Junto con su esposa Adriana Urquía, familia que maneja la Aceitera General Deheza, Acevedo aparece como dueño cinco empresas offshore en el paraíso fiscal de Florida, Estados Unidos. Todas fueron creadas a finales de 2013 cuando estaba el “cepo cambiario”. Durante años, los Urquía – Acevedo, socios de Bunge, han sido beneficiados por el Estado. Con Menem, se quedaron con la concesión del tren carguero Nuevo Central Argentino (NCA). Contrato que luego re-negoció durante el kirchnerismo, mientras su cuñado Roberto Urquía era senador por el oficialismo. Con los K, también ganaron millones gracias a la Resolución 125 de Martín Lousteau. Ahora, luego de ser beneficiado por la devaluación y la quita de retenciones, estos agroindustriales reaparecen con Macri, respaldando abiertamente su política económica, cuyos principales afectados son las industrias locales.
Por Lea Ross | @LeandroRoss
El mediodía del martes 30 de mayo pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) -entidad que nuclea a los dueños de las principales industrias nacionales- disfrutaba un almuerzo bajo el calor del ascenso de su nuevo presidente. Se trata de Miguel Acevedo, uno de los pesos pesados de la industria aceitera argentina. Su trayectoria es recorrida por las oficinas de la Aceitera General Deheza (AGD), quien es actualmente el CEO de la mega empresa creada por la familia cordobesa Urquía, uno de las principales exportadoras del país y controladora del 40% del negocio de aceite envasado. Actualmente, Acevedo está casado con Adriana Urquía, una de las herederas de AGD y hermana de Roberto Urquía hijo, ex senador nacional por el kirchnerismo.
La asunción de Acevedo a la presidencia se realizó durante la Asamblea General Ordinaria y del Consejo General, quien mantendrá su cargo durante los próximos dos años.
En medio de un fuerte estancamiento en el crecimiento y desarrollo industrial del país, acompañado con la liberación de las importaciones, sería común esperar de parte de su máximo gremio empresarial una fuerte mirada crítica sobre la situación que vive el rubro. Sin embargo, para este período de la UIA no parece ser el caso. Ya de por sí, los intereses económicos de Acevedo y del clan Urquía, a la que pertenece, no se conforman con quedar amparados en los favores del Estado, sino incluso no conformarse con realiza sus respectivos aportes.
Ya que el nuevo presidente, Miguel Acevedo, como corresponde a un miembro de la alta burguesía argentina, figura como integrante de cinco sociedades offshore. Todas ellas creadas a finales del año 2013, y que actualmente siguen en actividad. Se trata de empresas radicadas en el distrito estadounidense de Florida, que forma de la lista de paraísos fiscales como modo de evadir los pagos al fisco.
Según relevamiento que hizo Strptease del Poder, se confirmaron cinco hallazgos de firmas en el Registro Público de Compañías de Florida, donde tanto Acevedo como su esposa Urquía pusieron sus nombres. Entre ellas, se puede encontrar la sociedad JADE 2204 LLC, cuya fecha de registro es el 18 de noviembre de 2013, en el distrito estadounidense de Florida, lugar predilecto de Estados Unidos para registrar empresas offshore.
Quién asesoró al flamante presidente de la UIA y la poderosa empresa aceitera para realizar los registros de estas propiedades fue el señor Álvaro Castillo, su contacto en Miami. El documento de abajo, se muestra el registro de la sociedad, hecha hace cuatro años atrás.
Mientras que el siguiente, se muestra el documento más actualizado de la sociedad presentado al departamento de registros de Florida, en enero de este año. Acevedo continúa participando de la misma.
Un día después del registro de susodicha firma, el 19 de noviembre de 2013, el mismo equipo registró otra empresa con un nombre similar: JADE 1002 LLC. Y también continúa en actividad.
Pero no solo eso. El 20 de agosto de 2013, Acevedo, Urquía y Castillo habían registrado también el TAMMA INVESTMENTS, LLC, empresa que también está en actividad y con condiciones muy parecidas a la de JADE.
También, aparece la sociedad OCEANA 906 B, LLC. Creada el primero de agosto de 2013 y luego disuelta el 29 de septiembre del año siguiente.
