El bloque UNA, encabezada por Sergio Massa, otorgó el quorum en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, donde dieron su voto en forma dividida. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo es una amnistía a favor de IECSA y Odebrecht, y los ejecutivos brasileños que pagaron coimas en Argentina. Tanto diputados massistas que votaron a favor como en contra, la calificaron de “inconstitucional”, un “mamarracho”, y “ley Calcaterra”. No obstante muchos de ellos, incluida la diputada Margarita Stolbizer, socia política de Massa autoerigida como fiscal de la corrupción de K, la votó a favor. Otro tanto hizo Lilita Carrió, decana en esa función. La trastienda de entendimientos que aún están en trámite, por parte de quienes declaman luchar contra la corrupción, pero según de quién se trate.
Por Lea Ross | @LeandroRoss
El miércoles 28 de junio, pasadas las 21hs., se aprobó en forma general el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, presentada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no se llegó ni siquiera a un consenso en el debate del Artículo 1 de ella, y por eso se pasó a un cuarto intermedio para continuar el debate el próximo miércoles 5 de julio.
El polémico proyecto propone sancionar el cohecho internacional, para que nuestro país juzgue a los argentinos que paguen coimas en otros países. Y que el Código Penal abarque no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas –sociedades y empresas- involucradas en delitos contra la administración pública y cohecho internacional.
Sin embargo, tal como lo expuso este portal, el original posibilitaba que los brasileños que pagaron coimas en Argentina, quedarán indemnes en nuestro país (artículos 1 y 2) por un efecto de reciprocidad. Lo cual que era justamente la exigencia de Odebrecht, para que sus ejecutivos solo fueran juzgados en Brasil.
Además mediante el “artículo IECSA” (nº 5) se le otorgaba también la indemnidad a toda empresa que cambiara de dueño y transformara su estatuto. Qué precisamente fue lo que hizo la constructora de la familia Calcaterra Macri, IECSA, que este año fue comprada por el empresario Marcelo Mindlin y pasó a llamarse SACDE.
Finalmente otra serie de artículos (del 21 al 27) que podrían llamarse “el articulado Odebrecht”, establecían la posibilidad de que esta compañía brasileña llegue a un “acuerdo de colaboración eficaz” con la Justicia. Mediante el cumplimiento de muy benévolas medidas, al punto que algunas de ellas podrían considerarse como pamplinas.
Ver Cómo Odebrecht tiene al presidente Macri agarrado de las…
Con semejante proyecto de ley, era de esperar una actitud seria y sagaz por parte de los sectores de la oposición. Y más todavía por parte de aquellos que en sus respectivos discursos se enfocan en una acérrima lucha contra los ilícitos económicos perpetrados contra el estado. Pero no fue así.
A último momento varios opositores en Diputados, hicieron lo que en la década de los 90 se conocía como la “gran Jarosvlasky”, que Elisa Carrió denunciaba durante el kirchnerismo. Tongo legislativo con el que el líder de la bancada de la UCR, que luego terminó en un absoluto desprestigio, otorgaba el quorum y calculadamente maniobraba el voto a favor, en contra, o de abstención, para que el PJ menemista pudiera sacar adelante sus perniciosas leyes en contra del país.
http://tn.com.ar/politica/carrio-hoy-van-a-hacer-la-gran-jaroslavsky_045543
Y en este caso para que el oficialismo pudiera sancionar esta especie de Ley de Amnistía, para salvar al presidente Mauricio Macri del mega-escándalo del Lava Jato importado de Brasil, y mantener los negocios espurios de Odebrecht en nuestro país
Además varios integrante del Frente por una Nueva Argentina (UNA) cuyo líder es el actual candidato a senador Sergio Massa, confesaron públicamente que el proyecto es “inconstitucional”, un “mamarracho”, denominándolo como la “ley Calcaterra”. Y a pesar de esto, varios de ellos otorgaron su voto positivo, incurriendo así en una flagrante “mala praxis”, parecida a la de la sanción de la ley del 2×1.
