Los datos surgen de un entrecruzamiento de las planillas de gastos de la Municipalidad de Córdoba y la denuncia de pago de coimas de la ex esposa de un contratista en la obra pública cordobesa. Según el primer documento, durante la segunda gestión del intendente de Cambiemos, Ramón Mestre, se gastaron 1.750 millones de pesos en obras, que fueron a parar a manos de un puñado de empresas encabezadas por la familia de Luciano Merino, dueño de CIAR S.A y otras constructoras, y acusado en la justicia por su ex cónyuge de pagar sobornos del 20%.
Por @LeandroRoss I 28-9-2018
Un año antes que se destapara este escándalo mediático-judicial de los CuadernosGate, que puso sobre la mesa la existencia de una cartelización de obra pública, la justicia de la provincia de Córdoba había recibido una denuncia, publicada en exclusiva por STDP, sobre el pago de coimas de empresarios contratistas de la Municipalidad de Córdoba Capital a funcionarios públicos.
La denuncia en cuestión, por la cual altos funcionarios municipales están siendo investigados, fue llevada a cabo por Carina Cravero, ex-esposa del empresario Luciano Merino, titular de la constructora CIAR S.A., una novata empresa “amiga” del poder que en estos últimos años se ha quedado con millonarios contratos tanto con el gobierno del intendente radical Ramón Mestre (Cambiemos) como con el actual gobernador Juan Schiaretti (PJ).
“Yo escuchaba en las conversaciones familiares que ellos pagaban coimas a funcionarios importantes de la Municipalidad, pero llamándolas bajo el eufemismo de ‘aforos’. Recuerdo concretamente la obra del ‘Nexo cloacal de la calle Duarte Quiros’, cuando escuché a mi ex suegro hablando con su hijos de lo caro que le salía este aforo. Ubicaban en un 20% el pago del aforo, o sea de la coima”, describió Cravero, de manera exclusiva a este portal y ante la justicia.
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Ahora, Striptease del Poder pudo constatar que, según las propias planillas presupuestarias del municipio, durante el último mandato del intendente Ramón Mestre, un puñado de empresas encabezadas por el clan Merino, una de ellas relacionada con el ex CEO de Isolux del CuadernoGate Juan Carlos Goycoechea, se quedaron con contratos de obra pública por un monto total de 1.725 millones de pesos. De los cuales, si la denuncia de Cravero es correcta, 345 millones habrían retornado a los funcionarios de Cambiemos en coimas.
El clan Marino
En la obra pública de Mestre, parece existir una competencia legítima entre distintas empresas a la hora de disputar las licitaciones públicas. Sin embargo, debajo de ellas, los dueños son siempre los mismos: la familia Merino y sus amigos.
En el caso de CIAR S.A, se trata de una constructora manejada totalmente por la familia Merino, históricos hinchas de Talleres. Su presidente es Carlos Merino y sus directores Sebastián y Luciano. Este último, ex marido de Cravero, está acusado de despojarla de sus bienes patrimoniales, entre los cuales están las acciones de CIAR S.A.
Otras de las empresas del clan Merino, con millonarios contratos con el municipio, es CAVICOR S.A., dirigida por Ramiro Salazar y Sebastián Merino, hermano del denunciado Luciano. Esta firma, actualmente en concurso de acreedores luego del rechazo de 500 cheques, es relativamente nueva. Se creó el 24 de junio de 2015, en pleno proceso electoral. Sus socios fundantes son EMCONAR S.A., CIAR S.A. de la familia Merino, Rodrigo Salazar y Sebastián Merino.
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Curiosamente, en el 2016, se incorporó como director titular en representación de EMCONAR S.A, César de Goycoechea, hermano de Juan Carlos Goycoechea, ex CEO de ISOLUX, el primer empresario de la causa de los CuadernoGate en admitir el cobro de coimas y en presentarse como arrepentido. Y lo hizo en reemplazo de Sebastián Merino el hermano de Luciano.
