En el derecho penal rige el principio de la “ley penal más benigna”, por el que nadie puede ser culpado por algo que dejó de ser delito. Y Cambiemos y el “peronismo racional”, con la ayuda por omisión del kirchnerismo, le está abriendo la puerta a la aplicación de este principio, con la reforma de la ley de financiamiento de la política, que aprobó el Senado y está en tratamiento en Diputados, permitiendo los aportes privados para las campañas electorales. A los efectos de consagrar una amnistía encubierta a favor de los mega empresarios imputados en la causa del Cuadernogate, que en sus indagatorias declararon que no se trataba de sobornos, sino de donaciones para la campaña electoral. Quedando el interrogante si la sanción de esta ley va a ser obtenida con la intervención de la Banelco.
Por Javier Llorens – 7/5/2019
En el derecho rige el principio general de la irretroactividad de la ley, es decir que con su sanción, ella no puede aplicarse en manera alguna a los hechos o circunstancias del pasado. Pero en el derecho penal está consagrada una excepción, que es el principio de la ley penal más benigna, por el que nadie puede ser penado si los hechos en que incurrió en el pasado, en la actualidad dejaron de ser delitos. Ni recibir una pena mayor a la más benigna que rigió ínterin, tras el hecho por el que está siendo juzgado.
Este principio está consagrado en el inicio del Código Penal (artículo 2) que dice: “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. Pero además tiene jerarquía constitucional y universal, al haber adherido la Argentina a diversas convenciones internacionales al respecto (artículo 75 inciso 22 CN).
En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello” (art. 9 y 15.1 respectivamente).
Explotando este principio inamovible del derecho penal, Cambiemos con la colaboración activa del “peronismo racional” agrupado en Alternativa Federal, y la colaboración por omisión del Frente para la Victoria, pretenden consagrar una amnistía encubierta a favor de los grandes empresarios encartados en la resonante causa del Cuadernogate. Quienes al reconocer como arrepentidos el pago de coimas a cambio de prebendas y sobreprecios, las trataron de disimular diciendo que eran donaciones -en negro o clandestinas- para la campaña electoral, que en esos momentos estaban prohibidas.
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La ley de Financiamiento de la Política vigente entonces y actualmente (N° 26.215) permite los aportes privados por parte de personas físicas y jurídicas para el funcionamiento de los partidos, limitados al 1 % del total aprobado por año y por donante (art. 14). Pero prohíbe enteramente los aportes privados por parte de personas jurídicas, para las compañas electorales (art. 44 bis).
La amnistía semicubierta de Pichetto y Cia.
En tal sentido el proyecto de la presentado en octubre de 2018 (Expediente 3698/18) por el senador Miguel Pichetto, junto los senadores Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera, Julio Catalán Magni, y Carlos Caserío constituía casi una abierta amnistía. Dado que por un lado no solo habilitaba el financiamiento de las campañas electorales por parte de las personas jurídicas o empresas (art 9 del proyecto, que modifica al art 44 de la ley).
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Sino que además lo permitía en una forma sustancial, ya que podía alcanzar hasta el 15 % de los costos autorizados de ella. Con un tope de hasta el 10 % de las ganancias de las personas físicas y jurídicas de ese año (art. 10º del proyecto, modificatorio del art. 44 bis de la ley). Permitiendo además la desgravación de ganancias de esas “donaciones” (art. 21º del proyecto, modificando art 81 la Ley de Impuesto a las Ganancias). Abriendo así espacio para que la amnistía alcance a la donaciones clandestinas reveladas en la causa de Cuadernos.
Y para redondear la amnistía, el proyecto de Pichetto y Cia eliminaba de la prohibición respecto a esos aportes privados (Art. 15 Prohibiciones. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente) el inciso c, referido a “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires” (art. 3º del proyecto, modificatorio del artículo 15 de la ley).
Así la amnistía encubierta de Pichetto y compañía, basada en el principio de la ley penal más benigna, estaba casi manifiesta. Ya que por un lado los aportes privados de las personas jurídicas (empresas) para las campañas electorales dejarán de estar prohibidos para ser permitidos. Y por otro lado quitaba también limpiamente la prohibición de efectuar donaciones, por parte “de concesionarios de servicios u obras públicas.”
