En Córdoba la Docta con los supuestos fiscales anticorrupción y sus instancias superiores, es vox populi que existe impunidad garantizada para los funcionarios públicos y los empresarios de la construcción coimeros. Pero además con su sistema de cálculos judiciales la justicia cordobesa comete una grave estafa en contra de los demandantes judiciales, al operar con un gravísimo e inaceptable error, que no cometería ningún estudiante de matemáticas. El cual debe haber causado notables perjuicios a cientos de miles o millones de demandantes.
Por Javier Llorens – 24/10/2018
En Córdoba la Docta son todos doctores, aunque sean solo abogados. Los que además van adquiriendo modales de señorones empaquetados, a medida que ascienden en la escala judicial. Hasta llegar a ser integrantes del Tribunal Superior, donde decididamente adquieren un aspecto sirupítico, lo más alejado posible del ciudadano común.
El que está actualmente presidido por la Dra Aida Tarditi, siendo sus vocales la Dra. María de las Mercedes Blanc Gerzicich, la Dra. María Marta Cáceres de Bollati, el Dr. Domingo Juan Sesin, el Dr. Carlos Francisco Garcia Allocco, el Dr. Luis Enrique Rubio, y el Dr. Sebastián Cruz López Peña.
Tras los sobresaltos que soportó el gobierno radical del fallecido ex gobernador Eduardo César Angeloz, con las causas judiciales de las concesiones de EPEC, los vaciamientos del Banco Social y Banco de Córdoba, y del enriquecimiento ilícito del mismo Angeloz, el establishment político denominado “partido cordobés”, se empeñó en lograr el pleno control del poder judicial. Y actualmente a ojos vistas se puede decir que lo ha conseguido plenamente.
Primero el gobernador Ramón Mestre traspasó la investigación de los delitos penales de los jueces a los fiscales. Quienes dependen de un Fiscal General designado por el mismo Gobernador. Transformando así en la práctica el antiguo sistema inquisitivo, en un sistema des-acusatorio, según quien fuera el acusado.
Luego el cordobesismo del fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota, remató la faena, tomando una serie de medidas conexas. Una fue la limpieza de jueces díscolos al poder político, con una jubilación anticipada de ellos. Otra la creación de un seudo Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes son designados por la Legislatura.
O sea por el Poder Ejecutivo, ya que a la par violando el sistema proporcional, en la Legislatura unicameral la primera minoría tiene garantizada la mayoría, mediante un astuta mezcla de diputados uninominales y plurinominales.
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Y por último creó primero una y después otra Fiscalía Anticorrupción, adonde van a parar las causas que involucren a los funcionarios públicos. Donde las espera un magistrado especialmente designado y capacitado, para que en tal caso no suceda nada. Garantizándole así la impunidad total y absoluta al poder político de turno.
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Como contrapartida en las playas del Poder Judicial se lucen los automóviles de alta gama más exclusivos, como refleja de los altísimos ingresos que tienen los magistrados judiciales, por los que no pagan impuesto a las ganancias.
Por lo que se puede decir que son los títeres de lujo del poder de turno, encerrados en una jaula dorada. De la que no pueden salir, porque en la dura calle no van a encontrar de manera alguna los altos ingresos que detentan, que los encuadra en los más altos niveles de la categoría ABC1.
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Y en consecuencia para poder preservarlos, solo les queda el camino de la obsecuencia. Razón por la que se puede asegurar que las altas retribuciones a los jueces y magistrados judiciales, en lugar de asegurar su independencia, los postra en la dependencia.
Y si ese estímulo no fuera suficiente, está el disuasivo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales, integrado por cuatro legisladores y un representante del Tribunal Superior de Justicia, cuyas decisiones inapelables no son garantía para nadie.
