Su principal socio en los casinos, Federico De Achaval, tiene estrechos vínculos con Nicolás Caputo “hermano del alma” del presidente Mauricio Macri, y con su jefe de Asesores José Torello. Gracias a ellos y al kirchnerismo, entre el 2002 y 2015 López y De Achaval pudieron instalar más de 6.000 tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires, que a pesar de facturar millones de pesos por día, durante 12 años funcionaron sin control y sin pagar Ingresos Brutos. Esta alianza en torno al juego motivó la ruptura de las relaciones entre el Papa Francisco y Macri en el 2013. Quien ahora durante su gestión, no hizo más que consolidar los negocios de estos “zares del juego”.
Por Lázaro Llorens 16-2-2018 @lazarollorens
La Cámara Federal porteña acaba de ordenar la excarcelación del empresario K, Cristóbal López, el “zar del juego” y de su socio Fabián de Sousa. Ambos estaban presos desde el año pasado, acusados de defraudar al Estado en más de 8 mil millones de pesos, mediante la evasión del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC) con su empresa Oil Combustible.
Si bien, para muchos este fallo a favor de López puede ser sorpresivo, para otros, que conocen las cloacas del poder, en modo alguno lo es. Resulta que este “empresario K”, señalado por la actual diputada de cambiemos Elisa Carrió de ser un “testaferro” de Kirchner, no solo tiene oscuros y multimillonarios negocios con la familia Kirchner, sino también con su gran enemigo político, el presidente Mauricio Macri, líder de Cambiemos. Por eso su liberación acompañado con un cambio de calificación del delito, de defraudación calificada a evasión.
Estos negocios se forjaron en torno a las 6.250 tragamonedas propiedad de López, que gracias a adjudicaciones directas, sin auditorias y sin impuestos, desde hace décadas funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, las 24 horas del día, facturando la impresionante suma de 400 millones de pesos por día. ¡114 mil millones al año! De los cuales, ahora el gobierno de la Ciudad se queda con el 30%.
Y detrás de todas ellas, aparece un hombre clave. Un hombre que no es pingüino, y que a pesar de estar estrechamente vinculado con lo más alto del poder macrista, amasó una inmensa fortuna y poder durante el kirchnerismo, gracias a las tragamonedas y su sociedad con el recientemente liberado Cristóbal López.
Se trata de Federico De Achaval. Un ex banquero, cuñado del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina -SRA- Enrique Crotto, amante del turf, socio de Cristóbal López en el hipódromo y en los dos casinos flotantes de Puerto Madero. Que a su vez tiene íntimos vínculos con el empresario macrista Nicolás “Nicky” Caputo, vicepresidente del PRO, “hermano del alma” del presidente Macri y de José Torello, apoderado del PRO, actual asesor de ministros de Macri.
Ver “NIKY” CAPUTO, EL LAZARO BAEZ DE MACRI
De Achaval y “Nicky” Caputo se conocen de la vida y de Pilar, donde ambos habitan. A ambos se atribuye haber sido los autores intelectuales del polémico acuerdo que aprobó la Legislatura porteña en el 2013, con los votos del macrismo y el kirchnerismo. Con el cual el gobierno de la Ciudad le condonó una deuda de 2.000 millones de pesos a los casinos de Cristóbal López y De Achaval, por el no pago de Ingresos Brutos. Reclamo que la Ciudad tenía ganado en todas las instancias.
“El pacto de las tragamonedas fue negociado por Federico Achával, álter ego de Cristóbal López en Palermo, y Nicolás Caputo, el socio de Macri, que carece de funciones en el gobierno porteño. Caputo y Achával mantienen una vieja relación y tienen en común planes también en Pilar, donde desarrolla sus negocios César Mansilla, agente de prensa de López e íntimo del intendente Martín Zúccaro” publicó al respecto, el periodista Carlos Pagni del diario La Nación.
También Caputo es el principal recaudar de fondos para las campañas de su amigo Macri. En las cuales durante años, uno de sus aportantes más fuerte fueron De Achával y Cristóbal López. Quienes en la campaña del 2007, según La Nación le habrían pagado hasta un lujoso departamento a Caputo en el edificio “El Mirador”, sobre la calle Juana Manso, en Puerto Madero, cerca de donde están los casinos flotantes.
En cuanto Torello, actual jefe de ministros de gobierno de Macri, De Achaval lo conoce desde que se desempeñaba como Director Jurídico del Instituto del Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Anibal Ibarra. Un organismo encargado de controlar las tragamonedas de los casinos flotantes y el Hipódromo de Palermo, los que desde 1999 al 2014 funcionaron sin control de ningún tipo, y sin pagar impuestos a los Ingresos Brutos al gobierno de la Ciudad que Torello representaba.
Además, al igual que con Nicky Caputo, ambos se conocen de la coqueta zona de Pilar, donde Torello tendría algunos emprendimientos inmobiliarios. Una localidad donde a su vez, el hijo de De Achaval, Federico De Achaval Jrs., es un conocido concejal y dirigente de Unidad Ciudadana, la fuerza política capitaneada por Cristina Kirchner. Con lo cual, “la grieta”, en el millonario negocio del juego, evidentemente no existe, y por contrario está bien soldada con los millones que deja el juego.
