Entrevista al abogado que presentó el caso Maldonado ante CIDH: “Sostenemos la veracidad de su desaparición forzada”

Entrevista al abogado que presentó el caso Maldonado ante CIDH: “Sostenemos la veracidad de su desaparición forzada”

Echazú, Maldonado, Otranto, Patricia Bullrich, Héctor Magnetto, Vidal, Gendarmería, Desaparición, Macri, RAM

Carlos González Quintana fue uno de los abogados que obtuvo los testimonios de los mapuches que aseguraron haber visto a Santiago Maldonado capturado por los gendarmes, entre ellos el polémico “Testigo E”, y en base a ellos presentó el caso Maldonado ante CIDH. En el marco de una causa anterior referida al conflicto que sostenían los habitantes del Pu Lof con Benetton, y su represión por parte de la justicia y fuerzas de seguridad, presentada por esos mismos abogados ante ese organismo internacional. Por esa razón, acaba de ser denunciado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, por falso testimonio, asociación ilícita y otros cuatro delitos. El letrado asegura que se trata de una persecución política, insiste en la figura de la desaparición forzada y en la veracidad de los testigos mapuches, y denuncia que existe toda una operación mediática – judicial en beneficio del Gobierno Nacional, para tratar de cerrar definitivamente el caso en la justicia, y ante una opinión pública que en su momento se conmocionó por la desaparición de Santiago.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

El caso Santiago Maldonado todavía sigue dando que hablar, aun cuando no esté tan presente en la actual agenda mediática. Tanto para el Gobierno Nacional como los medios de comunicación masivos han sentenciado que los resultados de la autopsia, asegurando que Santiago murió por asfixia por inmersión coadyuvada por hipotermia, sepultó definitivamente la hipótesis de la desaparición forzada.

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Como parte de esa campaña, el Gobierno presentó una serie de denuncias contra todos aquellos que avalaron esa teoría, sostenida entre otros por las declaraciones de los mapuches Matías Santana, quién afirmó haber visto desde una colina con binoculares a Santiago ser llevado por las fuerzas de Gendarmería. Y Lucas Pilquiman, el conocido “Testigo E”, quien acompañó a Santiago al río hasta que se desistió, regresó a la orilla, y se escondió entre los sauces.

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La última denuncia fue presentada en los tribunales de Esquel por parte del Ministerio de Defensa, a cargo de Patricia Bullrich, quien defendió a rajatabla la labor de Gendarmería. La presentación apuntó a los dos abogados –Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro- que presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que recolectaron los testimonios de Santana, Pilquiman y tres más.

La noticia se publicó en el diario La Nación, con un confuso título de que se denunciaba a “un organismo de DDHH”, cuando en realidad González Quintana es de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos filial Córdoba (APDH-Córdoba) y Cabaleiro de la ONG Naturaleza de Derechos.

https://www.lanacion.com.ar/2114615-caso-maldonado-denuncian-a-un-organismo-de-ddhh-por-presentar-un-testimonio-falso

Echazú, Maldonado, Otranto, Patricia Bullrich, Héctor Magnetto, Vidal, Gendarmería, Desaparición, Macri, RAMA ambos se los acusa de seis delitos: propiciar fraudulentamente sanciones políticas contra el Estado argentino, inducir a sufragar en contra del gobierno nacional, falsa denuncia, estafa procesal, asociación ilícita y usurpación de títulos y honores.

Horas después de que se publicara la noticia, StripteasedelPoder se comunicó por teléfono con Carlos González Quintana para dar su réplica ante esta serie de denuncias. “Esto es grave”, arrancó desde el teléfono.

La acusación por usurpación de títulos y honores, refiere a que la APDH Nacional desconoció a González Quintana como integrante del organismo. Ante esto, el abogado respondió: “La APDH-Córdoba es el organismo a la cual yo pertenezco, pero no la APDH-Nacional. La APDH-Córdoba tiene personería jurídica propia, status y autoridades propias. Estamos independizados del Consejo Nacional de la APDH“.

