Caputo debuta en Córdoba con la basura, en sociedad con una empresa involucrada en el Lava Jato

El empresario y mejor amigo del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, se presentó como oferente para la nueva licitación de la recolección de basura de la capital cordobesa. Lo hizo mediante una UTE con la firma brasilera Vega, nave insignia de Solví, empresa investigada por la justicia de Brasil por haber pagado coimas al tesorero del Partido de los Trabajadores. De tal manera apareció el PRO como tercero en discordia, en un mas que lucrativo negocio repartido hasta ahora en Córdoba entre el PJ y la UCR.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Una nueva línea de conexión une al escándalo de corrupción del Lava Jato en Brasil con los negocios de la provincia de Córdoba y la Argentina. Esto ya se venía dando en Córdoba con los proyectos de la construcción de gasoductos troncales, donde participaron las distintas empresas constructoras comprometidas en el pago de sobornos a distintos países, entre ellas Odebrecht. Pero al mismo tiempo, involucra nuevamente al actual presidente Mauricio Macri.

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Se trata de la nueva licitación para los contratos por la recolección y limpieza de la basura en la ciudad de Córdoba, donde la intendencia es manejada por el radical e integrante del bloque Cambiemos, Ramón Javier Mestre.

Resulta que entre los tres oferentes actuales, hay una extranjera que se asoció con un amigo del mandatario nacional. Es la firma brasilera Solví -sindicada de haber pagado coimas a funcionarios públicos del país carioca- en asociación con Nicolás Caputo, el empresario “hermano del alma” de Mauricio Macri.

Mauricio Macri y Nicolás “Nicky” Caputo se conocieron en el Colegio Newman y desde entonces no han abandonado su amistad. Ambos crearon la empresa Mirgor en 1983 y hoy es una empresa dedicada al ensamble de electrodomésticos, celulares y LCD en Tierra del Fuego. Luego, una de sus empresas constructoras, SES S.A., se benefició con la obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la gestión de Macri como jefe de gobierno.

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Desde el sector empresarial cordobés están muy atentos al posible arribo de Caputo a la provincia, ya que hasta donde se sabe “Nicky” no tiene ningún negocio en estos suelos mediterráneos. Pero curiosamente, son pocos los que se percatan que esta llegada se realizaría de la mano de una polémica firma brasilera, involucrada en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

Solví Participações S.A. es un grupo conformado por 60 empresas, especializado en negocios ligados al tratamiento de residuos, energía, saneamiento y soluciones ambientales. Tiene negocios en Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. Según su página web oficial, “el Grupo Solví existe desde hace al menos una década. Pero algunas de las empresas que le dieron origen -como Vega- cargan consigo más de 40 años de experiencia en el mercado de soluciones de ingeniería y medio ambiente. Tradición que refleja directamente en la trayectoria de negocios del holding”.

La mencionada empresa Vega fue creada en el año 1997, fruto de una inversión de la multinacional de origen francés Suez en el territorio brasilero, bajo el nombre de Vega Engenharia Ambiental SA, para realizar operaciones de recolección de residuos domésticos, de limpieza en establecimientos de salud, en aeropuertos e industrias. En el año 2007, Vega se convierte en la nave insignia de Solví.

No es la primera vez que el presidente Macri está envuelto en el famoso escándalo del Lava Jato. La empresa familiar IECSA, era socia de Odebrecht en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, y cuyo destape del pago de coimas llevó al retiro de la firma brasilera del proyecto, y a la venta de IECSA al grupo Mindlin por parte de su presidente Ángelo Calcaterra Macri, primo hermano del presidente Macri, quien no obstante soporta un pedido de embargos por parte del fiscal que investiga este negociado.

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Sin mencionar la confesión de un operador de Odebrecht de haberle pagado coimas al director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por un monto de 850 mil dólares. Causa que la sesgada justicia federal argentina se encargó de cerrar velozmente, a la par que despliega actualmente una inusitada diligencia para perseguir a funcionarios y simpatizantes del anterior gobierno.

