Candidatos de Stolbizer en Cba: un ex legislador expulsado y un colaborador de las dictaduras

Candidatos de Stolbizer en Cba: un ex legislador expulsado y un colaborador de las dictaduras

La lista de pre-candidatos para diputados que propone en Córdoba el GEN de Margarita Stolbizer en alianza con Sergio Massa, se alejan bastante de sus discursos sobre la ley y la moral. La nómina la encabeza el abogado mestrista Miguel Ortiz Pellegrini, quien entre otras acciones a cual más lamentable, se auto expulsó precipitadamente con su renuncia al cargo de legislador provincial y presidente de la bancada de Luis Juez, para evitar ser destituido. Lo secunda otro abogado, Juan Carlos Vega, quien fue secretario de su suegro, el intendente de facto Ramón Crucet, en plena dictadura de Lanusse; y participó de la intervención del gremio de empleados públicos en la última dictadura militar.

Por Lea Ross / @LeandroRoss / 11-8-17

Así como la alternativa progresista en Córdoba resulta ser un asesor del actual senador Julio Cleto Cobos, la diputada nacional Margarita Stolbizer, ex integrante de la Unión Cívica Radical (UCR) también presenta sus propuestas para la provincia cordobesa donde el macrismo obtuvo un alto margen en las elecciones pasadas. Sin embargo, esta otra alternativa “progre” termina hundiéndose así misma a la hora de rememorar los antecedentes de algunos de sus principales candidatos.

VER  Nestor Moccia, ex K y candidato a diputado de Libres del Sur, es asesor de Cobos en el senado

Quién encabeza la nómina, figurando su nombre en los spots como “el candidato de Margarita Stolbizer en Córdoba” es el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien fue Fiscal General de la provincia durante la gobernación del radical Ramón Mestre padre, y luego pasó a las filas del Frente Cívico, el partido de Luis Juez.

Después de algunas peripecias por sus actuaciones como legislador provincial alfonsinista y Fiscal General abriendo una era de impunidad en Córdoba, en el año 2009, pasó un mal trago cuando renunció a la banca como legislador provincial y la presidencia de la bancada del partido, para evitar su expulsión por participar como abogado un millonario litigio judicial contra el estado municipal de la capital cordobesa, lo cual está prohibido constitucionalmente.

Mientras que el cuarto lugar de la lista figura Juan Carlos Vega, abogado defensor de derechos humanos, pero que contradictoriamente participó en dos dictaduras militares. Antecedentes que fueron destapados por la reconocida referente de los Derechos Humanos, la fallecida abogada María Elba Martínez. Ante lo cual Vega no tuvo mejor idea que demandarla judicialmente por calumnias e injurias, para ser derrotado en ella por la abogada Martínez, quien acreditó su denuncia con documentos oficiales y valioso testimonios.

Dos candidatos que muestran ciertas dudas sobre su acérrima defensa a los preceptos

El guardián de Mestre

Con la llegada de la democracia Ortiz Pellegrini fue elegido diputado provincial de la UCR, función en al cual confundiendo sus intereses de abogado y legislador, fue el artífice en la redacción y sanción de un feroz código de aranceles de los abogados. Que establecía que sus honorarios se debían calcular en función del monto demandado, y no de las sentencias. Y que a los mismos debían hacerle frente tanto el perdedor como el ganador de los juicios. Lo cual se prestó para numerosas picardías abogadiles y llevó a la ruina a numerosas empresas y familias, a pesar de haber ganado los juicios.

Luego de estas modificaciones, Ortiz Pellegrini fue designado por el entonces gobernador de Córdoba Ramón Mestre como Fiscal General de la Provincia, en forma coincidente con la implantación del sistema penal acusatorio, que puso en manos de los fiscales el impulso y la investigación de las causas penales. Igual al que ahora se pretende implantar en la Nación.

Como Fiscal General de Mestre, Ortiz Pellegrini, se encargó de inaugurar una época de impunidad a favor de la corrupción política. Que ahora ha llegado en Córdoba a su máximo esplendor, con los supuestos fiscales Anticorrupción, quienes en realidad se encargan de velar por la impunidad absoluta del poder político. Tras el ominoso final que soportó el gobierno del radical Eduardo Cesar Angeloz, jaqueado por numerosas causas judiciales además de políticas.