Dentro de las 46 páginas de la demanda, se asevera que hubo una asociación ilícita entre abogados y mapuches para emparentar el accionar del Gobierno con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, y así perjudicarlo para las elecciones legislativas de 2017: “¡Nooo!, Bueno, eso es descabellado. Con ese criterio, deberían perseguir penalmente a todos los partidos políticos que hicieron campañas contra este gobierno”, sentenció eufóricamente el letrado.

Los fundamentos de la presentación del caso Maldonado ante CIDH

Carlos González Quintana es un reconocido letrado, interviniente de distintos conflictos socio-ambientales de la provincia de Córdoba, como son los desmontes contra el bosque nativo. Una semana antes que tuviera estado público la reciente denuncia contra él, que se ha sumado a otras dos más presentadas por distintos funcionarios públicos contra abogados y mapuches, StripteasedelPoder se dirigió al interior del monte cordobés para entrevistarlo y conocer el trasfondo que realizó junto con su colega para la presentación ante la CIDH..

González Quintana asegura creer todavía en el testimonio de los mapuches y que la autopsia no ha podido revelar el momento y el marco en que murió Santiago. Además, afirma que hubo una operación mediática para ayudar al Gobierno Nacional para desprender toda responsabilidad a los gendarmes.

A tal punto que, según el abogado, recibió un apriete por parte del periodista del diario Clarín, Claudio Andrade, luego de la bochornosa información que hizo circular, al asegurar que Pilquiman, el “Testigo” E, fue quien le señaló al juez Gustavo Lleral dónde se encontraba el cuerpo de Santiago. Información que fue desmentida al día siguiente por el propio juez.

Finalmente, recalcó que a pesar que la CIDH levantó la medida cautelar para buscar a Santiago en enero pasado –por la sencilla razón de que ya fue encontrado-, asegura que todavía queda pendiente otra presentación que apunta a los violentos procedimientos ocurridos en la Pu Lof Cushamen en Resistencia, territorio al que concurrió Santiago para solidarizare con los reclamos mapuches, donde terminó perdiendo su vida.

-Para empezar, ¿cómo es que un abogado de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba se metió en una denuncia internacional contra el Estado Nacional por la desaparición de Santiago Maldonado? ¿Cómo fue ese trayecto?

El trabajo comienza desde un lugar bastante lejano, sobre un conflicto ambiental que se había suscitado en la zona de La Pampa de Ludden, que es un sector precordillerano de la localidad de Mallín Ahogado, provincia de Río Negro, donde el empresario inglés Joe Lewis tiene un proyecto desarrollista faraónico. Y como yo venía elaborando temas ambientales en la órbita judicial fue que los vecinos de El Bolsón se contactaron conmigo para finales de 2016 para ver si yo podía sumarme a un equipo técnico.

Acepté el desafío y viajé a El Bolsón el día 6 de enero de 2017. Y mientras trabajaba en ese amparo, el día 10 de enero, a horas de la mañana, llega un auto con dos mujeres de origen mapuche, casi desesperadas, que solicitaban el acompañamiento de un abogado, en lo posible con conocimiento en materia de Derechos Humanos, porque se había dado lo que fue la tercera represión en el conflicto por el territorio Lof en Resistencia Cushamen.

Fue la más impactante, desde el punto de vista mediático, en donde a raíz de un corte de ruta en La Trochita, el juez (Guido) Otranto ordenó el desalojo. Había muchísimas detenciones, mucha gente golpeada y en condiciones de salud preocupantes, alojadas en calabozos de El Maitén. En ese contexto, yo me sumo a colaborar. Y el día 13 de enero, al tomar conocimiento de la gravedad que vivía el pueblo mapuche con Benetton y de la cuestión política y judicial estaban articuladas en torno a la persecución dirigida hacia esa comunidad.

Yo tengo experiencia en otros conflictos territoriales, pero nunca había visto una situación tan particular como esa, donde la política y la justicia habían creado un Estado de excepción, donde no prosperaba ningún recurso judicial, como habeas corpus o pedidos de excarcelaciones que eran denegadas, personas que ya venían acumulando diez causas penales abiertos, una situación muy grave y preocupante.

