Son los “Institutos Administradores de Fondos de Cese Laboral” (IAFCS). Unas nuevas AFJP que manejarán los fondos que aportarán las empresas a favor de cada trabajador para su futuro despido. Se trata de una caja megamillonaria superior a las obras sociales sindicales creadas por el general Onganía, para obtener el apoyo de los gremios peronistas a su gobierno. Según el proyecto presentado al Congreso, serán manejados de manera conjunta por sindicatos y empresas, y fiscalizados por el Gobierno, y podrán realizar todo tipo de inversiones financieras. De aprobarse, la Banelco que denunció Hugo Moyano en el 2001, como soborno para sacar entonces la ley de flexibilización laboral, será solo monedas.
Por Lázaro Llorens / 25-1-18/ @lazarollorens
La Reforma Laboral, recomendada por el FMI, reclamada por los capitanes de industria, y diseñada por el cuestionado ministro de Trabajo Jorge Triacca, es el principal objetivo legislativo del gobierno de Mauricio Macri para este año. Con aval de la CGT (Confederación General del Trabajo) el proyecto presentado en el Congreso, primero iba a ser tratado en diciembre del año pasado, en sesiones extraordinarias.
Pero el convulsionado tratamiento de la Reforma Previsional obligó al gobierno de Cambiemos, primero a patearla para las sesiones extraordinarias de febrero próximo. Luego, tras un cambio de posición de la CGT y el PJ no K, fue diferido para su tratamiento durante las sesiones ordinarias que comienzan en marzo, y no en un solo proyecto, sino “en varias leyes”. Idea que fue velozmente respaldada por Héctor Daer, uno de los tres integrantes del triunvirato que dirige la CGT.
La reforma laboral
Los puntos principales de este proyecto de flexibilización laboral, claramente a favor de las empresas, que consta de 130 artículos en 62 páginas, y ahora sería dividido en tres proyectos distintos, son:
Una amnistía patronal por el blanqueo de trabajadores en negro; baja de los aporte patronales; eliminación de la indemnizaciones por parte del empleador con un fondo de desempleo costeado con aportes empresarios, como un seguro de despido; nuevo criterio para calcular las indemnizaciones en desmedro del empleado; el regreso de las pasantías a cargo del Estado; la equiparación de igualdad entre el empleador y empleado; modificación del criterio de “ius variandi” limitando al fuero civil los reclamo por modificaciones unilaterales en las condiciones de trabajo, etc.
De todos estos, uno de los puntos que más rechazo genera en las bases de los gremios, y que seguramente será el primero en tratarse en marzo, está en el Capítulo 3, “Fondo de Cese Laboral”. Que establece la eliminación de las indemnizaciones, actualmente a cargo del empleador y su reemplazo por un “Fondo de Cese Laboral”.
Financiado, como en el caso del gremio de la Construcción, con un aporte empresario sobre el salario de trabajadores, que en este caso alcanza a un 10 %. Consagrándose así la absoluta inestabilidad laboral, que en este gremio se justifica por la momentaneidad del empleo, por el lapso en que comienzan y terminan las obras en construcción.
Actualmente en los restantes gremios, para despedir un empleado, un empresario tiene que pagarle de su bolsillo el despido. Este se calcula generalmente con un sueldo por año trabajado, más una serie de items. De aprobarse el capítulo III del proyecto de Triacca, estas obligaciones del empleador desaparecerán íntegramente, Y serán remplazadas por un fondo constituido por los aportes mensuales empresarios, calculados en base a un porcentaje del sueldo del trabajador, acordado previamente con la patronal.
De esta manera, uno de los costos más grandes que hoy debe afrontar un empresario en Argentina, el famoso “pasivo laboral”, desaparecerá de un plumazo con el proyecto de Triacca. Acusado de tener a su empleada doméstica de manera irregular, y de haberla despedida por Washapp.
Los aportes empresarios pasaran a una cuenta individual del trabajador, cuyos importes podrá retirar íntegramente en caso de despido. Desapareciendo así tanto las figuras legales de preaviso de despido, despido con justa causa, y despidos sin causa, para ser despido a secas.