Censura PRO
Precisamente, este estrecho lazo entre los más rancio del macrismo y el kirchnerismo, lubricado por 6.225 máquinas tragamonedas, habría sido el que en marzo del 2016 ciñera la censura al informe del periodista ultra K Jorge Navarro, sobre Caputo, titulado “El Socio del Presidente”, en el canal C5N, por entonces propiedad de Cristóbal López, socio De Achaval,
“Las autoridades del canal C5N me acaban de notificar que el informe ’El socio del Presiente’ que íbamos a emitir esta noche no saldrá al aire” informó desde su cuenta de Facebook escuetamente Navarro. Quien ya había padecido una situación similar con Caputo en el 2015, antes de las PASO, y quien finalmente fue echado del canal por el socio de Cristóbal López, Fabián de Souza, que también acaba de ser excarcelado.
Este mismo lazo kirchnermacrista habría hecho que la detención de Cristóbal López, el empresario más rico de la era K, fuera absolutamente reservada. Sin show, sin cámaras, sin chalecos, ni gendarmes en la puerta. Totalmente distintas a las detenciones de otros ex funcionarios y empresarios K, como Lázaro Báez o Julio De Vido.
Y son relaciones que, aunque uno le cueste creerlo, perduran hasta la actualidad. Dado que, apenas Macri puso un pie en la Casa Rosada, en mayo del 2016, mediante la Resolución 259/2016, el ministro de Justicia Germán Garavano nombró a Roberto Durrieu, abogado de la empresa Hipódromo Argentino de Palermo SA., como asesor experto “en materia de control de la delincuencia organizada y la corrupción” en el ministerio de Justicia.
Su buffet se llama “Estudio Durrieu Abogados”. Y según su CV, es “abogado, consultor, doctor en filosofía y académico argentino, especializado en prevención de lavado de dinero, corrupción, etica & compliance y derecho penal internacional/económico”.
Consultado, Durrieu, ex asesor del Ernesto Sanz en el Senado, reconoció tener “relaciones personales con De Achával pero no jurídicas”. Y risiblemente alegó además, que él no se encarga de las cuentas del estudio que es de su propiedad y lleva su apellido.
Un hombre clave
En toda esta historia, De Achaval, el socio del liberado López, tiene un papel central. Fue el primero que puso un pie en el Hipódromo Argentino de Palermo, cuyo interior, gracias al macrismo y el kirchnerismo, hoy alberga 4600 máquinas tragamonedas que andan a full todo el día, y el año pasado recaudaron unos 250 millones de pesos por día. ¡81.000 millones al año! Unas verdaderas máquinas de recaudar.
Comenzó en 1992, luego que el ex presidente y actual senador Carlos Menem, mediante el decreto 292/92, dispusiera la privatización del Hipódromo de Palermo, hasta entonces propiedad del Estado nacional.
Su objeto era “revalorizar las dependencias del Hipódromo” y “desarrollar la actividad hípica”. Con un plazo de la concesión de 25 años -hasta el 2017-, y nada de tragamonedas.
Como beneficio de esta privatización, según el contrato, el Estado argentino recibiría obras y el pago de un canon anual. Este se componía del 8,3% de la venta de los boletos del hipódromo por las apuestas de caballo, que se repartiría: 1,2% para el Ministerio de Cultura y Educación, 0,5% para el Comando y Dirección de Remonta y Veterinaria, 2% para la Municipalidad de Buenos Aires -Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, 1,5% para la Lotería Nacional, y 3,1%, para el ministerio de Salud y Acción Social.
Seis meses después, el 7 de agosto de 1992, mediante el decreto 1418/92 Menem le adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas la concesión del hipódromo. La UTE la integraban Valfinsa SA, firma que representaba a De Achaval; Information Technology; Acquisitian Corporation SA; Sebastián Maronese e Hijos SA; Kocourek SA; De Construcciones CIF; y Productora Kartell S.A. La que al año siguiente, cambió su razón social para pasar a ser “Hipódromo Argentino de Palermo S.A.” (HAPSA).
La oferta económica de HAPSA fue un canon por 61 millones de pesos-dólares, obras no especificadas, y venta de boletos. Sin embargo, al poco tiempo de adjudicado el contrato, el macrista De Achaval comenzó a retrasarse en el pago. Hecho que motivó a Lotería Nacional a emitir la Resolución 39/95 estableciendo un “interés compensatorio” en contra de HAPSA por esta mora.
Lo curioso es que a pesar de estos atrasos, De Achaval, sabiendo que estaba sentado en una mina de oro, comenzó a acaparar las acciones del hipódromo. Así, en 1997 a través de Valfinsa, ya tenía el 53% del paquete accionario. Y la offshore Val de la Loire LLC, involucrada en caso de los Panamá Papers, de la que también sería su propietario, el otro 32%.
Las tragamonedas
En junio de 1999, mientras De Achaval se consolidaba como mandamás de HAPSA, pocos meses antes de terminar su mandato, Menem llamó a licitación para la explotación por quince años de un casino, con tragamonedas, en “un buque de bandera argentina en aguas del Río de la Plata” en Puerto Madero.
Esta polémica iniciativa del ex presidente riojano desató un duro y largo conflicto judicial. La oposición, abogado y juristas entendían que había un problema de jurisdicción, porque el gobierno nacional no estaba facultado para llevar adelante una autorización de este tipo. Sino que era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por entonces a cargo del radical Fernando de la Rúa, el que debía autorizar el funcionamiento del casino flotante con sus tragamonedas.
A Menem no le importó, y el 4 de junio de 1999 firmó el decreto 600/99 elevando de 8% a 30% el porcentaje del canon que le cobraba el Estado al Hipódromo Argentino de Palermo S.A. de De Achaval. Y fijó en un 20% el canon del nuevo casino flotante que iría: 4% para Lotería Nacional, 8% para la secretaría de Deportes de la Nación, y 8% para la secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
Dos meses después, el 11 de agosto, mediante la Resolución 292/99, Lotería Nacional le adjudicó a la empresa Casinos de Buenos Aires SA, el polémico casino flotante en Puerto Madero. Autorizando el funcionamiento de unas 600 máquinas tragamonedas, que de esta manera desembarcaban en el corazón de City porteña.