Y además generosamente, con su eliminación en las prohibiciones del referido artículo de la ley, Pichetto y Cia con su proyecto de ley, pasaban también a permitir “d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar; h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales.”
La amnistía encubierta en el dictamen de mayoría aprobado por el Senado
La cosa se ve que era medio tosca, para los refinados colegas de Pichetto pertenecientes a Cambiemos. Quienes a la par de tratar de congraciarse con los altos empresario imputados, entre los que descuella el primo hermano del presidente Angelo Calcaterra Macri, también tratan de mantener en alto la causa del Cuadernogate, como un vector en contra del kirchnerismo. Cuya líder está procesada en esa causa, y tiene aspiraciones o posibilidades presidenciables.
Así el dictamen de mayoría se le dio una vuelta de tuerca al proyecto de Pichetto y Cia, para que la amnistía encubierta quedara un poco más oculta. Y disimulada mediante efectuar una farragosa serie de modificaciones a la ley de Financiamiento de la Política, a lo largo de 49 artículos, retocando distintas leyes vigentes.
El que finalmente salió a fines de marzo pasado, con la firma de los senadores Dalmacio Mera, Pedro Guastavino, Rodolfo Urtubey, Carlos Espínola, Ada del Valle Iturrez de Cappellini, Carlos Caserio, Juan Pais, José Ojeda, Magdalena Solari Quintana, y Guillermo E. M. Snopek, con la disidencia parcial de Sigrid Kunath.
En el cual le dieron un toque sutil a la desvergonzada anulación propuesta por Pichetto y Cia, de la prohibición de efectuar aportes por parte “de concesionarias de servicios u obras públicas”. A esos efectos, en lugar de anular toscamente esa prohibición, lo que hicieron con un efecto parecido, fue explicitar aún más ese inciso, prohibiendo:
“c) contribuciones o donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires”. (art 5º del proyecto con sanción del Senado, modificatorio del artículo 15 de la ley).
Establecieron así una fina distinción que antes no existía y estaba confusa, en la frase de la ley vigente referida a “concesionarias de servicios u obras públicas”. Que ahora pasa a ser, “empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores”. Estando implicados en esta última categoría de contratistas o proveedores, las empresas y empresarios encartados en el Cuadernogate.
Que en consecuencia bien pueden argüir que esta prohibición expresa antes no existía, cabiendo en consecuencia no tenerla en consideración, por efecto del principio de la ley penal más benigna que rigió ínterin. Afianzada en el hecho de que ante la duda en el texto de la ley, corresponde interpretarla en el sentido de la liberación.
Así mediante el doble uso del principio de la ley penal más benigna, los notables incriminados en el Cuadernogate, se verán beneficiados con la ley más benigna que se pretende sancionar, que permite los aportes privados por parte de las empresas para las campañas electorales. Y con la ley penal más benigna del pasado, que no prohibía expresamente y claramente, que ello no le estaba permitido a “contratistas de servicios u obras públicas o proveedores”.
De esta forma el proyecto aprobado en comisión por parte de la mayoría, adecentó y encubrió un poco más la desvergonzada aministia semicubierta propuesta por Pichetto y Cia. Y además, entre otras cosas, rebajó el monto de los aportes empresarios que pretendían aprobar Pichetto y Cia, del 15 % a solo un 2 % del monto total aprobado para la campaña. Haciendo así que de poco más de seis empresas que pudieran financiar una campaña electoral según Pichetto y Cia, estas pasaran a ser al menos cincuenta.
Por otro lado compensatoriamente, el dictamen de mayoría estipula que los aportes de las empresas para el funcionamiento partidario suben del 1 %, conforme la ley actual y el proyecto de Pichetto y Cia, al 2 %. Haciendo así que solo 50 empresas puedan sponsorear un proyecto político. Estipulando además implícitamente la desgravación impositiva para todos esos aportes y donaciones, con la sola condición que se las distinga del resto de las donaciones (Art. 40 del proyecto de mayoría, modificatorio del artículo 81 de la Ley del Impuesto a las Ganancias). Abriendo así también espacio para una amnistía a los delitos impositivos de las donaciones clandestinas reveladas en el Cuadernogate.
