El especialista informático, Javier Smaldone, junto a otros, fue uno de los que cuestionó en el Congreso el fallido proyecto del “voto electrónico” que impulsaba el macrismo. Luego de eso, de manera casual, se enteró que la Policía Federal, por órdenes de la justicia, lo habían sometido al ciberpatrullaje a él y otro perito informático. Esto es: había vigilado todas sus publicaciones en las redes sociales. Además empezó a recibir en su cuenta información filtrada de la Policía Federal, que opera bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich.
Por Adolfo Struck – @Adolfo Struck-
El 26 de enero pasado aparecieron en la cuenta de Twitter de la ministra Patricia Bullrich mensajes extraños como “Macri Gato”, “Soy una borracha inútil…”. Inclusive uno de esos tuits versaba sobre la eventual renuncia de la hoy cuestionada titular de la cartera de seguridad de la Nación. En pocas horas se descubrió además que las cuentas del correo electrónico de la funcionaria macrista de su ministerio habían sido vulneradas por uno o varios hackers.
El 16 de febrero la Policía Federal detuvo a dos acusados de ejecutar el estrago informático. Los detenidos fueron Ricardo Damián Mirco Milski, quien se autoincriminó al mejor estilo del estado islámico, utilizando el usuario “Niño Orsino”; y Martín Trabucco, quien ya tenía antecedentes en la justicia por intimidaciones a un funcionario.
A los pocos días, en las redes sociales, se hizo público el procesamiento de ambos imputados. Con asombro, un programador de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Javier Smaldone, que había cuestionado el voto electrónico en el Congreso, descubrió que estaba mencionado en dicho expediente, junto al doctor en Informática, Alfredo Ortega; y que la policía federal argentina lo habia sometido a ciberpatrullaje por haber re tuiteado unas capturas de pantallas de cuentas de correo de la ministra.
“Mi participación en la discusión sobre el voto electrónico comienza en marzo de 2016 cuando me convocó a una reunión el Secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El proyecto estaba escrito y nos invitaron a un grupo de informáticos para aparentar una discusión sobre la reforma. En Agosto se hizo un plenario de comisiones en diputados al cual fuimos convocados, entre otros, unos seis informáticos, matemáticos y afines y todos tuvimos una postura contraria a la implementación del voto electrónico. Pasados unos días el proyecto tuvo media sanción” explica Smaldone a Strip del Poder.
“Después pasó al Senado, volvimos a ser citados la mayoría de los que habíamos ido a diputados. Como allí la oposición es mayoría, pasamos de ser punto a banca. Dada la contundencia de las exposiciones, el cuerpo decidió agregar un día extra con demostraciones. Allí fue un equipo de la UBA y se demostró como con un sistema que imprimía el voto se podía romper el secreto del mismo. Terminó el año legislativo y se hizo imposible aplicar el sistema en las elecciones de este año” agrega el Informático riocuartense.
Los informáticos consultados por los legisladores nacionales fueron: Enrique Chaparro, Iván Arce, Leonardo Valdés, Iván barrera Oro, Lucas Apa, Daniel Penassi y Alfredo Ortega, este último también víctima de “ciberpatrullaje” y opositor al voto electrónico.
El juez a cargo de la investigación de los hackeos al ministerio de seguridad es Sebastián Ramos, del juzgado Federal N° 2 de Comodoro Py; y la inclusión de Smaldone y Ortega en el expediente se basó en el Informe N° 329/17 de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal elaborado por el cabo primero en especialidad computación, Jorge Manuel Landajo.
“Por suerte no fui imputado de ningún delito. Las entradas y salidas del país dieron nulas porque no me voy afuera ni de vacaciones. Después de esto gente con conocimiento del tema me dijo que es frecuente que la policía utilice legalmente una causa penal contra una persona para investigar a otra. Me entero de esto por la lectura del auto de procesamiento de otra persona. No sé si se me investigó más allá de lo que dice ahí. A la fecha pedí acceso al expediente y el juez me lo ha negado”, añade Smaldone, sorprendido de toda la situación.