Casinos de Buenos Aires SA pertenece a la multinacional española CIRSA, propiedad de Manuel Lao Hernández. Uno de los empresarios más ricos de España. Dueño de 133 casinos, 67 bingos, 162 salones de apuestas, y más de 40.000 máquinas recreativas en todo el mundo.
El buque de CIRSA en Puerto Madero se bautizó “Estrella de la Fortuna“. Tenía capacidad para 2.500 personas y 600 “tragaperras”. Fue inaugurado y clausurado simultáneamente el 8 de octubre de 1999, cuando inmediatamente después de cortadas las cintas, Ernesto Dib, por entonces Director de Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno de la Alianza, lo clausuró a los gritos, aduciendo que el mismo estaban en jurisdicción del Gobierno de la Ciudad.
Para compensar un poco a De Achaval, el 6 de diciembre de 1999, cuatro días antes de terminar su mandato, mediante el decreto 1544/99, Menem le reprogramó una deuda de 3,8 millones de dólares a HAPSA, que también anhelaba instalar tragamonedas para potenciar su ecuación económica.
El desembarco de Cristóbal
El 10 de diciembre de 1999 De la Rúa, candidato de la Alianza, asumió como presidente en remplazo de Menem. Y el 7 de septiembre del 2001 el mandatario radical, a pesar de haberse pronunciado públicamente en contra de las tragamonedas, mientras renegociaba un canje de deuda con Estado Unidos, firmó el decreto 544/01 autorizando la instalación de “juegos de resolución inmediata por medios de máquinas electrónicas” en la ciudad de Buenos Aires.
Con esta metáfora, De la Rúa, además de salvaguardar los intereses de CIRSA, sin licitación de ningún tipo autorizó la instalación de tragamonedas en territorio porteño –el barco se consideraban territorio nacional- con un De Achaval que se frotaba las manos. Sin embargo, el polémico decreto 544/01 no pudo entrar en vigencia.
Primero por una denuncia penal de la entonces diputada Alicia Castro contra el mandatario radical, por “incumplimiento en los deberes de funcionario público”. Luego por el decreto 695/2001 del nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, también de la Alianza, hasta entonces aliado político de De la Rúa, ratificando que la instalación de tragamonedas en la Ciudad era potestad del gobierno porteño. Y finalmente, por los trágicos hechos del 19 y 20 de diciembre tras los cuales, el líder de la Alianza, debió irse en helicóptero quedando todo en stand by.
En enero del 2002, al renunciante presidente radical Fernando De la Rúa, lo sucedió el peronista Eduardo Duhalde, quien apenas asumió nombró como vicepresidente de Lotería Nacional a Carlos Gallo. Un oscuro abogado, funcionario de carrera, señalado de ser un operador de Cristóbal López, quien el 12 de septiembre del 2002, mediante la Resolución 99/02, con el argumento de que había que preservar las fuentes de trabajo, autorizó a HAPSA a instalar 70 máquinas tragamonedas sin ningún tipo de licitación.
Este es fue el momento en que el pingüino Cristóbal López se relacionó con el porteño macrista De Achaval. Dado que el empresario K con su socio Ricardo Benedicto, ya explotaba algunos casinos en el interior del país, y por ello fue el que le proveyó a De Achaval las primeras 70 máquinas tragamonedas autorizadas por la Resolución 99/02 de Gallo. Tras ello, De Achaval pasó a controlar el 72% de las acciones de HAPSA, y Cristóbal López el 27% restante.
Kirchner
Sin que nadie lo haya previsto, ocho meses después, Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada en remplazo de Duhalde. Y fue precisamente la astuta muñeca del ex-presidente patagónico la encargada de multiplicar por diez, de 670 a 6.525, la cantidad de tragamonedas en la Ciudad de Buenos Aires, beneficiando enormemente los negocios de su amigo López y su socio De Achaval.
Con ese propósito, lo primero que hizo Kirchner fue cooptar al aliancista Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad, opositor a las tragamonedas, ofreciéndole una jugosa participación en el juego.
El acuerdo entre ambos se selló el 30 de octubre del 2003. Ese día Lotería Nacional firmó un controvertido convenio con el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el cual el gobierno porteño, además de desistir de su reclamo judicial por la jurisdicción de las tragamonedas, ratificó la Resolución 99/02 de Gallo; le transfirió a Lotería Nacional el control del juego; autorizó a HAPSA a instalar otras 1.500 máquinas tragamonedas más; le extendió la concesión del casino “Estrella de la Fortuna” a CIRSA; y, por último, habilitó a la empresa española a instalar un segundo barco casino, con otras 900 máquinas tragamonedas en Puerto Madero.
A cambio de ello, Lotería acordó elevar del 2% al 35% el porcentaje que el Estado Nacional le debía transferir al gobierno de la Ciudad, por lo recaudado en las apuestas en el Hipódromo de Palermo de HAPSA (30 % de las apuestas) y de los Casinos Flotantes (20% de las apuestas). Cuya liquidación por ese entonces De Achaval y CIRSA la hacían sin ningún tipo de control, mediante simples declaraciones juradas. Por eso en el convenio se estableció un plazo de 90 para instalar un sistema de control on line de las tragamonedas, que quedaron a cargo de Lotería.