La voluntad del legislador expresada por Pichetto y Rodríguez Machado
Para la interpretación de la ley cuanto esta resulta confusa, la hermenéutica se remite a la “voluntad del legislador” para tratar de interpretarla, analizando lo expresado por este al momento de sancionarla. Y en tal sentido tanto el jefe del bloque Justicialista Pichetto, como la integrante del Frente PRO Rodríguez Machado, se encargaron de dejar establecido en el debate de la ley en el recinto, para su interpretación futura, la amnistía que solapadamente pretenden actualmente.
El senador Pichetto en su alocución dijo: “Si determinadas empresas aportan en función de un candidato, que tiene detrás de él definiciones frente a determinadas actividades económicas, no es esto ilegal ni ilícito, sino que está definiendo con claridad quiénes son sus aportantes y va perfilando también cómo va a ser su gobierno, por lo menos en temas centrales.”
“Quizás no es la mejor ley, presidente. Pero me parece que es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, que tiene que estar bancarizado, que tiene que permitir claridad en las rendiciones y que tiene que evitar precisamente inconvenientes a los empresarios que aporten. Si no, terminan todos en la causa “cuadernos”, en donde ahí también se refleja lo que es el financiamiento ilegal o el aporte ilegal, con imposibilidad de ser blanqueado. Y hay procesos judiciales de empresarios o de funcionarios, que están allí siendo investigados precisamente por esos aportes.”
Por su parte la senadora Rodríguez Machado, en la inserción en el diario de sesiones que pidió que se incorpore durante la sesión, dijo: “Sin embargo así como en las elecciones de 2007 bajo el paraguas de la ley 26.215 hubo denuncias sobre aportes de empresas, sobre todo farmacéuticas, ligadas al tráfico de efedrina, la modificación en el año 2009 (ley 26.571) prohibió el aporte de personas jurídicas y dio lugar a mayores escándalos referidos a aportes de directivos de empresas a “título individual”. (Nota de El País de España “La financiación electoral, un agujero negro en la Argentina” del 28 de junio de 2017 en El País online).”
“Más tarde la realidad volvió a golpear a la clase política, en la llamada “causa de los cuadernos”, donde vuelve a surgir el financiamiento gespurio: “Según dichos de arrepentidos del caso cuadernos, parte del dinero obtenido del pago de sobornos por parte de empresas vinculadas a la obra pública en el kirchnerismo se destinó a financiar actividades y campañas políticas” (diario Clarín).”
“A fin de corregir los defectos de las normas actuales y de propender a lograr un mayor control de los fondos públicos y aportes privados en las campañas electorales, varias iniciativas fueron presentadas, la mayoría han coincidido. En relación a los dictámenes que hoy la Cámara se encuentra tratando, debo decir que se trabajó con ahínco para lograr un texto único, y casi se consiguió.”
“En la Comisión de Asuntos Constitucionales hubo acuerdo en la mayoría de las normas insertas en el texto, que además fue revisado detalladamente, incorporando el aporte de personas jurídicas, asegurando la trazabilidad y origen de los aportes, la disminución de los plazos judiciales de revisión, estableciendo definitivamente la bancarización de aportes, modificando el uso de las pautas en medios audiovisuales en las campañas electorales, regulando la publicidad en las redes sociales y plataformas de internet, modificando la responsabilidad de los representantes de los partidos y el régimen sancionatorio, entre otras medidas.”
Ver Biografía no autorizada de la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado
La votación de la amnistía encubierta
En el siguiente grafico se visualiza el resultado de la votación en general, conque el Senado aprobó el 16 de abril pasado la reforma a la ley de Financiamiento de la Política, que requería una mayoría agravada de la mitad más uno de todas las bancas. En el que se observa que los principales artífices de su aprobación, que logró 48 votos positivos, 2 negativos, y 22 ausencias fueron los integrantes de los bloques Justicialista, liderado por Pichetto, con 18 votos; la UCR, con 11 votos; y el Frente PRO, con 7 votos. Totalizando 36 votos, estando así al borde de la mayoría agravada en un Senado que cuenta con 72 bancas.
Los votos negativos fueron solo dos, correspondientes a los senadores Fernando “Pino” Solanas, representante de la CABA; y María Magdalena Odarda, representante de Rio Negro. Siendo por otro lado notable la ausencia total del bloque Frente Para la Victoria – PJ, al no haberse hecho presente ninguno de los nueve integrantes del bloque en la votación.