Entre los votos positivos, figura el de Margarita Stolbizer en representación de su partido GEN, quien consideró con críticas, que la iniciativa es un avance contra la corrupción. La ex-socialista registró un frente electoral con Massa bajo el nombre de 1PAIS, para disputar las PASO en agosto de este año.
Tanto Massa como Stolbizer han denostado la corrupción K, y de vez en cuando lo vienen haciendo con la corrupción macrista. Sin embargo, lo ocurrido el miércoles pasado, muestra una vez más la dualidad, doble cara, o tartufismo típico de la política argentina. Donde los relatos electorales, no se condicen a la hora de ejercer las acciones políticas desde sus bancas. Generando una mayor sospecha sobre qué tan grandes son los tentáculos de Odebrecht en Argentina, a la hora de corromper distintas figuras de la arena política.
Por dos twits
Ese miércoles por la mañana, vencida la hora programada para iniciar la sesión en Diputados, en el recinto permanecía una escueta cantidad de legisladores. Por lo que el diputado kirchnerista Héctor Recalde pidió la suspensión del tratamiento.
Inmediatamente, la diputada de UNA o 1País, Graciela Camaño, salió a responderle duramente, diciendo que había que tener más paciencia. Y anticipó su apoyo al dictamen propuesto por el oficialismo, no obstante las críticas que se le formulan:
“Se trata de un proyecto de ley de máxima importancia. Nuestro bloque no coincide con el proyecto del oficialismo. Tampoco coincide con los acuerdos que el oficialismo logró en su propio dictamen. Pero nosotros tenemos el convencimiento que tenemos que discutir este tema (…). Porque no queremos ni empresarios corruptos ni funcionarios corruptos. Por eso es necesario discutir este tema. Porque late en todos, el escándalo de las empresas que han coimeado funcionarios de los gobiernos anteriores”.
Tras la intervención de Camaño, se logró llegar al quórum, procediendo a dar tratamiento a los distintos proyectos agendados, entre ellos el de Responsabilidad Penal Empresaria. Sin embargo, un inesperado detonante emergió en la discusión entre massistas y macristas, por una cuestión de lo más banal que se podría imaginarse.
La provocó el diputado del PRO, Eduardo Amadeo, quien mientras Camaño realizada su discurso para dar tiempo a que sus pares entraran a la Cámara, publicó en su cuenta de Twitter dos mensajes: “¿Por qué el massismo y el kirchnerismo no nos dan número para votar la ley contra empresarios corruptos?”. “Otra vez los K y el Frente Renovador se juntan para que no podamos votar la ley penal contra empresarios corruptos. ¿Por qué será?”.
Ver Eduardo AMADEO, el delegado del Tío Sam
Al leer esos mensajes, a la diputada Camaño se le pusieron los pelos de punta, e instó a su par Amadeo, en una segunda intervención, que borrara ambas publicaciones. Y seguidamente terminó cometiendo un sincericidio, lejos de la liviandad con que había armado en su primera intervención. Al reconocer increíblemente, que el proyecto que apoyaba, esconde cláusulas para beneficiar a las empresas. En particular a IECSA / SACDE y Odebrecht:
“Queda claro que el bloque del oficialismo no ha venido a pelear contra la corrupción. ¡Ha venido a hacer una tapadera con una mala ley y a tratar de sacar el provecho político! ¡No quieren una ley, quieren buscar una salida a los empresarios corruptos! Porque si realmente quisieran una ley, no estarían haciendo una ley que viole la Constitución”.
“Discutamos la ley. Y le vamos a decir a dónde de la ley estamos observando la connivencia con los empresarios y el bloque del oficialismo. Pero jamás vamos a tolerar que se están haciendo operaciones políticas”.
El macrista Amadeo se limitó a responder “con la verdad, ni ofendo ni temo”. Y ratificó su planteo de que existe un acuerdo entre el kirchnerismo y el massismo para boicotear el proyecto. A pesar de que el bloque de Massa terminó votando en general a favor del proyecto, cosa que no hicieron los K.