Así, junto con el colega Fernando Cabaleiro de la ONG Naturaleza de Derechos y Darío Ávila de la APDH-Córdoba, denunciamos el día 13 de enero al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se le dio trámite a esa causa y ordenó al Estado, de manera inmediata a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Justicia, informar acerca de lo que había sucedido los días 10 y 11 de enero en la comunidad. En el marco de esa medida cautelar, durante siete meses fuimos cuatro veces al territorio a recolectar testimonios e información sumaria, para poder cumplimentar con lo que requería la CIDH.

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Archivos sobre la represión mapuche de enero de 2017.

-O sea que por un lado, se presentó ante la CIDH una primera denuncia contra el Estado por la represión ejercida contra los mapuches. Y luego, una segunda denuncia por la desaparición de Maldonado.

-En ese marco, donde se trabajaba para ese expediente, sucede la represión y la detención de nueve personas en Bariloche, que reclamaban la liberación del lonko Facundo Jones Huala, que había pasado un mes de su detención. Dos días después, hay una manifestación en la Ruta 40, a la altura del territorio recuperado, donde se interrumpe a media calzada para difundir el conflicto. Y esa es la antesala de la desaparición de Santiago.

Y como ya había una cautelar abierta, al tomar conocimiento de que había un nuevo conflicto en el territorio con Gendarmería, y que a eso le sumamos la ausencia de una persona, inmediatamente denunciamos la desaparición forzada de esta persona, que en ese momento lo hicimos con el apellido de Peloso, porque era la información que teníamos en ese entonces.

-¿Cuándo fue presentada esa segunda denuncia?

-Todavía no se había cumplido 24 horas de la desaparición de Santiago Maldonado al momento de subir la denuncia a la página de la Comisión Interamericana. Y ya lo habíamos hecho con la figura de la desaparición forzada de personas. Porque considerábamos que se debía enmarcarse ese acontecimiento en lo que establece el Código Penal, que es básicamente la participación de fuerzas estatales en un conflicto donde se desconoce el paradero de una persona y que el Estado no arbitra los medios para dar con el paradero de esa persona u omite información acerca sobre dónde está esa persona. Esa es la descripción penal que establece el tipo de desaparición forzada, que se incorporó en el Código Penal a raíz de justamente una denuncia que se había presentado ante la CIDH.

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Fragmento del Código Penal referida a desaparición forzada de personas.

-¿Y luego qué hizo la CIDH?

-Rápidamente, la Comisión acepta esa denuncia y dispone medidas cautelares. Esto es el día 22 de agosto. Ordena al Estado argentino elevar informes a la Comisión para saber lo que había ocurrido el primero de agosto en la Pu Lof. Y a nosotros nos corren, con los mismos plazos al Estado, para hacer el informe de nuestra parte, que somos los denunciantes. Lo cierto es que nos constituimos nuevamente en el territorio, ya con instrucciones precisas de la CIDH de tomar testimonios de lo que había sucedido el día 31 de julio y el primero de agosto.

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Resolución 32/2017 de la CIDH donde se acepta la “segunda” medida cautelar.

-¿Ahí es donde recolectaron los cinco testimonios?

-Ahí es donde establecimos contacto con cinco personas, que fueron preservadas de su identidad en el momento de dar testimonio y en el momento de subir la información, porque así lo indican los protocolos de protección de testigos. Uno ni siquiera toma conocimiento de la identidad de esa persona. Y si la persona que elije brindar su testimonio, elije ocultar su rostro incluso ante quien lo está entrevistando, también está dentro de ese protocolo.

En ese contexto cuando tuvimos la posibilidad de entrevistar algunas personas que han declarado en la causa, como Ailin Piquilman, Matías Santana, Soraya Maicoño y el famoso “Testigo E”, que en el momento en que fue entrevistado eligió hacerlo con el rostro cubierto. Por supuesto, jamás le preguntamos su nombre. Y le pusimos “Testigo E”, con esa letra, porque entendíamos que era un testigo esencial para la causa.

-¿Qué le exigió la CIDH al Estado? ¿Cumplió con esas exigencias?

-La CIDH le impuso al Estado arbitrar todos los medios posibles para dar con el paradero de esta persona con vida. Y generar investigaciones propias y no judiciales, que dieran con la responsabilidad de lo que estaba sucediendo. Nada de eso hizo el Estado argentino. No solo incumplió la medida cautelar para investigar la desaparición de Santiago y de realizar investigaciones internas, sino todo lo contrario.

