Claudia Martínez, la funcionaria a cargo del organismo y segunda candidata en la ‘lista corta’ de legisladores nacionales y dijo que se trata de un modelo exitoso en el abordaje de la violencia de género que quiere traspasar a nivel nacional. Pero trabajadoras, referentes, el sindicato y dos colegios profesionales denuncian explotación laboral, bajos sueldos y pésimas condiciones de trabajo que afectan la atención de las víctimas.
Por Guillermo Posada @cortodemira 13-7-2019
A principios de julio la titular de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de Córdoba, Claudia Martínez, en una entrevista sin riesgos que publicó el diario La Nueva Mañana, anunció que con su candidatura a diputada nacional por el frente Hacemos por Córdoba, que impulsa el gobernador Juan Schiaretti en reemplazo del extinto Unión por Córdoba, promueve “replicar el modelo del Polo de la Mujer a nivel nacional”. Y dijo además que el modelo del “Polo de la Mujer” es pionero “a nivel internacional”.
Sin embargo, trabajadoras, referentes sociales y sectores políticos de la lucha contra la violencia de género que rescatan y valoran la creación del organismo centralizado que tiene a cargo la candidata Martínez, denuncian que el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia –tal es su nombre completo- actualmente esconde prácticas de violencia institucional, abuso de poder y explotación laboral.
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Trabajadoras del Polo, entrevistados por stripteasedelpoder.com, alertan que estás situaciones de violencia están instaladas desde el inicio de la gestión y no encuentran salida con los actuales funcionarios a cargo de área, cuya mayor exponente es Martínez, la candidata a diputada de Schiaretti.
También, referentes de la lucha de género como Maru Acosta -hermana de Paola Acosta, víctima de un asesinato cuando su pareja la arrojó a una alcantarilla junto a su hijita de pocos meses de edad-, o Betiana Cabrera Fasolis -referente provincial del movimiento feminista Mumala-, colegios profesionales los de psicólogos y trabajadores sociales alertan sobre esta situación que se vive en el organismo que conduce Martínez. Espacio donde el Estado debería desarrollar políticas contra la violencia pero, conforme a las denuncias, estaría violentando a sus propias trabajadoras a cargo. Toda una paradoja.
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Este portal se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Justicia y DDHH para pedir una entrevista con la funcionaria, dada la gravedad de las denuncias, pero no fue concedida. Tampoco obtuvimos respuestas a una serie des preguntas enviadas en segundo término para de conocer la posición oficial al respecto. Silencio total.
Clima interno
La sala de espera tiene unas sillas sobre las paredes y otras en medio, a modo de isla. Una televisión clavada en Canal 12 del Grupo Clarín que propala el programa Lagarto Show, mientras diversas mujeres aguardan su turno. Casi todas enfrascadas en sus propios celulares, como evadiendo el contorno.
De las paredes cuelgan fotos de la escritora Simone de Beauvoir, la ex jerarca israelí Golda Meir, Evita, Julieta Lanteri -quinta mujer en recibirse de médica en Argentina- que decoran el lugar con frases de referencia sobre justicia social, conquista de derechos, construcción de identidad y demás. Todo está más bien silencioso, a pesar de algunos niños que acompañan a sus madres, que a duras penas logran mantenerlos sentados.
Las delegadas gremiales del sector sostienen que la mayoría de esas mujeres, violentadas, agredidas, mancilladas en su autoestima, necesitan tiempo para la atención, buen ambiente donde poder generar confianza con las profesionales que las atienden para poder expresar sus duras vivencias. En cambio, las funcionarias encabezados por la candidata Martínez, entienden que la gestión implica presión permanente sobre las trabajadoras y precarias condiciones de trabajo que las tienen en vilo permanente.
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“Cuando asume a fines de 2015 le transmitimos a la Secretaria Claudia Martínez la situación de precariedad que estábamos viviendo. Nos respondió que íbamos a ser las ‘niñas mimadas’ del Ministerio de Justicia y que se iban a resolver de a poco la situación, pero en enero empezaron despidiendo seis trabajadoras contratadas, entre sicólogas y trabajadoras sociales –una de ellas embarazada-, sin previo aviso ni que se cumpla el término de los contratos”, relata Sandra Cáceres, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y psicóloga del organismo, con una antigüedad de 15 años en el Estado provincial. “En ese momento no éramos el Polo sino la Dirección de Violencia Familiar”, cuenta.
Por eso comenzaron a organizarse gremialmente, acercándose a ATE, y pidiendo el apoyo de los colegios profesionales de psicólogos y trabajadores sociales, actividades que congregan a la mayoría de los trabajadores calificados del Polo.