Una sociedad parecida aparece en el Registro de Florida. Se trata de OCEANA BAL HARBOUR 1202 SE-M, LLC. Creada con fecha del 19 de diciembre de 2013. Aparecen las mismas figuras de siempre. También sigue en actividad.
Todas estas sociedades, firmadas por el asesor Álvaro Castillo, fueron registradas bajo el domicilio de la Avenida Brickell al 1390, Suite 200 en Miami. Según los cómputos que recolectó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los mismos que destaparon los Panamá Papers, el tal Álvaro Castillo utilizó esa dirección para el armado de empresas “fantasmas”, de las cuales no se sabe quiénes son sus dueños, ni siquiera de dónde provienen. Encima no solo activadas desde Estados Unidos, sino que incluso pasan por otros paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas o Taiwán.
Miguel Acevedo, al ser esposo de Adriana Urquía forma parte este clan que durante décadas logró subir peldaños para formar parte de la oligarquía moderna argentina. Pero más que nada, gracias a la ayuda de los respectivos gobiernos que le permitieron alcanzar sus enormes negocios. Encarados por el inefable Roberto Urquía hijo, cuñado de Acevedo y hermano de la offshore Adriana, quien entabló los lazos de amistad con un joven Domingo Felipe Cavallo, mientras realizaban sus estudios universitarios en Córdoba. A partir de allí, Roberto Urquía mantendría su simpatía por la política, a tal punto de haber sido senador nacional por la provincia de Córdoba, de la mano del partido kirchnerista del Frente para la Victoria.
Como dato de color, para continuar con las sospechas offshore, desde su banca como senador, Urquía contaba como asesor al cordobés Juan Pablo Ostanelli, quien dos años después se convertiría en el secretario privado del intendente de la capital cordobesa Ramón Mestre, pero que luego fue despuesto, sospechado por recibir coimas de parte de la financiera ilegal CBI Cordubensis cuyos dueños también están ligados a los paraísos fiscales. A su vez que Ostanelli, fue descubierto de haber emprendido distintos vuelos internacionales, incluyendo paraísos fiscales como las de Florida.
Ver CBI Cordubensis: la corrupción financiera de Córdoba, conectada a empresas de Panamá
Ver Los vuelos internacionales de Ramón Mestre y su “cajero”
Entre sus comienzos lazos con Domingo Felipe Cavallo y su integración orgánica al bloque legislativo kirchnerista, los Urquía lograron aceitar sus maniobras que han tocado lo legal, debido a grandes beneficios que les ha venido otorgando el Estado Nacional, llegando incluso a expandir sus negocios en los distintos tramos del agro-negocio, desde el sector de transporte al portuario.
Y que finalmente decantó en el último tramo del período K, donde los Acevedo-Urquía comienzan armando sus propiedades offshore en pleno cepo cambiario. Y que de la mano de la actual gestión macrista no parece dejar de resbalar.
Aceitando el negocio de los granos
La Aceitera General Deheza (AGD) es la nave insignia de la familia Urquía, creada en 1948 de la mano de Adrián Urquía, en la localidad sureña cordobesa de General Deheza. Pasó de cultivar lino por girasol y maní, y hoy expandiendo sus negocios con el maíz y la soja, dedicados a la fabricación de harinas y pellets, a la producción de aceites vegetales, al biodiésel y a la glicerina refinada, siendo a la vez una de las empresas más importantes que exportan sus productos al extranjero. Tiene cuatro fábricas aceiteras, treinta acopios, dos servicios portuarios junto con Bunge y maneja el tren Nuevo Central Argentino (NCA). Tiene también tres plantas seleccionadoras de maní y una dedicada a la producción de aderezos. La mitad de su facturación viene de clientes extranjeros.
La famosa Resolución 125, redactada por el que era en ese entonces el ministro de economía Martín Lousteau, fue presentada en el 2008 por el gobierno nacional kirchnerista casi como una pre-revolución agraria, destinada a redistribuir el ingreso, cuando en realidad estuvo hecha para beneficiar a las poderosas empresas exportadoras de granos, encabezadas por Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata.
Así lo develó una denuncia penal presentada por el ex legislador Mario Cafiero donde, con datos oficiales publicados por los registros de la Aduana, demostró que durante el breve tiempo que estuvo vigente la resolución de Lousteau, las cerealeras se birlaron 1.700 millones de dólares, que correspondían a los productores o al Estado. Su denuncia fue ratificada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y obligó al Congreso de la Nación a crear una comisión para investigar a las exportadoras de granos, que jamás funcionó.