Dos semanas después, el 13 de noviembre del 2003, la legislatura porteña, controlada por ibarrismo aliado del kirchnerismo, mediante la Ley 1.182 ratificó el convenio entre Lotería y el Gobierno de la Ciudad, legalizando las tragamonedas. Y tras esa aprobación, el 1 de diciembre del 2003, mediante el decreto 1155/03 firmado por Néstor Kirchner y su hermana Alicia, el Poder Ejecutivo también lo convalidó. Gracias a estos enjuagues políticos, De Achaval y Cristóbal López comenzaron a nutrir generosamente sus cuentas bancarias. En un negocio que además posibilita el blanqueo de grandes sumas de dinero.
Decreto 1155/03 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90695/norma.htm
Más tragamonedas
Con una voracidad casi incontrolable, el 21 de julio de 2004, menos de año después de que Kirchner firmara controvertido decreto 1155/03 denunciado por Carrió ante la justicia, Lotería Nacional autorizó la instalación de 1.500 tragamonedas más en el Hipódromo Argentino de Palermo.
De esta manera, el avance de la empresa de De Achaval y Cristobal, gracias a la acción del Estado, parecía imparable. Todo lo contrario a lo que vivía su competidora CIRSA, que aún tenía las 600 máquinas autorizadas por Menem en 1999. Y pretendía a toda costa abrir de su segundo casino flotante en Puerto Madero, según lo dispuesto por el decreto de Kirchner, pero la justicia argentina se lo impedía.
Esto tuvo su comienzo en el 2005, cuando el juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, sindicado de “militante” K, declaró inconstitucional el convenio suscripto entre Lotería Nacional SE y el Instituto de Juegos de la ciudad de Buenos Aires en el 2003.
Y por ello ordenó clausurar el casino flotante “Estrella de la Fortuna” de CIRSA, prohibiéndole la instalación del segundo, a la par que al Hipódromo de Palermo apenas lo encomió a que se adecue a la normativa. No obstante gracias a un polémico fallo del juez federal Sergio Fernández, el 19 de enero del 2006 CIRSA pudo revertir el fallo de Gallardo, y atracar en Puerto Madero su segundo casino flotante de nombre “Princess“, tal como lo había autorizado Kirchner por decreto en el 2003.
Este navío era más grande que el anterior. Tenía cuatro pisos alfombrados, techos dorados, 1.200 máquinas tragamonedas, ruleta electrónica. Y un “Wild Race”, una carrera de caballos virtuales, lo cual era toda una provocación para sus competidores del hipódromo.
“¡Esto es mejor que Palermo! se entusiasmaba un señor de pantalón claro y camisa bordó. ¿Dónde están las carreras de caballos?, preguntaba otro a su lado y se dirigía hacia la pantalla de plasma donde equinos de videojuego atravesaban una meta virtual” publicó al respecto el diario La Nación, cuando CIRSA inauguró el “Princess” en el 2006.
Dicen que esta inauguración de la multinacional española a los que más fastidió no fue al juez Gallardo, sino a Kirchner y Cristóbal López. Ambos veían a los hispanos de CIRSA como unos duros competidores en el rentable negocio de las tragamonedas.
Y los pingüinos no tardaron en contragolpear. Tres meses después de su inauguración, el 26 de marzo del 2006, el juez Gallardo clausuró el “Princess” aunque dejó habilitado el otro buque casino. “No deben existir grupos económicos ni poderes por sobre el Poder Soberano del Estado que no es sino la voluntad del Pueblo hecha Ley” alegó el magistrado en su fallo.
Este fue el primer mensaje. El segundo aconteció el 14 diciembre de ese mismo año, poco antes de Navidad, cuando en el aeropuerto Jorge Newbery fueron detenidos por la aduana Manuel Lao Hernández, titular de CIRSA, junto otros dos ejecutivos de la compañía. Los españoles venían en un vuelo privado de Executive Airlines. Se les secuestró medio millón de euros en efectivo sin declarar, y una veintena de regalos empresariales. Entre ellos patas de jamón de Jabugo.
https://www.lanacion.com.ar/868198-decomisan-500000-euros-a-tres-ejecutivos-del-barco-casino
Lao Hernández, a partir de esto investigado por lavado de dinero, no solo venía a ver sus dos casinos flotantes de Puerto Madero. Tenía pactada una reunión con el propio Cristóbal López para conversar sobre el negocio del juego. ¿Una burda celada? Ante el periodista Luis Majul, el dueño de Indalo, con sarcasmo, se excusó diciendo “yo también fui víctima. En ese vuelo, Lao me traía un jamón de Jabugo para comerme durante las fiestas.
A pesar de todo, en el 2006, CIRSA pudo reabrir el “Princess”. Pero aun había más fuego de los pingüinos. En junio del 2007 se desató un brutal conflicto, con heridos y todos, entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) por la disputa de los trabajadores de los casinos flotantes de CIRSA.
El SOMU estaba liderado por Omar “Caballo” Suarez, uno de los sindicalistas privilegiados de Cristina y Nestor Kirchner, actualmente preso acusado de ser el jefe de una “asociación ilícita” o “coalición”, cuyo lema era “todo lo que flota es mío”. ALEARA, por parte, estaba a cargo del macrista Daniel Amoroso, ex legislador del Gobierno de la Ciudad por el PRO.
La pelea llegó a tal punto que el “Princess” estuvo 40 días cerrado. Generándole pérdidas estimadas en 60 millones de pesos a CIRSA. “Cuando decimos que la pelea entre los sindicatos era una pantalla, apuntamos a que el SOMU (Suarez), por su vinculación con el kirchnerismo, para que Cristóbal López les comprara el 50% de la empresa a los españoles de CIRSA corporatión. No había una pelea real” dijo Hernán Lopardaka, delegado de los empleados del Casino a los autores del libro “El Poder del Juego”.