Se amparó en las posibilidades que le daban de alguna manera en la recompensa que ofrecía para el que aportara datos sobre el paradero de Santiago Maldonado. Se sirvieron de eso para plagar de pistas falsas la investigación: que Santiago estaba en Gualeguaychú, que lo cargó una pareja que viajaba en la ruta 40, que pudo pasar por Chile recibido por la RAM, que fue herido de muerte por el puestero de Benetton…

Y una serie de casi interminables hipótesis a las que instalaba mediáticamente el Estado acerca de lo que podía ser la suerte de esta persona que se mantenía desaparecida y buscada por todos. Entonces, consideramos eso y lo manifestamos en la audiencia de Montevideo, que se realizó el 21 de octubre del año pasado, en donde se sesionaron de manera ordinaria.

-¿Cómo fue esa actividad en Montevideo?

-Fuimos citados por la Comisión Interamericana, junto con las partes de esta causa: el Estado, a través del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj con un equipo asesor de nueve abogados del Ministerio de Justicia; nosotros, junto con el Dr. Cabaleiro como peticionantes; y la familia Maldonado y su abogada y el perito forense (Alejandro) Incháurregui como parte beneficiaria de la medida.

Es un detalle muy importante recordar que ya teníamos el cuerpo de Santiago aparecido, flotando sin vida en los márgenes del Río Chubut. A tal punto que en ese día, en esa audiencia, se pudo haber pedido el levantamiento de la medida cautelar. Porque el cuerpo ya había aparecido sin vida. Por lo tanto, la medida cautelar de arbitrar los medios para dar con la aparición con vida de este sujeto ya se había tornado abstracta para la audiencia. Pero no tuvieron el valor y el coraje para plantearlo allí.

Fíjense que la Comisión no lo resolvió en la audiencia. Lo resolvió en el mes de enero pasado, en donde declaró abstracta la medida. El cuerpo ya había aparecido y sin vida, y no tenía sentido la continuidad de esta medida cautelar. Pero no fue planteada ahí. Yo creo que no se animaron a dar la discusión allí. Sobretodo, por la contundencia de los alegatos, que apuntaban a que el Estado argentino no cumplió con la medida cautelar.

Finalmente, se levantó la medida cautelar, pero fíjensen qué curioso: mantiene la causa abierta sobre el conflicto territorial mapuche, que fue la primera denuncia que interpusimos ese 13 de enero de 2017. Cerró la causa Maldonado. Pero mantiene la causa mapuche por el conflicto del territorio en resistencia.

-Para el Gobierno, el hecho de que el cuerpo haya aparecido cierra la hipótesis de la desaparición forzada.

-El hecho de que el cuerpo haya aparecido no significa que dentro de los 78 días no haya estado desaparecido. El efecto que tiene la aparición sin vida de Santiago es a los fines de la prescripción de la acción penal, deja de ser una búsqueda y hay un sentido técnico y jurídico el hecho que haya aparecido. Pero no significa que en 78 días no haya habido un delito de desaparición forzada.

La desaparición forzada se puede dar en un día o en 40 años, como viene ocurriendo con las víctimas del terrorismo de Estado y que todavía no aparecen. Por eso insistimos que el caso Santiago Maldonado fue un caso de desaparición forzada seguida de muerte. El mismo juez comparte esa mirada, a tal punto que no ha cambiado la carátula de la causa, a pesar de la insistencia de la propia fiscal de la causa, Silvina Ávila, que ya ha hecho dos planteos para cambiarlo a muerte de etiología dudosa.

Creemos que Santiago llegó al margen del río el primero de agosto, en donde estaba en riesgo su vida, prácticamente dentro de una cacería humana, y es lo que ha generado ese desenlace. Ahora, durante 78 días no se conoció dónde estaba esa persona: si estaba viva o muerta. Y no solo no se sabía, sino que el Estado se ocupó sistemáticamente de informar a la sociedad con hipótesis montadas, bajo los buenos servicios que los dos diarios de mayor tirada –La Nación y Clarín- ejecutaban y desplegaban todas estas operaciones mediáticas, y gran parte del arco de los canales televisivos que construyeron que la Gendarmería no tenía nada que ver con la muerte de Santiago.