Desde su cargo, Ortiz Pellegrini apeló a numerosas tretas para que ello no volviera a repetirse, en momentos en que Mestre había emprendido una serie de privatizaciones a la rusa, que generaron numerosas denuncias en los tribunales. Como la de designar a jueces y fiscales “en comisión”, que con su buena conducta debían ganarse la permanencia en el puesto. Usando también la capacidad de coerción o seducción, que un jefe puede ejercer sobre un subordinado, con amenazas de sanciones, o promesas de futuras recompensas. Y la posibilidad de reasignar causas hacia a fiscales adictos. O en un caso extremo procurar su expeditiva destitución.

Llegando incluso a perseguir judicialmente a quienes habían hecho denuncias contra el poder, tachándolas de falsas, aunque luego esas causas quedaron en la nada. Por lo que puede considerarse que Ortíz Pellegrini fue un gran artífice de la impunidad de la corrupción del poder, que ahora se le ha dado por cuestionar a su líder Stolbizer, como caballito de batalla electoral.

Ortiz Pellegrini llegó incluso a fijar una competencia territorial para los fiscales, de forma tal que los crímenes cometidos en la Casa de Gobierno de Córdoba, o en el Palacio Municipal, cayeran en fiscales amigos, que el Fiscal General había puesto allí previamente. Lo cual puso de relieve la verdadera intencionalidad del Ministerio publico Fiscal supuestamente extra poder, y su sistema acusatorio: garantizar la impunidad del gobierno de Mestre padre y del intendente radical Ruben Martí. Cosa que efectivamente logró. Y luego buscando su continuidad en el puesto, llegó incluso a proponerle algo parecido al gobernador peronista De la Sota, que reemplazó a Mestre, pero la tradicional desconfianza entre peronistas y radicales impidió ese trato.

Legislador inconstitucional

Posteriormente, ante el derrumbe del radicalismo en el 2001, el ex fiscal del radical Mestre decidió formar parte del proyecto político del ex fiscal anticorrupción del gobernador peronista José Manuel de la Sota, Luis Juez, quien logró ser intendente de la ciudad de Córdoba en 2003-2007, actual embajador de Cambiemos en Ecuador. Luego de las elecciones gubernamentales y legislativas de 2007, Ortiz Pellegrini se convertiría no solo en integrante de la Legislatura Provincial, sino también en presidente de la bancada del Frente Cívico, el partido de Juez.

En paralelo a su labor como parlamentario provincial, Ortiz Pellegrini seguía activo en su reputado estudio de abogado, realzado por su paso por la Fiscalía General y las especiales relaciones adquiridas allí, pero no por eso dejar de seguir en sus especulaciones políticas.

En ese entonces, el intendente era Daniel Giacomino (2007-2011), quien ascendió ese cargo desde el Frente Cívico pero que cortó relación con Juez para acercarse al kirchnerismo. Por eso razón, Ortiz Pellegrini trabajó como la espada de Juez, acusando a Giacomino de varias denuncias por corrupción, sin llegar ninguna a buen puerto.

A la par se desempeñó como abogado de un grupo de choferes de la empresa estatal municipal de colectivos TAMSE, en una multimillonaria demanda entablada contra el municipio por retrasos salariales de la empresa municipal que datarían del año 2002. Una maniobra que además de suculentos honorarios, le permitió al candidato de Stolbizer meterse de lleno en el conflicto de los trabajadores de colectivos en disputa con la gestión municipal.

Fue una mala jugada. Ya que en el año 2009 tuvo que renunciar su banca por su incompatibilidad en el ejercicio de su profesión. Esto fue por haber litigado contra un organismo del Estado -en este caso municipal- a pesar de que eso está vetado por la Constitución de la Provincia de Córdoba. Lo dice taxativamente el Artículo 88 de la Carta Magna cordobesa: “Ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del Estado Nacional, de la Provincia, o de los Municipios, salvo en caso de actuar por derecho propio”.

La denuncia la emprendió el legislador delasotista Daniel Passerini, enemistado con el juecismo, pero que logró que entre sus pares se realice un proceso sancionatorio, que le iba a costar su puesto a Ortiz Pellegrini. Para evitar un veredicto expulsatorio, el supuesto luchador contra la corrupción optó por renunciar a su cargo público, para poderle cobrar un jugosos honorarios a la Municipalidad que perdió el juicio.

Tras ese rudo traspié, desde el año 2010 Ortiz Pellegrini profundizó sus lazos con Stolbizer, otra radical revoltosa que tras la debacle de ese partido corporizó sus disidencias con el GEN. Y cuando la prensa le preguntó a Margarita sobre qué opinaba de este polémico antecedente de su compañero cordobés, ella respondió: “Miguel renunció a la banca para defender su honorabilidad y su dignidad”.

