La coalición gobernante “Hacemos por Córdoba” se ha lanzado a obtener un tercer mandato para el gobernador Juan Schiaretti. Y tiene como eje de su campaña electoral las obras concretadas en veinte años de gobierno, especialmente las realizadas durante el actual mandato del gobernador. Con las mismas empresas que están encartadas en las causas del Lava Jato y de los Cuadernos, pero en Córdoba parecen comportarse santamente. Pero este esfuerzo de concretar obras faraónicas en años de gran penuria económica, esta sostenido con una feroz usura gubernamental descargada sobre el contribuyente común.
Por Redacción – 18/4/2019
El jueves 11 de abril pasado se dio una situación surrealista en el programa “Ojos de la Justicia” que se trasmite por el Canal C de Córdoba. En el mismo se denunció la corrupción en la obra pública protagonizada por el actual candidato a vicegobernador de Córdoba, por parte de la coalición oficialista “Hacemos por Córdoba”, contador Manuel Calvo. Con el motivo de beneficiar a su íntimo amigo desde la infancia Diego Vitali, convirtiéndolo en un émulo de Lázaro Baez.
Pero a la par, como si fuera condición para no censurar el programa, en los espacios publicitarios se pasó reiteradas veces una propaganda institucional del gobierno cordobés, mostrando la obra pública concretada a lo largo del régimen delasotista schiarettista desde 1999 hasta la fecha. Configurando así esto una antítesis de lo que informaba el programa, como diciendo implícitamente “robamos pero hacemos”.
O sea un revival del viejo “roban pero hacen”, que se creía superado con el escándalo continental del Lava Jato y Odebrecht. Empresa que no obstante luego de ello siguió siendo una de las contratistas preferidas del gobierno cordobés. Como si nada hubiese pasado, mientras que en el país y en la región hay hasta ex jefes de Estado detenidos. E incluso suicidados por ese motivo, como sucedió recientemente con el presidente del Perú Alán García.
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No obstante que ese escándalo se vio agravado aún más, con la apertura de la causa de los Cuadernos, que puso en evidencia el sistema de arreglo de las licitaciones públicas con enormes sobreprecios por parte de empresas integrantes de la cámara de la construcción en Argentina, viabilizadas mediante generosas coimas para los funcionarios.
Participando en ellas firmas como Electroingeniería, Roggio, Chediak, etc, cuyos responsables fueron procesados penalmente por la Justicia Federal en Buenos Aires. Pero en Córdoba siguieron siendo tratados con alta consideración, como si en Buenos Aires nada de nada hubiese pasado. O como si Córdoba fuera un santuario para los empresarios delincuentes.
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Pero además en Córdoba apareció una versión parecida a la de los Cuadernos, con la denuncia de una ex esposa de un empresario propietario de la contratista de obras públicas, CIAR SA. Que detalló cómo era el sistema de pago de coimas a las autoridades municipales, bajo el alias de “aforos”.
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Sin embargo la justicia de Córdoba, dependiente enteramente del régimen cordobés de turno desde 1999, se encargó que esa causa durmiera como si nunca hubiese existido. Y finalmente ante la existencia de pruebas incuestionables, solo proceso a un funcionario de segundo orden, inspector de las obras, por las dádivas que había recibido, y a los empresarios que las habían otorgado, pero sin rozar al poder político.
Claro que este sistema corrupto de obras públicas requiere ingentes fondos, que en parte en Córdoba han sido obtenidos con un imprudente endeudamiento externo, que supera los cien mil millones de pesos, y sus servicios y el capital crecen al compás del dólar. Pero ante el cierre del mercado de deuda externo, y el pacto fiscal que obliga a las provincias a bajar las alícuotas de los ingresos brutos, el contador Juan Schiaretti, que es secundado en la fórmula para su reelección por el contador Manuel Calvo, y en el ministerio de Finanzas por el contador Osvaldo Giordano, se las ingeniaron para descargar una usuraria e inusitada presión impositiva sobre el común de los ciudadanos de Córdoba.