Por su parte, el diputado porteño de UNA y 1Pais, Marco Lavagna, también reconoció que el proyecto permite “zafar” a empresarios corruptos. Pero aun así, votó a favor de la iniciativa:
“Creemos que es un dictamen que le permite a los empresarios corruptos, zafarse de algunas cuestiones legales y penales. Entonces, queremos debatir la ley. Discutamos como corresponda y lleguemos a sacar una media sanción donde no haya ni corruptos que vayan sueltos, ni empresarios que queden sueltos. Es la simple cuestión que tenemos que resolver en el día de hoy”.
Un diputado del bloque massista que expuso su disidencia fue Raúl Pérez, de la provincia de Buenos Aires. Las inquietudes apuntaban a los escuetos castigos con que se penarían a los empresarios y definió al dictamen como la “ley Calcaterra”:
“Este intento de proyecto de ley por parte del oficialismo tiene dos cosas. Por un lado, un perfecto montaje, un escenario, una explicación pomposa a la sociedad, pero con un propósito absolutamente diferente. Es decir, el presidente Macri esconde un verdadero propósito, y que está vinculado, no al título de la ley, sino a generar una inmunidad para una serie de propietarios, empresarios, personas de carne y hueso, que no van a ser otra cosa que, a lo sumo, pagar una multa y después caminar por las calles de nuestro país, muy panchos, en su situación de cómplices de cohecho en la República Argentina”.
“Entonces, cuando digo de cuál es el propósito del presidente Macri, si lograran un número para sancionar este disparate, va a tener un nombre histórico esta ley, que va a ser la Ley Calcaterra. Entonces, no jodamos más”.
Finalmente, en su última intervención, previa a la votación, Camaño volvió a endurecerse contra el proyecto de ley, a pesar que seguidamente su voto fue positivo. A su lado, estaba el líder de su frente, Sergio Massa, con ropa informal y mirada muy atenta y acechante, en momentos posteriores a que Pérez dio a entender que su voto por la “Ley Calcaterra” sería negativo.
Camaño expuso una serie de casos de corrupción que involucran al macrismo, desde la asunción de Macri como presidente. Y terminó expresando una mayor crítica contra el dictamen, muy alejada del apoyo liviano que hizo en su primera intervención. Quedando la duda de por qué apoyó un proyecto, que reconoció que es inconstitucional:
“El proyecto es malo. Porque generas atajos. Porque hay partes del proyecto que son absolutamente inconstitucionales. Y esto lo sabe cualquier abogado recién recibido. (…) Nosotros queremos votar este proyecto. Y nos queremos ir hoy con un proyecto de ley en serio (…). El dictamen del oficialismo es muy malo. Es un dictamen que tiene una mirada parcial, que busca acomodar determinadas cosas que no pasan acá adentro, gracias a Dios”.
Las preocupaciones de Stolbizer
En la mitad del debate le tocó el turno a Margarita Stolbizer, en representación de su partido GEN. Quien como introducción declaró sinuosamente en sintonía con el massismo, “la norma es un avance, pero es insuficiente”:
“Pero no puedo desquitar dos méritos. Por un lado, avanzar en una norma que no teníamos. Y la segunda, es cumplir con una deuda que teníamos desde hace mucho tiempo, que es cumplir con los compromisos que tenía la Argentina cuando asumió con las Naciones Unidas contra la corrupción y, obviamente, cuando asumimos en la lucha contra el soborno trasnacional.”
“Ahora, ¿cuál es el avance o mérito de este proyecto? Es que va más allá de esos compromisos ya asumidos, en el sentido en que la norma no solo se aplica al soborno de los argentinos en el extranjero y en los extranjeros en la Argentina, sino también que estamos incluyendo el pago de sobornos de adentro de nuestro país, de empresas adentro de la Argentina”.
