Así lo denunciaron ante la justicia, el senador Fernando “Pino Solanas” junto el abogado y asesor parlamentario, Alejandro Olmos Gaona, hijo del fallecido Alejandro Olmos. Planteando que el informe que solicitó el Juez Canicoba Corral al Banco Central sobre las presuntas coimas recibidas en el caso Lava Jato Odebrecht Arribas, prueba fundamental con la que este último fue sobreseído, careció de rigor técnico y no salió de “Gerencia de Pericias Judiciales”, ni de la “Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales” como correspondía. Tampoco se usó el sistema “Swift”. Una red bancaria mundial que rápidamente permite verificar si las transferencias que se le atribuyen al jefe de los espías efectivamente existieron. Esta habría sido una de las razones por la que la Cámara revocó el veloz sobreseimiento que dictó a favor de Arribas el juez Rodolfo Canicoba Corral, al mismo tiempo que era amenazado con un jury en el Consejo de la Magistratura, y que inusitadamente sostuvo el fiscal de Cámaras German Moldes, comportándose como un defensor de Arribas.
Por Alejandro Olmos Gaona (h)*.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal Nº 6 a cargo del Dr. Federico Delgado, estimó necesario realizar una serie de medidas de prueba a los efectos de corroborar lo publicado por el periodista Hugo Alconada Moon, respecto a transferencias que el actual jefe de los Espías Gustavo Arribas habría recibido por parte de Odebrecht. Era inaceptable que solo se tuviera en cuenta una fotocopia certificada que daba cuenta de un solo giro por 70.000 dólares que él presentó.
A pesar de la declaración del periodista Alconada Moon, el juez Rodolfo Canicoba Corral, no creyó conveniente investigar con seriedad la imputación sobre coimas recibidas por Arribas y solo se pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que diera un informe, materializado por un funcionario de esa institución que aseguró que solo se trataba de una sola transferencia. Sugestivamente, de manera inmediata, la Oficina Anticorrupción se presentó en el Tribunal certificando lo mismo, y horas después el Dr. Pérez Chada, abogado de Arribas, pidió el sobreseimiento de su defendido.
Mientras esto ocurría un funcionario del Banco Central me hizo saber que los oficios judiciales van a una unidad que se llama Gerencia Administrativa Judicial a cargo del Dr. Julio Bustamante Loader quien se encarga de consultar a las áreas técnicas del BCRA cuando se trata de preguntas relacionadas con normas, datos económicos etc. y las responde. Pero si se refieren a pedidos de colaboración o asistencia judicial remitidas por jueces o fiscales donde necesitan que algún funcionario asesore o intervenga emitiendo un Informe o requieren la elaboración de una actuación pericial las envía a la Gerencia de Pericias Judiciales.
Si el tema tiene que ver con Lavado de Activos también hay un área que colabora con la Justicia y es la Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales, donde hay un grupo de contadores que se ocupan de esos pedidos.
En este caso el oficio no fue direccionado a las áreas específicas, sino a otro lugar lo que dio lugar a un informe carente del rigor técnico que debería esperarse de un experto del Banco Central de la República Argentina.
Pero además ese auditor, me confirmó que a través del sistema Swift, podía verificarse que las transferencias por más de 600.000 dólares estaban procesadas, lo que desmentía totalmente la versión del imputado. Aclaro que Swif es una red internacional de entidades financieras donde se inscriben todas las transferencias bancarias a nivel mundial. La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication fue creada en 1973, con el respaldo de 239 bancos, y se utiliza para procesar y validar los movimientos de cuentas. Sin el permiso Swif, nadie puede acceder a dineros transferidos.
El 31 de marzo a las 9 de la mañana presenté un escrito firmado por mí y el Senador Fernando Solanas, aportando toda esta información, y fotocopias de elementos que permitían al tribunal insistir sobre la verificación de las transferencias. Además de ello pedimos se investigara, quien había ordenado que los pedidos del Juzgado fueran derivados a una oficina de manifiesta incompetencia para resolver sobre estas cuestiones, y si era exacto que uno de los directores del Banco Central, de apellido Reidel, tenía una relación de amistad con el abogado de Arribas.
A las pocas horas y sin darle tiempo al Fiscal Delgado a peticionar sobre lo denunciado por Solanas y por mí, el Juez Canicoba Corral lo sobreseyó, sin esperar ningún otro informe, ni aceptar que declarara Leonardo Meirelles, como reiteradamente lo había solicitado la Fiscalía.
Ante esta situación el Fiscal, apeló el sobreseimiento, diciendo textualmente que: “peor aún, la prueba más fuerte que utilizó el Señor juez para sobreseer fue el testimonio del funcionario del Banco Central que opinó sobre la veracidad de los documentos que aportó Hugo Aleonada Moon procedentes de la justicia brasilera. Sin embargo ese testimonio quedó resentido tras la presentación de Fernando Pino Solanas y Alejandro Olmos Gaona que señalaron la posibilidad de que esa prueba haya sido manipulada y explicando a partir de que hechos llegaban a una conclusión tan grave”
Para impedir que la Cámara Federal tratara el tema, el Fiscal Germán Moldes desistió de la apelación de Delgado diciendo que “las pruebas producidas despejaron lo realmente ocurrido (existió una transferencia justificada de 70 mil dólares) y esa acreditación permite sostener que la hipótesis que presentó el requerimiento de instrucción no se corroboró. Por eso corresponde poner fin a la investigación”
Hace unos días el Fiscal de Investigaciones Administrativas, ha intervenido en la causa estimando prematuro el sobreseimiento, a fin de que la Cámara se expida, y resuelva ahondar la investigación. La justicia aceptó la apelación por lo cual la causa se reabre para continuar adelante hasta que se sepa la verdad.
Para confirmar nuestras presunciones, la semana pasada Meirelles declaró ante los fiscales federales, que había transferencias por 850.000 dólares, a lo que debe sumarse, que nos acaba de informar desde Brasil, un prestigioso letrado, que también debía investigarse la transferencia de los 70.000 dólares debido a que la persona que hizo el giro no tendría capacidad económica para tales pagos.
Una vez más la manipulación de la justicia y los manejos corruptos trataron de ocultar estos manejos involucrando a funcionarios del Estado.
*Abogado, asesor legislativo del senador Pino Solana, experto en Deuda Externa, hijo de Alejandro Olmos.
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