Hay algo podrido en Córdoba, no en Dinamarca. Respecto las otras provincias argentinas, está a la cabeza en el consumo de estupefacientes, especialmente cocaína. Y en seguridad está a la cabeza de los robos, pero al último lugar en cuanto a homicidios dolosos y delitos de estupefacientes. Indicadores que revelan, según la DEA y el fallecido ex gobernador José De la Sota, que Córdoba estaría tomada institucionalmente por el narcotráfico. Por eso hasta ahora no había peleas entre bandas, como en Rosario. Múltiples episodios sucedidos en Córdoba a lo largo de los años, y especialmente en Rio Cuarto, lugar de residencia del mencionado ex gobernador, avalarían este aserto.
Redacción – 25/4/2019
Según las estadísticas del SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación) correspondientes al año 2017, compiladas para cada provincia en “Estudio en Población de 12 a 65 años sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas”, Córdoba es una provincia altamente viciosa. Tal como se puede ver en el siguiente cuadro, confeccionado en base a la “Prevalencia (%) de año de consumo de sustancias psicoactivas”, en el que se indica la posición de Córdoba en el ranking nacional respecto cada estupefaciente.
Como se puede ver en el cuadro, Córdoba se encuentra en el primer puesto en el ranking de consumo de Alcohol. En el tercer puesto en el de consumo de Cocaína, Tabaco, y en el Total General. En el puesto 7 en el consumo de Marihuana. En el puesto 8 en el consumo de Alguna droga ilícita. En el puesto 12 en cuanto a Alucinógenos y Extasis. Y en el puesto 18 en cuanto a Tranquilizantes sin Permiso Médico.
A su vez el cuadro revela que Córdoba es un poco tosca, en cuanto la variedad en el consumo de estupefacientes. Al no registrar consumos de Cigarrillo Electrónicos; ni de Esteroides Anabolizantes, o Estimulantes sin Permiso Médico; ni de Otras Drogas; ni de Pasta Base y/o Paco, como si en ella no existieran cocinas de cocaína; ni en Solventes e Inhalables.
En el siguiente grafico se observa que Córdoba está en el tercer puesto en el Total General de consumos, cinco más arriba que el promedio nacional, y por debajo de la CABA y Tierra del Fuego. En el primer puesto en Alcohol, diez más arriba que el promedio nacional. En el tercer puesto en Tabaco, seis más arriba que el promedio nacional, y por debajo de Mendoza y Tierra del Fuego. En el octavo puesto en Marihuana, dos por abajo del promedio nacional. Y también en el octavo puesto en Alguna Droga Ilícita, un puesto abajo del promedio nacional.
En cuanto las drogas duras, Córdoba está en el tercer puesto en Cocaína, con un 2 %, siete puestos arriba del promedio nacional, con un 1,5 %. Con el agravante que la prevalencia en la vida, o sea durante la existencia de los encuestados en el 2017, Córdoba registró un 4,8 %, mientras que el promedio nacional fue menos de la mitad, 2,1 %. Además la prevalencia de la Cocaina en Córdoba respecto otras drogas duras, queda palpable en el gráfico, al estar en el puesto doce en cuanto a los Alucinógenos y Extasis, tres por debajo del promedio nacional en el primer caso, y seis por debajo en el segundo caso.
Si se hace el análisis del grupo de provincias que encabezan la Cocaina en base la prevalencia de vida, según la encuesta del 2017, Córdoba prosigue en el “top five” con el 4,8 % mencionado. Bastante cerca de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, y Rio Negro, que también tienen graves problemas de narcotráfico, con un 64, y 6,3 % respectivamente.
Las drogas y la inseguridad
Por otro lado, en cuanto a la inseguridad, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y las cifras de población del INDEC para el año 2017, Córdoba también está en el tercer puesto en cuanto a Robos, con 17,3 hechos cada mil habitantes. Solo por debajo de la CABA, que registró 23,9 hechos, y Neuquén, con 22,6 hechos. Y nueve puestos arriba y casi duplicando el promedio nacional, que registró 9,9 hechos. Cuadruplicando a San Luis, que figura en el último lugar, con solo 4,3 hechos cada mil habitantes.