Ese enfrentamiento con las autoridades, que se saldó con la reincorporación de las trabajadoras despedidas, significó iniciar un derrotero de medidas que las delegadas describen como de “desprofesionalización” de la atención de las víctimas.
“Nos sumaron tareas que no forman parte de las obligaciones habituales, como hacer entrevistas en la unidad judicial o abordajes de contención de mujeres en plena crisis, sentadas en el sillón de espera, mientras adentro los funcionarios tomaban denuncias. Empezó una progresiva desprofesionalización del trabajo”, agrega Sandra Marín, trabajadora social y también delegada gremial.
Ante el aumento de la demanda que colmó los pedidos de turnos para atención y denuncias, las funcionarias subalternas de la candidata de la Lista Corta Claudia Martínez, redoblaron la presión sobre las trabajadoras para que atiendan más cantidad de casos en un mismo lapso de tiempo. Par ello, hasta tuvieron encontronazos en los pasillos con las profesionales, menoscabando la tarea que realizan y sometiéndolas a lo que describen como ‘violencia institucional’.
“A los dos años de asumida esta gestión comenzaron a aumentar considerablemente las carpetas psiquiátricas, en algunas de las áreas donde podemos dar cuenta. Por otro lado, en 2017 estuvimos dos meses casi paralizados por la cantidad de carpetas sanitarias producto de la baja en las defensas de las trabajadoras, entendemos que producto del stress al que estamos sometidas”, abunda Cáceres, describiendo un ambiente tóxico.
Se trata del ‘Síndrome de Burnout’, especifica Sandra Marín, y está descripto como el desgaste profesional en un ambiente agresivo. “Muchas trabajadoras pidieron el pase a otros organismos para zafar de la situación, las anteriores delegadas también se fueron porque, además, tienen al gremio como principal enemigo porque denunciamos esta situación. Este año hay más trabajadoras que piden el pase. Para dejarlo claro, estamos entrenadas y capacitadas para sostener y encauzar la presión que significa la atención de las mujeres que vienen a buscar una ayuda al Polo, pero eso no significa que tengamos que sufrir además la presión de la patronal. Y eso es lo que desborda la situación a muchas trabajadoras. Todo esto con conocimiento de Claudia Martínez, que dice que nunca sabe nada”, completa la delegada.
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Reclamos
Desde comienzos de 2018 comenzaron las movilizaciones, las asambleas y las protestas que las autoridades intentan frenar con promesas de diálogo infructuosas, que no se concretan; y con amenazas y malos tratos a las trabajadoras. Aun así, las masivas movilizaciones del 8 de marzo dieron contención a sus protestas y se animaron a marchar, en una importante columna, hasta la puerta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encuentra sobre calle Alvear, en frente a los estudios de la radio Cadena 3.
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“Ante las situaciones de resistencia, las autoridades incorporaron trabajadoras en calidad de monotributistas, que no están en condiciones de resistir los aprietes. A ellas las envían a ‘la brigada’, el equipo que se ocupa del abordaje de alto riesgo in situ, en los casos de feminicidios, conteniendo a la familia, etcétera”, describen las delegadas.
Y agregan: “sucede también con las contratadas, profesionales precarizadas que el Estado no reconoce como personal estable, que cobran 20 mil pesos, haciendo turnos rotativos, de noche, y que conforman el personal indispensable de guardias mínimas. Comparada con las trabajadoras de planta, estas compañeras tienen un sueldo de 12 mil pesos menos en promedio. No le reconocen la antigüedad, el título, no te permite escalafonarte ni subir de categoría. En el caso de los monotributistas, es como un servicio tercerizado. Ni siquiera cobran aguinaldo, tienen que pagar su propia matrícula, no tiene derecho a licencia”.
Estiman que el total de trabajadoras en el Polo de la Mujer alcanza alrededor de 300, de las cuales alrededor de 50 son monotributistas. “Los casos aún más extremos son lo de los becarios, con sueldos de 8 mil pesos al mes. Por suerte solo quedan tres que esperamos que puedan mejorar su condición en breve”.
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Actualmente su reclamo prioritario es el principio básico del derecho laboral: a igual tarea, igual salario. Es decir, que más allá de la condición del contrato laboral de cada profesional (contratado, de planta, monotributistas) se le reconozca el mismo salario.
Militancia
Claudia Martínez, la segunda candidata ha diputado de la lista de Schiaretti pro Macri, es militante del PJ desde su juventud. Su carrera dentro de la estructura del parido de Perón fue creciendo desde que se desempeñó como secretaria de la concejal Nilda Possi, a comienzos de la década del 2000, y posteriormente del entonces viceintendente de Córdoba Adán Fernández Limia.
