno a favor de quienes evadieron y fugaron divisas provenientes muchas de ella de la deuda, con el blanqueo de capitales que hizo apenas asumió, a cambió de un mínimo reconocimiento de sus obligaciones con los jubilados.
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Las salidas de la deuda
Más allá de que alcances se le puede dar a la frase “en un marco de políticas económicas consistentes”, resulta evidente a la luz del gráfico de la portada y los guarismos antes expuestos, que Argentina no solo tiene un gravísimo problema de liquidez, sino también de insolvencia para afrontar sus enormes Servicios de Deuda.
Razón por la que la deuda pública no solo requiere una “reperfilación” estirando sus vencimientos con los mismos intereses pactados, ante la falta de crédito en el mercado para seguir con el rollover (tomar deuda para pagar deudas).
Sino que además requiere una sustancial quita, ya sea en las obligaciones secundarias (intereses) o la principal (capital). O una espera con capitalización de intereses, que si Argentina no crece con un ritmo proporcionalmente más alto, solo hará diferir el default en el tiempo, por un monto mucho más abultado.
Lo primero es lo que se intentó defectuosamente con el canje del 2005, concretado por recomendación del FMI por el ministro Roberto Lavagna Lavagna y Guillermo Nielsen. Quienes plantearon una enorme quita con los bonos Discount, compensados con altos intereses, y con las Unidades Ligadas al PBI (ULPBI).
Cuya esencia no fue entendida por los tenedores de bonos no experimentados, abriendo por contrario una oportunidad para los tenedores de bonos aviesos, los fondos buitres. Ya que para forzar la adhesión al canje, el Gobierno decretó que el canje no se reabriría, dictando así un virtual repudio de la deuda no canjeada, que dio pie al accionar de los buitres.
Además Lavagna Nielsen pautaron un crecimiento del PBI, que en realidad era un rebote, y por ello inmediatamente pagos de la ULPBI se hicieron gravosos. Sin poder atenderlos mediante volver al mercado internacional de la deuda, que era otra de las condiciones fijadas por Lavagna Nielsen para su sustentabilidad, al haberse adherido al canje solo el 75 % del monto adeudado.
En consecuencia el Gobierno de entonces, al no poder recurrir al mercado internacional directamente, primero apeló a la triangulación de las reservas del Banco Central, para obtener financiamiento de megabancos occidentales respaldados por esas reservas, contando con la complicidad de su presidente Martín Redrado, y su gerente General Hernán Lacunza. Y luego la siguió con las colocaciones marginales de deuda a través de Venezuela, con altísimas tasas de interés.
Agotadas esas medidas, se lanzó a implementar las retenciones móviles con la resolución 125, pagando un enorme costo político por su fracaso. Con la que no obstante solucionó durante su vigencia, la situación en que habían caído los exportadores de granos, que habían congelado las retenciones con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) previas, y no podían comprar la cosecha a los precios que en ella figuraban, por el sustancial aumento en el precio internacional de los granos que hubo ínterin.
Ver LOS MALOS CALCULOS DE LOUSTEAU CON SU 125 PARA BENEFICIAR A LAS CEREALERAS
El Gobierno se vio así obligado seguidamente a estatizar las AFJP, que detentaban una gran cantidad de ULPBI, para proceder a su recompra. Y cumplir de paso con las recompras de deuda a que se había obligado el defectuoso canje Lavagna Nielsen. Para luego apelar desesperadamente a colocar deuda intraestado y usar directamente las reservas del Banco Central, para poder cumplir con los acreedores privados,
El defectuoso canje de Lavagna Nielsen en ese momento tuvo poquísimos objetores. Solo lo hizo en solitario el entonces diputado Mario Cafiero, quién con la colaboración del autor de esta nota presentó un informe titulado “¡Oh juremos con deuda morir!”, tal como ocurrió posteriormente.
Sosteniendo en él, y lo mismo en el libro “La Argentina robada” de autoría de ambos, que para encarar una solución integral de Estado respecto el fenómeno crucial de la deuda externa, primero es esencial conocer su historia. Que se en inició 1824 en los albores de la independencia, y condicionó a Argentina en largos tramos de sus existencia.
Siendo en tal sentido indispensable esclarecer el origen del actual endeudamiento externo durante la última dictadura militar, que la justicia argentina ha declarado fraudulento. El cual acorde con el derecho internacional sostenido por EEUU, era susceptible de ser catalogado como “deuda odiosa”, pasible de ser repudiada. Lo cual el primer gobierno democrático no lo hizo, y le echó una pesadísima mochila al hombro de la democracia, que hasta ahora trajo a Argentina a los tumbos.-
Ver EL Gobierno engaña como en el 2001: no hay dólares para todos y todas
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