Además de proveerle generosos fondos, y aguantar sus desplantes, a toda costa el presidente Macri pretende sacar adelante el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que implica una virtual amnistía a favor de Odebrecht. Y de su socia en la faraónica obra del Soterramiento del Sarmiento, IECSA. Ex propiedad de él y su familia, luego de su primo hermano Angelo Calcaterra Macri, y hoy propiedad de Marcelo Mindlin con el nombre de SACDE. Y estas conductas se explican porque tanto Odebrecht como Mindlin fueron figuras determinantes para la aprobación fraudulenta del acuerdo preventivo en el concurso de Correo Argentino, propiedad del grupo Macri, como testaferros de este. Acuerdo que si se cae conforme la impugnación efectuada por la fiscal Gabriela Boquín, y la postura que había adoptado el ex Procurador Carlos Balbín, podría arrastrar a la quiebra a todas las empresas de la familia del presidente.
Por Javier Llorens
En la nota LAVA JATO: El plan de Macri para amnistiar a IECSA, Odebrecht y los faraónicos negocios de soterramiento de trenes, encarcelando ex funcionarios K, se analizó el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado al Congreso, a la par que el escándalo del Lava Jato Odebrecht adquiría dimensiones continentales. Revelando que claramente era un proyecto, no para hacerle trampas a la ley, sino una ley con trampas, con nombres y apellidos.
Concretamente el proyecto tenía un artículo (nº 5) que podría llamarse IECSA. Ya que preveía que quedaba absolutamente indemne de dicha ley, toda empresa que cambiara de dueño y transformara su estatuto. Como simultáneamente hizo IECSA, que fue comprada por el grupo Mindlin y pasó a llamarse SACDE (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico).
Y además otra serie de artículos (del 21 al 27) podían llamarse Odebrecht, dado que establecían la posibilidad de que esta empresa llegara a un “acuerdo de colaboración eficaz” con la Justicia, que la dejara totalmente indemne, casi igual que IECSA. Mediante el cumplimiento de muy benévolas medidas, al punto que algunas de ellas podrían considerarse como pamplinas.
Los aprietes de Odebrecht
Posteriormente a principios de este año, el escándalo del Lava Jato se encrespó, con la denuncia que efectuó el arrepentido brasileño Leonardo Meirelles, contra el jefe de la AFI (Agencia de Inteligencia) Gustavo Arribas, inquilino e íntimo amigo del presidente Macri. Declarando que por orden de Odebrecht había tramitado el pagos de coimas a su favor, por un monto de 850 mil dólares.
Cuya causa la justicia argentina, reconocida por la dependencia que tiene hacia el Poder Ejecutivo de turno, se encargó de cerrar velozmente. Con un sobreseimiento a favor de Arribas, que impide que la causa se reabra, como si se tratara de una cuestión de Estado. No obstante que no se habían terminado de recolectar las pruebas, razón por la cual lo máximo que podría haberse dictado legalmente era una falta de mérito, concretándose así lo que ahora se llama una “sentencia irrita”.
La explicación que dejo trascender el Gobierno, era que esa denuncia era una falsedad, con la que Odebrecht procuraba chantajear al presidente Macri, pegándole a una persona estrechamente ligada a él. Al punto de habitar hoy el departamento donde vivía, antes de trasladarse a la Quinta presidencial de Olivos.
La displicencia de Odebrecht ante las amenazas del Gobierno
Luego mientras el escándalo del Lava Jato seguía en ascenso, destacándose la inopia por parte de Argentina ante él en forma inversa a lo sucedido en otros países, el novelón siguió con el supuesto ultimátum cursado por el Gobierno. Intimando a Odebrecht a que en 48 hs revelara quienes habían sido los receptores argentinos de sus coimas, y depositara 35 millones de dólares a cuenta de futuras multas. Bajo apercibimiento de despojarla de todas sus obras en el país, comenzando con la del Soterramiento del Sarmiento, e iniciar descomunales demandas contra la firma.
Ver https://www.clarin.com/opinion/ultimatum-gobierno-odebrecht-acuerdo-demanda_0_HyaK3MRZW.html
Sin embargo Odebrecht ni se dignó responder ese ultimátum, y luego displicentemente le propuso al Gobierno, que no tenía inconvenientes de irse del país, siempre y cuando se la indemnizara cuantiosamente, y se preservara la indemnidad para sus ejecutivos. Mencionándose el pago de una cifra de 203 millones de dólares, que no incluiría la indemnización correspondiente al faraónico proyecto del Sarmiento.
