Macri y Schiaretti: unidos por el contrabando

Se conocen desde cuando Macri y su padre estuvieron procesados por el contrabando de 13 mil vehículos estando al frente de SEVEL. Causa de la cual el presidente zafó gracias a un polémico fallo de la Corte de la “mayoría automática” de Menem. Por ese entonces, Schiaretti, era Secretario de Industria y Comercio del presidente riojano, y era quien, por ley, debía controlar a la empresa de los Macri. Las pérdidas para el Estado se estimaron en 450 millones de pesos-dólares. Un escándalo con características similares a la deuda del Correo Argentino.

Por Lázaro Llorens, @lazarollorens

Dentro del peronismo, el principal aliado político que tiene el presidente y líder de Cambiemos Mauricio Macri es el gobernador de Córdoba, el ex kirchnerista, Juan Schiaretti. La ligazón es tan implacable que en Córdoba le puso los pelos de punta al radicalismo –miembro de la alianza Cambiemos- cuando se habló de una posible acuerdo electoral entre Cambiemos y el peronismo de cara a las elecciones legislativas de octubre, tal como lo propone públicamente el diputado macrista Emilio Monzó.

Y llega a tal punto que, por momentos, ha distanciado a Schiaretti de su eterno socio político José Manuel De la Sota, compañero de Sergio Massa en UNA, con quien hace 20 años monopoliza, con mano de hierro, el poder político en la provincia del cuarteto y el fernet.

 

Por eso todos los reclamos que tenía el gobierno de Córdoba con el gobierno nacional, de miles de millones de pesos, fueron rápidamente subsanados por Macri. Y por eso, las principales medidas políticas impulsadas por Macri fueron pública y legislativamente respaldadas por Schiaretti. Incluso la polémica movilidad del 24 de marzo, a pesar que el año pasado, con lágrimas de cocodrilo, el gobernador mediterráneo había concurrido a la sentencia del juicio de La Perla, donde lloró públicamente, ante las organizaciones de Derechos Humanos.

Esta alianza es tan fuerte, que el año pasado, en un acto político que rozó lo bizarro, en la localidad de Hernando, Córdoba, Macri y Schiaretti cantaron y bailaron “cola con cola”, una cumbia de Gilda ante decenas de alumnos de escuelas primarias que miraban estupefactos.

¿Pero dónde viene esta estrecha relación entre Macri y Schiaretti? ¿Hasta dónde puede llegar?

Brotó en los años de plomo, cuando Schiaretti, egresado del liceo militar, luego de militar en el peronismo, y recibirse de contador en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se exilió a San Pablo, Brasil, donde al poco tiempo se convirtió en vicepresidente de Fiat. Allí fue cobijado por Franco Macri, padre del actual presidente, entablando con ambos una estrecha relación.

El vínculo se estrechó en los 90, cuando Mauricio Macri, como presidente de -Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica- SEVEL, se dedicaba al rubro automotriz, como representante de Fiat y Peugeot. Estando al frente de esta compañía, el presidente Macri, su padre Franco y su cuñado Jorge Blanco Villegas, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), fueron procesados por evasión fiscal y contrabando de unos 13 mil vehículos con perjuicios para el Estado por 450 millones de pesos dólares.

De esta causa, escandalosa como la autocondonación de deuda del Correo Argentino, el actual presidente y sus familiares zafaron gracias a un polémico fallo de Suprema Corte de Justicia de Menem, conocida como “mayoría automática”, donde a los jueces que lo avalaron luego se les abrió juicio político y debieron abandonar sus cargos.

¿Y cómo se vincula Schiaretti en toda esta historia de piratería de automóviles?

Simple, cuando Macri padre e hijos consumaron el contrabando de los 13 mil vehículos, realizado desde Uruguay (1993), el actual gobernador de Córdoba era Secretario de Industria y Comercio de la Nación de Carlos Menem. Según denuncias judiciales, sobresueldo de por medio, pertenecía a la tropa de otro cordobés: Domingo Cavallo, quien en los ochenta había incorporado a Schiaretti a su conservador “think tank” la Fundación Mediterránea, luego de su regreso de Brasil. Había sido nombrado por el entonces presidente Menem mediante el decreto 231/91 el 11 de febrero de 1991.