La maniobra consistió en cobrarles a los productores de soja una retención del orden del 45%, pero luego pagarle al Estado una alícuota de entre 25 y 30%, quedándose así con una millonaria e indebida ganancia. “Durante la vigencia (de la Resolución 125), casi un 80% de las exportaciones de granos y sus derivados pagaron alícuotas de entre el 25 y 30 %… A su vez sólo un 17 % tributó la alícuota de entre 30 y 35 %… Y solo un 4 % tributó la alícuota de entre 35 y 40 %, resultando irrelevantes las exportaciones que tributaron una alícuota superior al 40 %” detalla la denuncia de Cafiero.
Esto fue posible gracias a la manipulación de las Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE) de granos. Instrumento mediante el cual las cerealeras, realizan ventas futuras de granos al exterior sobre cosechas que en muchos casos ni siquiera se han sembrado. De esta manera, fijan de antemano el valor de retenciones y el precio, pudiéndose redituar muchas ganancias o pérdidas, si estos valores aumentan o disminuyen al momento de la liquidación real de la cosecha.
Comenzó en septiembre del 2007, cuando la soja alcanzó su precio máximo histórico de 350 dólares la tonelada y tenía una retención del 27,5%. Por esa fecha, las cerealeras encabezadas entre otros por los Urquía de AGD, creyendo que la cotización había llegado a su precio máximo y temiendo un aumento de las retenciones, registraron una masiva venta de granos futuras al exterior, mediante DJVE.
El problema sobrevino cuando el precio de la soja y otros granos, lejos de estancarse, siguieron subiendo hasta alcanzar en marzo de 2008, en vísperas del dictado de la resolución 125, los 575 dólares la tonelada. Estos precios, según la denuncia, implicaban millonarias pérdidas para las cerealeras del orden de los 1.600 millones de dólares por la diferencia de valores en las DJVE más otros 1.300 millones de multa, por no cumplir con ellas.
Estas pérdidas, no solo fueron evitadas enteramente con la polémica Resolución 125 -que fijó retenciones móviles de acuerdo al precio de los granos, con lo cual éste bajó a valores de fines del 2007 (350 dólares la tonelada)- sino que además, al haber congelado con las DJVE las alícuotas de las retenciones en un 27,5% esas millonarias pérdidas se transformaron en pura ganancia. Dado que mientras las cerealeras compraban la cosecha a los productores descontando una retención del orden del 45 %, luego, a la Aduana, sólo le liquidaban el 27,5 %.
Según el informe de Cafiero, en el Congreso Nacional, el aceitero Roberto Urquía se encargó de la modificar la ley de granos (N° 26.351) para permitirles a las cerealeras realizar las maniobras con las DJVE; obtener una modificación de la Resolución 125 con rebajas de las retenciones a favor de los aceiteros; y garantizar el quórum en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Agricultura, que él integraba, para que la polémica Resolución 125 sea transformada ley, cosa que evitó el famoso voto en contra de Cobos.
Ver LOS MALOS CÁLCULOS DE LOUSTEAU CON SU 125 PARA BENEFICIAR A LAS CEREALERAS
Aceitando el negocio de las aduanas con Bunge
La empresa estadounidense Bunge es una multinacional que existe desde comienzos del siglo XIX y que arribó a nuestro país a finales del mismo, mediante la firma Bunge y Born, considerada como uno de los grupos económicos más pesados del siglo XX en Argentina. En los meses de 1989, durante el primer gobierno de Carlos Menem, dos directivos de la firma, primero Miguel Ángel Roig y luego Néstor Rapanelli, aceptaron ser los primeros en ocupar el puesto del Ministerio de Economía. Allí, sentaron las bases de la economía de ese entonces, bajo el nombre informal de “plan BB”. Mientras Cavallo, desde su puesto como ministro de relaciones exteriores, ayudaba a los Urquía de AGD a apropiarse del negocio de los trenes de carga.