A la par que se multiplicaban los trascendidos desde la Presidencia, de que Odebrecht abandonaría esta mega obra, que tiene en consorcio con IECSA – SACDE, la española COMSA; y la italiana Ghella. En cuya UTE “Nuevo Sarmiento” detenta nada menos que el 50 %, y en la cual Odebrecht supuestamente iba a aportar el financiamiento.
Los aportes del Gobierno a Odebrecht
No obstante quién finalmente aportó el financiamiento fue el Estado argentino, mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) dictado por el actual Gobierno a mediados del año pasado, con una partida presupuestaria de nada menos que 45 mil millones de pesos. El cual abusando del generó, el presidente Macri se lo hizo firmar a la vicepresidenta Gabriela Michetti mientras él se encontraba de viaje, como para simular que no había conflicto de intereses.
Otro tanto hizo la ANSES, la que también el año pasado le brindó a Odebrechet los fondos para la concreción de las obras de los grandes gasoductos en Córdoba, para la que dicha firma también tenía que aportar el financiamiento. Mientras que el Gobierno y los obsecuentes medios oficialistas, trataban de distraer la atención, señalando que la Procuradora Alejandra Gils Carbó era la responsable de que a Odebrecht no se la pusiera en vereda, para que supuestamente no revelara a los funcionarios K que habrían recibidos coimas de ella.
Ver Macri, Schiaretti y Caputo traspasaron 260 millones de dólares del ANSES a Odebrecht
La adecuación del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria
Ahora se informa que desesperadamente, jugándose a todo o nada con el quórum, Cambiemos va a tratar en estos días de dar media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de Responsabilidad Empresaria. En el cual en el informe de mayoría emitido por las comisiones de Legislación Penal y Legislación General, se cayó la cláusula IECSA, porque resultaba absolutamente desvergonzada, e insostenible hasta para el macrista mas furibundo (Orden del Día nº 1367).
Y las pamplinas fijadas en el proyecto del Poder Ejecutivo en las cláusulas Odebrecht, a las que ahora tendrá que acogerse IECSA – SACDE, fueron atemperadas al grado de benignas. Ya que ahora se prevé el pago de una comodísima multa “en concepto de medida reparatoria integral”, de al menos el 0,1 % de los ingresos brutos anuales. Que por los tres mil millones de dólares de la mega obra del soterramiento del Sarmiento, solo serían tres millones de dólares.
Más “la restitución de los bienes o ganancias obtenidos como consecuencia de los hechos reconocidos y/o el valor equivalente”. Además de otras pamplinas optativas, como la de “prestar un determinado servicio en favor de la comunidad; aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo; e implementar un programa de integridad o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente”. (art 22, inc. a hasta e).
Pero al proyecto, con el cuento de que una ley penal no puede ser retroactiva, se le agregó una cláusula envenenada. Que por un lado establece implícitamente, que las empresas no pueden ser perseguidas judicialmente por sus actos pasados, consagrando así su indemnidad judicial.
Y además expresamente establece que ellas no obstante podrán acogerse a un “Acuerdo administrativo” voluntario, de “colaboración eficaz en los mismos términos previstos en los artículos 20 a 27, por hechos anteriores a la sanción de la presente ley”. Previendo que en tal caso “intervendrá únicamente la Procuración del Tesoro… que deberá contar con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación. O autoridad equivalente en otros poderes y en las jurisdicciones locales.”
Estableciendo así que será la administración del presidente Macri, la que exclusivamente intervendrá respecto los ilícitos perpetrados por IECSA, la empresa que fue de su propiedad, y su socio Odebrecht, cuyo presidente brasileño Marcelo Odebrecht cumple actualmente una pena de 19 años de prisión.
En el Orden del Dia de Diputados, seguidamente al dictamen de la mayoría, con la firma del diputado Juan Giordano de Izquierda Socialista, se encuentra uno de los informes de minoría, que indignadamente dice: “… con el argumento de que “está haciendo algo contra la corrupción”, sin embargo, este proyecto implica lo contrario. Es para salvar a las empresas corruptas y que continúen en la impunidad. Es una vía libre para que sigan adelante con los actos de corrupción y sus negocios capitalistas con la obra pública, como ocurre con Odebrecht con el faraónico soterramiento del Sarmiento”.