En otras palabras, era el actual gobernador de Córdoba Schiaretti quien debía controlar todas las importaciones y exportaciones de vehículos y autopartes que realizaban sus ex patrones, los Macri, y que terminaron en la justicia, denunciados por contrabando y evasión.

No solamente por el cargo formal que ocupaba. Sino porque así lo establecía literalmente el decreto 2677/91, firmado por Menem y Cavallo, destinado al “reordenamiento y regulación de la industria automotriz” que los Macri, ante las narices de todos, lo transgredieron.

Su propósito principal era el equilibrio de la balanza comercial de las empresas automotrices -importaciones y exportaciones- y el porcentaje de piezas locales que debían tener los autos fabricados en Argentina, como las extranjeras SEVEL –Fiat y Peugeot- CIADEA –Renault-.

Esta normativa preveía importantes beneficios impositivos para las empresas que cumpliesen con el decreto 2677/91 respecto los “intercambio compensados”, y durísimas penas y multas, basada en una ley de la dictadura, para quienes no.

El artículo 8 establecía que las empresas terminales como SEVEL, que tenían muchas importaciones de autopartes, debían acreditar “exportaciones que como mínimo compensen en divisas, uno a uno, las importaciones”.

A su vez, si estos parámetros no se cumplían, según el artículo 25 debía aplicarse las sanciones previstas en el artículo 5 de la Ley N° 21.932”. Esto era, un decreto-ley, firmado por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura, que establecía que ante incumplimientos formales de las empresas automotrices, las multas serían de hasta “el 5% del monto actualizado del activo corriente y no corriente de la empresa”. Mientras que para otros incumplimientos la “caducidad de la autorización para la fabricación de automotores en el país” y “multas a graduar de hasta el 50% del monto actualizado del activo corriente y no corriente”. O sea que, para lo que fue el caso SEVEL, de haberse aplicado, la multinacional debería haber bajado sus persianas.

Según el decreto 2677/91, quien debía garantizar el cumplimiento de todas estas disposiciones legales, como Secretario de Industria y Comercio, era Schiaretti, ex empleado de los Macri. Textualmente lo estipulaba su artículo 25. Este establecía que “será autoridad de aplicación del presente régimen la Secretaría de Industria y Comercio, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Schiaretti) la que queda facultada para dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias para lo cual podrá requerir la colaboración de los sectores involucrados”.

Para ello, según el artículo 28, Schiaretti tenía que contratar una consultora “solventado exclusivamente con los aportes de las empresas terminales y del sector proveedor de autopiezas”, para que colabore en “el seguimiento, verificación y contralor de este régimen”. Seguimiento que nunca se realizó.

El contrabando

¿Cumplió Schiaretti con los las leyes estipuladas en el decreto 2677/91 de Menem y Cavallo? Absolutamente no. Con sus maniobras de contrabando, Macri padre e hijo, lo trasgredieron burdamente, mientras que el ex empleado de Fiat, Schiaretti, miraba para otro lado, dado que, como Secretario de Industria y Comercio, nunca vio absolutamente nada anómalo.

Funcionaba así: trasgrediendo el decreto 2677/91, SEVEL Argentina, exportaba (autovendía) autopartes a SEVEL Uruguay. Allí, en el país oriental, los armaba y a través de la firma Opalsen S.A., cuyo directorio lo conformaban los propios ejecutivos de SEVEL, los importaba de nuevo a la Argentina, como automóviles terminados comprados por personas particulares.

Mediante esta calesita, SEVEL, cobraba reintegros por las falsas exportaciones; no pagaba algunos impuesto por las importaciones, al presentarlos en la aduana como compras de clientes particulares; y sobre todo, compensaba su balanza comercial, algo difícil en el rubro automotriz, fingiendo un “intercambio compensado” que no existía. Así evitó pagar las millonarias multas que debía labrarle Schiaretti por incumplir con la balanza comercial.