Lo cual resulta otra prueba de que el proyecto de ley busca en forma encubierta la amnistía de los imputados en el Cuadernogate. Entre los que se encuentra la líder de dicho bloque, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que como presidenta fue la impulsora del texto de la ley vigente actualmente de Financiamiento de la Política, que en el 2009 prohibió el financiamiento de las campañas electorales por parte de las empresas.
No obstante evitó oponerse a la sanción de esta ley que deroga la del 2009, en el debate en el recinto y en la votación. Y por contrario facilitó si se quiere su sanción, al ausentarse enteramente en la votación. Como diciendo, “en el fondo esta ley nos conviene, abre una salida para los imputados en la causa del Cuadernogate”, y por ello no nos vamos a oponer”.
Pese a contradecir frontalmente los actos propios concretados en el 2009. Por ello los integrantes del bloque del FPV optaron por ausentarse, porque una abstención en el recinto resultaba inexplicable. Estando por otro lado asegurada su sanción, con la actividad frenética de Pichetto y Cia y Cambiemos.
Un incidente especial durante esa cesión, se dio en la votación en particular de cada uno de sus artículos. Que se aprobaron todos de una sola vez, excepto el cuestionado artículo 5 que no prohibía las donaciones por parte “asociaciones sindicales, patronales y profesionales”, con un resultado en la votación similar al anterior.
Con el levantamiento de esa prohibición, que estaba dirigida esencialmente contra los sindicatos, Pichetto había logrado enrolar a sus huestes del bloque Justicialista y otros, para llevar adelante la sanción de la ley. Pero al votarse seguidamente en particular este artículo, solo hubo 25 votos positivos, lejos de la mayoría agravada necesaria de 37, 23 votos negativos, y una abstención.
Pero allí apareció Pichetto, convirtiéndose así definitivamente en el artífice esencial de esa ley, quien expresó: “Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría, para que pueda haber ley de financiamiento de los partidos políticos y la Cámara de Diputados la trate”. Y así, desechando el sebo con el que el astuto Pichetto émulo de Ulises había arreado a su tropa, la votación ratificando la prohibición de que con aportes sindicales se financie la política, se aprobó con 42 votos positivos, 7 negativos, y ninguna abstención.
En cuanto a la identidad de los senadores que, sabiendo o sin saberlo en profundidad, votaron esa ley de amnistía para los empresarios encartados en el Cuadernogate, al final está el listado de ellos, indicando el bloque a que pertenecen y la provincia que representan. A ellos les cabe la responsabilidad, ya sea por intención dolosa, o ignorancia culposa de su oculto sentido, de la sanción de esa ley.
Quedando la sospecha si no existen sobornos, como los de la ley Banelco. Por parte de mega empresarios que nunca antes en su vida se habían encontrado en circunstancias como la que los enfrentó la causa del Cuadernogate. Que puso de relieve el sucio trasfondo de sus negocios, y el origen de sus enormes fortunas obtenidas con el fraude en las contrataciones públicas.
Las observaciones al proyecto de ley
Más allá de esta trapisonda de hacer la ley con trampas, engañando así en un grado superior a una sociedad que acostumbra a hacerle trampas a la ley, un grupo de ONG, académicos, y expertos, sin percatarse del oculto sentido para el que se sancionó esa ley, emitió una declaración advirtiendo respecto los riesgos que entraña la misma.
“El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general”, señalaron a través de un comunicado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Advirtiendo que “legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales sería un retroceso para nuestra democracia”, dichas entidades subrayaron que “el fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa ‘inversión’ a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector”.
No obstante, acercándose al núcleo de la cuestión, las referidas agrupaciones señalaron que “a pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada”.
Al respecto, indicaron: “Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos, y estimula la corrupción”.
“Por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure su publicidad y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma… la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral”.
Por tales razones, los firmantes exhortaron: “la Cámara de Diputadas/os tiene la oportunidad de revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo, sin condicionamientos de tiempos e intereses de corto plazo, que derive en una decisión fundada en el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y actores sociales”.
Participaron en la elaboración de este documento además de ACIJ y el CEM, Acción Colectiva, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), entre otras organizaciones. Contando además con las firmas de académicos y expertos como Ana Castellani, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Rafael Gentili, Nicolás Freibrun, Martín Astarita, Pablo Vommaro, Sandra Torlucci, Tomás Aguerre y Martín Astarita, entre otros.-
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