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La estafa con la planilla de cálculo judiciales de la justicia cordobesa
En ese marco doctoral, de gente aparentemente muy calificada y puntillosa, experta en el “arte de mover los expedientes” según la definió Vilfredo Pareto, llama enormemente la atención el gravísimo error que se advierte en la planilla de cálculos judiciales, con las que los camaristas, jueces, y abogados determinan el monto definitivo a pagar por las sentencias. Haciendo las actualizaciones de sus montos que exige el marco inflacionario en el que se desenvuelve el país, mediante aplicar para ello el promedio de la tasa pasiva bancaria, informada por BCRA.
https://www.justiciacordoba.gob.ar/tasajudicial/Default.aspx
En la siguiente imagen, se puede ver el resultado que arroja una actualización de deuda con tasa pasiva del BCRA, empleando la planilla de cálculos judiciales cordobesa, para una actualización de deuda entre el 1 de enero del año 2000, y el 20 de octubre del año 2018, la que arroja una actualización del 654 %.
O sea que a un Capital de $ 1.000, hay que sumarle una actualización de $ 6.548. Aumentando de esa manera su importe solo 7,54 veces. Mientras que otros indicadores como el del dólar, registran un aumento de al menos 36 veces, ya que pasó ínterin de $ 1 a $ 36.
Dicha planilla permite acceder a la fórmula empleada para ese notablemente mezquino resultado, la cual se puede apreciar en la siguiente imagen. En donde a los índices de la tasa pasiva (Tasa Hasta y TasaDesde) inexplicablemente se les ha sumado un valor 100, que distorsiona absolutamente todo el cálculo.
Adición que no figura en ningún manual de matemática financiera, por el hecho de que se trata de algo aberrante, que distorsiona absolutamente el resultado. Dado que si esos valores 100 no intervinieran en el cálculo, la actualización arrojaría un porcentaje del 1.264,30 %, o sea casi el doble del que surge de la planilla de cálculo oficial (1.465,9420 / 107,4496 – 1 = 12,643).
Y así el aumento del Capital pasa a ser de 13,64 veces, y no 7,54 veces como informa la planilla de cálculos judiciales de la Docta justicia de Córdoba, aumentando su resultado en este caso mas de un 80 %.
Dado que lógicamente, remitiéndonos a una aritmética elemental de primer grado, si se aumenta el dividendo y el divisor con una suma igual para ambos, el resultado o cociente da una suma menor.
Ya que no es lo mismo dos dividido uno, que es igual a dos ( 2 / 1 = 2) que tres dividido dos, que es igual a uno y medio (3 / 2 = 1,5). Siendo no obstante esta la naturaleza del absurdo error cometido por la pomposa planilla de cálculos judiciales cordobesa.
Pero es a su vez esta misma planilla de cálculos judiciales, la que informa de que se trata de un gravísimo e inexcusable error. Dado que si para el cálculo entre las mismas fechas se emplea el CER, y se consulta su fórmula, esa aberración de sumarle arbitrariamente una cifra al dividendo y divisor no existe, siendo la naturaleza del cálculo exactamente la misma. Arrojando en este caso un porcentaje de actualización de 1.092,5 % del Capital, o sea de 11,92 veces del Capital original, un resultado casi un 60 % superior al obtenido con la tasa pasiva.
La gran pregunta es a cuanta innumerable cantidad de gente habrá estafado la justicia cordobesa, con su aberrante cálculo de actualización mediante la tasa pasiva del BCRA. A juzgar por el número de causas resueltas en el 2017, que llegan a las 200 mil, a lo largo de veinte años se puede estimar que seguramente son cientos de miles, e incluso millones de personas físicas o jurídicas las damnificadas por ella.
Esta estafa del poder judicial cordobés, revela la total ausencia de una auditoria de sistemas informáticos, que es un recaudo mínimo que debe existir por los procedimientos de caja negra que ellos presuponen, con imposible acceso por parte del común de los mortales.
Quedando el duro interrogante si hubo una mano pícara que estableció esa reducción sigilosa de las actualizaciones con la tasa pasiva del BCRA. En beneficio de algún gran deudor que así podría haberse visto agraciado con una disminución hasta la mitad de su deuda.
Pero a su vez esa estafa del poder judicial cordobés, es una metáfora o imagen de la gran estafa que es la justicia cordobesa, cuando se trata de investigar y juzgar los delitos de corrupción del poder cordobés, incluidos los perpetrados en la misma justicia.
Y para disimular castiga duramente a los delincuentes comunes, siguiendo el dicho canero, “cuando el comisario se ensaña con el pez chico, es porque está dejando escapar al pez grande”. Aunque el comisario parece no saber nada de aritmética.-
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