A esta altura resulta evidente la relación entre robos y consumo de drogas, al haberse expandido el consumo de estas a los sectores más humildes y carenciados de la sociedad. Cuyas personas drogadependientes apelan desesperadamente a esos delitos contra la propiedad, para poder adquirirlas en una crisis de abstinencia, como si se tratara de un robo o hurto famélico.
En el siguiente gráfico, elaborado en base los mismos datos del Ministerio de Seguridad, se puede apreciar que si a los robos se agregan los hurtos, Córdoba sigue “top five” de la tabla. Empardando casi en el tercer puesto con Salta, con poco más de 25 hechos cada mil habitantes, contra 37,8 de la CABA, y 32,7 de Neuquén. Y ocho puestos arriba y un 61 % más que el promedio nacional, que registró 15,9 hechos. Y más de tres veces y media más que San Luis, el último en la tabla, que registró solo 7,1 hechos. 
Por contraste, según la misma estadística del ministerio de Seguridad de la Nación del 2017, Córdoba figura no en el “top five”, sino en el “bottom five”, en los últimos cinco puestos respecto los homicidios dolosos. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, con un registro de 1,6 hechos cada diez mil habitantes.
Doce puestos por debajo o 2,5 veces menos que el promedio nacional, que registró 3,9 hechos cada diez mil habitantes. Y cuatro veces menos que Formosa, que registró 6,5 hechos. Y 3,5 veces menos que Santa Fe, provincia en la que la cantidad de homicidios se atribuye a la pelea entre bandas de narcotraficantes, que registró 6 hechos cada diez mil habitantes.
Córdoba registra así el hecho incongruente, que tiene uno de los más altos consumos de drogas, pero no hay peleas entre bandas. O sea que existe una pax narco, que solo sería explicable sí el negocio de la droga lo maneja quien tiene legalmente el monopolio de la fuerza, o sea la policía cordobesa.
Y esto se ve refrendado plenamente en las estadísticas, dado que Córdoba también es la provincia que registra el menor índice de delitos de narcotráfico. Como si en la provincia no existieran, lo que se contradice con los altos consumos de cocaína que registra, o como si no se los persiguiera. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, elaborado con las mismas estadísticas del ministerio de Seguridad nacional, en donde Córdoba luce junto con Tucumán el último puesto en la tabla, con 0,1 hechos cada mil habitantes.
Dieciocho puestos por debajo y once veces menos que el promedio nacional, que es de 1,1 hechos cada mil habitantes. Y 23 puestos por debajo y 25 veces menos que la CABA, que encabeza la tabla con 2,5 hechos cada mil habitantes. Observándose además que por sobre el promedio nacional, están las mismas provincias, que lucen la mayor cantidad de robos. Corroborando así la simetría existente entre los delitos contra la propiedad y el narcotráfico, en la que Córdoba es la excepción.
Las palabras de De la Sota al respecto
Al respecto hay un elocuente video filtrado, que filmó y ocultó el periodista Tomás Méndez en el año 2014, en el que De la Sota a partir de los 30 segundos, dice lo siguiente: “Fui a Estados Unidos, hablé con el jefe de la DEA para América Latina, un negro que parecía de la NBA, no, y el tipo, sabés que me dijo el tipo, me dijo algunas cosas, picantes en serio… me dijo…
Con el Gobierno nacional no nos podemos meter después del tema del avión ¿Y cómo fue ese tema del avión? Escúcheme, usted cree que nosotros vamos a llevar un avión con elementos de espionaje porque sí. Esto estaba acordado con Scioli y estaba acordado con Urtubey, que está desesperado en Salta porque ve pasar los narcos por la nariz y no tiene como pararlos y apareció este canciller de ustedes que hizo este show, entonces nosotros dijimos bueno chau, nos llevamos todo.