Y fue exactamente eso lo que pasó. En mayo del 2007, Lao Hernández abrió la mano y cedió el 50% de las acciones de sus casinos flotantes al dúo Cristóbal López (25%) y De Achaval (25%). La venta fue por 120 millones de dólares, 2.400 mil millones de pesos actuales. E incluyó la incorporación de CIRSA al casino con tragamonedas de Rosario, cuya licitación Cristóbal López había ganado en abril del 2006, compitiendo con CIRSA, a cambio de una inversión de 20 millones.
De esta manera, el empresario K Cristóbal López y su socio macrista De Achaval, mientras sus padrinos políticos se pelaban para la tribuna, pasaron a tener el control de todas tragamonedas que había en la ciudad de Buenos Aires, que hasta hacia poco estaban prohibidas. Cuyas ganancias se estimaban a partir de declaraciones juradas firmadas por los propios dueños.
Otro decreto bochornoso
Como broche de oro de todas estas concesiones, el 5 de diciembre del 2007, cinco días antes que terminara su mandato, el presidente Kirchner junto Alberto Fernandez y su hermana Alicia, firmaron otro vergonzoso decreto a favor de las tragamonedas de su amigo Cristóbal López y su socio De Achaval.
Se trató del decreto 1851/07, publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, un día de feriado administrativo, mediante el cual, Kirchner, “intima” –ese es el verbo que aparece escrito en el decreto- a instalar 1.500 tragamonedas más a la empresa concesionaria Hipódromo de Palermo. A la par que, como esa nueva instalación de tragamonedas implicaba supuestamente una sobreinversión, le prorrogó a Cristóbal López y De Achaval por 15 años más, hasta el 2032, la concesión que vencía en el 2017. Quienes que de esta manera pasaron a tener 4,700 máquinas tragamonedas en el hipódromo Argentino de Palermo.
El decreto 1851/07, aun vigente, fue denunciado por la actual diputada de Cambiemos, Carrió, en el marco de una denuncia por “asociación ilícita” contra Cristóbal López y Kirchner. Pero fue ratificado en el 2011, por el hoy supuestamente probo juez federal Julián Ercolini. Quien increíblemente sostuvo que la prórroga de esta controvertida concesión, que empezó en los 90 con apuestas de caballos y terminó en casi 5 mil tragamonedas por adjudicación directa a un amigo del presidente y un concesionario incumplidor, sin control, había “cumplido todos los pasos administrativos y tenía fundamentación legal y respaldo documental”.
Respaldo PRO
Casi en el mismo momento en que el presidente santacruceño firmaba el decreto 1851/07 y le dejaba el poder a su esposa Cristina Fernández, el 10 de diciembre 2007, Macri asumió por primera vez como Jefe de Gobierno porteño de la Ciudad de Buenos.
Por entonces, el actual presidente, para la tribuna ya se presentaba como un opositor total la política K. Sin embargo, como si tuviera que pagar alguna deuda pendiente, el 15 de diciembre del 2008, envió un polémico proyecto de ley a la legislatura porteña, de su autoría, para aprobar una adenda –agregado- al convenio firmado por Lotería Nacional y el Gobierno de la Ciudad en el 2003.
A cambio de aumentar para el gobierno de la Ciudad del 24 % al 50% la participación en las ganancias de los casinos, cosa imposible de saber a ciencia cierta al no estar las máquinas conectadas online, este convenio procuraba convalidar el polémico y último decreto 1851/07 de Kirchner, que habilitó más tragamonedas y extendió la conexión por 15 años más del hipódromo.
Además, le condonaba retroactivamente a las empresas De Achaval y López, el pagó de los Ingresos Brutos a la ciudad. Un reclamo que venían haciendo distintos especialistas y la oposición. Dado que las privilegiadas tragamonedas no pagaban este impuesto, a pesar que ese año ya recaudaba 15 mil millones de pesos anuales.
De esta manera, Macri se quedaría de ahí en más con unos 170 millones de pesos al año para obras, según él. Mientras que los casinos De Achaval y López, solucionaban de una vez y para siempre la precariedad con las cuales estaban funcionando sus miles de slot, sin control, sin impuestos, en la ciudad más rica del país gracias a los decretos de Kirchner.
Este nuevo y polémico convenio, presentado casi en plenas fiestas, fue negociado por De Achaval, en representación del hipódromo y los casinos flotantes. Y, en representación del gobierno porteño, por sus íntimos amigos Torello, ex Director Jurídico del Instituto del Juego de Apuestas de la Ciudad, defensor del proyecto en la legislatura, y Niky Caputo, por entonces contratista de la Ciudad con su empresa SES S.A., y asesor en las sombras del actual presidente de Cambiemos. O sea, como se dice, fue una negociación entre chanchos amigos.
Pero esta vez, la magistral jugada del cuarteto Kirchner-López-De Achaval Macri, no salió bien. Además de ser rechazado por legisladores y funcionarios macristas, como Gabriela Michetti, vicejefa de gobierno a cargo de la legislatura, o el legislador Federico Pinedo, también fue cuestionado por la Iglesia a través del cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, actualmente conocido como el “Papa Francisco”. Otro histórico opositor al juego en la Ciudad.
Para ello, el ahora Papa Fráncico, contra reloj, tuvo una reunión privada con la propia Michetti, de fuertes vínculos con la Iglesia, donde en base a principios morales la comprometió a rechazar la iniciativa de su jefe Macri. Y fue ella con Pinedo, también ligado a la Iglesia, quienes convencieron a líder del PRO de que no enviara el polémico proyecto de ley a la Legislatura.
