Los deslices de altos funcionarios y las modificaciones que se pretenden aprobar a machaca martillo en el sistema previsional, sin el menor análisis de sus consecuencias ni informes de actuarios, revelan que la verdadera intención que subyacen en ellas con la ayuda de un “reformismo permanente”, es el de caotizar el sistema previsional público, para implantar un sistema paralelo privado y elevar las jubilaciones a la edad de 70 años.
Por Redacción – 28-11-17
Recientemente el titular de la ANSES incurrió en un notable furcio, al expresar que los haberes jubilatorios de Argentina están entre los más altos de la región y el mundo. Luego lo trató de aclarar diciendo que se refería a los correspondientes a las jubilaciones estatales, asegurando que lo que pasa en otros países, es que es sistema estatal es complementado por jubilaciones privadas que en Argentina fueron conocidas como las AFJP, que aumentan sustancialmente el haber.
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Esa explicación aporta una pista de lo que quiere hacer el Gobierno con el “reformismo permanente” del sistema previsional. La que a su vez se ve corroborada en el consenso alcanzado por la Nación con los gobernadores de provincia, y por el proyecto de reforma previsional que mandó al Senado. Contando allí como mayordomo de las leyes al senador supuestamente de la oposición Miguel Angel Pichetto.
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Con relación al sistema previsional, en el consenso firmado con los gobernadores se pactó en sustancia tres cosas. Una es el cambio de la fórmula de movilidad, para que los haberes se ajusten “garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”. Otra es la quita a la ANSES del porcentaje del 20 % que recibía del impuesto a las Ganancias, el que será sustituído por el 100 % del impuesto al cheque, hasta el año 2022. Y la tercera es la de garantizar el 82 % móvil para las personas que hayan cumplido 30 años de servicio con aportes jubilatorios efectivos.
De esas cláusulas es difícil distinguir cual es más engañosa. Dado que la fórmula de movilidad implementada en su reemplazo, implica dejar prácticamente de lado el principio de proporcionalidad establecido legalmente. Excluyendo a la clase pasiva del indispensable incremento del bienestar futuro que requiere la actual situación socioeconómica de Argentina.
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Respecto la sustitución del impuesto a las ganancias por el impuesto al cheque, que a su vez pasa a ser a cuenta del impuesto a las ganancias, y se anuncia que desaparecerá en cinco años, implica dejar a fecha fija a la ANSES sin la parte sustancial de sus recursos tributarios. Poniéndola así en un horizonte de crisis que justificará proseguir con el “reformismo permanente” que promete el Gobierno. Encabezado por un presidente que se opuso fieramente a la estatización de las AFJP, y prometió reabrirlas si llegaba a la presidencia.
En cuanto a la garantía del 82 % sobre el salario mínimo vital y móvil para quienes hayan hecho aportes durante 30 años, que figura también en el proyecto de ley de reforma previsional, bajo el engañoso aspecto de afianzar derechos, esconde una dura quita de ellos. Ya que de esa manera quedan excluidas otras jubilaciones como las de régimen de moratoria, amas de casa, pensiones graciables, etc. Que ahora en la práctica disfrutan de ese derecho, y quedarán a la buena de Dios, o del presidente de turno.
Pero la ley de reforma previsional trae a su vez otras cosas semiescondidas. A cual más retrógrada o a contrapelo de las actuales necesidades del mundo moderno. Como la sustitución para el cálculo del haber inicial, del índice de movilidad vigente por el del RIPTE, que da valores más bajos en contra del jubilado en ciernes.
Peor aún es la disposición que prevé que el cese de la relación laboral se puede extender hasta los 70 años, poniendo así a esta edad como meta del sistema jubilatorio. Brindándole a la par a las empresas el beneficio de no tener que hacer más aportes jubilatorios desde los 65 años en adelante.
Lo cual absurdamente es un estímulo a las empresas para que tengan empleados sexagenarios avanzados, que serán más económicos que los de menor edad en cuanto a la carga previsional. Aunque esta disposición solo rige para los privados, dado que el Estado seguirá expulsando empleados a los 65 años, como una forma de achicarlo conforme propugna el ministro de Modernización Andrés Ibarra.