¿Y sabés lo que me dijo este tipo? Me dijo… ¿sabe porque no hay hechos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires con balas y con bandas? No, le digo. Porque ya está ocupado el tema por la Policia. ¡Como! le digo yo. Está ocupado por la Policía, las bandas no entran porque los matan. O sea que el tema no aparece en los medios. Y en Capital Federal, la Federal, lo mismo. ¡Venden las comisarias según el nivel de recaudación!
Y la de los barrios más altos, que están consumiendo socialmente droga, dice que los barrios más altos consumen marihuana. Estamos acá, vos sacas un cigarrillo de marihuana, nadie dice nada, ya se ha transformado en una costumbre social, y la clase media alta más cocaína, y esas son las comisarías que más valen, porque tienen garantizada la comercialización. Mirá, este… yo nunca vi llegar a tanto en muchos años que llevo como gobernador”.
Ver Impactante cámara oculta a De la Sota: “El narcotráfico esta tomado por la policía”
Sin embargo, la descripción que el fallecido gobernador de la Sota hace respecto Buenos Aires y la CABA, parece más bien ajustarse a Córdoba. Donde según las estadísticas hay drogas, especialmente cocaína. Hay robos y hurtos, que facilitan a la clase baja marginal la adquisición de ellas. Pero casi no hay hechos de estupefacientes. Y tampoco homicidios dolosos provenientes de bandas de narcos, que luchan por el dominio de un mercado que evidentemente existe. Existiendo por lo tanto una pax narco y una impunidad, que solo puede tener un origen institucional.
Narcordobesismo
Al respecto, María del Carmen Reartes, alias “La Colella”, madre de Pablo David Reartes, condenado por supuestamente haber colaborado en la desaparición y muerte de Facundo Rivera Alegre, alías “el Rubio del Pasaje”, sostiene ante quien se ponga delante que ella era puntera de De la Sota cuando este era un candidato perdedor. Y que este por entonces financiaba sus campañas electorales, bajándoles cocaína a sus punteros.
“El Rubio del Pasaje” era conocido por sus enfrentamientos con la policía provincial, y su vinculación con la droga. Y la condena judicial contra Reartes, que además atribuyó el asesinato de Rivera al hijo menor de la Colella, Kevin Jonathan Lusi, representó un gran alivio para el entonces gobernador De la Sota. Ya que fue emitida en el 2015, previo a la elección de ese año, que se veía jaqueada por el crecimiento del escándalo en el orden local y nacional, de la desaparición del “Rubio del Pasaje”, agitada por el kirchnerismo.
Dicha condena estuvo fundada por parte de la alicaída justicia provincial, en dudosos testimonios únicos. Vertidos por personas que todas ellas tenían la particularidad, de estar o haber estado en conflicto con la ley penal, por estar inmersos en la cuestión de las drogas, ya sea como drogadependientes o distribuidores.
Por su parte en el año 2013, el mismo Méndez se encargó de señalar públicamente la relación del gobierno de Córdoba con el narcotráfico, en su programa ADN trasmitido por los SRT (Servicios de Radio Y Televisión) de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba). Mediante videos en los que entre otros, entrevistó a quien supuestamente se habría encargado de transportar la droga por la ruta 38, con destino a la casa de René Alejandro “Chancho” Sosa, y su madrastra Liliana Juncos, contando para ello con la venía de De la Sota.
Juncos por su parte había ocupado expectables posiciones durante los gobiernos de De la Sota y Juan Schiaretti. Fue legisladora provincial, convencional constituyente, funcionaria en Lotería de Córdoba, asesora en el bloque del PJ en el Concejo deliberante cordobés, y subdirectora en la secretaría de Derechos Humanos. Cargo del que se vio obligada a renunciar, al descubrirse un taller con mano de obra esclava en unos de sus domicilios.