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El socio de Caputo en el Lava Jato

José Dirceu fue jefe de gabinete de la presidencia de Ignacio Lula da Silva y tesorero del Partido de los Trabajadores (PT). Actualmente permanece en prisión por el escándalo del Lava Jato, fruto de dos procesos judiciales separados. La última condena fue dictaminada en septiembre del año pasado. Según Alberto Youssef, el ex jefe de campaña del PT y también condenado por este escándalo, Dirceu se encargaba de percibir las “propinas” o coimas de las empresas le pagaban al PT.

Dirceu fue dueño de una consultora llamada JD Assesoria e Consultoria junto con su hermano, entre los años 2006 y 2013 hasta que se destapó la olla y quedó bajo arresto. Se sospecha que en realidad JP era una empresa de fachada, que se encargaba de desviar fondos.

En marzo de 2015, el Ministerio Público Fiscal de Brasil emitió un informe donde detalla los nombres de 46 empresas que figuraban como clientes de JP bajo la sospecha de que canalizaban las propinas. Allí aparecen las constructoras OAS y Camargo Correa, que junto con Andrade Gutiérrez y Odebrecht formaron parte de la cartelización de la obra pública brasilera. La lista completa fue publicada en el portal Zeta Hora.

También figura la empresa ecológica Solví. De los más de 29 millones de reales que se registraron en los papeles de JP, Solví figura como aportante de un total de 448.000 reales. Que sería aproximadamente unos 900 mil dólares de ese entonces. Un pequeño aporte dentro de las corporaciones que dieron su granito de arena a este negocio que enturbió la política brasilera. Según las planillas, para el año 2008, Solví Participações S.A. pagó a la consultora unos 110.000 reales; en 2009, 120.000 reales; y en el 2010 creció a 218.000 reales.

Acerca de la relación entre Solví y JP, la agencia O Globo señalaba lo siguiente: “Prestadora de servicios de recolección, tratamiento y destino de residuos en 16 estados brasileros, Solví Participacoes pagò 448.000 reales a Dirceu entre 2008 y 2010, en apoyo a ‘las acciones para internacionalizar la empresa’, según la asesoría. De acuerdo con Solví, la actuación de Dirceu se dio ‘principalmente en Perú’. La empresa consideró el servicio prestado como ‘satisfactorio’ y dijo haber contratado al ex ministro por su ‘conocimiento geopolítico de América del Sur’”.

La llegada de Solví en Argentina, de la mano de Caputo

Poco antes de desatarse el escándalo del Lava Jato, y dos años antes que se publicarán la lista de clientes de Dirceu, Solví Participações SA venía planificando su debút en el suelo argentino. Y para eso, se asoció con Caputo S.A.I.C.Y.F., perteneciente a Nicolás Caputo, cuyo mejor amigo Mauricio Macri se convertiría presidente dos años después.

Según un reporte financiero de Solví, la socia de Caputo, bajo el subtítulo de “Inicio de los negocios en Argentina”, el holding brasilero señala que Vega “inició las operaciones en Argentina, a través de de la apertura de una sucursal en Buenos Aires. El 14 de enero de 2013, una filial de Vega, en conjunto con una socia argentina, Caputo S.A.I.C.Y.F., crearon la empresa Limp-Ar Rosario S.A., localizada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe después de haber vencido en el proceso de licitación promovida por aquel municipio. En esa asociación, Vega se quedó con el 60% de las acciones de Limp-AR y Caputo del 40%”.

La dupla Caputo-Solví debutó en el año 2013, cuando decidieron aprovechar el llamado de licitación para la recolección de basura de la zona norte de la ciudad de Rosario, luego de que se acabara el período de concesión para Cliba, la empresa de limpieza del grupo Roggio. El registro de LimpAR Rosario SA se realizó en la AFIP fue a comienzos de ese año.

