El escándalo de las coimas desatado por la poderosa constructora de Brasil Odebrecht complica en nuestro país tanto a funcionarios kirchneristas como a empresas y a faraónicas obras ligadas íntimamente con el presidente Macri. El Gobierno nacional viene manteniendo negociaciones con los abogados de la empresa brasilera para aportar información que involucre a funcionarios de la gestión anterior. Mientras tanto, presiona para que el Congreso de la Nación apruebe una Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que esconde una amnistía para la empresa constructora insignia del grupo Macri, IECSA – SACDE, traspasada ahora a Marcelo Mindlin, calificado como “el empresario favorito” del presidente. Y que conlleva además un salvataje para Odebrecht, y así lograr que IECSA – SACDE – Odebrecht, y su faraónica obra del Soterramiento del Sarmiento que tiene un monto de 45 mil millones de pesos, quede impune en esta trama del Lava Jato. Quedando así abierta la vía para otros faraónicos negocios de soterramiento, como el de la Estación Central que se pretende hacer debajo de la 9 de Julio.
Por Lea Ross | @LeandroRoss
El mega-escándalo de corrupción de Brasil, conocido como Lava Jato, sigue impactando en la República Argentina, a partir de la búsqueda de las coimas que concretó la constructora Odebrecht para la obtención de distintas obras públicas. Tras la confesión de sus empresarios, hoy en día tras las rejas por orden de la justicia brasilera, se estima que entre los años 2007 y 2014, la empresa pagó 35 millones de dólares de coimas o “propinas” para trabajar en nuestro país.
Según un informe de la policía judicial, a partir de la obtención de correos electrónicos, se cree que 20 millones de dólares se efectuaron para el avance del faraónico proyecto del Soterramiento del tren Sarmiento, a cargo del consorcio formado por la UTE IECSA – Odebrecht – COMSA – GHELLA. Obra que recientemente se pudo iniciar, gracias al aporte de fondos brindado por el actual Gobierno, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Con el que le otorgó una partida presupuestaria de 45.000 millones de pesos, no obstante que eran dichas empresas las que debían aportar la financiación.
Tal como lo explayó Striptease del Poder, uno de los empresarios implicados es Javier Sánchez Caballero, que en ese entonces era el CEO de la constructora local IECSA, socia de Odebrecht en dicho proyecto. Que hasta el 2007 pertenecía al grupo Macri, y luego fue traspasada a Ángelo Calcaterra Macri, primo hermano y ex empleado del actual presidente Mauricio Macri.
Ver Odebrecht: cruce entre la ruta del dinero K y MM
Por otra parte, la justicia argentina viene investigando las obras que Odebrecht obtuvo mediante acuerdos con la empresa de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Entre ellas, por la adjudicación de un enorme proyecto para potabilizar agua en el partido del Tigre, asociada con empresas locales, entre ellas el Grupo Roggio. Debido a las irregularidades que hubo en esa obra, al no cumplir los plazos y con sospechas de sobreprecios, se cree que otra tajada de las coimas podrían haber llegado en ese proyecto.
Ver El Grupo Roggio, implicado en las coimas de Odebrecht
El miércoles 24 de mayo al mediodía, por orden del juez Sebastián Casanello, se realizaron los allanamientos en las oficinas de Odebrecht Argentina, como así también las sedes de Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A. y Cartellone Construcciones, que conforman la UTE para ese gigantesco proyecto, todavía no terminado, de la planta Paraná de las Palmas.
Mientras la policía ejercía la intervención en los pasillos de esas empresas, el Gobierno Nacional, de la mano de su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, mantenía una reunión con los abogados de Odebrecht. En las que estos prometieron entregar información concreta sobre los delitos cometidos por sus filiales en nuestro país, a cambio de permitirle una continuidad en las mencionadas obras.