Actualmente es la presidente del partido en Córdoba Capital y persona de confianza Alejandra Vigo, esposa del gobernador que acumula cargos como diputada nacional, legisladora provincial y secretaria de Equidad y Promoción de Empleo en el gobierno provincial. Con lo cual decir Martínez es decir Schiaretti.
Si bien inicialmente, la titular del Polo de la Mujer, procedía de la quinta seccional, actualmente es referente de la primera. “Claudia siempre estuvo detrás de una bandera, es una militante de toda la vida y nadie te lo va a negar”, resume un histórico armador del PJ de amplia trayectoria.
Pero en la administración de los recursos del Estado, y en un área crítica como es el Polo de la Mujer, las trabajadoras observan métodos que se chocan con lo que sería un tratamiento profesional de los casos abordados.
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“A las trabajadoras sociales se presiona para gestionar los recursos en base a una lógica clientelar. Por ejemplo, se presenta una mujer para transmitirnos ‘yo milito con Claudia Martínez’ y te da una lista de lo que hay que darle. Hay que darle subsidios al margen del criterio profesional. Así se desdibuja el rol que tenemos que tener las trabajadoras por estas intervenciones extemporáneas ordenadas desde los funcionarios políticos. En algunos casos corresponden los subsidios y en otros no. Pero lo cierto es que hay un equipo técnico multidisciplinario que debe evaluar cada caso para determinar el qué tipo de respuesta dar, las evaluaciones de riesgo, etc. Sin embargo, con la orden desde arriba presionan con el criterio ‘ustedes gestionen el recurso’”, explica la delegada Marín.
A esto agregan que “mientras las trabajadoras nos vemos en un contexto de recibir permanentemente el choque de la realidad tan grave y traumática que sufren las mujeres que van al Polo a buscar ayuda, también sufrimos el plus de la presión desde arriba de la gestión que no tiene que ver con la naturaleza de la situación de violencia”.
Esta presión diaria que describen se hizo explícita cuando se sumó un dispositivo de poder, de vigilancia, dentro del organismo. “Eran personas que estaba en los pasillos y entrevistaba a la gente cuando salía de los consultorios. Las impulsaban a derivar quejas a recursos humanos, si no habían tenido alguna respuesta esperada. Después Recursos Humanos notificaba a los trabajadores de las quejas. Nos quejamos de la situación, pedimos ayuda a los colegios profesionales y al sindicato. Tras varias reuniones por las autoridades se levantó el sistema”, afirma Cáceres.
El abuso en las relaciones laborales que las trabajadoras están sufriendo llega al paroxismo cuando se trata de las auxiliares de la Casa Cuna. Ellas se ocupan de cuidar a los menores mientras las madres hacen la denuncian o cualquier otro trámite. Son trabajadoras que reciben becas para desempeñarse en el lugar a partir de su relación militante con la estructura partidaria. Su arribo es por medio de ONGs que suscriben convenios con la Secretaria de Equidad y Empleo. Por eso Claudia Martínez sostiene que no cuenta con herramientas para resolver esa situación. “Esas chicas tienen que cuidar 20 o 25 menores cada una y ganan 7 mil pesos por mes, trabajando seis horas diarias” agregan.
Apoyos
Si la agenda de reclamos de las trabajadoras fue creciendo al ritmo de la masividad de las marchas contra la violencia que sufren las mujeres, diversos actores es mostraron solidarios con la situación y así los expresaron para este informe de STDP.
La mencionada Maru Acosta, que es candidata del Frente de Izquierda Unidad, afirma que “acompañamos el reclamo de las trabajadoras, exigiendo mejoras en las condiciones laborales y en contra de la precarización, son muy pocas empleadas en relación a la demanda por casos de violencia de género. Se incrementa la demanda ante cada caso resonante y es muy difícil dar respuesta si no aumentan la cantidad de personas para atender esos casos.
“Hay monotributistas atendiendo la primera línea de fuego de las denuncias. En algún caso llega a ocho años esta situación. Otras trabajadoras están supeditadas siempre a la renovación de contratos. Solo ocho personas controlan los botones antipáticos de la provincia, que es una medida con sus límites pero que suma y sirve. O faltan dispositivos o no se pueden controlar por falta de personal”.
Por su parte, Betiana Cabrea Fasolis, titular de Libres del Sur en Córdoba, describe que “en términos generales, la cuestión presupuestaria, de los planes para facilitar un alquiler una beca de suplementación económica, la cuestión de los equipos interdisciplinarios está bien. Ahora, cuando te pones a ver realmente como está funcionando esto, trabajan a destajo. Al punto que los turnos se dan a un mes. Hoy denuncias que te cagaron a palos, tenés cita con el equipo técnico porque por supuesto están desbordados. El punto más flaco está vinculado a los equipos interdisciplinarios, los profesionales que trabajan con contratos monotributos. Trabajan en la trinchera de la primera línea de fuego”.