Foto de archivo de Stolbizer y Ortiz Pellegrini.

No obstante, un año después, en el 2011, Ortiz Pellegrini, gracias a sus influencias abogadiles, logró que el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba resolviera archivar su expediente. El organismo dijo que lo realizado por el dirigente político “puede tildarse de poco feliz o inadecuado”, pero que “no justifica sanción”. Un ex Fiscal General, sabe muy bien cómo asegurarse la impunidad en todo sentido.

Foto de archivo de La Voz del Interior de Ortiz Pellegrini, abrazando a Luis Juez en el momento de su renuncia.

Su renuncia hecho más leña al debacle del juecismo dentro del podio de las principales fuerzas políticas cordobesas. No solo por tener como presidente de su bancada a un abogado que litigaba contra un intendente que asumió en el mismo partido, sino por tener que padecer este bochorno que rozaba lo inconstitucional. Fue parte del naufragio de Luis Juez en su ambición de ser gobernador de Córdoba; hoy enrolado en partido Cambiemos de Mauricio Macri.

Por su parte Ortiz Pellegrini es hoy el principal pre-candidato cordobés de Stolbizer, quien está en alianza con Sergio Massa en el frente electoral 1PAIS. Massa, por su parte, trabaja dentro del frente UNA que armó con el ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, enemistado con Luis Juez, y hoy integra el mismo espacio electoral que el ex juecista Ortiz Pellegrini.

Carta pública de Ortiz Pellegrini para anunciar su renuncia.

Colaborando con dos dictaduras

A partir del retorno de la democracia, Juan Carlos “Canco” Vega -el cuarto en la lista de “los candidatos de Stolbizer en Córdoba”- presidió el Servicio Argentino de Derechos Humanos, dirigió la sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba, y como diputado nacional de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, integró la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación.

Además, fue abogado de distintos presos políticos de la última dictadura. “Soy un firme defensor de la legalidad como única manera de tener orden y justicia en una sociedad. La única regla de orden social es la de la ley aplicada en base a la igualdad absoluta de todos frente a ella. De allí mi compromiso con los Derechos Humanos”, señala actualmente el pre-candidato a diputado.

Aunque eso no evitó tener sus cargos públicos durante el menemismo: en 1991 fue Procurador de la Corte de Justicia de Catamarca durante la intervención federal, pasó a ser asesor en el gabinete del Ministerio del Interior en 1993, y luego a la asesoría del Ministerio de Desarrollo Social durante los siguientes dos años.

Al respecto, la monja Martha Pelloni, una de las principales luchadoras por el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales, sobre el paso de Vega por Catamarca apuntó: “Juan Carlos Vega se presentó camuflado como funcionario del gobierno nacional en Derechos Humanos. En realidad, actuó como operador de Menem para instalar el Frente Esperanza en las elecciones de la provincia. Es un personaje de los ocultos”.

Pero sus antecedentes más oscuros, se ventilaron en el año 2006.  En ese entonces, la provincia de Córdoba estaba conformando la Comisión por la Recuperación de la Memoria, un organismo público encargado de realizar actividades condenatorias del terrorismo de Estado. En representación de la Universidad Nacional de Córdoba, fue seleccionado como delegado el propio  “Canco” Vega.

El escándalo comenzó cuando su designación fue impugnada por la abogada María Elba Martínez, reconocida referente de los derechos humanos representante del SERPAJ de Pérez Esquivel (Servicios de Paz y Justicia) en Córdoba, quien falleció en el 2013, e integraba la Comisión de la Memoria en representación de este entel.

En ese entonces, Martínez alegó que Vega no podía ser miembro de esa comisión por los “roles desarrollados durante la dictadura” como funcionario de ella. Sus duras acusaciones levantaron un gran revuelo. La respuesta del abogado fue recurrir al patrocinio del Dr. Carlos Harabedian, que en ese entones también asesoraba al ex presidente Menem, para querellar a la representante del SERPAJ por calumnias e injurias, que en ese entonces estaba tipificado en el Código Penal.

La abogada María Elba Martínez representante del SERPAJ en Córdoba

Sin embargo, la impugnación de Martínez estaba fundada en documentos oficiales y testimonios. Entre ellos, se destapó que en junio de 1971, cuando el país estaba ejercido por el comandante del ejército Alejandro Lanusse, el intendente de facto Ramón Crucet firmó el decreto 6.481 donde designó a Juan Carlos Vega como secretario general de la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces, Vega era el yerno de Crucet y con ello le permitió ejercer el tercer cargo más importante del municipio capitalino. A los cuatro meses de su función, Vega, firmó dos decretos para disponer las cesantías de 28 activistas gremiales.