Es así que mientras el Gobierno Nacional se expone ante los medios de comunicación, preocupado por saber la verdadera historia detrás de estas coimas de la mano de Garavano. Por otro lado ha desarrollado un plan para salvar a sus empresarios, sindicados de ser testaferros y/u operadores o socios o sucesores del grupo Macri, de la mano de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. 
Cocinando la venta de IECSA y una ley de amnistía
Desde mediados del año pasado, a la par que el presidente Macri hizo firmar a la vicepresidenta Gabriela Michetti el DNU aportando los 45 mil millones para el Soterramiento del Sarmiento, se comenzó a hablar de la existencia de un anteproyecto de ley denominado Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Fue mencionado públicamente por primera vez en octubre de 2016, por parte de Laura Alonso.
Con él se propone que el Código Penal abarque no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas –sociedades y empresas- involucradas en delitos contra la administración pública y de cohecho internacional. Los castigos previstos van desde multas equivalentes a entre el 1 y 20 % de los ingresos brutos anuales de la compañía, la pérdida de subsidios, la suspensión en los registros de licitadores o proveedores, e incluso la suspensión de su personería jurídica. Cuenta con la firma y aval del jefe de gabinete Marcos Peña y del ministro Garavano, el mismo que está tratando de acordar con los abogados de Odebrecht para entregar los nombres y los apellidos de los involucrados en las coimas.
Simultáneamente los medios de comunicación habían anunciado que Ángelo Calcaterra venía planeando la venta de su empresa IECSA, para dejar de acarrearle problemas a su primo presidente. Algunos medios señalan que en realidad lo venía planeando desde que Macri obtuvo el triunfo en las presidenciales, en noviembre de 2015.
Sin embargo, su preocupación por su primo no evitó que en el año 2016, Calcaterra – IECSA obtuviera, por ejemplo, la adjudicación de los gasoductos troncales de Córdoba, junto con Odebrecht. Habiéndose visto beneficiada además esta última, con un préstamo otorgado por la ANSES, para que la obra pudiera iniciarse, no obstante que era ella la debía aportar la financiación, igual que en el Soterramiento del Sarmiento. Oportunidad en que el Presidente Macri se lució rodeado con obreros portando el casco de Odebrecht
Ver Macri, Schiaretti y Caputo traspasaron 260 millones de dólares del ANSES a Odebrecht
Ver Gasoductos Para Todos y Todas, y en especial para parientes y amigos
En marzo de 2017, en pleno escándalo por la condonación de la deuda del Correo Argentino por parte del Estado, y por la información revelada por la prensa de Brasil sobre el proyecto del Soterramiento del Sarmiento con las coimas de Odebrecht, el presidente Mauricio Macri pidió en el inicio de las sesiones parlamentarias, que se aprobara dicho proyecto del ley: “La ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado. Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debata y sancione la ley de Responsabilidad Empresaria”.
Un par de semanas después del discurso, los medios estallaron con la noticia de la venta de IECSA al empresario Marcelo Mindlin, presidente de la distribuidora de energía Edenor, y de la productora eléctrica Pampa Energía. Esta última había comprado a comienzos del año pasado, gran parte del paquete accionario de Petrobras Argentina, cuya casa matriz de origen brasilero está metida en el ojo del huracán del Lava Jato.
En rigor Mindlin, supuestamente adquirió el grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS) a los Calcaterra Macri. Holding que además de IECSA, incluye la inmobiliaria Creaurban, Fidus SGR servicios financieros, concesiones viales, y la minera Geometales.
Como ha quedado expuesto en los medios de comunicación, Mindlin tiene como socio al magnate inglés Joe Lewis, de quien el propio presidente Macri confesó en una conferencia de prensa que era su amigo, en pleno conflicto de la apropiación de tierras en Lago Escondido en la provincia de Río Negro. Pero también Mindlin tiene como socia en una offshore a Clarisa Lifsic, quien comenzó su carrera pública de la mano de Macri, al ser designada como una de las funcionarias del ministro de comunicaciones Oscar Aguad.