En consecuencia LimpAR, la UTE conformada por Solví Participações SA y Caputo SAICYF, recibieron la concesión por siete años con opción a una prórroga por un año, para la recolección integrada de residuos de la zona norte de una de las ciudades más importantes del país, por un monto nominal que supera los mil millones de pesos de aquella época. Dividido por mes, se trataba de 12,65 millones de pesos mensuales de entonces.

Según el diario La Capital de Rosario, el contrato se firmó el 19 de febrero y, “a cinco meses de la adjudicación del nuevo contrato de la basura, la administración de [la intendenta de ciudad] Mónica Fein pondrá en marcha el presupuesto más ambicioso jamás ejecutado por el Palacio de los Leones. Se trata de dos mil millones de pesos para avanzar en la políticas de contenedorización en todas las cuadras del ejido urbano y en un programa de reducción de volúmenes de los residuos que van a a disposición final”.

Seis meses después, en el último mes de 2013, cuando el Concejo Deliberante de Rosario discutía el presupuesto municipal, los ediles se toparon con la sorpresa de que la dupla Solví-Caputo había generado un convenio de pago por una deuda de 120 millones de pesos. Sectores de la oposición señalaron que esto comprobaba que el contrato era elevado, a tal punto que tener que endeudar al municipio, con el riesgo de recibir un servicio deficitario.

En marzo de 2016, una serie de temporales climaticos ventiló el poco satisfactorio trabajo de la recolección de basura domiciliaria que venían emprendiendo las empresas, a partir del anegamiento en las calles. En ese entonces, la Municipalidad efectuó una serie de multas a las concesionarias por no haber cumplido con sus deberes.

Solví-Caputo con el auspicio del PRO, ahora va por Córdoba donde imperan las ahijadas del PJ y la UCR

En el año 2016, a pesar del cuestionado manejo de la basura en Rosario y que ya había pasado un año de destaparse las planillas de la consultora JP en Brasil, Solví Participações S.A., junto con Caputo S.A.I.C.Y.F, decidieron intentar apoderarse del negocio de la basura en la ciudad de Córdoba.

La primera vez que se mencionó en la prensa local sobre ese interés fue en septiembre de 2016, donde el diario La Voz del Interior se refirió a Nicolás Caputo como “el primer interesado en construir el complejo ambiental para la basura de Córdoba”. Se trata de un proyecto de una mega-planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ideado por el gobierno provincial, que pretende instalarse en la zona sur de la ciudad capital, que bajo el nombre de Cormecor, nuclea a una treinta de municipios, tanto de la capital como en sus alrededores.

Según comentaba el director de Comercor, Hugo Pesci, en ese entonces lo que ofrecieron Caputo y Vega-Solví era “hacer toda la obra inicial, la infraestructura básica de disposición final, y la planta de selección mecánica para que arranque con 300 toneladas diarias, y considerarán las otras plantas pero no se cierran a que otras empresas las operen”.

El proyecto está en “stand-by”, debido a una revuelta vecinal que puso freno a las obras, mediante un bloqueo en la entrada del precio, acompañado con demandas judiciales. Por los temores originados en la poca distancia que existe entre sus viviendas y el predio donde se tratarían basuras de todo tipo, sin mencionar la cercanía de fuentes de agua cruda para su potabilización.

La justicia avanzó a partir de un desastre ambiental, ocurrida en marzo de 2017, en cercanías de esa zona, donde la planta de tratamiento de residuos industriales de la empresa Taym, quedó inundada por fuertes precipitaciones. Al punto que sus desechos contaminaron el canal a cielo abierto Los Molinos – Córdoba, poniendo en peligro el suministro de agua potable de la ciudad. Quedando por esa razón imputados penalmente el ingeniero gerente y el apoderado de Taym, pertenecientes al Grupo Roggio.

Hoy, una medida cautelar mantiene frenada la obra del complejo de Cormecor, mientras la justicia sigue analizando el caso. A la vez, tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la Defensoría del Pueblo de Córdoba, emitieron documentos donde piden a la provincia que traslade la obra a otra parte, donde no ponga en peligro la salud de los vecinos.