Desde mediados de los años ochenta, AGD emprendió la tarea de llevar a cabo el complejo agro-exportador “Terminal – 6”, ubicada en la ribera del río Paraná, junto con otras empresas. Se trata del primer puerto privado, ocupando un predio de 320 hectáreas en la localidad de Puerto Grande, provincia de Santa Fe. Hoy, comparte con el directorio con la estadounidense Bunge, dedicada en nuestro país en el negocio de aceites y distribución de fertilizantes. Desde su página web, en la Terminal “tiene lugar la molienda de soja y la producción de biodiesel y glicerina refinada. La empresa posee una capacidad de molienda de granos de soja mayor a 20.000 toneladas diarias para la producción de aceite crudo, harina proteica y pellets de cáscara. Asimismo, se lleva a cabo la producción de biodiesel y glicerina refinada para consumo interno y de exportación”.
A su vez, tanto Bunge como AGD tiene su segundo puerto santafesino, bajo el nombre de Guide S.A., en el puerto de Rosario. Se trata de una terminal de líquidos, con capacidad de almacenaje de 73.000 toneladas, donde se descargan aceites crudos y refinados, con dos muelles.
El 12 de marzo de 2007, a los pocos días de modificar la Ley de Granos, Roberto Urquía logró que el Senado aprobara la ley 26.359. Con ella se dispuso la instalación por parte del gobierno nacional, de una singular ”aduana seca” en la localidad de General Deheza, justo frente a la empresa de Urquía.
La misma cubrirá todo el sur de Córdoba y norte de La Pampa. Al respecto, el diario La Nación comentó que, con la aprobación de esa ley, Urquía había concretado el sueño de la aduana propia. Resaltó que a fines del año pasado, tras asumir la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del senado, lo primero que hizo el dueño de AGD fue poner en consideración este proyecto.
Este hecho según La Nación, “generó malestar entre sus colegas oficialistas” quienes comentaban que Urquía recién asumió “y se iba con una aduana bajo el brazo”. En los penumbrosos pasillos del senado, se rumoreaba que la sanción de dicha Ley, habría sido una retribución a al magnate sanador por sus contribuciones electorales.
Lo concreto es que esta singular ”aduana seca”, le facilitará enormemente los trámites administrativos de exportación a Urquía. Y lógicamente también generará un ambiente más propicio para que las irregularidades que hoy existen en torno a las exportaciones de cereales continúen.
Aceitando el trencito
Con la asunción de Carlos Saúl Menem a la presidencia de la Nación y de su amigo Cavallo al Ministerio de Relaciones Exteriores primero (1989) y luego de Economía (1991), Urquía sacaría provecho el decreto 666/89, que apuntaba al proceso de privatizaciones del sistema ferroviario.
Mediante el decreto 992/92, se entregó la concesión de la línea ferroviaria ”General Mitre”, hoy conocida como ”Nuevo Central Argentino” (NCA). El mismo nombre que tenía antes de la nacionalización de los ferrocarriles, cuando pertenecía al capital inglés. La ganadora sería la Aceitera General Deheza en unidad transitoria con el Banco Francés del Río de La Plata, Asociación de Cooperativas Argentinas y Román Marítima, en apoyo con la CFI (Corporación Financiera Internacional), una de las instituciones que conforman el Banco Mundial.
El NCA es actualmente una tela de araña que se extiende sobre las zonas más fértiles de Argentina. A través de él, diariamente se transportan hacia los puertos, toneladas y toneladas de productos, cuyo único destino es el exterior. Los vagones del NCA transportan semillas, maní, frutas, aceites, tabaco, alimentos industrializados, hasta los minerales que se extrae de la mina Bajo la Alumbrera. Una verdadera aspiradora de recursos naturales primarios, que son bombeados al exterior.
En ese entonces, se denunciaba que la NCA no realizó las inversiones comprometidas y acumuló una deuda con el Estado de 108 millones de pesos, por el no pago del canon, alquileres, multas, etc. Pese a ello, en agosto del 2006, consiguió que el Congreso, en medio de fuertes cuestionamientos, aprobara una renegociación del contrato muy beneficiosa para Urquía.
El senador, a pesar de que había dado su “voto no positivo” para convertir en ley a la Resolución 125, logró la renegociación del contrato por medio del Decreto 1039/09, con altos beneficios. Consiguió que la deuda de 108 millones de pesos, baje a 60 millones. Y que le condonan esos 60 millones que debía pagar, a cambio de promesas de futuras inversiones. Además, Urquía consiguió extender anticipadamente, de 10 a 15 años la eventual prórroga de la concesión, y que las millonarias inversiones que por contrato les corresponden al NCA, quedarán exclusivamente a cargo del Estado.