Quien desde su cartera puso freno a los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que perjudicaban al grupo Clarín, y fue también el que designó al representante del Estado para acordar la polémica condonación de la deuda que tenía la empresa Correo Argentino con el Estado, concesión que estaba en manos de la familia Macri y el Estado había rescindido en el 2003.
Ver El nuevo dueño de IECSA es socio offshore de la secretaria del ministro Oscar Aguad
Curiosamente en este negocio fracasado del correo, aparece nuevamente Mindlin, quien como vicepresidente del BST (Banco de Servicios y Transacciones) le compró al Banco Rio los créditos en default que este banco tenía con Correo Argentino. Habiendo denunciado la fiscal Gabriela Boqúin, que esto sería parte de una maniobra fraudulenta, para que Correo Argentino del grupo Macri, pudiera obtener las mayorías necesarias en la Junta de Acreedores, para aprobar el acuerdo que había propuesto en su concurso de acreedores. Al que esta fiscal calificó como una “propuesta abusiva”, que representaba una virtual “condonación” de las deudas de Correo Argentino.
O sea que Mindlin habría actuado como una pantalla del grupo Macri. Y algo parecido evidencia haber sucedido en relación al Soterramiento del Sarmiento, y la constructora insignia de los Macri, IECSA. Cuya compra por parte de Mindlin fue hecha pública en el Boletín Oficial del 22 de marzo. Informando que la presidencia había pasado a manos de su hermano, Damián Miguel Mindlin. Sin embargo, se mantienen en el directorio dos de los socios de Calcaterra: Santiago Altieri y Juan Garrone.
Quién fue dado de baja fue Javier Sánchez Caballero, curiosamente el hombre de IECSA que aparece en los e-mails para pactar las coimas junto con Odebrecht. A su vez, la empresa anunció en la misma publicación su cambio de nombre de IECSA a SACDE SA (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA). Y la modificación de su estatuto social.
Un mes y medio después, y veinte días antes de los allanamientos a Odebrecht Argentina, Laura Alonso declaró en un foro sobre marketing empresarial respecto ese proyecto de ley: “Argentina necesita la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Es muy importante que se apruebe una ley que penalice prácticas de corrupción en el país y en el exterior”.
Actualmente, tras haber ganado el escándalo Lava Jato Odebrecht la primera plana de los medios, algunos de estos informan que en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el oficialismo está tratando a toda costa de impulsar dicho proyecto, con miras a tratar de aprobarlo al menos con media sanción en julio. Por su parte algunos funcionarios del bloque Cambiemos y columnistas de los medios masivos de comunicación, sobretodo del grupo Clarín, vienen lanzando visiones muy favorables sobre este proyecto, como un avance para castigar a la corrupción.
En una columna escrita para la Agencia Télam, la diputada nacional Graciela Burgos, de la UCR de Jujuy y aliada del gobernador Gerardo Morales, señaló lo siguiente a mediados de marzo, cuando el proyecto ya había entrado a la comisión de diputados:
“Es oportuno que se sancione esta iniciativa para otorgar una herramienta más a la justicia en la lucha contra la corrupción e ir logrando un mercado y un estado cada vez más transparente y sano para la sociedad. Las personas jurídicas se constituyen y obtienen la calidad de sujetos de derechos con la finalidad de ejecutar actos lícitos, para lo cual poseen una existencia propia, real y legalmente distinta de los miembros que la componen, por lo que las hace pasible de responsabilidades y penas en forma independiente a la responsabilidad de sus administradores, socios, miembros o gerentes que hayan participado en la consumación del delito”.