“Luego de un debate interno, dijimos que el convenio éste no lo podemos convalidar, no puedo convalidar algo con lo que no estoy de acuerdo, no me siento conforme“, señaló el sinuoso Macri, que veía de esta manera que su proyecto era inviable por la oposición de su propia tropa.
El alboroto fue tal, que el 23 de diciembre del 2008, en plenas fiestas, para tapar los cuestionamientos que cosechó la iniciativa de Macri, y conseguir los votos de la Coalición Cívica de Carrió, la Legislatura porteña aprobó el presupuesto 2009. Dentro de él, incorporó un artículo estableciendo una alícuota del 8% a las tragamonedas del Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes que seguían sin control online. Impuesto que nunca se cobró por la inacción del gobierno de la Ciudad y los amparos De Achával y Cristóbal López, en la justicia controlada por el kirchnerismo.
Culpa del Papa
A pesar de este revés, los dueños de las tragamonedas y sus espaldas políticas, no se amilanaron. Con paciencia de samurái esperaron el momento propicio para aprobarlo. Y este fue cuatro años después. El 13 de marzo del 2013, cuando el influyente cardenal Bergoglio abandonó la ciudad de Buenos Aires para viajar al Vaticano y asumir como Papa.
Luego de su asunción, aprovechando que ya no estaba en Argentina, Cristina Kirchner y Macri llegaron a un nuevo acuerdo en torno las benditas tragamonedas. Y el lunes 9 diciembre de ese año, con los votos de los legisladores macristas y kirchneristas, en medio de un escándalo con denuncias penales en la justicia, finalmente, mediante la Ley 4.896 pudieron aprobar la controvertida addenda al convenio 2003 de Kirchner, diseñado por De Achaval, Caputo y Torello en el 2008. Añadiendo incluso más millonarios beneficios al Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes.
El proyecto, presentado y firmado nuevamente por Macri, luego de una reunión con el por entonces Jefe de Gabinete K, Jorge Capitanich, se tituló: “Adenda al convenio celebrado con fecha de 30 de octubre entre Lotería Nacional S.E y el Instituto de Juegos de Apuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Ingreso a la legislatura, el viernes 6, con lo cual los diputados porteños no tuvieron casi tiempo de analizarlo, y no pasó por ninguna comisión.
La sesión, la última del año, estuvo presidida por Cristian Ritondo, actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y se aprobó en media hora, sin que ningún legislador pidiera la palabra, porque nadie lo quería defender. Contó con 42 votos a favor aportados por el macrismo, el kirchnerismo, y Nuevo Encuentro. Toda la oposición votó en contra. Incluso, paradójicamente, la bancada de Aníbal Ibarra impulsor del convenio original en el 2003.
Resumidamente, la addenda, además de elevar del 24 % al 50% la participación en las supuestas ganancias, y aprobar el polémico decreto 1851/07 con el cual Kirchner autorizó la instalación de 1.500 tragamonedas más, y le prorrogó a Cristóbal López y De Achaval, por 15 años la concesión del Hipódromo, eximió a las tragamonedas a pagar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos en ingresos brutos adeudados. Impuesto que Macri eliminó directamente para el juego, y lo suplantó por un canon adicional de 3% de lo que la empresa decía que recaudaba. Unos 300 millones de pesos al año.
Además, creando una cuasi justicia paralela, estableció que cualquier tipo de controversia en torno las empresas de De Achaval y López, no se dimiría en los tribunales, como cualquiera de los mortales, sino por una “Comisión de Enlace” integrada por el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires y Lotería Nacional. Es decir por el macrismo y el kirchnerismo.
De esta manera, gracias a este acuerdo, que tenía duración hasta fines del 2015, el hipódromo y los casinos flotantes además de privilegios impositivos, pasaron a tener, gracias a Macri y Cristina, también privilegios legales.
Este bochornoso acuerdo, fue tan anómalo, que una semana después, la diputada Carrió y Fernando Sánchez, presentaron ante el Juzgado Correccional Número 1, una denuncia penal contra Macri, por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público“. Solicitando además al juez que investigue a Nicky Caputo, porque que carecía de funciones en el gobierno de la ciudad pero, “habría negociado la Addenda al convenio”.
“La Addenda que modifica el Convenio oportunamente ratificado mediante la Ley 1.182 lo que hace es condonar millones de pesos adeudados en concepto de Ingresos Brutos por las salas de juego y apuestas de caballos de propiedad del empresario Cristóbal López, en el Hipódromo Argentino de Palermo SA y en los buques de Casino Buenos Aires SA” decía textualmente la denuncia de Carrió. Hoy principal aliada política de su denunciado Macri, mientras que el otro denunciante, Fernández, se desempeña ahora como secretario del Jefe de Gabinete Marcos Peña, la principal espada política de quién antes había denunciado penalmente .
También provocó la ruptura total del Papa Francisco con Macri, quien en el 2007 había apoyado su candidatura para Jefe de Gobierno Porteño. Dado que el Sumo Pontífice, de sólida formación política, entendió que a pesar de la perorata de la ética y la nueva política que proclamaba el PRO, en los hechos, no solo tenía los mismos vicios que los K, sino que ambos compartían uno de los negocios más oscuros, controvertidos, voluminosos, y dañinos de nuestro país: el juego. Histórico enemigo de la Iglesia Católica.