Por su parte Pablo López, diputado por Salta del Frente de Izquierda, en el siguiente informe de minoría expresó: “Es necesario rechazar este proyecto porque se trata de un fraude para ocultar la real magnitud que ha tomado la corrupción tanto bajo el gobierno kirchnerista, como del gobierno del presidente Macri.”
“El escándalo Odebrecht de Brasil ha repercutido directamente sobre la sociedad y la economía argentinas salpicando tanto a De Vido, el ministro de la obra pública de los K, señalado públicamente por diversos empresarios porque antes de cualquier licitación, los que querían ganar debían depositarle el 15 % de coima, o las empresas de Calcaterra (primo del presidente Macri) implicado en turbias licitaciones de grandes emprendimientos como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, o De la Sota (el socio político de Massa) denunciado por sospechosas licitaciones en los gasoductos cordobeses.”
El fraude en la causa de Correo Argentino que tiene atrapado a Macri de las…
¿Porque razón el presidente Macri ha sido tan extremadamente condescendiente con Odebrecht, facilitándole su Gobierno abundantes fondos para sus obras, en medio del escándalo del Lava Jato. Y lanzando a la par un desvergonzado proyecto de ley, para que tanto Odebrecht, como su primo hermano Angelo Calcaterra Macri y IECSA, puedan zafar limpiamente por sus inconductas. Postura que a su vez despedaza la cultivada imagen de Cambiemos en torno a la lucha contra corrupción. Soportando además los desplantes de Odebrecht, como si este fuera en realidad la autoridad en Argentina?
El interrogante a esta respuesta lo brinda un reciente dictamen de la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, en la causa del concurso de Correo Argentino, propiedad del grupo Macri. Donde ampliando anteriores dictámenes de principios de año, denuncia lo que sería el más grave fraude perpetrado por Correo, Argentino con vistas a lograr un acuerdo preventivo en el concurso, que dicha magistrada tacho como “abusivo”.
Ver ESTADO AGUANTADERO (I): La macriavélica historia de Correo Argentino
Al respecto Boquín expresó que para conseguir la aprobación de las mayorías del capital de la deuda exigida en el concurso, tuvieron un peso determinante los votos favorables del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por más de 194 millones de dólares; del Banco Rio, por más de 31 millones de dólares; y de CFI (Corporación Financiera Internacional) por más de 179 millones de dólares. Configurando en total una deuda del grupo Macri hacia ellos de 404 millones de dólares, que con sus intereses compensatorios y punitorios desde el 2001, representan hoy un monto cercano a los mil millones de dólares.
Boquín apunta al respecto que el primer juez interviniente en la causa, Eduardo Favier Dubois, categorizó especialmente al CFI como acreedor accionista, y al BID en una categoría especial, como acreedor en moneda extranjera. Apuntando que por ello dos de esos acreedores mayoritarios no podían entrar en la categoría de acreedores comunes. No obstante luego ellos fueron recategorizados por la jueza Marta Cirullo, pese estar firme y ser cosa juzgada las categorías establecidas por Favier Dubois.
Ello fue posible, conforme detalla Boquín en su dictamen, porque tanto el BID como el CFI le cedieron sus acreencias al Meinl Bank AG. Y a ello se sumó la cesión que hicieron los Banco Rio y Galicia a favor del BST (Banco de Servicios y Transacciones). Y la explicación de estas inusitadas cesiones de créditos, a cobrar con una quita del orden del 99 % según la propuesta concretada por el grupo Macri, que representa una virtual condonación de deuda, resulta ser horrible para la Republica, conforme lo insinúa la fiscal Boquín en la página 97 de su dictamen.
La clave del intríngulis la aporta SIDECO Americana SA, la empresa que controla Correo Argentino. Que a su vez tiene como accionista a SOCMA SA con un 60 %, y a Inversid SA, con otro 40 %. E Inversid a su vez, tiene el 90 % por ciento de SOCMA.
En el último balance presentado ante la CNV (Comisión Nacional de Valores) por SIDECO Americana, correspondiente al año 2015, figura que esta compañía tiene dada como garantía prendaria de sus deudas a favor del Meinl Bank AG, 93.183.300 acciones de Socma, y 16.626.899 acciones de Inversid.