Por su parte, recientemente, el columnista del diario Clarín, Fernando González, escribió un artículo aseverando que mientras realizaba sus viajes por el continente asiático, Macri llamó dos veces a Garavano para conocer los avances en el acuerdo con los abogados de la constructora brasilera. El artículo, titulado “Macri ve la mano de Gils Carbó detrás del caso Odebrecht”, tiene como remate la insistencia en que el proyecto de ley debe ser aprobado:
“En Brasil, gracias al sistema de ‘delación premiada’ fueron 77 los empleados de la constructora que declararon. Pero en la Argentina no existe ese instrumento judicial. En las negociaciones que cruzan a Odebrecht, el Gobierno y la Justicia argentina se está planteando la alternativa de la ley de protección a testigos arrepentidos que puede reducir las penas pero no extinguirlas. En este caso, sería de utilidad la ley de Responsabilidad Penal de las Empresas, que duerme en el Congreso frenada por legisladores del peronismo tras la oportuna presión de algunos sectores empresarios”.
Ver https://www.clarin.com/opinion/macri-ve-mano-gils-carbo-detras-caso-odebrecht_0_r1-Rl5yWb.html
Por su parte el mismo ministro de Justicia Garavano dijo recientemente: “En paralelo estamos trabajamos con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Auditoría General de la Nación (AGN) en la versión de los dictámenes en comisiones del Congreso sobre la ley de responsabilidades penales empresarias, porque se sacaba el acuerdo de colaboración, y el Gobierno considera que debe estar porque es la herramienta para resolver hechos de corrupción”. Más adelante se explica en consiste ese “acuerdo de colaboración”
Es decir, que mientras el bloque Cambiemos en su conjunto apoyaría la iniciativa del proyecto -algo no menor, ya que el frente oficialista está en medio de discusiones internas que se han agudizado luego del polémico fallo del 2×1 de la Corte Suprema, y las disputas entre radicales y macristas por los espacios en las listas electorales de este año- los medios de comunicación apuntarían la culpa por los atrasos del proyecto a los legisladores del peronismo, acusándolos implícitamente de estar involucrados en la defraudación empresarial.
Sin embargo, detrás de este proyecto, se esconde una trampa que permite salvar a los socios empresarios del presidente Mauricio Macri, involucrados en las coimas de Odebrecht, con tal de evitar que les caiga el castigo por parte del Estado, mientras el propio Estado se presenta como un paladín contra el dinero sucio de la constructora brasilera. Y muestra que más que una ley anticorrupción, no es más que una ley de encubrimiento de ella.
La clave IECSA
Una de las claves está en el Artículo 5 del proyecto de ley, que le calza como anillo al dedo a IECSA SACDE. Bajo el nombre de Responsabilidad sucesoria, el artículo dice que “en los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria” la entidad sucesora “no será responsable cuando se hubiesen adoptado las diligencias adecuadas para conocer la situación económica y legal de la entidad en los términos del artículo 31, inciso k) de la presente ley, y se dispusieran medidas correctivas u orientadas a evitar la repetición de hechos semejantes al momento de concluirse la modificación societaria de que se trate”.
En el mensaje del proyecto de ley, confirmando plenamente esa intención, se sostiene que el Artículo 5 “busca diluir la responsabilidad de las personas jurídicas por medio de la transformación societaria, cuya utilización la experiencia ha mostrado repetidamente”. Por su parte el Artículo 31 inciso k), se refiere a que dentro de un “Programa de Integridad” destinado a detectar hechos delictivos de las empresas, se haya concretado la “debida diligencia durante los procesos de transformación societarias y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades de la personas jurídicas involucradas”.
Tal como está redactado este artículo, sumado al cambio de nombre, autoridades, y estatuto, travistiendo a IECSA en SACDE, el mismo representa una amnistía total a favor de esta firma, que apesta a grupo Macri, sin ninguna otra responsabilidad ulterior. Pese estar acusado su presidente Sánchez Caballero, de intervenir directamente con Odebrecht en lo conciliábulos para el pago de las coimas.