Según el Observatorio de Empleo en la categoría de más de 65 años se encuentran 98.441 empleados, con una remuneración promedio de $22.786. Lo cual representará un ahorro para los empresarios para el año próximo superior a los 900 millones de pesos.
Pero esta disposición tiene otras aristas. Por un lado en un mercado laboral con exceso de oferta y falta de demanda, esta extensión de la edad jubilatoria lo agrava aún más, y que en vez del programa “primer paso”, podría llamarse “último paso”. Y resulta retrógrada ante la problemática de la carencia de empleo que se ha extendido en el mundo occidental, por efecto de la robotización y la laboriosidad asiática.
Razón por la que a la inversa, ahora se está hablando de acortar la jornada laboral y los años dedicados al trabajo, y la necesidad de garantizar un ingreso universal para todas las personas, mientras que acá se subsidia y se hace todo lo contrario.
Las AFJP en el horizonte
La otra picardía que esconde es que esta extensión de la vida laboral hasta los 70 años, sobre todo para las mujeres que actualmente pueden jubilarse a los 60, les abre nuevamente el negocio a las AFJP. Que esquilmaron al país en los noventa y principios de siglo, brindándole a sus aportantes una rentabilidad negativa del 14 % anual sobre los aportes brutos, por efecto de sus enormes comisiones, seguros, etc.
Y que en realidad a sus aportantes no les brindaban una jubilación hasta su fallecimiento, sino que en realidad era un ahorro forzoso, a devolver en tantas cuotas al momento de acceder a la “jubilación”, como los años restantes de expectativa de vida que le quedaban al supuesto jubilado según su sexo. Lo cual absurdamente hacia que la supuesta “jubilación” femenina, resultara mucho menor que la masculina, por efecto la jubilación anticipada a los 60, y la mayor longevidad de las mujeres.
El efecto más terrible de ello era que cumplida la expectativa de vida, si el supuesto “jubilado” seguía vivo quedaba en banda, y pasaba a ser sostenido con la mínima Prestación Básica Universal del estado, y la de sus familiares en la medida que ello fuera posible. Salvo que hubiese contratado un oneroso seguro de retiro, que rebajaba aún más sus haberes, y era otro flanco de los negocios de las AFJP.
Por eso existen autorizadas versiones de que fue el banquero Jorge Brito, quien aconsejó a su amigo el director de la ANSES Amado Boudou, la estatización de las AFJP. Las que después de haber descremado los aportes jubilatorios con enormes comisiones y seguros, estaban entrando en la fase complicada del negocio, al tener que hacer frente a las supuestas “jubilaciones” y la consecuente decepción de sus beneficiarios.
Y además permitió que el anterior Gobierno, convirtiendo a la ANSES en una mesa de dinero como eran en realidad las AFJP, hiciera frente a los compromisos de recompra de deuda que había pactado en el canje de deuda del 2005. Y de esa manera Boudou se ganó primero el puesto de ministro de Economía, y luego el de vicepresidente de la Nación.
Concretamente, la extensión de la vida laboral en diez años para las mujeres y de cinco para los varones, viabiliza con nuevos márgenes y menores riesgos sociales el negocio empresario de las AFJP. Que consiste en quedarse con los aportes de los empleados con vistas a su jubilación, para dedicarlos a la timba y especulación financiera, o financiamiento de sus mismas empresas. Recayendo así el riesgo empresario no en ellos, sino en los mismos empleados.
Siendo esta la razón por la que la ANSES al estatizar las AFJP, se quedó con acciones de las principales empresas argentinas, como se puede ver a continuación. Y una de las primeras medidas que adoptó el actual Gobierno, con la supuesta ley de “reparación histórica” de los jubilados, fue permitir a esas empresas recomprar esas acciones, con el dinero de los dividendos no distribuídos que pertenecían a la ANSES.
Ver El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES
Ante este panorama, el que los senadores y diputados voten proyectos de ley sin saber su verdadero sentido y hacia donde se va, solo justificado en momentáneas transacciones de favores, es un acto de imbecilidad o corrupción legislativa. Que no es nuevo y explica las sucesivas experiencias nefastas que se han vivido en las últimas décadas en nuestro país.-
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