Sin embargo, tratando de tomar distancia tanto del gobierno actual como el anterior, y a la hora de justificar su voto positivo, Stolbizer remarcó que el proyecto en si no garantiza una solución a sus “preocupaciones”, sobre las incompatibilidades en las funciones públicas. Donde se saca provecho para los negocios familiares, tanto de los Kirchner (Hotesur), como de los Macri (obra pública, caso Avianca, Correo Argentino) ya que el proyecto apunta específicamente a empresarios que están por fuera de la administración pública:
“Quiero compartir algunas cosas que se dijo, sobre la cosmética gatopardista que puedan tener estos proyectos, que a veces terminan en no otra cosa que la intención de disimular que estamos haciendo algo, cuando en realidad no se está haciendo nada. Lo que hace es “hagamos de cuenta que se está haciendo algo, y en lugar de cambiemos lo que hacemos es sigamos”’.
“Por esa razón nos preocupa, que cuando hablamos de corrupción estamos hablando de los delitos de poder, y cuando hablamos de delito de poder hablamos de delito de poder económico y político. Nos preocupa los intentos del Poder Ejecutivo de hacerse de funciones jurisdiccionales que no le corresponden. De la misma manera, que nos preocupa la continuidad de la confusión entre los negocios privados con el manejo de los recursos públicos. Y fundamentalmente, los negocios familiares”.
“Nos preocupa que, así como había núcleos de familia que ejercían una actividad comercial hotelera siendo contratistas del Estado, hoy con los que gobiernan también sean un acceso a manejos de negocios como la venta de acciones en las autopistas, en la venta de acciones en la aviación, el negocio del Correo y demás. No se resuelven estas cuestiones con esta norma. Ese tipo de norma no resuelve este tipo de comportamientos”.
Pero no obstante Stolbizer voto afirmativamente a favor la misma, tanto en general, como en particular al primer artículo de ella, cuyo resultado negativo motivó una súbita interrupción de la sesión.
Proyecto aprobado en general, artículo 1 rechazado
Alrededor de las nueve de la noche, y después del rechazo a la moción de que el proyecto volviera a discutirse en comisión, se sometió a votación la aprobación en general del proyecto. El resultado fue de 131 votos a favor, 63 en contra, y 7 abstenciones. Con un acalorado aplauso, distintos bloques festejaron con el supuesto avance de la lucha contra la corrupción empresarial.
Ver Nomina votantes afirmativos, negativos, abstenciones, y ausentes
Luego se procedió al debate de cada uno de los artículos. E increíblemente, la sesión quedó frenada de por sí en el Artículo 1, nada menos en el que se precisa el objeto de la ley. Allí, legisladores de distintos bloques proponían reformas a la misma, para engrosar la lista de delitos cubiertos por la norma, como por ejemplo, la trata de personas y delitos ambientales.
En el momento de la votación, varios diputados quedaron confundidos de qué se iba a votar, si el artículo original, o las propuestas de reforma. A pesar de ello, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, procedió rápidamente a la votación del primer artículo, cuando a varios no les quedó claro si se votaba el original o la reforma propuesta. Por la confusión, se duplicó la cantidad de abstenciones, pasando de los 7 a 18, y los votos negativos superaron a los positivos, 86 contra 88.
Ver Nomina votantes afirmativos, negativos, abstenciones, y ausentes
Ante esa situación desesperada, la diputada Carrió del bloque Cambiemos, rápidamente salvó el destino negro que se le avizoraba al proyecto, al proponer un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, para tratar los restantes artículos. Expresando:
“Señor presidente: en primer lugar, debo decir que a lo largo de mis veinte años de participación en esta Cámara, cuando no se quiere que una iniciativa sea sancionada, se producen estas cosas. Esto se debe, simplemente, a que quieren la impunidad. De esto no tengo dudas. Siempre fue así.”
La propuesta fue aceptada mediante el alzamiento de manos por parte de los diputados de Cambiemos y Frente Renovador. No obstante que minutos antes habían rechazado un cuarto intermedio de cinco minutos propuesto por la diputada Camaño, para tratar de consensuar el artículo 1.