Por eso la famosa cara de traste del Papa cuando recibió en el Vaticano a Macri, tras asumir la presidencia. Que contrastaba totalmente a las que alguna vez se habían sacado juntos en Buenos Aires, cuando era cardenal. Dado que el jesuita, como se dice, “le había picado el boleto” al líder del Pro, cuya relación, deteriorada también por laa cuestiones del matrimonio igualitario y el aborto, ya no tiene retorno, según trascendidos periodísticos.
Salta la banca
La aprobación este ignomioso acuerdo, dejó a la vista de todos la íntima y promiscua relación entre los K y M en torno a las tragamonedas. Que recién empezaron a ser controladas de manera on line partir del 2014, con el software “Advantage”. Suministrado a Lotería Nacional de manera gratuita, por los mismos Cristóbal López y De Achaval, quienes de esta manera tienen el dominio de la caja negra o software que debe controlarlos. Sin que nadie más conozca sus algoritmos, que bien pueden hacer que unos montos sean otros, o que operaciones se caigan en el camino.
“El sistema de control lo diseñó la empresa IGT, la misma que provee las tragamonedas de los casinos flotantes de Puerto Madero y del Hipódromo de Palermo” denunciaron, por ese entonces, los legisladores porteños Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto de la Coalición Cívica, la fuerza política de Carrió. Irregularidad que llevaron a la justicia. Y que derivó en la imputación de todo el directorio de Lotería Nacional por parte del fiscal Guillermo Marijuán.
Esta connivencia pública perduró hasta el 22 de mayo del 2015 justo cuando la campaña presidencial entraba en su fase decisiva con el cierre de las listas. Ese día, Macri, para despegarse de las denuncias que los vinculaban el super empresario K Cristóbal López y sus polémicas tragamonedas, anunció públicamente que si llegaba a ser electo presidente no iba a renovar el polémico convenio firmado en 2003 por Kirchner e Ibarra, que el mismo había prorrogado en el 2013 en medio de un escándalo. Y que iba a cobrar todo lo adeudado al Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes, en materia de Ingresos Brutos que él nunca había querido cobrar. Y que el control e ingresos del juego se lo iba a transferir integrante al gobierno de la Ciudad en manos del macrismo.
Con ese propósito, apenas asumió como presidente, lo primero que hizo Macri fue nombrar a su abogado personal Fabían “Pepín” Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur, ideólogo del disparatado decreto con el cual Macri quiso nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia a dedo, con un doble cargo como asesor “ad honorem” de Lotería Nacional y del Instituto del Juego Porteño.
Ver La ostensible ilegalidad del decretazo con el que Macri avanzó sobre la Corte Suprema
Ver El decreto de Macri respecto la Corte Suprema, un inconstitucional atentado contra el Federalismo
Y desde allí, “Pepín”, el “cerebro jurídico de Macri” como se lo conoce, con reuniones secretas entabló estrechas negociaciones con Cristóbal López y su socio De Achaval, el íntimo amigo de Caputo y Torello. Quienes con la llegada de Cambiemos al poder, pasaron a ser dos hombres de mucho poder dentro del gobierno amarillo.
Como primer punto, en abril del 2016, Pepín acordó un incremento del 8 al 12% de la alícuota por los Ingresos Brutos para las tragamonedas del Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes. Impuestos que durante años ni el macrismo y el kirchnerismo habían querido cobrarles a López y De Achaval. Y que implicó unos 50 millones de pesos mensuales más para el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires a dividir en parte iguales.
Tras cartón, en junio del 2016, el abogado de Macri, acordó una simulada venta del 30% de las acciones de Cristóbal López, en los casinos flotantes de Puerto Madero -cuya concesión vence en el 2019- de Rosario y Neuquén, nada más y nada menos que a su histórico socio Ricardo Benedicto, por un módico monto de 350 millones de pesos por tres casinos que facturan miles de millones al mes. Venta que según Clarín no se habría efectivizado.
En cuanto a las acciones del Hipódromo de Palermo (27%), con sus 4.600 tragamonedas, en esa ocasión Pepín dijo a la prensa que López estaba negociando su venta también. Cosa que nunca se concretó hasta el día de hoy, por los distintos reparos que puso la justicia. La misma que antes le permitía no pagar impuestos.
Con lo cual, a pesar del circo, gracias a Pepín Rodríguez Simón, Cristóbal López no solo siguió y sigue teniendo influencia directa en las 6.000 tragamonedas de la ciudad de Buenos Aires. Sino que además dejó intactas las acciones De Achaval, el amigo de Caputo y Torello, quien al igual que Cristóbal López, había ingresado a los casinos flotantes Puerto Madero y Rosario, gracias a las extorsiones del ex presidente Néstor Kirchner a la española CIRSA.
Inmediatamente después estas quiméricas ventas, con el cobro de los ingresos brutos asegurados, el presidente Macri firmó el decreto 743/16 creando una “comisión de enlace” para traspasarle el juego de Nación a la CABA, que está a cargo del macrista Horacio Rodríguez Larreta. Y con ello una millonaria caja que hoy representa el 2% de los ingresos del gobierno porteño.
“Sin que implique desconocimiento ni limitación del poder de policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la vigencia del referido Convenio, resulta conveniente convalidar un procedimiento para que -de manera ordenada y sin afectar derechos adquiridos- se efectivice la asunción de competencia que le corresponde a la jurisdicción local“, señala, en los considerandos, el decreto de Macri protegiendo de entrada los intereses de sus amigos de la timba.
Tras cartón, el 21 de octubre del ese mismo año, aprovechando la moratoria que dispuso la polémica ley de blanqueo aprobada en el congreso por Cambiemos, con el cuento de la “reparación histórica” a los jubilados, Pepín acordó también con De Achaval y López el pago voluntario de 2.100 millones de pesos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en conceptos de Ingresos Brutos adeudados desde 1999 a 2016, a pagar en 9 largos años. Esto es unos 200 millones de pesos anuales.