Por su parte la Justicia Federal en el año 2008, tras condenar a cuatro vecinos del barrio Maldonado por distintos delitos de estupefacientes, ordenó investigar a su hijo Elio Juncos. Quien fue sorprendido en un auto con una fuerte suma de dinero equivalente a 20 mil dólares, tras visitar uno de los domicilios allanados por la policía por ese motivo.
El portazo del secretario contra el narcotráfico
El entonces gobernador Schiaretti, tratando de tapar esos escandalosos hechos, en el año 2009 creó la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Y puso al frente de ella a Sebastián García Díaz, un dirigente conservador del partido Primero la Gente, abocado a la lucha contra las drogas.
Luego a mediados de ese año, los abogados Aurelio García Elorrio y Marcelo Touriño presentaron ante la Justicia Federal, unas grabaciones que relacionaban a dos de los imputados en la causa de barrio Maldonado, que estaban prófugos, con la policía provincial.
“Se han detectado conversaciones claras de narcos. Luego se volcaban por escrito para entregárselas al fiscal. En ese trayecto las conversaciones eran minimizadas por los efectivos policiales y hasta se detectó una que era ilegible”, explicaron dichos abogados. Señalando además que en las grabaciones aparecía un tal ‘Elio’, que alertaba que “los teléfonos estaban intervenidos”
A continuación a principios del 2010, a diez meses de asumir, García Díaz renunció ruidosamente a la flamante secretaría antinarcóticos. Tras emitir un duro informe, en el que alertaba sobre un agudo proceso de “favelización” en algunos barrios de la ciudad de Córdoba. Para lo cual proponía, entre otras medidas, que la policía controlara las principales rutas de la provincia, por donde la cocaína pasaba sin traba alguna.
La ruta 38
Este diagnóstico desagradó profundamente al ministro de Gobierno Carlos Caserio, considerado el jefe político de la Ruta 38, quien desautorizó el informe, y pidió la renuncia de García Díaz. Y a la par sucedió el hecho curioso, que el automóvil del entonces ministro Caserio con este al volante, fue revisado por la Policía Caminera. Lo cual causó un enorme desagrado en este y las autoridades de gobierno, que dispusieron que los policías cualquiera sea su nivel, debían memorizar los rostros de los ministros, para que ello nunca más vuelva a suceder.
https://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/caminera-tiene-que-memorizar-los-rostros-de-los-ministros
Por su parte el abogado García Elorrio, actual legislador provincial apuntó: “La ruta 38, que es la ruta de Caserio, porque él es de esa zona, es una de las rutas más importantes del mundo, por donde pasa droga desde Colombia hacia Europa, y es la tarea que realizan los integrantes de una banda italiana… Como ministro de Gobierno, el dueño político de esa ruta, tiene la oportunidad de dejar un mensaje claro y puede decir ‘esa ruta la vamos a liquidar’.
Río Cuarto I
Seguidamente a mediados del 2011, se precipitó el escandaloso suceso de “Campo Blanco” en las barbas mismas de De la Sota, quien nuevamente se presentó como candidato a gobernador, para las elecciones de ese año. Cuando la policía descubrió a 40 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, donde él residía, una gigantesca “cocina rural” de cocaína, secuestrando 122 kilos.
Casualmente el campo pertenecía a Roberto Gualtieri, ex esposo de la entonces pareja de De la Sota, Adriana Nazario. Que a su vez era amigo de De la Sota, y propietario de la importante empresa de pastas y ravioles “La Italiana”, que exporta ravioles y pastas a países limítrofes. Y tenía como socio a Hugo Irusta, que a su vez se desempeñaba como jefe de prensa de De la Sota, en la sede gubernamental de Río Cuarto.
Gualtieri se excusó diciendo que nada sabía al respecto, porque había arrendado el campo al pool de siembra Siembras Argentinas. Cuyos dirigentes también se hicieron los sonsos, echándole la culpa a un contratista. Resultando finalmente procesados y condenado en el 2014, quince cocineros y el cuidador del campo.