Toda esta maniobra, que según estimaciones osciló enn los 450 millones de pesos dólares, los Macri la realizaron frente a las narices de Schiaretti, sin que éste registrara absolutamente nada. A pesar que, como lo establecía el artículo 26 decreto 2766/91, era él como Secretario de Industria y Comercio, quien debía controlar a SEVEL y estos sensibles aspectos del mercado automotriz. Nada de eso hizo.

Si el actual gobernador cordobés hubiese aplicado las sanciones establecidas en el decreto 2766/91, constatando estas acciones de contrabando, SEVEL, además de importantes multas, prácticamente debería haber bajado las persianas. Dado que las faltas graves estipulaban la caducidad de la autorización para seguir produciendo en el país, y multas del 50% del activo de la empresa.

Sin embargo, nada vio el contador Schiaretti quien, el 17 de diciembre de 1993, cuando los Macri llevaron adelante sus rebuscadas maniobras de evasión y contrabando, abandonó abruptamente la Secretaría de Industria y Comercio y fue nombrado por Menem, mediante el decreto 2583/93, como interventor federal de Santiago del Estero.

En la provincia de la chacarera, el cordobés aplicó un durísimo plan de ajuste, que acabó en 1995 con una revuelta popular y múltiples denuncias de corrupción. Entre ellas, la aparición de una cuenta en Suiza por 3 millones de dólares.

Sobreseimiento trucho

Si este grosero contrabando de autos, ante la vista gorda de Schiaretti, fue escandaloso, no menos lo fue la manera con la cual la justicia dejó libre de culpa y cargo al actual presidente, su padre y cuñado en el 2002, alegando la doctrina de “non bis in ídem” o “cosa juzgada”.

Sus abogados fueron los constitucionalistas, Ricardo Gil Lavedra, quién había adquirido prestigio como juez de la Cámara Federal que juzgo a los integrantes de las cúpulas militares en la dictadura, y luego se desempeñó como ministro durante el Gobierno de la Alianza, conjuez de la Corte menemista, y diputado de la UCR, siendo actualmente defensora de la vicepresidente Gabriela Michetti en la causa por lavado de dinero. Y Alejandro Carrió, ex abogado del Grupo Clarín, y primo de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió. Quien en junio del 2015, durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, a través de las páginas del diario La Nación, llamó a una desobediencia civil por sentir “una situación límite en la lucha por el Estado de Derecho”.

La causa N °2646, caratulada “Macri, Francisco y Martínez, Raúl s/ evasión fiscal y presunto contrabando” la inició la DGI –actual AFIP- en 1994, ante el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro a cargo del juez Roberto Marquevich, donde denunció a toda la directiva de SEVEL de haber realizado maniobras en 1993 en la comercialización de automotores al amparo del decreto 2677/91, orientadas a defraudar al fisco tanto en relación con el IVA como con el impuesto a las ganancias.

Durante la investigación, fueron indagados dos despachantes de aduana. Uno de ellos Enrique Francisco Siquier, a quien tras un allanamiento en su casa se le secuestraron 56 sellos de distintas reparticiones oficiales falsos. Quién luego fue condenado a cuatro años de prisión por adulterar para SEVEL cuatro boletas de automóvil Fiat Tipo. Siendo el único que purgo condena en toda esta historia de contrabando y evasiones.

Planteada la denuncia, la estrategia de la defensa consistió en mutilar la causa, para encontrar el recoveco legal por donde zafar de tamaña acusación. Con ese fin, a los pocos días, el polémico juez Marquevich, luego destituido por juicio político, imputó a los Macri y la directiva de SEVEL por el delito de evasión fiscal. A la par, se declaró incompetente para investigar el delito de contrabando y remitió el expediente al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6 de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, para que investigue los automóviles ingresados por SEVEL de contrabando por la aduana de Gualguaychú.