Tanto Cesar como su hermano Juan Carlos aparecen mencionados de puño y letra en los cuadernos de Centeno. El primero, como “un tal Cesar”.
Además, Cesar de Goycoechea está mencionado en el caso los Panamá Papers como accionista de las empresas Makstar Finance SA y Silville INC en Panamá. Utilizó como domicilio propio la calle Pedro J. Frías 489, piso 2, barrio Paso de los Andes, ciudad de Córdoba. Es el mismo edificio donde funciona CAVICOR S.A.
A su vez, EMOCONAR, la firma de los De Goycoechea, socia de CAVICOR, tiene registrado como domicilio la calle Maipú 741 de la Ciudad de Buenos Aires. Es el mismo lugar donde tiene la sede ISOLUX, empresa vinculada en el caso de los CuadernoGate, cuyo CEO era su hermano Juan Carlos de Goycoechea. Este domicilio legal de EMOCONAR sería una de las direcciones donde, según el chofer Omar Centeno, el ex funcionario nacional Roberto Baratta habría cobrado coimas “para llevárselo a Abal Medina con el conocimiento de la Sra. Presidenta de la Nación Argentina, según Nielsen” (cuaderno número 7, del 2013).
Incluso, cuando declaró como arrepentido, Juan Carlos de Goycoechea, reconoció en una fotografía a Baratta, en la calle Maipú al 741, domicilio de Isolux y EMOCONAR S.A.
Otras de las constructoras del clan Merino, e importantes contratistas del gobierno municipal, es MEK CONSTRUCCIONES VIALES S.A. creada en el año 2015, dirigida por Luciano Merino, el ex esposo de Cravero.
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También está REDCOR S.A., compañía creada en el 2016, cuya titular es María Florencia Montivero Fama. Según la denunciante Cravero, se trataría de una ex empleada de CIAR S. El acta de constitución de REDCOR dice que “la señora” Montivero es “de profesión técnica en higiene y limpieza”. O sea no es ni ingeniera, ni licenciada, sino genéricamente “señora”.
Además su domicilio particular es el mismo que la de la empresa. Y sus socios son Marcos David Kantoru y Claudio Daniel Tabarés. El primero, un ingeniero que en su cuenta de LinkedIn figura como integrante Hiram S.A., empresa que según la ex de Luciano Merino también forma parte del clan. En cuanto a Tabarés, es otro ex apoderado de la firma CIAR S.A. Y también, condenado cuatro veces por la mega causa del Registro de la Propiedad, en la cual, decenas de abogados, escribanos y funcionarios de Córdoba fueron condenados por fraguar títulos de la propiedad para apoderarse ilícitamente de ellos.
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Por último, otra de las firmas que según Cravero forma parte del clan Merino es Pablo Augusto Federico S.A. eterna contratista del municipio cordobés. Es capitaneada por el empresario Pablo Federico y sus hijos Pablos y Natalia, que en el 2016 fueron detenidos y procesados por evasión impositiva y falsificación de documento público.
¿345 millones de pesos en coimas?
Las planillas presupuestarias publicadas por la Municipalidad de Córdoba dan cuenta que este puñado de cuatro empresas (CIAR S.A., CAVICOR S.A; REDICOR, PABLO AUGUSTO FEDERICO S.A) encabezados por la familia Merino, Goycoechea y Federico, desde el 2015 a la fecha recibieron 1.725.393.442 millones de pesos en obra pública. En detalles, cada empresa se adjudicó:
- CIAR S.A.: Nave insignia del clan Merino. En total, en el segundo mandato de Mestre, se adjudicó obras por 58 millones de pesos. Estas fueron: “Bacheo con Hormigón S. Suroeste” (12 millones), “Barrio Yofre – Proyecto Centralidades (2,6 millones), “Cañería Cloacal Calle Santa Cruz – Alberro – Aizpetia – B°Paso de los Andes” (481 mil pesos), “Contratación de Trabajo p/ Reemplazo de Losa y Tapa de Bocas de Registro Deterioradas” (3,2 millones), “Nexo Cloacal Calle Duarte Quirós” (15,5 millones), “Proyecto Centralidades-Barrio Yofre” (18,9 millones), “Reparación de peatonales en Área Central” (2,1 millones), “Reparación de Veredas – Zona 2.” (756 mil pesos) y “Reposición de cordones y veredas adyacentes en la Ciudad de Córdoba” (2,3 millones).