En un reportaje concedido a Perfil, Mindlin se negó a informar respecto el precio pagado, pero trascendió que el mismo rondaría entre los 40 y los 60 millones de dólares. Lo cual suena una cifra insignificante para una constructora que detenta contratos largamente por encima de los 3.000 millones de dólares. En el transcurso del mismo se dio el siguiente diálogo, en el cual Mindlin insinúa que como corresponde, se ha practicado la “debida diligencia” que exige el proyecto de ley, para poder zafar limpiamente del embrollo en que IECSA se encontraba metida por su sociedad con Odebrecht.
Perfil —¿Las denuncias en torno a Iecsa le bajaron el precio?
Mindlin —No tengo la menor idea. Nosotros negociamos duro. Algunos dicen que compramos muy barato Petrobras Brasil. Nuestro rol como empresario es comprar barato.
Perfil —¿Meterse en obra pública es meterse en una zona de riesgo político, viendo lo que pasa en Brasil con Odebrecht?
Mindlin —Para nosotros es un potencial enorme. Queremos una empresa de excelencia. Estamos controlados y auditados.
Ver http://www.perfil.com/economia/mindlin-compro-iecsa-cambio-al-ceo-investigado-y-suma-empresas.phtml
La clave Odebrecht y otras
No obstante esta ley con espíritu de amnistía, está lejos de acabar allí. Dado que además ella modifica el artículo 1° del Código Penal, ampliando la jurisdicción del Estado Nacional para el juzgamiento de ciudadanos argentinos o de personas jurídicas domiciliadas en territorio argentino, en los casos de coimas a un funcionario público extranjero, a lo que denomina “cohecho trasnacional”.
Pero como para que quede claro que eso es una obligación simétrica, conforme la demanda efectuada por Odebrecht de que sus ejecutivos coimeros sean juzgados en Brasil, el mensaje del proyecto de ley se remite al artículo 7 de la Convención de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Que dispone “que los países firmantes apliquen su legislación interna respecto del cohecho de un funcionario público extranjero, sin tener en cuenta el lugar en el que ocurrió el ilícito”. Sustrayendo así a los coimeros brasileños de la jurisdicción argentina.
Sin embargo la cosa no acaba allí, dado que además el proyecto de ley establece la figura de la “colaboración eficaz”, por parte de la empresa o persona jurídica, en los casos contra la administración pública. Algo parecido a la “delación premiada” que existe en Brasil, por la que el delator puede quedar libre de culpa y cargo, y la del “arrepentido” que existe en Argentina, que puede lograr una reducción de sus penas.
Prevé además que dicha “colaboración eficaz”, entre una empresa implicada en algún delito contra el Estado Nacional, o por cohecho como los de Odebrecht, se tiene que plasmar en un acuerdo, negociado discretamente entre la empresa y Ministerio Público Fiscal (art 21). Que recién puede tomar estado público si es aprobado por el juez (art 22). Y seguidamente se establecen las “condiciones” que debe tener ese acuerdo, a cumplir por parte de la empresa criminal. Dentro de las cuales, como un menú de opciones, el acuerdo debe contener al menos tres de ellas. La lista completa de esas condiciones es la siguiente (artículo 23):
- Pagar la multa equivalente al mínimo de un 1% a los ingresos brutos anuales.
- Restituir las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito.
- Realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado.
- Prestar un determinado servicio en favor de la comunidad.
- Aplicar medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo.
- Implementar un programa de integridad en los términos del artículo 30 de la
presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente.
Como puede observarse, los puntos a) y b) pautan un castigo monetario, que va desde una multa o la restitución de lo robado. Mientras que el resto de los puntos, que son cuatro -es decir, más de tres- son definidos mediante una redacción vaga e imprecisa, y que además más que benignos, parecen irrisorios.