Tras cartón, luego de las detenciones por el hackeo de las cuentas y el escándalo, el informático además empezó a recibir archivos filtrados de la División de Inteligencia de la Policía Federal en su cuenta de correo electrónico que él mismo llevó a la justicia. “Cuando se siguen filtrando archivos, a mi llega un zip con 40 megas de archivos supuestamente extraídos de la División de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina. Lo primero que hago es comunicarme con mi abogado y este me dice que los tenía que denunciar. Fui a tribunales, llevé un cd con los archivos y el juez me citó a declarar como testigo”, cuenta Smaldone.
Detenidos informáticos
Según el expediente, en los mencionados ciberpatrullajes de la Policía Federal se dejó constancia que el posteo original sobre la foto que había republicado Smaldone había sido de un usuario de Twitter apodado “Libero”, titular de la cuenta de Twitter @LiberoamericaMu. “Libero” también es cordobés y se lo vincula como integrante de un grupo de hackers llamado “Anonimus Argentina”. Su nombre real es Emanuel Vélez. Tiene apenas veinte años y fue detenido el 25 de abril pasado por orden del juez Ariel Lijo.
Además, en febrero pasado, el juez federal Sebastián Ramos procesó, sin prisión preventiva, a Ricardo Damián Mirco Milski, más conocido como el “Niño Orsino”. Con grado de certeza, Milski está acusado de enviar los días 25 y 26 de enero pasado, correos electrónicos desde la cuenta embajadadebolivia@gmail.com hacia la casilla personal de la ministra de Seguridad y diversas direcciones de correo electrónico del ministerio de Seguridad cuyo contenido sugirió a los destinatarios acceder a un enlace, aparentemente benigno, pero al ingresar, que luego se los redireccionó a una URL con un formulario de acceso malicioso, con lo cual se obtuvieron las claves de las cuentas.
“Este tipo de operatoria es conocida como Phishing. Es uno de los ataques más comunes para robar nombre de usuarios y contraseñas, ya sea de una cuenta de correo, home banking o de algún sistema de una empresa. Consiste en enviarle un mail a una víctima indicando que haga click en determinado enlace, con alguna excusa más o menos creíble y tiene toda la apariencia de ser la página de login de este sistema. Entonces el usuario desprevenido pone sus datos y estos son recibidos por el atacante”, explica el especialista Smaldone.
En cuanto al otro acusado, Martín Horacio Trabucco, Ramos derivó su causa al juez federal Lijo quien tramita una denuncia similar.
Ciberpatrullaje PRO
No es la primera vez que el macrismo recurre a este tipo de métodos modernos para vigilar personas. En el 2015, cuando el presidente Mauricio Macri todavía era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 10 días antes de las elecciones, al programador Joaquín Sorianello, se comunicó con la empresa MSA, a cargo de la transmisión de datos del escrutinio, para informarle sobre la vulnerabilidad que tenía el sistema. Advertencia que la empresa agradeció.
Sin embargo, dos días antes de las elecciones, el 3 de julio de 2015, la policía Metropolitana a cargo de Macri allanó la casa de Sorianello, le quito todos sus elementos de trabajo y le abrió una causa judicial. Esta denuncia estuvo abierta hasta la primera semana de agosto de 2016, cuando la Justicia sobreseyó a Sorianello.
Al respecto, la jueza María Luisa Escrich entendió que “si bien se acreditó que Joaquín Sorianello ingresó al sistema informático de la empresa Grupo MSA, no lo hizo de manera indebida ni causó daño alguno, sino que, por el contrario, lo hizo para dar aviso a la firma de que el sistema de seguridad era vago y podía ser vulnerado con facilidad“. Claro que, que en los tiempos que corren, cualquier excusa puede ser válida, para vigilar y castigar incluso por las redes sociales.
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