Inmediatamente se hizo presente en dicho procedimiento, el jefe de la Policía de Córdoba, Alejo Paredes, al que luego De la Sota cuando asumió la gobernación, lo designó ministro de Seguridad. Quien entonces tratando de difumar el hecho dijo: “Córdoba no está ajena a lo que pasa en el país. Tenemos la provincia con un flujo de rutas muy importante, como las del Mercosur. En Río Cuarto, por ejemplo, hay nexos con rutas con mucha circulación y es más complejo el control”.
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Drogas Peligrosas y después
Como para aplacar el escándalo que salpicaba a su consorte, el gobernador De la Sota a fines del 2012 adhirió la provincia a la ley de Desfederalización del Combate al Narcotráfico, para perseguir al narcomenudeo. Creando pomposamente a esos efectos el fuero de “Lucha Contra el Narcotráfico”, como una respuesta política a las críticas sociales por la notable proliferación de puntos de venta de drogas en los barrios. Y habilitando a la par a la división Drogas Peligrosas de la policía provincial, a llevar adelante esa persecución contra kioscos de drogas y consumidores.
Pero menos de 10 meses después, se suscitó el llamado “Narcoescándalo”, con el cual la cúpula de la división Drogas Peligrosas terminó en prisión, dado que entre otras picardías, eran sus mismos integrantes quienes plantaban la droga para justificar sus procedimientos. El Narcoescándalo también llevó el suicidio de uno de sus integrantes, el oficial Juan Alos, al que Méndez se empecinó en presentarlo en su programa ADN como un homicidio, para magnificarlo.
Ver Trailer que muestra la obscena corrupción existente en Córdoba
Como contrapartida, este narcoescándalo llevó a la disolución de esa división policial, y a la aparatosa creación por parte de De la Sota en el 2015, previo a las elecciones de ese año -como si todo se tratara de marketing electoral- de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo el mando directo del Fiscal General de la provincia.
La que no obstante su vistosos disfraces y equipamientos a lo ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con capuchas incluidas, ha tenido un más que pobre éxito en su lucha contra el narcotráfico. Tal como lo ponen de relieve las estadísticas del ministerio de Seguridad de la Nación, que dan cuenta que en el 2014 se registraron en la provincia 740 casos de violación a la ley de estupefacientes.
Pero en el 2015 bajaron a solo 532, en el 2016 a solo 257, o sea solo 0,07 cada mil habitantes o 7 cada cien mil habitantes, una cantidad ridícula. Y en el 2017 aumentaron a 432 casos, sin llegar a los niveles del 2014 y 2015. Lo cual muestra los negativos resultados en la lucha contra el narcotráfico, que produjo la escandalosa disolución de la división Drogas Peligrosas y creación de la FPA.
Posteriormente en el 2018, se filtró un video filmado con una cámara oculta en el 2016, en donde Ricardo “Coco” Hak, el padre del entonces secretario de Seguridad Diego Hak, le daba instrucciones al propietario de un boliche de la noche, al que le cobraba coimas para habilitar su funcionamiento, para que mantuviera la pileta de natación con poca agua. Y evitar así que un concurrente intoxicado con estupefacientes, terminara ahogado si caía o se introducía en ella, posibilidad ante la cual expresó: “estaríamos fusilados”.
Río Cuarto II
Como si este panorama no fuera suficiente, a principios de este año, tras el fallecimiento del más conspicuo de sus habitantes, el ex gobernador y candidato a presidente De la Sota, se suscitó otro narcoescándalo de enormes proporciones en la ciudad de Rio Cuarto. Que se desató con la muerte de Claudio Torres, un líder narco que comandaba una de las mayores bandas de la ciudad, y fue asesinado a mediados de enero con seis balazos frente a su casa.