Asi la sesión se cerró, no sin antes soportar la sorna del diputado del bloque kirchnerista, Martín Doñate, quién apuntó directamente contra el Frente Renovador, que había renovado la maniobra de la “gran Jaroslavsky”, diciendo:
“Quiero denunciar categóricamente que este proyecto es un mamarracho. Y quiero hacer responsable, por no llevar este expediente a comisión, al bloque del Frente Renovador, que ahora va a tener que dar explicaciones de cómo va a arreglar este desaguisado, este proyecto de ley impresentable, inconstitucional como dijo la diputada Camaño en su exposición. Y que habilitaron el tratamiento. Tendrían que haber votado, como lo propuso el diputado salteño, de volver el proyecto a comisión, y no estar pasando este escándalo de mamarracho impresentable de este proyecto de ley que no sabemos qué es”.
El Frente Renovador o 1PAIS ¿involucrados en las coimas de Odebrecht?
¿Pero qué razones tendrían Sergio Massa y Margarita Stolbizer para tratar de aprobar en forma vergonzante esta iniciativa de Mauricio Macri, que permite hacer zafar a las constructoras IECSA / SACDE y Odebrecht. A la par que sus mismos integrantes reconocen que la iniciativa es “inconstitucional”, y les permite a los empresarios “zafar” o “tomar atajos”, calificándola incluso como “ley Calcaterra”?
Hace tiempo que se vienen deslizando sospechas respecto que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, estaría involucrado en el gran entramado de coimas tejido por Odebrecht en nuestro país. Señalando en particular el origen de los fondos para sus campañas electorales.
Las mismas provendrían de las irregularidades financieras del “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”, la mega-obra potabilizadora de agua de la región de Nordelta, uno de los negocios argentinos de Odebrecht, que lo comparte con socios locales, entre ellos el Grupo Roggio.
Ver El Grupo Roggio involucrado en las coimas de Odebrecht
Las obras, que datan de 2008 y todavía están inconclusas, tendría una capacidad de producción de 900 millones de litros diarios de agua potable, destinados a los partidos de San Isidro, San Martin, Vicente López y Tigre; este último, el partido donde Massa fue su intendente y comenzó su crecimiento político. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, hasta diciembre de 2012, el valor del contrato se incrementó en un 78% respecto del monto contractual original.
En ese entonces, la gestión municipal del Tigre, bajo las órdenes de Sergio Massa (en ese entonces, estaba en las filas del kirchnerismo) otorgó una serie de exenciones impositivas municipales para las compañías a la hora de emprender ese proyecto, que prometía durar 36 meses, y que actualmente está por cumplir una década de existencia.
En abril pasado, Odebrecht fue multado por 32 millones de pesos por los atrasos de la obra. Hoy, a partir de las sospechas de sobreprecios, y con las especulaciones de que parte de las famosas coimas de 35 millones de dólares que habría efectuado la empresa brasilera en nuestro país, fueron por esa obra, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado llevan adelante una investigación sobre ese contrato. Que derivó en los allanamientos en mayo pasado de las oficinas de las cuatro empresas que conforman la UTE que lo detenta: Odebrecht Argentina, Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C. y Jose Cartellone Construcciones Civiles S.A.
Antes de estos allanamientos, el 30 de abril de 2017, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en el diario La Nación, que una de las filiales controladas por Odebrecht, Braskem S.A., aportó fondos de 500.000 pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015. Pero que, a la vez, citando como fuente a un operador de la constructora de Brasil, aseveró que también entregaron fondos para Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, a pesar de no figurar en la nómina de aportantes de cada uno de sus respetivos partidos. No obstante los nombrados desmintieron esa versión.
A comienzos de junio pasado, el blog de periodismo de investigación Eldatoclave, con la firma de la periodista Marina Ulloa, publicó una nota asegurando que Odebrecht aportó dinero para las campañas de Massa, Stolbizer y del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Quien fue candidato a presidente de la Nación por el frente UNA, junto con el tigrense Massa. La nota estaba basada como fuente reservada, en uno de los fiscales que investiga las distintas causas de Odebrecht en Argentina, y fue republicada por distintos portales K.