Siendo este el último balance publicado por SIDECO, dado que en mayo del 2016, en el mismo mes que se concretó la presentación del representante del Estado Juan Manuel Mocorea en la causa de Correo Argentino, que facilitó el acuerdo preventivo impugnado luego por la fiscal Boquín, el presidente de SIDECO, Edgardo Poyard, informó a la CNV que la empresa se retiraba de la cotización en la bolsa. Y que, por lo tanto, no entregaría más información sobre sus balances.
Lo cual explica que en realidad las deudas del CFI y el BID, habrían sido compradas por Correo Argentino a través y con un crédito del Meinl Bank AG. Quien a su vez con esa adquisición actuaría como testaferro del grupo Macri en el concurso de acreedores, para posibilitar la aprobación del leonino acuerdo preventivo propuesto por Correo Argentino.
Y el círculo se cierra definitivamente, si se tiene en cuenta que el actual accionista controlante del Meinl Bank, es nada menos que Odebrecht. La mega constructora socia de los Macri en distintos emprendimientos, entre ellos el faraónico Soterramiento del Sarmiento, protagonista del mega escándalo continental de corrupción que se investiga en Brasil con el nombre de Lava Jato.
Meinl Bank es un banco austríaco con sede en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. Su titular, Julius Meinl, fue arrestado en Austria e investigado por un presunto fraude y lavado de dinero, por un total de 750 millones de euros. En el 2010 Odebretch compró el 51 % de sus acciones y según averiguó el Poder Judicial brasileño, a través de ese banco se pagaron coimas por 1.600 millones de dólares a través de 49 empresas offshore.
Con respecto la deuda de Correo Argentino con el Banco Rio y Banco Galicia, comprada por el BST, también se verifica una vuelta de tuerca que gira exactamente sobre lo mismo. Ya que el vicepresidente de esta entidad era Marcelo Midlin, quien ahora es el supuesto comprador de IECSA, la constructora del grupo Macri, que luego pasó supuestamente a manos de Calcaterra Macri. Y ahora con el cambio de nombre de SACDE, como para borrar rastros y acogerse al frustrado proyecto de ley, detenta Mindlin.
Igual que en el caso de Meinl Bank, el BST de Midlin y sus socios también fueron acusados en el 2013 de lavado de dinero, por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Conforme distintos ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) enviados por diferentes entidades bancarias a la UIF (Unidad de Información Financiera) entre 2009 y 2010.
Reportando “la inyección de más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas… Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”.
No obstante a fines del 2014, los imputados fueron sigilosamente absueltos por el juez Ariel Lijo, quien parece ser la imagen de la Justicia tuerta, que la reparte en forma desigual y acomodaticia, según de quién se trate. Dictando veloces sobreseimientos a favor del Gobierno de turno, y veloces procesamientos contra quienes lo detentaron anteriormente.
http://www.lapoliticaonline.com/nota/89767/
Resulta evidente entonces que este fraude perpetrado en la causa del concurso de Correo Argentino, con la complicidad de Odebrecht y Midlin, es la razón por la que el presidente de los argentinos Mauricio Macri, está agarrado de las pelotas por estos inescrupulosos empresarios.
Que pueden derribar al grupo Macri de un soplo, llevando a la quiebra Correo Argentino, y extendiéndola a todo el grupo, si se rectifican de la aprobación dada al acuerdo preventivo propuesto por Correo Argentino en su inusitado proceso concursal. Actualmente impugnado ante la justicia comercial por la fiscal Boquín, con reserva del caso federal.
El que también fue objetado por el ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, en su memorándum al respecto. Razón por la que en 48 hs fue volado de su puesto, junto con sus adjuntos, siendo reemplazado por Bernardo Saravia Frías, un abogado del grupo Macri. Siendo esto motivo de una próxima nota con título: ESTADO AGUANTADERO (II): Macri echó al Procurador Balbín por la causa del Correo, y puso un abogado del grupo Macri para adulterar su dictamen.
La simple moraleja de esta situación, es que para enfrentar la corrupción, es indispensable no serlo, ni haber sido, ni estar relacionado con prácticas corruptas, y menos aún haber construido una fortuna personal y familiar en base a estas.-
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