La aparición del cuerpo y algunas conclusiones de la autopsia son utilizadas por el Gobierno Nacional para intentar forzar esta hipótesis de que Santiago se había muerto accidentalmente, que se había ahogado porque intentó escaparse por cometer un delito de corte de ruta. Eso es lo que están instalando en la sociedad y por eso ese interés de sacar del eje la discusión sobre Gendarmería.

-¿Y cómo analiza la denuncia por parte del Estado contra los mapuches y los abogados que sostienen la hipótesis de la desaparición forzada bajo la carátula de asociación ilícita?

-Y en ese sentido creo que es lo que apunta esa operación sobre los ocho testigos que han declarado en la causa hasta ahora. Que son siete testigos presenciales y uno que es Ariel Garzi, que tiene una prueba muy contundente y que ha sido desvalorizada esa prueba, tanto por el juez Otranto como el actual juez Lleral, que fue una comunicación telefónica atendida desde la otra línea.

Entonces, en el marco de esta operación política-mediática-judicial de cerrar esta causa hacia la muerte accidental de Santiago Maldonado, es que se denunciado, de una manera muy vil y perversa, a los testigos presenciales del hecho y a los abogados que venimos interviniendo ese caso, y que llevamos a instancias internacionales utilizando la figura de desaparición forzada de personas, porque estamos convencidos que así fue. Ya en el marco de un delirio jurídico como es las nueve fojas que tiene la última denuncia que presentaron los abogados de Gendarmería, en donde utilizan la figura de asociación ilícita del Código Penal, que realmente es un desmadre y un desatino judicial, llevar adelante una causa penal contra un número indeterminado de personas.

 Porque dentro de la teoría de la asociación ilícita están incluidos los medios alternativos que le dieron difusión a la noticia y el caso desde la óptica de la desaparición forzada, están involucrados los organismos de derechos humanos como el CELS, el SERPAJ, la Liga de los Derechos del Hombre y la APDH. Entonces, realmente es un delirio pretender que la justicia que acá hay un número indeterminado de personas que se pusieron de acuerdo para con fines delictivos sostener la figura de desaparición forzada.

La polémica sobre los testimonios del Matías Santana y Lucas Pilquiman (Testigo E)

-¿Seguís creyendo en los testimonios de Santana y Pilquiman?

-Primero que nada, no hay que olvidarse que venimos trabajando desde hace un año en la comunidad y para la comunidad. Eso significa que conseguimos entablar una relación de confianza con la comunidad, que hacen que nos confiaran sobre lo que pasó ese primero de agosto, de una manera totalmente espontánea.

Más allá que no revisten las formalidades de un testimonio ante un juez bajo juramento, la información que se receptó en ese momento fueron información sumaria en primera persona, de testigos directos de lo que ocurrió esa mañana. Ahí es que nosotros nos pusimos en contacto y, de alguna forma, se reconstruyó prácticamente el hecho, segundo a segundo, de lo que fueron los últimos minutos de Santiago.

Y el hecho de que hoy esos testimonios sean desvalorizados, tanto por el arco político como por los medios hegemónicos, creo que en gran medida la justicia es la responsable de todo esto. Porque un juez que no investiga y no recibe testimonios a tiempo, flaco a favor le está haciendo el caso que investiga.

-¿Pero ambos estaban dispuestos a colaborar con la justicia?

-En todo momento esos testigos estuvieron a disposición de la justicia. Pero no se arbitraron los medios para garantizar la integridad física y psicológica. Son personas muy jóvenes, de 19 o 22 años, que viven en ciudades donde está el conflicto, donde también viven los gendarmes y que se los cruzan diariamente en las calles. Y es lógico que la seguridad de estas personas, al tener un testimonio tan contundente y sólido, hace que su integridad estuviera en peligro en todo momento.

Para eso la justicia debió haber arbitrado medios para garantizar que las declaraciones de esas personas se dieran en el marco protectorio de testigos. Incluso, haciéndolo declarar en otra jurisdicción, a través de exhortos. De hecho, se termina receptando el testimonio de Lucas Pilquiman en la localidad donde él reside con su familia, a 100 o 150 kilómetros de Esquel. Y se hace ahí la declaración, pero se hace cuatro meses después del hecho. Con todo lo que sucedió en medio, con la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado el 17 de octubre. Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión.