Durante el juicio de Vega contra Martínez, se contó también con el testimonio de Guillermo Tránsito Galíndez, uno de los cesanteados del ‘71, quien declaró que en ese entonces trabajaba como inspector municipal: “Fui dejado cesante por orden del Dr. Vega, que era secretario de la Municipalidad. Ello hizo que entrara en las listas negras, no pude conseguir más trabajo en la Argentina. Debí exiliarme en España”. También señaló que Vega concurría a las asambleas de los empleados, en las cuales tomaba notas.

Otro testimonio fue el de Mario Rubén Saad, quien era policía municipal: “Formaba parte de un grupo que realizaba movilizaciones por reclamos propios. En una de esas movilizaciones ingresamos al Palacio, y nos anotaron (…) había una persona anotando a quienes subían a los pisos superiores, era el Sr. Vega, quien anotaba los números de las chapas identificatorias”.

Pero Vega no solo fue funcionario “colaboracionista” de la dictadura de Lanusse. El 12 de abril de 1976, solo tres semanas después del golpe de Estado, mediante la resolución 1, el actual candidato de Margarita Stolbizer en Córdoba fue nombrado asesor jurídico de la intervención militar del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba. Su designación la efectuó el flamante interventor de ese sindicato, el capitán Carlos Alberto Torrieli, que respondía al Tercer Cuerpo del Ejército, al mando entonces de Luciano Benjamín Menéndez, condenado en una docena de causas por delitos de lesa humanidad.

Según se expone en la causa, el mismo día en que Vega fue designado asesor, dos presos políticos, Diana Fiedelam y Daniel Bartola, fueron retirados de la cárcel de San Martín y llevados a la D2 de Informaciones (Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba) donde fueron fusilados junto a otros detenidos.

En las audiencias de la demanda, se contó también con el testimonio de Noemí Beatriz Cazaux, afiliada en ese entones del SEP y sindicalista de una lista opositora. Que testimonió que había sido trasladada en un vehículo oficial de la Municipalidad, donde la estaba esperando el propio Vega: “Fue un verdadero apriete, y se dio cuenta que el Dr. Vega tenía absoluto conocimiento de los delegados opositores al sindicato. En el año ’76, mientras vivía en el Barrio SEP, hubo allanamientos deteniéndose a varias personas”.

A comienzos de 1977, la intervención pasó a manos del suboficial mayor Flavio Vicente Domínguez, quien no solo ratificó en el cargo al “Canco” Vega como asesor del sindicato, sino que además le otorgó un “poder general para pleitos” judiciales con amplias facultades. Hecho que demuestra, según la doctora Martínez, “la confianza ilimitada” que tenían la intervención militar del SEP en Vega.

En base a toda estas probanzas, la justicia rechazó la querella contra Martínez entablada por Vega, y condenó a este al pago de las costas. Quién además se vio impedido de integrar la Comisión de la Memoria a propuesta de la Universidad de Córdoba.

http://vegacontramartinez.blogspot.com.ar/2007/11/querella-juan-carlos-vega-contra-mara.html

La torpe defensa que intento Vega en su alegato en ella, fue decir que se sentía “orgulloso” de su labor, porque aseguró que había aceptado ese cargo, para “preservar el sindicato y la vida de sus autoridades”. Curiosamente, ese orgulloso no figura en el currículum que confeccionó para la Cámara de Diputados cuando asumió una banca para el partido Coalición Cívica de Elisa Carrió. Como así tampoco, su labor en la gestión municipal de su suegro Crucet.

Así como se ven, estos dos abogados son los que alzan las banderas de la ética y del respeto ante la ley en la provincia de Córdoba, para robustecer el apoyo electoral al frente 1PAIS, de la mano de Margarita Stolbizer y Sergio Massa, presentándolos como la alternativa progresista contra la fuerza oficialista de Cambiemos. Aun cuando esta construcción de color “progre” se cimienta con negros manchones en su pasado.-

Ver Massa, Camaño, Stolbizer y Carrió: ¿Los nuevos socios de Odebrecht y IECSA?

Comentarios de Facebook

También se puede ver

Compravotos: Cambiemos tira desde el éter el 10% del circulante monetario sobre el electorado pobre

El presidente Macri dijo que no estaba dispuesto