Según Ulloa, se trataría de 3 millones de dólares, que se le habrían suministrado entre 2013 y 2015 para la conformación de UNA, y la disputa presidencial en las PASO de 2015 entre Massa y De la Sota. Una fecha clave sería el 20 de julio de 2014, cuando ambos candidatos se juntaron en la ciudad cordobesa de La Falda, y allí según Ulloa, “cerraron un acuerdo para recibir dinero para la campaña, cuando Massa aún tenía aspiraciones presidenciales”.
Precisamente, De la Sota anunció en las redes sociales, en mayo pasado, que no sería candidato en las presentes elecciones. Justo un día después de que los medios de comunicación confirmaron que el operador de Odebrecht, Leonardo Meirelles, confesó en videoconferencia al juez Casanello y al fiscal Delgado, que le transfirió 850.000 dólares al mejor amigo del presidente, Gustavo Arribas, y que todas las transferencias que realizaba eran para coimas. Sin embargo, el interrogatorio apuntaba específicamente al caso de los negocios de la Planta Potabilizadora del Tigre, que habría posibilitado las coimas para la creación del frente UNA y su campaña presidencial.
De hecho, De la Sota quedó envuelto en un escándalo después de las elecciones, cuando en su nómina de aportantes apareció un “N.N.” como el responsable de entregar la mitad de los fondos: 5 millones de pesos. Según el equipo delasotista, en realidad se trató de una generalización, debido a que no le alcanzaron los tiempos para detallar los nombres y los apellidos de quienes dieron sus billetes para la campaña “De la Sota Presidente 2015”.
Si tomamos que las cotizaciones del dólar en ese entonces eran de aproximadamente 8 pesos, los 3 millones de dólares equivaldrían a 24 millones de pesos. Con los cuales, esos cinco millones tranquilamente podían provenir de los dólares que menciona la periodista Ulloa.
De ser ciertas esas versiones, Sergio Massa y el Frente Renovador, hoy 1País, que lo lleva como candidato a senador junto con Stolbizer, se encontraría en una situación muy compleja. Que explicaría su postura enteramente confusa en relación con este proyecto de ley. Y también los socarrones comentarios del diputado Amadeo, “con la verdad no ofendo ni temo”.
Por un lado, le resultaría altamente inquietante la posibilidad que se garantice la indemnidad de los coimeadores brasileños, para que señalen a los coimeados argentinos, donde podría ser señalado él y su compañero de fórmula De la Sota. Y por otro lado no puede oponerse a la sanción de la ley, porque así revelaría que le teme a sus efectos. Conforme insinúa el diputado Amadeo, sacando de quicio a la diputada Camaño.
Razón por la cual, como señaló Carrió, solo le habría quedado la actitud dual de empiojar su sanción. O eventualmente introducir cambios que le sean tanto a él como a sus socios de Frente Renovador, UNA, y 1País, lo menos dañinos posible.
De ser así, en una situación aún más compleja se encontraría Margarita Stolbizer, que tras la salida del kircherismo, imitó la estrategia de Carrió, convirtiéndose en denunciadora serial contra CFK. Haciendo leña del árbol caído, en evidente complicidad con jueces y fiscales, que le suministraban material para ello, y los grandes medios anti K, que le brindan sus generosos espacios.
Así ganó un aurea anticorrupción que interesó a Massa, y la llevó al matrimonio político con este. Para encontrarse ahora que el mismo podría mancharla para siempre, en relación a su imagen anticorrupción esforzadamente construída en el último año y medio.
Las distracciones del Gobierno
Por su parte el Gobierno, desplegó una estrategia distractiva para lograr la sanción de ese escabroso proyecto de ley. Así, a la par que repartía gases y palos en la 9 de Julio, como para atraer la atención de los medios, en plena sesión se anunció que Odebrecht se retiraba de la faraónica obra del Soterramiento del Tren Sarmiento. Mediante transferirle su parte del 33 % a su socia italiana Ghella, en la UTE que comparte con IECSA – SACDE y la española Comsa.