El punto c) habla de “realizar las acciones necesarias para reparar el daño causado”, sin especificar qué acciones concretas se refieren como para “reparar” el daño. Si se trata de un resarcimiento económico, este se puede reemplazar con la multa mínima del 1 % que fija en el punto a), remitiéndose al artículo que fija esta cifra mínima. A la cual el integrante de la comisión de Diputados Pablo Tonelli, integrante también del Estudio Tonelli, que tiene como cliente al Correo Argentino, propuso incluso reducirla al 0,5 %. O sea una cifra insignificante, inferior a la que se paga por el sellado de un contrato.
Además una empresa criminal como Odebrecht, podría optar por otras condiciones en ese blondo menú de opciones o múltiple choice. Como la del punto d) donde se propone ambiguamente que la empresa haga un “servicio en favor a la comunidad”. O sea algo así como una tarea comunitaria, como las que deben cumplir módicamente las personas con penas en suspenso (probation).
O la del punto e) proponiendo el castigo por su cuenta –“medidas disciplinarias”- a las personas involucradas en el acto ilícito. Y casualmente, el ex empresario de IECSA que estaría más involucrado en las coimas de Odebrecht, Javier Sánchez Caballero, quedó fuera del directorio de SACDE. Recordemos que dentro de los mensajes de correos electrónicos, analizados por la policía judicial de Brasil, aparece el nombre de este personaje en una reunión con el CEO de la filial argentina, Mauricio Couri Ribeiro (Odebrecht Argentina) el día 10 de junio de 2010.
El encuentro entre Sánchez de Caballero y Couri Ribeiro apuntaba, entre otros aspectos, a establecerse a sí mismos como nexos directos para la transferencias de coimas, bajo el mote de “Dgi’s – Contacto directo”. Según las investigaciones, “Dgi” es el código o acrónimo que utilizaban los empresarios para referirse el pago de coimas o “propinas”.
Pero además al hablar vagamente sobre “quienes hayan participado”, podría incluirse a empleados de diversa índole y jerarquía, que hayan intervenido cumpliendo órdenes de arriba, de una u otra manera, en transacciones o acuerdos espurios. Por última otras de las condiciones que podría ofrecer una empresa criminal como Odebrecht, es la de implementar un “Programa de Integridad”, que es la última condición posible.
Según el proyecto, el Programa de Integridad es “adecuado cuando guarda relación con los riesgos propios de la actividad que realiza la persona jurídica, con su dimensión, y con su capacidad económica, a los fines de prevenir, detectar y corregir y poner en conocimiento ante las autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados por esta ley”. (art 30)
Tras esa genérica e imprecisa descripción, en el siguiente artículo (31) lindando con la cháchara, se establecen los elementos que entre otros podría contar el Programa de Integridad. Consistente en un código de ética, o algo parecido; reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en concursos y licitaciones; la extensión del código de ética a socios y proveedores; el apoyo al programa por parte de la alta dirección; canales de denuncia abiertos a terceros; una política de protección de denunciantes; un sistema de investigación interna; procedimientos para comprobar la integridad de terceros o socios; la debida diligencia en los procesos de transformación societaria ya mencionada; el monitoreo periódico del Programa de Integridad; y la existencia de un responsable a cargo del mismo.
La ley de irresponsabilidad penal empresaria
Claramente se observa así que el proyecto no se trata de una ley de responsabilidad penal empresaria, sino todo lo contrario. O sea un ley de irresponsabilidad penal empresaria, en esta emergente crisis de criminalidad empresaria, para ofrecerles múltiples salidas a las empresas criminales que se encuentran involucradas. Comenzando por IECSA, que se podrá ir por la puerta grande con su transformación en SACDE.
Y seguida por Odebrecht y otras, a las que se les ofrece múltiples módicas vías de escape. Mediante trabajos comunitarios, despidos a personal, participar de un programa para “prevenir” futuros hechos. O cualquier otra actividad que permita “arreglar” el daño, pagando un importe simbólico incluso del 1 % o menos. Muy lejos de tener que pagar la estrambótica multa del 20%, que tanta difusión la han dado los medios a la hora de hablar de este proyecto.