- CAVICOR S.A.: la constructora de los Merino y De Goycoechea. Esta novata firma creada en el 2015 embolsó la friolera de 158 millones de pesos. Las obras fueron: “Trabajos de obras y reemplazo de instalaciones cloacales en el sector norte y sur del río Suquía” (7 millones), “Bacheo con concreto asfáltico en caliente año 2017-2018 sector sur” (23 millones), “Bacheo con concreto asfáltico en caliente año 2017- 2018 sector norte” (23 millones), “Mantenimiento de calles de firma natural año 2017-2018 sector CPC Argüello” (11 millones), “Mantenimiento de calles de firma natural año 2017- 2018 sector norte. (11,7 millones), “Ejecución de cordón cuneta y badenes de hormigón sectores varios” (53 millones) y “Bacheo con hormigón año 2017-2018 sector sur” (27 millones).
- PABLO AUGUSTO FEDERICO S.A.: del judicializado Pablo Federico, la eterna contratista del gobierno de Mestre, se alzó con 104 millones de pesos en obras como: “Contratación de Obras y/o Reemplazos de Instalaciones Cloacales Existentes – Sector Norte del Río Suquía y Sector Sur del Río Suquía – SECTOR NORTE” (7 millones); “Desagüe Calle Graham Bell y Uritorco (21 millones); “Parque Educativo Norte -Bº Marqués Anexo” (62 millones) y “Parque Educativo Sur – Barrio Congreso” (14 millones).
- UTE CIAR-PABLO FEDERICO S.A.: del clan Merino y Federico, los dos contratistas privilegiados de la Municipalidad, quienes mediante esta UTE embolsaron otros 206 millones de pesos con tan solo dos obras de asfaltado. Esta son: “Rehabilitación de Pavimentos de Concr.Asfaltico en Caliente 2017-S.Sur” (133 millones) y “San Ignacio, Quebrada de las Rosas y Villa Urquiza” (73 millones).
- REDCOR S.A.: Propiedad de María Florencia Montivero Fama, ex empleada de CIAR, que se alzó con 3,2 millones de pesos por el contrato “Reemplazo de Losa y Tapa de Bocas de Registro Deterioradas” presupuestado en 3,2 millones de pesos”. Obra que también quedo en el círculo de la familia Merino.
- ARC S.R.L: otra constructora amiga del poder. Según la AFIP tiene una facturación anual permitida de 20 millones de pesos como máximo. Pero con contratos de la ciudad, durante la segunda gestión de Mestre se adjudicó 241 millones de pesos solo con la municipalidad de Córdoba. A razón de 60 millones por año. Las obras fueron: “Ejecución cordón cuneta y badenes de Hormigón. Sectores varios de la Ciudad de Córdoba” (43 millones); “Convenio Urbanístico” (2,8 millones); “Desagüe” (40 millones); “Pavimentación” (14 millones); “Desagüe” (42 millones); “Cordón Cuneta y Badenes” (17 millones); “Cordón Cuneta y Badenes” (22 millones); “Redes: Cloaca” (2,6 millones), “Hábitat Obras Viales” (42 millones) y “Alumbrado” (29 millones).
- AFEMA S.A: otra conocida constructora cordobesa, mencionada en la lista del financista Ernesto Clarens, uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, donde entregó el nombre de 86 firmas que, a nivel nacional, entregaron coimas a funcionarios. Durnate los cuatro años del segundo gobierno de Mestre, AFEMA se adjudicó contratos por la impresionante suma de 651 millones de pesos. Unos 13 millones de pesos por 48 meses seguidos. Fueron: “Cordón Cuneta y Badenes” (42 millones); “Pavimentación” (431 millones); “Pavimentación” (42 millones) “Pavimentación” (134 millones).