Lo cual es un evidente gatopardismo empresarial, si uno revisa los correos electrónicos, incautados a la computadora de los ejecutivos de Odebrecht, analizados por la policía judicial de Brasil. Tal como lo expuso Striptease del Poder, en una de las reuniones pautadas para el pago de coimas del Soterramiento del Tren Sarmiento, figuraba el nombre de Lourenço Ghella, de la empresa GHELLA, quien no pudo participar en una junta programada para abril de 2010, y fue reemplazado por Ricardo Dinna.
Y tanto Ghella como Dinna trabajaron con Ángelo Calcaterra Macri en el Grupo ODS, conformada por empresas de distintas ramas, cuya cabeza era IECSA. Estando claro en los mencionados mail, que tanto IECSA como GHELLA participaron en las reuniones a la hora de pautar las coimas desde Brasil, de las que ahora se achaca exclusivamente a Odebrecht.
Ver Odebrecht: cruce de las rutas del dinero K y MM
Para este miércoles 5 de julio, está previsto debatir en Diputados los restantes artículos del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que ofende la dignidad del Congreso. No obstante existen muy pocas expectativas de que se generen cambios sustanciales en su articulado. Que permita convertir esta ley de Amnistía en una verdadera herramienta legal en la lucha contra las corporaciones criminales, y del cohecho como su principal instrumento para incidir en la política.
Al haber sido impulsada por un Gobierno, cuya cabeza es parte de una familia, que en solo medio siglo se enriqueció inusitadamente, en base a sus criminales negocios con el Estado, dejando al hoy famoso Lázaro Báez a la altura de un aprendiz. A la par que Argentina se hundía en la debacle y la pobreza. Y ahora, chapoteando en esos turbios antecedentes, a la par que enarbola la bandera anticorrupción con su socia Carrio, pretende salvarse de toda culpa por ello.
Incluso con la vehemente ayuda por parte de esta, jugada a todo o nada al éxito electoral de Cambiemos. Olvidando los principios que sostuvo en solitario durante años, y le brindaron un aurea anticorrupción, que ahora perversamente lo usa para proteger a corruptos impresentables. A cambio del módico paga de obtener para ella y su elenco, expectables posiciones en las listas de candidatos, y en el Gobierno.
Aventura legislativa que a su vez está facilitada por una oposición cooperante, sospechada también de estar involucrada en negociados y acuerdos espurios. Y que en el caso del Frente Renovador, Una, hoy 1País, fue esencial para que el actual Gobierno pudiera sacar adelante medidas de extrema corrupción.
Como la derogación de la ley de medios mediante un DNU, a favor del grupo Clarin, afrentando lo dispuesto quiérase o no previamente por el Congreso y la Corte Suprema, con un acto propio de un golpe de Estado. O el permitir que los grandes grupos económicos, entre ellos Clarín, se llevaran las acciones de la ANSES por dos monedas.
Ver El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES
O la amnistía otorgada a las notables personalidades y empresas, entre ellas la cúpula de ese mismo grupo, que estaban encartadas penalmente por evasión y lavado, como consecuencia de las distintas filtraciones financieras que hubo en Argentina y en el mundo. Sin exigencia alguna de repatriar lo fugado, pese la enorme carencia de capitales y enorme pobreza que existe en el país.-
El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos
O el permitir que el Gobierno financiera la mega obra del Soterramiento de Odebrecht y IECSA con 45 mil millones de pesos, mediante un DNU. No obstante que los contratistas debían proveer el financiamiento, y estar en discusión ese monto por la existencia de enormes sobreprecios. Razón por la que entre macrismo y massismo, la única diferencia parecen ser dos letras.-
Ver Macri, Calcaterra y Odebrecht, con ayuda de los K, enterraron 45 mil millones de pesos con el Soterramiento del Sarmiento
Ver también:
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