Estos negocios ferroviarios le cayeron muy bien a la familia Urquía. Incluso, en el año 2006, el NCA había formado junto con la empresa Emepa, la sociedad anónima Ferrocentral con la cual, siendo Roberto Urquía senador K, se quedó de manera directa con la concesiones de los ramales Tucumán-Buenos Aires, Córdoba-Buenos Aires, el Tren de las Sierras y el Ferrourbano. Mediante esta empresa Urquía recibió de secretario de transporte Ricardo Jaime 354 millones de pesos en subsidios y contrataciones directas.
Ver Los millonarios negocios de Jaime con los empresarios Roggio, Urquia y Cirigliano
Macri, entre los dólar-futuro y la reforma tributaria, hasta las elecciones
En cuanto a Mauricio Macri, la familia Urquía ya había sido beneficiado incluso antes de que el actual presidente recibiera su mando. Esto es porque AGD había sacado provecho a los contratos de los dólar-futuro. Había dado el 54 % de los 55 millones de dólares en contratos que apostó, después de la primera vuelta electoral de 2015, concentradas buena parte de ellas entre los días 16 y 18 de noviembre. Con apuestas cortitas para fines de diciembre 2015, enero y febrero de 2016, alzándose así velozmente con un premio de 159 millones de pesos.
Ver DOLAR FUTURO: CEO´s y funcionarios que ganaron millones
Ya en su primer día como presidente de la UIA, bajo la consulta a Miguel Acevedo sobre cómo ve la economía macrista respondió que existe una “recuperación amarreta” pero que se comenzó a ver en los últimos meses. “Tal vez todavía no se reflejen en los números, pero cuando se habla con los empresarios ya arrancó“, según lo cita el portal InfoBae.
En los últimos informes de la UIA, se señala que la actividad industrial acumuló una caída del 3,1% durante el primer trimestre del presente año, mientras la producción anual de 2016 presentó una caída del 4,9% con respecto a 2015. y según el último informe mensual del INDEC, la actividad industrial de abril fue de -2,3% con respecto al mismo mes de 2016, mientras que el primer trimestre de este año fue de -2,4% en comparación al año pasado.
Un par de días antes de asumir el cargo, Acevedo fue consultado por el mismo portal sobre cómo ve la relación entre el discurso optimista del Gobierno y la situación de las industrias: “Acostumbro viajar e ir a las provincias, y estar con las industrias. La reacción es diversa. La mayoría de las empresas están tratando de capear el temporal, vendrán tiempos mejores. Hay que seguir en primera, tratando de que pase el tiempo y empiece una reactivación. La industria eso lo ve: el que tiene fierros, el que ha invertido… es muy difícil, no quiere cerrar. Esas cosas no se hacen por decreto, se hacen por supervivencia. No soy un optimista a ultranza, pero soy optimista en el largo plazo”.
También, fue consultado por el diario La Capital de Rosario, donde su mirada “optimista a largo plazo” parece quedar más estrecho en el tiempo:
—Periodista: El gobierno sostiene que se está experimentando un cambio económico positivo y que los resultados llegarán tarde o temprano; y en contrario, la oposición diagnostica una debacle inexorable, en especial para los sectores de la base de la pirámide social. ¿Usted dónde se ubica?
—Miguel Acevedo: Yo veo que se está aplicando un programa gradualista, paso a paso, y significa que te encontrás con este tipo de cosas…la tendencia que veo, si se logra bajar la inflación, es que de a poco empiece a verse el crecimiento. Vemos en marzo y abril mínimo crecimiento, amarretísimo (en comparación con 2016, año con 2,3 por ciento de baja en el PBI).
—Periodista: ¿Usted confía entonces en la dirección principal de la política económica?
—Miguel Acevedo: No es que confíe. Se ha tomado rumbo económico y veremos los resultados. ¿Nos va a llevar a una salida?, hay que ver. La Argentina es complicada, tiene sectores más competitivos como el campo o la agroindustria, y tenés otros sectores que necesitás bajar más costos para que sean más competitivos. Estamos trabajando con distintos sectores; y regresan las cuotas para productos nacionales, que no se tendrían que haber sacado.