La rebaja retroactiva de las jubilaciones
Giordano es un ingenioso funcionario, que como director de la Caja de Jubilaciones provincial se había encargado de bajar el déficit de la Caja de Jubilaciones de funcionarios y empleados públicos, mediante la triquiñuela de pagar los reajustes de las jubilaciones seis meses después de producidas, haciendo así que la crónica inflación, las licuara en la misma proporción.
Ante los reclamos públicos que suscitó esa quita, como candidato a gobernador en las elecciones del 2015, Schiaretti prometió eliminarla. Así apenas asumió su segundo mandato a fines de ese año, designó a Giordano como ministro de Finanzas, y envió una ley a esos efectos a la Legislatura cordobesa. La que tiene la particularidad de no respetar la representación proporcional, y así la primera minoría se queda con la mayoría de las bancas y de los votos.
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La que expeditivamente aprobó una modificación a la ley de jubilaciones (10.333) prometiendo en su artículo uno pagar los reajustes de las jubilaciones a lo treinta días de producida. Pero en su artículo dos, quitando con la mano izquierda lo que daba con la derecha, y violentando la seguridad jurídica, la constitución cordobesa, y los fallos de la Corte Suprema, dispuso hacer una quita de las jubilaciones existentes. En base la triquiñuela de que debieron haberse otorgado calculándolas con el 89 % del 82 %, haciendo así una quita del 11 %. La misma que antes se lograba con el diferimiento de los reajustes.
Por su parte la justicia cordobesa, enteramente dócil al régimen político cordobés de turno desde 1999, rechazó las cautelares que los jubilados interpusieron al respecto, por la inconstitucionalidad de esa ley. Y morosamente recién en el 2018, el Tribunal Superior de Justicia, cuyos integrantes fueron designados por el actual poder político de turno desde 1999, convalidó la supuesta legalidad de esa ley.
La que de esa manera, se sigue aplicando hasta la fecha, a la espera de los recursos intentados ante la Corte Suprema de Justicia nacional. Siendo uno de sus integrantes el ministro cordobés Juan Carlos Maqueda, un ferviente delasotista, ex ministro de Educación y convencional constituyente del actual régimen de turno desde 1999.
Ya antes en el 2009, durante su primer mandato como gobernador, Schiaretti había intentado algo parecido. Imitando al anterior gobernador Ramón Mestre padre, que pretendió recalcular retroactivamente las jubilaciones con el 82 % del 82 %. Pero la Corte Suprema nacional se encargó de impedirlo, diciendo que era ilegal modificar los derechos adquiridos.
A esos efectos Schiaretti se despachó entonces con un decreto, convalidado con una ley de la Legislatura oficialista, prohibiendo además en ella que se interpusieran cautelares por su inconstitucionalidad. Y además inusitadamente, logró que en la feria de enero del año 2009, el miembro del Tribunal Superior de Justicia hoy fallecido Carlos Garcia Alloco, designado poco antes por al régimen político de turno desde 1999, se constituyera unipersonalmente como tribunal en pleno. Y mediante un per saltum, aprobara por su cuenta esos adefesios jurídicos, que luego tampoco prosperaron por la intervención de la Corte Suprema nacional.
Por esos motivos el abogado Jorge Gentile, profesor Emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba expresó: “Córdoba es testigo de un atropello sistemático, cuyas víctimas fueron los jubilados, a la Constitución Nacional y Provincial, y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en que han incurrido autoridades provinciales. Esto merece ser denunciado en defensa del Estado de Derecho ante la opinión pública, que ha sido sorprendida por este accionar contrario al sistema republicano y democrático de gobierno.”