La dirigente asegura además que “trabajadoras que deben resolver el nivel de riesgo que de la mujer que va a denunciar su situación, si dictamina una orden de exclusión y se otorga un botón antipánico o si se sigue un proceso que se trate de otra forma, viven una situación profesional bastante endeble. Adquieren mucha experiencia rápidamente pero cobran un monotributo miserable, entonces apenas pueden se van a trabajar a otro lado. Y laburan a destajo, con muchísima presión. La cuestión de las trabajadoras está en todas las marchas de Ni una Menos. Y el 25 de noviembre. Reclaman el pase a planta permanente, denuncian siempre algún tipo de persecución y control, reclaman por las condiciones paupérrimas. Como visitar un domicilio sin consigna policial, con el riesgo que ello implica”.
Con similares criterios se expresó el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, que sumó su voz al reclamo de las trabajadoras del “Equipo de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual del Polo de la Mujer”, por su estabilidad laboral, el derecho al acceso a la planta permanente y el fin de los monotributos. Para eso tomó como propia –así puede constatarse en su web- la denuncia que las trabajadores hicieron pública el año pasado para reclamar mejoras laborales.
También el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba dijo a stripteasedelpoder.com que viene mantenimiento reuniones con las trabajadoras psicólogas y psicólogos que tienen convenio con el Colegio y la Provincia. Además, la actual gestión del Colegio ha estudiado el marco que ha sido celebrados dichos convenios y analizando cuál es la situación laboral de las colegas que trabajan allí en estos momentos.
El organismo declaró que mantuvo reuniones con Martínez para trabajar “mejoras en las condiciones laborales de quiénes hoy se encuentran trabajando”, ya que sus propios afiliados les transmiten que si bien “es una tarea que ellos quieren seguir haciendo (y) que les agrada, que necesitan una revalorización de su puesto laboral”.
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Por último, preocupada por las denuncias, la legisladora Liliana Montero, hizo un pedido de informes en la Unicameral en mayo pasado donde solicitó: información sobre la cantidad de profesionales de la salud que hay en el Polo de la Mujer; si ha habido rotación y/o disminución, en los últimos dos años, de profesionales de la salud cuyas tareas son principalmente las de atención a víctimas de delitos sexuales y violencia de género; si existen denuncias, reclamos o presentaciones respecto a la falta de personal en el Polo de la Mujer; si tiene previsto incorporar profesionales en el área y si han realizado trámite o intervención alguna para que se disponga más personal.
La legisladora planteó que “el crecimiento en las denuncias por violencia de género y delitos sexuales es uno de los flagelos que mayor atención debe tener por parte de todas las instituciones públicas, cada una desde su lugar, adaptando políticas, presupuestos y capacitaciones. Pero, una entidad cuyo fin principal es la recepción, contención, acompañamiento de esta problemática, no puede ni debe – y es absolutamente preocupante – tener falta de personal”. Destacando que ya había realizado un planteo similar en marzo, pero ninguno de los dos pedidos tuvo respuesta hasta el momento.
Réquiem
El cierre del informe vuelve a estar en manos de las trabajadoras, protagonistas exclusivas de lo que sucede en el reino personal de la candidata a diputada nacional de Schiaretti Claudia Martínez.
Cáceres: “Desde nuestra formación, en base a nuestra capacitación científica, trabajamos en función de resolver situaciones de violencia. Si la institución no tiene mecanismos saludables somos las primeras en riesgo que se reiteren en nuestro seno situaciones de violencia. Pensamos que lo saben sin embargo hacer todo para que esas situaciones no se detengan, sino todo lo contrario. Lo que tratás de solucionar te pasa a nivel interno. Son los funcionarias quienes impulsan la situación violenta en la gestión”.
Marín: “También es notable el desprecio y temor a las prácticas sindicales. Nos odian porque estamos afiliadas, porque somos delegadas, porque pertenecemos a ATE. No hay peor enemigo. Ni siquiera tienen temor a las organizaciones de base. Su miedo es a la mujer con derechos, cuando salimos a la calle a reclamar que queremos autoridades competentes, que basta de políticas vaciadas que un presupuesto de 11 pesos para que una mujer salga de una situación de violencia no alcanza, que la trabajadora no llegue a fin de mes no contribuye a mejorar la situación. Por eso decimos que la calidad de servicio está en riesgo desde que Claudia Martínez está en el Polo de la Mujer”.
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