El proyecto original del Gobierno que establecía irrestrictamente ese régimen a partir de la vigencia de la ley, fue modificado por los popes sindicales, dejándolo como acuerdo de partes, quedando en consecuencia redactado así:
“Las entidades representativas de los empleadores junto con las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores, signatarias de convenios colectivos de trabajo, podrán establecer a nivel convencional la constitución de un Fondo de cese Laboral Sectorial para la actividad, con el objeto de asumir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa…”
“El presente sistema sustituye y reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, sean directamente aplicables para las reparaciones indemnizatorias por preaviso y despido sin causa, como a las demás modalidades de extinción del vínculo laboral que a ellas se remitan”.
Pero esto no es todo. Igual que hizo la dictadura del general Juan Carlos Onganía para cooptar a los gremios peronistas con la creación de las Obras Sociales Sindicales, dentro de este Capítulo III hay un millonario soborno del gobierno de Cambiemos, conformado su mayoría por CEOs de grandes empresas, a los caciques sindicales de la CGT (ambos se conocen muy bien) para que acepten esta eliminación de las indemnizaciones laborales y el proyecto en general.
El mismo aparece en el artículo 40 titulado “Creación”, que como su nombre lo indica, crea el “Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral Sectorial”, y establece que serán estos entes los encargados de administrar los aportes mensuales de los trabajadores, con un funcionamiento casi idéntico a las AFJP. Los cuales serán manejados de manera “tripartita” por los sindicatos de la CGT, empresarios, y el gobierno que designara al síndico del instituto.
Se trata una nueva caja de cientos de miles de millones de pesos al año, en manos de los “gordos” de la CGT y de empresarios, a los que el propio gobierno acusa de mafiosos. Diversos economistas consideran que los ingresos salariales representan el 50 % del PBI, el cual medido en dólares alcanza actualmente los 600 mil millones. O sea que la masa salarial actual sería equivalente a 300 mil millones de dólares anuales.
A su vez la incidencia de un mes de despido por año, es de un 8,33 % en los salarios anuales. Por lo cual los fondos potenciales de los institutos de cese laboral, si todos los sindicatos se adhieren a la medida, y se blanquean todos los trabajadores, aumentaría anualmente en 25 mil millones de dólares, equivalente actualmente a 500 mil millones de pesos anuales. Lo que acumulativamente representa una enorme disponibilidad de dineros financieros sin techo para el futuro.
Al respecto el proyecto de ley prevé que: “El fondo de Cese Laboral Sectorial será administrado por un ente sin fines de lucro, de conducción tripartita (…) denominado Instituto Administrador de Fondos de Cese Laboral Sectorial (…) cuyo estatuto constitutivo, organigrama, plan de acción y análisis de sustentabilidad deberán ser presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (a cargo de Triaca) al momento de la homologación de la norma convencional que lo constituye, de acuerdo a las pautas que al respecto establezcan las normas complementarias de la presente ley”.
Y hay más. Para poder funcionar, la ley establece que “el Instituto no podrá destinar un porcentaje mayor al OCHO POR CIENTO (8%) del total de sus recursos para solventar sus gastos de administración”. Con lo cual, la suma potencial de esas enormes comisiones de administración, es inconmensurable, ya que con ingresos de un año, representarían 2.000 millones de dólares, o 40.000 millones de pesos. Pero esto es solo el comienzo, dado que el 8 % permitido por la ley, se aplicará sobre el total de los recursos que se vayan acumulando. Lo cual se convertirá en una mina de oro inagotable en manos de los “gordos” de la CGT.
Y como broche de oro, además de autorizar gastos administrativos multimillonarios, al igual que lo hicieron las AFJP en los noventa, el proyecto de Reforma Laboral macrista autoriza a sus administradores, sindicatos y empresas, con sindicaturas del gobierno fácilmente sobornables, como es la experiencia con las empresas mixtas como Papel Prensa, a realizar “inversiones” de todo tipo y color con los aportes mensuales de los trabajadores.
Esto está estipulado en el artículo 42 titulado “Patrimonio del Instituto”. Donde se establece que el mismo se conformará por los aportes de los trabajadores, subsidios, subvenciones, otros ingresos lícitos (sic) y “lo producido de las inversiones que realice una vez garantizada la sustentabilidad de los aportes del fondo”.