Y finalmente, en una entrevista concedida al diario El Cronista Comercial, lanzó una peculiar declaración, negando la existencia de que se haya abierto a mansalva las importaciones, que es un tema preocupante a la hora de competir con los productos locales, como así así también resaltando la preocupación por el Gobierno Nacional por laspequeñas y medianas empresas.
-Periodista: ¿Hay política industrial?
-Miguel Acevedo: La Ley Pyme la hizo este gobierno y esa es una política claramente industrial. Yo veo que se preocupan por los sectores. El tema maderero, la industria del calzado y textil con las 3 y 6 cuotas. Ahora la Ley de Compre Nacional. Son pasos para la coyuntura pero que apoyan a la industria.
-Periodista: ¿Le preocupa la evolución de las importaciones?
-Miguel Acevedo: Nos deberíamos preocupar de las importaciones de consumo o que venga una empresa china a traer cosas subsidiadas. Si uno habla con los economistas en la UIA, dicen que se está exagerando el tema importaciones. No hay una inundación de productos importados. El Gobierno está haciendo un trabajo de control. De todos modos, en la central se escuchan quejas.
Ver https://www.cronista.com/contenidos/2017/05/30/noticia_0024.html
En la tabla de abajo, también hecha por el INDEC, muestra la evolución de importaciones y exportaciones de 2007-2017. El saldo negativo estimativo para el presente año se asemeja a la del 2014, luego de que el 2015 había tenido un balance equilibrado.
No es para menos que Acevedo mantenga esa postura que, según algunos comentaristas del mundo empresarial, es mucho más blanda en comparación con otros empresarios a la hora de consultarlos sobre el desarrollo económico del macrismo. Ya que la Aceitera General Deheza, donde se desempeña Acevedo, no solo se benefició con la compra de los dólar-futuro. Sino también con las políticas iniciales de diciembre de 2015, a partir de la devaluación lanzada por el ministro Alfonso Prat Gay, más las reducciones a las retenciones agropecuarias impuestas por el decreto 133/2015. Al no poder reducir las retenciones sojeras en 5% por año, Macri decidió lanzar en enero de este año el decreto 1342/2016, para reducirlas en un 0,5% por mes hasta llegar al 18% en diciembre de 2019.
De hecho, el consorcio AGD-Bunge viene realizando una inversión de 100 millones de dólares para expandir la “Terminal 6” para la ampliación de este complejo agroindustrial, fruto del aprovechamiento de las cosechas luego de las políticas iniciales del gobierno nacional, en beneficio del sector agropecuario.
Además, un punto álgido entre la entidad gremial de la UIA y el Gobierno será la participación del primero en los intentos del macrismo por reformar el sistema tributario nacional, con la promesa de que sea más progresiva. En su discurso inaugural de su gestión en la UIA, Acevedo aseguró que las industrias pagan un 27% de los ingresos nacionales. Por ende, a la hora de compensar las pérdidas y la desaparición de pequeños y medianos emprendimientos que no logran ajustarse ante el “sinceramientos” de la tarifas de los servicios públicos, es posible que el macrismo busque ciertas compensaciones, bajo la gran duda de quiénes pagarían los costos.
Ahí entra en juego la preocupación de parte de, por ejemplo, el sector audiovisual, al observar que la renuncia del titular del INCAA, por presión del propio gobierno, se trataría de un golpe institucional, frente a una entidad autárquica, para el aprovechamiento presupuestario del mismo y ablandar ciertas recaudaciones que se nutre el cine, a partir del cobro de gravámenes provenientes del sistema de cable, negocio que quedaría amparada en la próspera discusión de la Ley de Convergencia.
Con lo cual, manteniendo a un referente del sector de la agroindustria, que ha sido muy beneficiado por las políticas del gobierno, como encargándose de manejar el sindicato empresarial de la patronal industrial, de acá hasta las previas elecciones presidenciales de 2019, todo indicaría que Mauricio Macri contará con cierto respaldo y modulacón de parte de un sector que no está teniendo el dinamismo necesario para poder salir de frente a la desregulación que se sumerge el país.
Y más viniendo de un compinche que también disfruta de las algarabías de los beneficios impositivos como solo las propiedades offshore pueden garantizar.
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