Al que se sumaron otras siete muertes, que se sucedieron en los primeros 40 días del año, superando así en ese lapso la cantidad de muertes que antes se registraban en un año. Y esto puso en operaciones una investigación que venía efectuando la Justicia Federal desde el año 2014, a cargo del juez federal Carlos Ochoa.
Quien ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que concurrió a Rio Cuarto especialmente a esos efectos, que efectuara medio centenar de allanamientos y 16 detenciones. Entre ellas la del Jefe de Investigaciones de la policía provincial a nivel local, comisario Gustavo Oyarzábal. Lo cual precipitó que seguidamente el gobierno provincial, removiera a las máximas autoridades de la Unidad Departamental Río Cuarto.
Oyarzábal venía acumulando ascensos en los últimos años, a pesar de contar con denuncias e imputaciones en su contra, que lo vinculaban con narcotraficantes. Ya en el 2011, Rosa Sabena lo había denunciado por encubrir a los Vargas Parra, narcotraficantes condenados por la desaparición diez años atrás de su hijo Nicolás de 21 años, en un caso que fue emblemático en Río Cuarto.
Pero no tuvo respuesta alguna de la justicia provincial, e incluso el año pasado el fiscal provincial Fernando Moine pidió el sobreseimiento de Oyarzábal, que fue finalmente rechazado ante la apelación interpuesta por Sabena. Quien haciendo recordar la condena recaída sobre Reartes por la desaparición de “El rubio del Pasaje”, que le vino muy bien a De la Sota, al conocer la detención de Oyarzabal declaró:
“Oyarzabal protegía a los narcotraficantes y le armaba causas a los fiscales, cuando no tenían pruebas suficientes y le inventaba pruebas. Yo siempre fui la loca que denunciaba, la loca de dolor que dice cualquier cosa. Bueno ahora se comprobó que la loca decía la verdad. Espero que caigan todos los otros responsables y que de una vez por todas se dediquen a protegernos a nosotros, a los ciudadanos y no sigan cuidando a los narcotraficantes”, dijo airadamente Sabena al enterarse de la detención del jefe policial.
Como tantos otros casos de madres del dolor, ante una justicia que no da respuestas a los deudos de las víctimas, tras la desaparición de su hijo Sabena se recibió de abogada. Y se empeñó en conseguir justicia y desentramar la complicidad entre la policía, el poder político, la justicia, y los delincuentes, en el trágico caso de la desaparición de su hijo.
A la detención de Oyarzabal se sumó la de Jonathan Montserrat, sospechado también de ser parte de la banda de Torres, que a su vez es yerno de Sergio Almerich. Quien hasta diciembre de 2018 se había desempeñado como jefe de la Policía Federal en Río Cuarto, o sea de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico.
No obstante la policía provincial y la federal no fueron las únicas fuerzas de seguridad involucradas con el narcotráfico en Rio Cuarto. En el 2015 la causa de los “narcogendarmes” terminó con la detención y condena de dos gendarmes, supuestamente encargados de investigar el tráfico de drogas. Y poco después, Leonardo Hein, que era el segundo jefe de la Policía de Río Cuarto, fue también condenado por haber tenido conocimiento de la actividad de una banda narco que no denunció.
Entre los 16 detenidos, están también los hermanos Andrés y Mariano Rivarola, dueños de una pollería ubicada frente a la plaza central de la ciudad; Samuel Mansilla, sindicalista de la empresa recolectora de residuos Cotreco; y Cristian Schiarolli, dueño de una concesionaria de autos, e hijo de un ex director del hospital provincial.
Por su parte el ministro de Gobierno Carlos Massei, reconoció ante medios locales que “lo ocurrido está muy por fuera de la normalidad”. Cabiendo la pregunta si la muerte del ex gobernante y conspicuo habitante de la ciudad de Rio Cuarto De la Sota, tendría algo que ver con el surgimiento de esa anormalidad, que quebró la pax narco en esta provincia.-
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