Sin especificar qué tipo de inversiones se puede realizar con los aportes de los futuros despidos de los laburantes, que quedarán sujetas a su reglamentación posterior por el ministerio de Trabajo. Lo cual seguramente será una manga sucesivamente e interminablemente ensanchada, como sucedió con las AFJP, y sucede con la ANSES.
La ley le atribuye nominativamente a cada laburante, la propiedad del fondo. Pero su percepción la restringe al 50 % si se va por su cuenta, o se adhiere a un programa de retiro voluntario. A lo que además solo le da un carácter potencial, mediante el verbo “podrá”, por lo que la propiedad sobre esos fondos no es total ni irrestricta a favor del trabajador. Cuyo excedente se transformará así en ganancias líquidas para los institutos.
Además confusamente la ley expresa que dichos montos “podrán ser utilizados para complementar las sumas que perciba el trabajador con motivo de su jubilación ordinaria o por invalidez”. Abriendo así una puerta a futuras AFJP, en consonancia con la reforma previsional ya aprobada, en la que se trasunta esa misma intención.
El apoyo de la CGT a la reforma laboral
Este más que jugoso hueso que le tiró el Gobierno a los “gordos” de la CGT, es tan grande y suculento que luego de leer el proyecto, en una semana, los sindicatos pasaron de su rechazo total, a la aceptación plena con algunos retoques. A excepción de Pablo Moyano y otros caciques de la CGT, que junto con su padre acaban de ser imputados por presunto fraude al club de Independiente que ellos dirigen, por una justicia que cada vez tiene más color amarillo.
“Vamos a rechazar cualquier capítulo del proyecto que tenga que ver con modificar la ley de contrato de trabajo (LCT). El único cambio que avalamos en la legislación es el aumento de la licencia de paternidad” había asegurado Juan Carlos Schmid, otro integrante del triunvirato de la CGT, el 9 de noviembre del año pasado.
Sin embargo, tan solo 6 días después, el 15 de noviembre, mediante un comunicado, el ministro Triacca informó que “luego del trabajo conjunto que viene llevándose adelante con los distintos sectores se alcanzó el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso para su tratamiento en las próximas semanas”.
“Nos sorprendió el proyecto, el cual cuestionamos severamente por poner en discusión temas que no habían sido tratados. Además, creíamos que había determinadas cosas que afectaba muchísimo los derechos de los trabajadores. Pero finalmente pudimos encontrar un camino que para nosotros deja en pie los derechos fundamentales de los trabajadores” aseguró Héctor Daer, tercer miembro del triunvirato de la CGT.
Tres días después, el sábado 18 de noviembre, con el aval de los sindicatos, y pese ser día no laborable para la mayoría de los sindicatos, el ministro de Trabajo Triacca en persona, presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Reforma Laboral. Que de aprobarse, perjudicará a los trabajadores, beneficiará a las empresas y le dará otra multi millonaria caja a los muchachos de CGT.
Una ley con tamaña trascendencia hacía el futuro como esta, no puede ser aprobada únicamente por sus interesados, los gordos de la CGT. Como sostiene el senador equilibrista Miguel Pichetto, que requiere el aval de ellos para darle vía libre. Por contrario, al menos en este trascendental aspecto, la ley debería ser principalmente analizada, no solo por la política, sino por actuarios.
Ciencia que es denominada la “profesión del futuro”, por la prospección que puede hacer del mismo, mediante modelos matemático y estadísticos. Lo que tampoco se hizo con la reciente reforma previsional, mostrando el grado de alegre improvisación o grave ocultamiento, conque se sancionan las leyes en Argentina.
Donde el futuro parece que solo lo advierten los pícaros, que saben vivir a costillas del que labura, ya sean políticos, sindicalistas, empresarios, o banqueros. En un país con futuro, esos fondos no irían a parar a manos privadas, de quienes a la par se tacha de mafiosos, usándolos como sobornos. Sino pasarían a una administración como la de la ANSES, para en vez de indemnizar el despido, cubrir el seguro de desempleo, y la capacitación y recapacitación laboral durante el transcurso del mismo. Asuntos que la ley en cuestión trata como si fueran cuestiones enteramente separadas, y sin decir cómo se costeará esto último.-
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