-¿Entonces Santana y Piquilman no fueron contradictorios entre lo que testimoniaron para la CIDH y lo que dijeron en la justicia federal?

Yo creo que no han sido contradictorios los testimonios dados entre Santana y Pilquiman, y entre lo que nos dijeron a nosotros y lo que finalmente se incluyó en la causa. Fíjense que el testimonio de Santana es exacto entre lo que declaró en la CIDH ante instancia nuestra y lo que declaró ante los tribunales de Otranto. El testimonio de Piquilman puede tener matices. Pero eso no lo pone en un falso testimonio. En absoluto.

Eso es una operación que está implementando el Estado, con el único objetivo de quitarle valor convictivo a los únicos testimonios que involucran a Gendarmería en el hecho y cerrar el caso. Claramente nosotros seguimos sosteniendo la veracidad de los testimonios que nos fueron aportados en ese momento, con la reserva lógica que no declaran bajo el juramento de decir la verdad. Pero con ese otro aliciente con una relación de confianza que se generó con la comunidad, a partir de un trabajo que se venía realizando desde hace un año.

-Tanto desde el Gobierno como los medios de comunicación, han señalado que los resultados de la autopsia confirman que Santana y Pilquiman mintieron al asegurar que Santiago fue capturado por los gendarmes. ¿Qué podés decir al respecto?

-Lo que consigue responder puntualmente la autopsia son solo unas pocas de la cantidad de preguntas que tiene esta causa. Una es la causa eficiente de muerte: que Santiago ha muerto por inmersión, coadyuvado por un cuadro de hipotermia. El otro es el tiempo en que ha estado bajo el agua, con tres fórmulas que dan distintos días, que dan desde los 56 días hasta los 73 días. Y después, la cuestión de las diatomeas como factor determinante para ésta conclusión pericial de que Santiago murió ahogado.

Pero hay algo que la pericia no determina que es cuándo murió Santiago. Acá se determina de qué murió pero no cuándo. Tampoco consigue esclarecer en qué contexto murió Santiago. Eso lo tenemos más o menores reconstruido a partir de los testimonios de Lucas Pilquiman y Matías Santana, en ese intento por cruzar el río y no conseguirlo, y regresar a la costa.

-Pero para el Gobierno, los testimonios no se condicen a lo que establece la autopsia.

-Pero la autopsia no ha revelado en qué contexto muere Santiago; eso es algo que no lo puede determinar. Pero sí se puede determinar a través de estos testimonios, que el Gobierno y los medios intentan desvalorizar. Por lo tanto, esta operación que está intentado desarrollar el Gobierno, a través del resultado que tiene la autopsia y mirarlo desde el lugar que le favorece –de que Santiago murió ahogado y no por un balazo de Gendarmería, por ejemplo-, para nada cierra el caso.

Y como dijo la abogada que patrocina la querella, la doctora Victoria Heredia, hay un antes y un después de la autopsia. Para nada se cierra el caso con las conclusiones periciales, sino todo lo contrario: comienza a partir de allí, una cantidad importantísimas de dudas que deben ser esclarecidas en el avance y en la continuidad de la causa. Qué básicamente tiene que ver en qué contexto muere Santiago.

Ver Maldonado: la retorcida coartada de su ahoga-miento y ataque de Clarín y Gobierno al testigo E

El cruce con el cronista de Clarín Claudio Andrade

-Tuviste un momento fuerte desde el teléfono con el periodista Claudio Andrade, corresponsal de Clarín en Bariloche, que viene publicando artículos sobre el caso Maldonado. ¿Cómo fue ese cruce?

-Decirle periodista a Claudio Andrade creo que es una falta de respeto a los periodistas que merecen el respeto para un sector de la prensa que, realmente, ejercen la labor periodística seria. Todas las crónicas que él ha ido introducido en Clarín hacen que lo consideremos un operador desde los medios. Y que ha construido, en torno a esta causa, ficciones que parecían no tener límite en un momento.