La promesa de la quita del 30 % de los impuestos
Para poder ganar las elecciones del año 1999, que después de muchas derrotas instaló al fallecido José Manuel de la Sota como gobernador de Córdoba, la irresponsable promesa electoral que este realizó, era que iba a bajar un 30 % los impuestos inmobiliario, ingresos brutos, sellos, automotores, infraestructura social, etc. Desfinanciado así brutalmente los recursos provinciales.
El desquicio que vino después, con la crisis de la salida de la convertibilidad, y la emisión a mansalva de la cuasimoneda Lecor, le permitió a De la Sota no solo sortear esa desfinanciación irresponsable. Sino también recuperar la supuesta quita del 30 %, disimulada con la inflación que se produjo ínterin. Oportunidad en la que el actual gobernador contador Schiaretti, se desempeñó como ministro de Producción y Finanzas.
No obstante la quita del 30 % permaneció en los discursos y la documentación oficial, como un sello o bandera del régimen de turno desde 1999. Con la condición, conforme lo determino el entonces ministro de Finanzas Schiaretti, que el contribuyente estuviera al día en el pago del impuesto correspondiente. Por esa razón si al finalizar el año el contribuyente no estaba al día con el pago de determinado impuesto, a fin de año se emitía la cuota 50, equivalente a la quita del 30 %.
Después del éxito obtenido con la triquiñuela de la quita y pon de las jubilaciones en el año 2106, resulta evidente que los rapaces e ingeniosos contadores Schiaretti y Giordano no iban a terminar allí. Y así es como sorpresivamente en el año 2017, desapareció la cuota 50, y en su lugar sin preaviso alguno y tras el simple vencimiento en una única fecha de cada cuota del impuesto, el contribuyente cordobés pasó a perder el descuento del 30 %.
Aunque el atraso en el pago fuera de un solo día, lo cual a su vez se vio facilitado, porque la Dirección General de Rentas dejó de emitir cedulones en papel, por lo que el contribuyente debía ingresar a su sitio web para poder obtenerlos. Y esa pérdida del 30 % que afectó el bolsillo de innumerables cordobeses, representó en la práctica nada menos que un aumento en el impuesto de un 43 % más ([100/(100-30)]-1).
Kolektor, el colector para la política
Esa insidiosa quita de la quita tenía por debajo otra picardía, ya que al tener categoría de un pago en mora, casi el 20 % del importe pagado fuera del término, con el de la quita perdida incluida, pasaba a manos de la empresa Kolector. Una ingeniosa creación del empresario correntino Hermann Karsten, que consiste en esencia en una semi privatización de la recaudación de impuestos.
A cambio de hacer los entes recaudadores más diligentes y tecnificados, lo que bien podrían hacerlo por su cuenta, si hubiera decisión política. Pero la decisión política se inclina por el artilugio de los Karsten, porque es una manera de hacerle un baipás al flujo de los dineros públicos, para que parte de ese dinero termine en manos de los… políticos.
Artilugio que Karsten inauguró en 1994, en el municipio de Quilmes. Siendo esta la razón por la que luego, ante la imputación de un juez, se produjo la famosa huida del Palacio Municipal del entonces intendente Aníbal Fernández, en el baúl de un automóvil. Sistema que sin embargo, obstante Karsten logro hacerlo extensivo a Córdoba, Corrientes, Formosa, Chaco, Neuquén, Mendoza, La Rioja y San Luis, etc. No siendo casual que Karsten y Kolektor aparecieran en Córdoba en el año 2005, a la par que Schiaretti se desempeñaba como vicegobernador de De la Sota.
Esta succión de los dineros públicos por parte de los políticos, sucedió en Córdoba en forma casi ostensible, al tener Kolektor un contrato de servicios informáticos con It-Net. Por el cual esta empresa, directamente se quedaba con un porcentaje sobre los ingresos de Kolektor por esos supuestos servicios. Según lo declaro el mismo Karsten en una de las tantas cámaras ocultas que circularon por Córdoba, obtenidas del periodista Tomás Méndez, que esto no había publicado y se filtraron al público.