- UTE ARC SRL-Pablo A. Federico Consorcio de Cooperación: 98 millones de pesos por la obra “Estación Flores – S.Suroeste”.
- UTE ARC SRL – AFEMA SRL: 201 millones por “Obras de Pavimentación”.
En total, todas estas licitaciones suman exactamente 1.725.393.442 millones de pesos, sin las reactualizaciones de los contratos y las mejoras a las obras que siempre tiene toda otra obra pública que lo acrecienta aún más. Con lo cual, si la denuncia de Carina Cravero es correcta –pago de retornos del 20%-, por el gobierno de Cambiemos del intendente Ramón Mestre habrían circulado unos 345 millones de pesos en coimas en lo que va de su segundo mandato. Dineros que habrían salido del municipio como contrato de obra pública, ingresado a las cuentas del clan Merino y de ahí de nuevo a manos de funcionarios municipales.
Constructora polémica
Como toda constructora del poder, en estos últimos cuatro años, CIAR S.A., la empresa del Merino, se vio envuelta en una serie de denuncias y escándalos. En julio de 2016, el diario La Voz del Interior (del Grupo Clarín) informó sobre el estado y la calidad de varias obras realizadas por CIAR. Una de ellas, la de los comerciantes de la zona del Mercado Sud, quien se quejaron por la mala pavimentación de la calle Huespe a cargo de CIAR, lo cual generó la acumulación de aguas servidas en la zona.
En mayo del año pasado, Cravero, la exesposa de Luciano Merino, había sosteniendo que su marido lo estaba estafando con el patrimonio conyugal y se presentó en Tribunales de Córdoba, denunciando a la empresa CIAR, sus vínculos con Mestre y afirmando que funcionarios de la Municipalidad de Córdoba habrían cobrado coimas por el 20% del valor de la construcción del “Nexo cloacal de la avenida Duarte Quirós”.
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Su denuncia recayó por sorteo en la fiscalía cordobesa de Distrito 3 Turno 6, a cargo de Carlos Matheu, quien decidió partir la causa en dos: el desapoderamiento del patrimonio a Cravero a la Fiscalía de Asuntos Complejos a cargo de Enrique Gavier. Y la investigación sobre el pago de coimas, a la polémica Fiscalía Anticorrupción de Córdoba que conducía Hugo Amayusco, un fiscal puesto a dedo por el ex gobernador José Manuel De la Sota y que tuvo el mérito que, en 20 años, no haber puesto ni a un solo funcionario en prisión. Y así se jubiló. Como si Córdoba fuese Noruega, dicen sus detractores.
Tras su denuncia, el 18 de agosto de 2017, funcionarios de la controvertida Fiscalía Anticorrupción irrumpieron en el octavo piso de la Municipalidad de Córdoba, en la Dirección de Obras Viales, requiriendo el expediente de la obra del “colector cloacal” que la firma CIAR está ejecutando en la avenida Cruz Roja, ubicada en el sur de la ciudad.
Posteriormente, en diciembre de 2017, la Fiscalía de Gustavo Dalma imputó a Luciano Merino y Marcelo Lescano, jefe del área de Mantenimiento de Calles de la División de Obras Viales de la Municipalidad, por cohecho agravado. Los acusa de una supuesta construcción de una casa de veraneo a nombre del funcionario de Mestre, por parte de la empresa CIAR, en la localidad de Churqui Cañada, en cercanías del pintoresco paraje Cerro Colorado, donde yacen los restos de Don Atahualpa Yupanqui.
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Luego de esa primera imputación, como en todas las causas que involucran al poder, el caso CIAR entró en un largo silencio. A pesar que las pruebas y los testimonios son concluyentes. A la par, las empresas de los Merinos no ha parado de crecer. Y hoy, según sus balances con contratos con la Municipalidad y el Gobierno Provincial de Córdoba, detenta una facturación de 1.000 millones de pesos anuales. Historia de un clan.-
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