Esta cifra, es el mismo monto que durante años la oposición, entre ella la de Carrió, denunció que los casinos debían, y que Macri por ley se negó a cobrar en 2013. Y que ahora, gracias a Pepín, no solo su monto no fue actualizado (se hablaba de una deuda de 8.000 millones de pesos) sino que se pagará en comodísimas cuotas. Resolviendo además de una vez y para siempre las demandas que tenían De Achaval y López ante la justicia, por el no pago de este tributo, en las que hasta la Corte Suprema de Justicia había fallado en su contra.
“En 2011, podríamos haber denunciado el convenio. Pero la situación política nos era adversa. Si lo denunciábamos dejábamos de cobrar la plata y teníamos que iniciar un largo juicio de incierto resultado. Recién en mayo de 2015, Macri resolvió denunciar el convenio” se justificó el asesor jurídico de Macri ante semejantes contradicciones.
Nuevamente, todas estas disposiciones y maniobras en torno a las slots, como con los K, tuvieron el respaldo de la legislatura porteña. Fue el 15 de diciembre del 2016. En la última sesión del año -como siempre con las tragamonedas- la Legislatura porteña sancionó la ley 5.785 que aprobó el traspaso de juego a la ciudad. Y a su vez, disolvió el Instituto del Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires y creo Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (LOTBA) cuya función es “la autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar”.
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley5785.pdf
De esta nueva ley, sus puntos más controvertidos son el artículo 5, referido a la conformación del directorio y sindicatura de la flameante lotería porteña, cuyos miembros serán “designados por el Poder Ejecutivo”. O sea, por el dedo del macrismo, sin control de la oposición. Continuando con un manejo oscuro de todo lo referido al juego, como cuando estaba en manos de Lotería Nacional K.
Y también, el artículo 9, hecho a medida de De Achaval y López, que textual dice “las salas de juego del Hipódromo Argentino y los buques casino situados en el Puerto de Buenos Aires, así como las salas de apuestas hípicas que funcionen a la fecha de la publicación de la presente Ley, podrán continuar operando hasta la finalización de los plazos originales o de las eventuales prórrogas de sus autorizaciones, permisos, concesiones o contratos”.
De esta manera, las polémicas habilitaciones y extensiones del contrato realizadas por Néstor Kirchner, a favor del Hipódromo de Palermo y los manoseados casinos faltantes, gracias al artículo 9, fueron nuevamente ratificadas por el gobierno de Rodríguez Larreta, por ley, como había hecho Macri en el 2013. Hecho que motivó cuestionamiento de la entonces legisladora Graciela Ocaña, actual diputada de Cambiemos, quien objetó que esta ley “no hace más que consolidar los negocios turbios de Cristóbal López y De Achával. El Gobierno podría haber revisado las concesiones, pero no lo hizo”.
Luego de aprobada la Ley 5.785, antes que el jefe de gobierno porteño Larreta la promulgara, el 10 de febrero del 2017, mediante el decreto 95/2017, el presidente Macri metió mano una vez más e incrementó del 20% al 30% el canon del casino flotante propiedad de CIRSA, De Achaval, y de López. Dado que hasta ese entonces la supuesta venta de acciones a su socio Benedicto no se había efectivizado.
Tras ese decreto presidencial, finalmente, el 28 de junio del 2017, seis meses después de su aprobación, Rodríguez Larreta oficializó el traspaso del juego de la Nación a la Ciudad, y presentó un nuevo sistema de control on line de las tragamonedas. Quedando en sus manos, una impresionante caja de 3.640 millones pesos anuales. El 2% de la recaudación del gobierno porteño.
Cuyo destino, según el jefe de gobierno porteño, es para “asistencia social”. Es decir para la política asistencialista. Mientras que de Achaval, el nuevo “zar del juego”, y López, el viejo zar, gracias a Macri, Caputo, Torello, y Rodríguez Larreta, siguen manteniendo el millonario negocio de las tragamonedas en sus manos, como en los tiempos de los K.
Como corolario de esta larga historia, recientemente sucedieron dos hechos que revelan que los fuertes lazos generados por el juego entre Cristóbal López y macristas de paladar negro siguen en pié. Uno fue la expeditiva remoción del jefe de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) Alberto Abad, quien se oponía fieramente a que Cristóbal López se sacara los problemas que lo agobian, con el traspaso de sus 170 empresas del grupo Indalo a OP Investiment. Quien será reemplazado por Leandro Cuccioli, actual subsecretario de Servicios Financieros, que casualmente esta vinculado con Ignacio Rosner, el representante de OP Investiment.
La otra fue su reciente excarcelación por parte de la Cámara Federal, que se cumplió de inmediato, sin esperar plazo alguno para su apelación. En la que además los jueces firmantes concretaron severas críticas contra el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julían Ercolini. Quienes habían dispuesto su detención, y además en consonancia con Abad, se oponían terminantemente a dicho traspaso de Indalo a favor de OP Investiment, como creyendo fieramente que la guerra de los Macri contra los K es a muerte.
Ignorando que igual que la cárcel, el juego y sus secretos crean vínculos que suelen ser inexpugnables. Por eso inmediatamente Carrió, que ha sido cooptada por Cambiemos para revestir de un aura de honestidad a quienes estan muy lejos de ello, salió a decir que se trataba de “un pacto de impunidad”.-
Ver Biografía no autorizada de la eterna diputada Lilita Carrió
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