E incluso con la posibilidad de no tener que pagar ni un solo peso, para así obtener la indemnidad por las matufias e ilícitos perpetrados en el pasado, y el certificado de legalidad y decencia, para continuar no solo con las faraónicas obras en curso, sino también para emprender nuevos proyectos faraónicos. Como el soterramiento de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros, para concentrarlos en una sola Estación Central debajo de la nueve de Julio, mediante la excavación de 16 kilómetros de túneles debajo la Ciudad de Buenos Aires.
Otra faraónica obra, que había sido anunciada por el Gobierno de la CABA en el 2015, cuando el Jefe de Gobierno era Macri, y que fue ratificada por este el año pasado como presidente de la Nación. A la par que aportaba los fondos por lanzar la obra del Soterramiento del Sarmiento, e impulsaba el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que permitiría que quienes concretan la obra del Sarmiento, sigan con el negocio de cribar los suelos de Buenos Aires con la mega tuneladora que importaron desde Italia.
https://www.clarin.com/ciudades/avanza-estacion-trenes-debajo-obelisco_0_HyQxG40j.html
A la par el Gobierno insiste en obtener y exponer la nómina completa de funcionarios públicos que han recibido las coimas o “propinas” de la constructora brasilera, que seguramente serán todos funcionarios kirchneristas. Para de esta manera, tirándolos a la parrilla de la indignación pública, hacer aceptable la amnistía otorgada a los mega empresarios que las pagaron.
Liberando así enteramente al que paga por la peca, y condenando al que peca por la paga, remembrando la poesía de Juana Inés de la Cruz. Pero sin averiguar nada de nada de la peca, que en el caso del Soterramiento del Sarmiento consistiría en un sobreprecio de mil millones de dólares, demandado como reajuste del contrato por la UTE IECSA – Odebrecht – COMSA – GHELLA, que habría sido uno de los motivos de la demora en la iniciación de las obras por parte del anterior gobierno, y fue convalidado por el actual Gobierno.
Logrando así el doble objetivo, de seguir malgastando la imagen del kirchnerismo como fuerza política, y frenar sus intentos por recuperar sus espacios en el Congreso, en las próximas elecciones legislativas. Que de no ser así, el actual oficialismo mostraría una fuerte debilidad en apoyo, con peligro de perder las elecciones presidenciales de 2019.
Paralelamente el Gobierno mantiene sus intentos de destituir a Alejandra Gils Carbó, titular de la Procuración General de la Nación, que es el órgano que controla los fiscales, que lo viene dando desde su asunción al poder, sin tener éxito alguno. En este caso, acusándola de perseguir solo a los empresarios locales, sin ir a la cacería de los funcionarios públicos de ese entonces, debido a la empatía de Gils Carbó con el kirchnerismo.
Sobre todo a partir de que el ex “valijero” de Odebrecht, Leonardo Meirelles, confirmó ante la justicia que también había enviado fondos al amigo e inquilino de Macri y actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Y que se sospecha que podría haber actuado como un intermediario entre las empresas de Odebrecht e IECSA para la circulación de coimas, y así avanzar en las obras del Sarmiento.
Ver Odebrecht: el Banco Central cubrió al jefe de los espías Gustavo Arribas
Ver Maurico Macri y Gustavo Arribas: del tráfico de jugadores a Odebrecht
Sin embargo, hay que decir que las investigaciones de Casanello junto con el fiscal Federico Delgado, apuntan a Odebrecht por la obra de potabilización del Tigre, de la cual no participó IECSA, y que involucraría directamente a los directivos de la empresa semi-estatal Aysa, y de la cartera que estuvo a cargo del ex secretario K de obras públicas, José López, detenido por intentar esconder bolsos con millones de dólares.