Al “Testigo E” le hizo decir un montón de cosas que eran construcciones mediáticas. No se olviden que Claudio Andrade subió una nota, utilizando los términos potenciales, que es que “habría” declarado ante el juez Lleral, “habría” indicado el punto donde apareció el cuerpo, “habría” indicado que su vida corría peligro por la disputa interna mapuche, “habría” solicitado el cobro de la recompensa, “habría” solicitado su protección para ir a Chile, y un sin número de mentiras que construyó en torno a esta verdadera novela del “Testigo E”.

Y cuando el juez sale a desmentirlo públicamente, que en la causa nadie declaró con ese pseudónimo, que nadie había indicado el punto donde apareció Santiago, que nadie había solicitado la recompensa… Cuando se pone en duda la veracidad de Clarín, incluso poniendo en duda la existencia del “Testigo E”, rápidamente Andrade necesitaba darle verdad a eso. Por lo tanto, necesitaba que quien tomó ese testimonio declare ante los medios que eso existía y que había sido yo quien recibió esa información.

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Nota de Claudio Andrade en Clarín, que fue desmentido al día siguiente por el juez Lleral: https://www.clarin.com/politica/testigo-mapuche-cambio-testimonio-dado-dato-encontrar-santiago_0_ry3KxfdTW.html

-¿Y cómo fue entonces ese cruce de llamadas?

-Entonces es en esa oportunidad donde me llama por teléfono, justo el día previo a que nosotros nos embarcamos a Montevideo para la audiencia y me dice que “vos tenés que decir que vos fuiste el que tomó este testimonio, que esa persona es Lucas Pilquiman”. Es decir, con una maniobra extorsiva, coaccionándome para hacer algo que no estaba obligado a hacerlo porque no estaba siendo requerido por el juez.

Siempre estuve disposición de la justicia. Pero no era el juez el que me estaba solicitando esto, era un pseudo-periodista, operador del medio más importante y más afín al Gobierno, y que estaba intentando de que yo le diera veracidad a toda esa ficción que había construido en torno al “Testigo E”.

Entonces me dice: “Si vos no reconocés que fuiste vos, el que tomaste este testimonio y que pasó todo esto, las consecuencias que vas a tener desde el punto de vista judicial van a ser muy graves por la nota que voy a subir a Clarín ahora”. Con lo cual yo le dije que esta conversación estaba en altavoz, del cual ha sido testigo de toda esta conversación mi socio Darío Ávila, y que después con el patrocinio del Dr. Claudio Oroz, interpusiéramos una denuncia penal en la justicia de Córdoba por coacción agravada.

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Luego de la entrevista para Striptease del Poder, Carlos González Quintana viajó hasta Bariloche para asistir al juicio por extradición contra Facundo Jones Huala, acusado de hechos ilícitos en el territorio chileno y que comenzó el miércoles 28 de febrero pasado. Precisamente Santiago Maldonado participó del corte de ruta que reclamaba la liberación del lonko mapuche, previo a la intervención de los gendarmes y de su posterior desaparición mortal.

Antes que la sentencia dictaminara a favor de su extradición, Quintana expresó al respecto: “No olvidemos que Jones Huala ya sorteó un proceso de extradición por los mismos delitos que se le acusa, del cual salió absuelto y libre por el juez Otranto en el año 2016. Y se entendió que esa causa era nula, porque la obtención de pruebas de la parte acusatoria había sido incorporada de manera ilegal, a través de espionaje y otras mucho más graves, como apremios ilegales y torturas a testigos mapuches. Y hoy está siendo sometido nuevamente en un proceso por los mismos hechos.

Y se lo mantiene privado desde el 27 de junio del año pasado, con condiciones de salud bastante desmejorados, por el prolongado tiempo transcurrido encerrado en un penal, en donde hay una serie de cuestiones referidas a su espiritualidad y de su tratamiento de salud ancestral, que no puede llevarse a cabo dentro de las condiciones de encierro que tiene una cárcel federal. Es en esas condiciones que Facundo llega a este juicio el miércoles 28 de febrero”. Asi cerró la entrevista el abogado cordobés, previo a su viaje rumbo al juicio”.-

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