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Las cuales entre otras cosas, muestran que Horacio Miro, un ex alto funcionario del fallecido gobernador De la Sota, reputado de ser su testaferro, pasó de la nada a ser no solo el propietario de It-Net, sino también de una de las principales constructoras de Córdoba, Britos SA. Razón por la que Karsten, según muestran esos videos filtrados, sobornó al periodista Tomás Méndez para que en sus programas no se mencionara que Miró era el “Lázaro Báez de De la Sota”
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Ese súbito cambio del concepto de mora y quita de la rebaja del 30 % en los impuestos por parte los ingeniosos contadores Schiaretti y Giordano, secundados por el entonces legislador Calvo, que derivo una ingente cantidad de dinero hacia Kolektor, y por ende hacía la política, parecía estar justificado más allá de la moral y la ética, en el hecho de que en ese año se acababa el contrato con Kolektor.
Y este en consecuencia debía hacer frente al despido de personal, y cierre de su actividad en Córdoba. Pero esto no sucedió, dado que partir del 2018 los contadores Schiaretti y Giordano le adjudicaron esa concesión a Servicios y Consultoría (SYC). O sea la misma sociedad conformada por las familias Karsten y Ferracioli, que asociada con la Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización, propiedad de la familia Alvarez, había dado origen a Kolektor.
Lo cual esconde otra obscenidad cordobesa, dado que Karsten tras el escándalo de los videos filtrados, había renunciado a la presidencia de Kolektor, pero en el 2018 reapareció nuevamente en primera plana con SYC. Demostrando así la audacia y gran habilidad que cultiva este ingenioso correntino para las relaciones públicas y cooptación de voluntades, dado que no hay programa periodístico o cultural en Córdoba, que no reciba algunos dineros de Kolektor, hoy SYC.
Habiendo además incursionado en negocios corruptos en Guatemala, pretendiendo exportar los servicios de Kolektor, lo que contribuyó a la caída del presidente de ese país Otto Pérez Molina. Apareciendo además involucrado en negocios de exportaciones de granos a Irán, a la par que se tramitaba el cuestionado Memorandum de Entendimiento con ese país. Y promocionando ahora la importación de utilitarios chinos, con la pretensión nada menos que de quitarle mercados a Toyota, etc.
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La triquiñuela del objeto y el sujeto para la quita del 30 %
Pero las ingeniosos y usurarias triquiñuelas recaudatorias de los contadoras Schiaretti, Giordano, y Calvo, secundados por la SYC de Karsten, no terminaron allí. En el año 2018, a la par que Calvo pasaba a ocupar la flamante secretaría de Comunicaciones y Conectividad contando con un enorme presupuesto, ese trio de contadores le dio a la quita del 30 % otra notable vuelta de tuerca.
Consistente en considerar responsable del pago puntual de los impuestos, tasas, multas, y tutti cuanti, no al objeto de la tributación, sino al “sujeto”. O sea quien figura como propietario o responsable de ellos. De esa manera actualmente, si uno se atrasa en el pago de cualquiera de esos impuestos, tasas, o multas, por mínimo que sea su importe -incluso por el hecho que lo esté cuestionando, como puede suceder con una multa de la caminera- el “sujeto” es considerado en situación “irregular”, y pierde automáticamente el descuento del 30 % en todos los demás tributos, cualquiera sea su monto, en su primera fecha de vencimiento.
Pasando así a ser una especie de ciudadano de segunda, con categoría de villano impositivo, y por ello automáticamente todas sus gabelas se aumentan automáticamente en un 43 %. Deparando esto situaciones conflictivas de gran injusticia, y desigualdad ante la ley. Dado que para comenzar, el no pago en fecha representa una dificultad en el cumplimiento del pago. El que en lugar de facilitarse, se ve agravado con la pérdida de la quita, y los posteriores recargos por mora, lo cual rápidamente lleva a una duplicación del impuesto.