Por ende, mientras por un lado desde el gobierno, de la mano de Garavano, tratan de llegar a un acuerdo con Odebrecht para buscar el modo de otorgar los nombres y apellidos de los kirchneristas involucrados en los 35 millones de dólares en coimas. Por el otro despliega todos los esfuerzos posibles no solo para seguir intentando la destitución de Gils Carbó, sino también para aprobar en el Congreso la “Ley de Amnistía”. Que no solo beneficiaría a los socios del presidente, sino también a otras empresas en situaciones similares a IECSA-SACDE y Odebrecht, garantizando la impunidad al sector criminal del empresariado argentino.
La duplicidad legislativa de Cambiemos
El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, suele repetir como una cantinela que el oficialismo se maneja con la verdad y “puso la verdad sobre la mesa después de muchos años de mentiras”. No obstante no es la primera vez que el gobierno de Cambiemos aparenta legislar una cosa, cuando en realidad legisla otra cosa muy distinta por debajo de la mesa, haciendo incluso todo lo contrario a lo que declama.
Pasó el año pasado, con el polémico contrato con las empresa Chevron, donde con una supuesta “Ley de Trasparencia Publica”, lo que hizo en realidad Cambiemos secundado por otras bancadas, fue justificar, por ley, la no entrega de este tipo de documentación, entre ellos los anexos del contrato entre YPF y Chevron, con sus cláusulas secretas que siguen escondidas para el público.
Ver PRO, K, PJ, FR, UCR, ARI y CC, todos unidos para encubrir el contrato con Chevron
Otro tanto sucedió con la ley de Participación Público Privada, con la cual lo que en realidad hizo, fue trasladar la responsabilidad por los daños ambientales de los privados hacia el Estado. Con el objeto principal de poner en explotación el yacimiento de Vaca Muerta.
Sucedió lo mismo con la promocionada Ley de “Reparación Histórica a los Jubilados”, donde los únicos realmente beneficiados, fueron los súper ricos históricos de Argentina -empresarios, banqueros, personalidades- que con esa ley recibieron una amnistía integral por la fuga de capitales y evasión al fisco, concretada en la última década, en la que desaparecieron del país cien mil millones de dólares. Y a la par les permitió recomprar en forma fraudulenta, las acciones de sus empresas que estaban en manos de la ANSES, siendo los principales beneficiados de esta medida Nicky Caputo, el “hermano del alma” del presidente Macri; y Marcelo Mindlin, que ahora aparece como una pantalla de grupo Macri.
Ver El engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos gravísimos affaires
Ver El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES
Ver El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos
También hizo lo mismo el ministro de Educación Esteban Bullrich, con su proyecto de Ley Plan Maestr@, con el supuesto propósito de mejorar la educación argentina. Cuando en realidad lo que intenta hacer es derogar la exigencia de la Ley de Financiamiento Docente, de que los recursos para la Educación lleguen como mínimo a un 6 % del PBI. Y legalizar la supresión de las paritarias nacionales con los sindicatos docentes primarios y secundarios, a las que empecinadamente se niega a convocar el Gobierno. Acorde con un sigiloso acuerdo llegado con las provincias, con la mezquina finalidad de tratar de controlar el déficit, y poder cumplir con los servicios de la deuda externa como le exigen los acreedores externos, en desmedro de lo interno.
Mientras tanto, la trama criminal del Lava Jato Odebrecht sigue revelándose de a poco por distintos países. En el caso del nuestro, las presiones de una parte y otra continúan permanentemente, en pleno campo de batalla electoral. A pesar de las mañas, esta red llamada Odebrecht se vuelve cada vez más visible, cuyos tejedores están en todos lados y todos involucrados.
Al punto tal que el denostado y encarcelado Lázaro Báez, podría verse beneficiado con la sanción de la mentada ley de Responsabilidad Penal Empresaria, para recuperar su constructora Austral, mediante arribar a un “acuerdo de colaboración eficaz”, cumpliendo con las tiernas y compasivas condiciones que se exige para ellos.-
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