Mientras se mantiene frustrado el negocio de esa gigantesca planta, Caputo y Vega decidieron también presentarse a la licitación de la concesión de la basura en la capital cordobesa. Hoy en día, el negocio dividido en dos partes, está en manos de las empresas Cotreco (zona sur) cuyo dueño es Horacio Busso, primo hermano del actual secretario provincial de agricultura Sergio Busso y uno de los referentes del peronismo cordobés. Y de Lusa (zona norte) perteneciente al empresario de Corrientes, Juan Carlos Romero, dueño también de la empresa de transporte urbano ERSA, quien viene paulatinamente apoderándose de los corredores urbanos durante la gestión del intendente radical Ramón Mestre.

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Habiéndose quedado estas empresas con estos lucrativos negocios de la basura cordobesa, no mediante una licitación publica, sino por adjudicación directa a través del desmenbramiento a la rusa de la empresa estatal  CRESE. Quienes pasaron incluso a detentar los equipos de esta empresa estatal sin pagar un peso, quedándose así con la caja del negocio, sin efectuar inversión inicial alguna.

Lo cual se concretó en el año 2012 en base a los entendimientos entre el gobernador José Manuel de la Sota y el flamante intendente Javier Ramón Mestre, de foma tal que los contratos recayeron gentilmente en cada uno de sus ahijados políticos. Y pese a la promesa de una pronta licitación para regularizar la situación, esta recién se concretó cinco años después, en el 2017. Bajo la sospecha que sus pliegos fueron direccionados a favor de las dos compañias que actualmente detentan los contratos

No obstante en noviembre pasado se anunció que en la licitación se presentaron tres ofertas. Dos de ellas son de las dos empresas mencionadas: Lusa y Cotreco, con la diferencia de que la correntina lo hace mediante una UTE con la firma Consorcio de Transporte Olivos. Y la tercera, por supuesto, la empresa del mejor amigo de Macri, Nicolás Caputo, junto con la brasilera Vega-Solví, cuyo nombre figura como una de las involucradas en el escándalo del Lava Jato de Brasil.

El contrato con el municipio será por un monto total nominal de nada menos que 13.894 millones de pesos, y se espera que el análisis de las propuestas durará unos cinco meses. Para inclinarse a favor de dos de tres propuestas más que polémicas, al estar señaladas de tener como padrinos a tres partidos políticos distintos, el PJ (Cotreco) la UCR (Lusa), y el PRO (Caputo-Vega-Solvi) y donde necesariamente una de ellas tiene que quedar excluída del negocio.

Y casualmente Cotreco a empezado a tener problemas, consistentes en huelgas salvajes de su personal, y en consecuencia basura sin recoger durante días, como para quitarle puntos en esa puja para que se resuelva a favor de Cambiemos, como sintesis de las propuestas de los ahijados de la UCR (Romero) y PRO (Caputo). Aunque puede arribarse a una solución tripartita, si por ejemplo, Caputo se queda con Cormecor.

Todo es posible en la política de mequetrefes que impera en Córdoba, donde a ultranza se trata de mantener el negocio camionístico de recolectar y trasladar la basura lo mas lejos posible, sin diferenciación en origen para facilitar su reciclaje, como otra fuente de financiamiento clandestino de los partidos políticos.

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En el caso de Caputo, de obtener la concesión, sería su debút en la realización de negocios en la provincia de Córdoba. Qué lograría de la mano de su intendente, Ramón Mestre, quien espera ser elegido en el 2019 por el presidente Mauricio Macri, para presentarse como candidato a la gobernación por Córdoba por parte de Cambiemos. Algo difícil, debido a la alta performance que tuvo el ex árbitro y macrista de pura cepa Héctor Baldassi, durante las elecciones legislativas de 2017.

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Sin embargo, si Mestre le abre la puerta a Caputo para que arranque con sus negocios en Córdoba, sería una generosa ofrenda para el presidente. Aun cuando lo haga mediante la asociación de una firma extranjera acostumbrada a pagar coimas a los partidos políticos-.