Además si un propietario alquila y el inquilino es el responsable del pago del impuesto, y no lo hace, eso repercute en la pérdida del descuento del 30 % en todos los demás impuestos al que esté obligado el propietario. Y lo mismo sucede si vendió la propiedad con un boleto de compra venta, sin que aún se haya escriturado. Ya sea porque se vendió en cuotas, o porque el comprador no dispone de dineros suficientes para escriturar.
El revalúo inmobiliario y la cuota 80
Y como si eso no fuera suficiente, como consecuencia del compromiso de rebajar las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos con motivo del pacto fiscal con la Nación, el trio de contadores Schiaretti, Giordano, y Calvo, en su afán de allegar fondos para robamos pero “Hacemos por Córdoba”, han establecido brutales revalúos inmobiliarios, que van entre el 2018 y 2019 desde un 135 % hasta más del 400 %.
Y para disimular esa enorme exacción, en tiempos de grave penuria para la ciudadanía, no se les ocurrió otra cosa que establecer el pago mensual de esos tributos, en doce cuotas anuales, cuando antes se pagaban en cuatro cuotas anuales. Las que por supuesto, si a su primer vencimiento mensual no están pagas, reportan la pérdida del descuento del 30 % para ella, y para todas las demás obligaciones del “sujeto”.
Como si el ciudadano cordobés tuviera que correr permanentemente una alocada carrera de obstáculos impositivos, mes a mes. En la que si falla en un obstáculo, todos los restantes obstáculos se elevan un 43 %, como para dificultarle aún más esa alocada carrera, y siga tropezando a lo largo de ella.
Además el trio de contadores Schiaretti, Giordano, y Calvo, se han dedicado con lupa a descubrir nuevos metros cuadrados cubiertos en el impuesto inmobiliario, por ínfimo que sea, para calificarlo de oficio con la máxima categoría de tributación. Por si pasa, como si el estado fuera un usurero avieso, dejando a cargo de la iniciativa del contribuyente el protestar si ello no corresponde. Exigiendo además su pago retroactivo a años anteriores, dando así origen a lo que denomina la cuota 80. Que al no pagarse, también reportan la pérdida del descuento del 30 % en ella, y las sucesivas, y en todos los otros tributos al que esté obligado su propietario.
Esta presión impositiva descargada sobre los propietarios, por humildes que sean sus propiedades, responde al instructivo bajado desde la Nación tras la firma del pacto fiscal, por parte del gobierno de Cambiemos. Estableciendo que el grueso de la tributación provincial no debe caer sobre los ingresos o la facturación, que para eso está el IVA nacional, sino sobre la propiedad.
Como si el común de los habitantes de Córdoba y la Nación, en especial la clase media, viviera la Jauja de una economía floreciente, y no en plena penuria económica, que se ve reflejada incluso en la caída de las recaudaciones fiscales. A las que se pretende solucionar, extremando la expoliación usuraria de los contribuyentes, que han perdido su capacidad de contribuir.
Todo lo cual pone de manifiesto la degradación a la que puede llegar el Estado, cuando con el afán del “roban pero hacen”, asocia su codicia recaudatoria con la usura y diligencia recaudatoria de un privado, como es el caso de Kolektor – SYC. Tratando a los ciudadanos cordobeses como vasallos del medioevo, esquilmados por los recaudadores de impuestos de antaño, o los “publicanos” del tiempo de los romanos.
Que incluso depararon la muerte de algunos de ellos, por parte de los contribuyentes, como es el caso histórico de Jacob Gaón en la España del siglo XV, por pretender cobrar un tributo a un pueblo del que estaba exento. Y algo parecido sucede en Córdoba, con la insidiosa quita del 30 %, el artilugio de que su beneficiario es el sujeto no el objeto, y los brutales revalúos inmobiliarios.-
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