Doce días después, el polémico Juez Marquevich, con un fallo que contradecía el anterior, también se declaró incompetente respecto el ingreso al país de 25 automóviles por la aduana de Buenos Aires, remitiendo esa parte de expediente al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 6, de la ciudad de Buenos Aires para que lo investigue.

De esta manera, la causa Macri se dividió en tres: la causa madre por evasión fiscal en Juzgado Federal N°1 de San Isidro, que luego remitió al Tribunal Oral en lo Penal Económica N°2 de la Ciudad de Buenos Aires; la causa por contrabando en el juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6 de Concepción del Uruguay; y la causa por contrabando de otros 25 autos, en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 6 de Buenos Aires.

Ayudas del “Mingo” Cavallo

Luego de cristalizarse este fraccionamiento, cuando la investigación judicial avanzaba, en septiembre 1995 Menem y Cavallo firmaron el decreto 493/95 popularmente conocido como “decreto SEVEL”. Mediante él, Cavallo, padrino político de Schiaretti, como ministro de Economía, estableció una condonación de deudas por intereses, multas “y demás sanciones emergentes de obligaciones tributarias vencidas al 31 de julio de 1995”. O sea fue un salvavidas pensado para Macri, que por su contrabandeo de autos iba a afrontar millonarias multas e intereses que nunca pagó. De allí su nombre.

Con el “decreto SEVEL” en la mano, Macri se presentó ante el Tribunal Oral en lo Penal Económica Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que es a donde el juez Marquevich había enviado la causa madre reducida al delito evasión, y pagó, sin multas ni intereses, tal como intenta hacer ahora con la deuda del Correo Argentino, los tributos evadidos en la aduana de Buenos Aires y Gualeguaychú. Con ese pago, que por el secreto fiscal nunca nadie supo de cuanto fue, ni en concepto de que, la causa quedó extinguida, dado que la resolución no fue apelada y el fallo quedó firme.

Tras cartón, con este fallo en la mano, la defensa del actual presidente se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 6 de Buenos Aires, -tercera causa abierta- y alegando la doctrina de “non bis in ídem” o “cosa juzgada”, es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, solicitó el sobreseimiento por el contrabando por los 25 autos ingresados por la aduana de Buenos Aires.

Su pedido no era lógico. Claramente se trataba de una concurrencia de delitos y pretensiones punitivas distintas, por eso el juez Marquevich había decidido separarlos del expediente y enviarlos a otro juzgados. Aun así, el planteo de los Macri fue aceptado por el Juzgado Nacional Económico N° 6, quien entendió que efectivamente había “cosa juzgada” y sobreseyó a todos los contrabandistas, con una resolución que también quedó firme.

Con este nuevo sobreseimiento, los Macri se presentaron ante el Juzgado Nacional N° 6 de Concepción del Uruguay, donde estaban imputados por el contrabando de 1.911 automóviles a través de Zonas Francas de Uruguay, y nuevamente, apelando a la doctrina de “non bis in ídem” pidieron su sobreseimiento.

Pero en este caso, el juzgado de Concepción del Uruguay, que en su investigación comprobó que SEVEL habían adulterado despachos de aduana con firmas falsas, para beneficiarse con las exenciones impositivas que estableció el decreto 2677/91, entendió que no correspondía aplicar la doctrina de “cosa juzgada”, dado que evidentemente se trataban de una concurrencia de hechos y pretensiones punitivas diferentes.

Esta resolución fue apelada por los Macri ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, quien luego confirmó la decisión del juzgado de Concepción del Uruguay, y ordenó continuar investigando a él, su padre y cuñado por el delito de contrabando.

La defensa de Macri, encabezada por su actual diputado Gil Lavedra y Carrió, rechazó la decisión de la Cámara de Apelaciones y presentó un recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Contradiciendo a los anteriores, este tribunal aceptó el antojadizo planteo de “cosa juzgada” del clan Macri, y declaró que “de continuar” la investigación se violaría el principio del “non bis in ídem”. En otras palabras fueron sobreseídos.

La polémica decisión de la Cámara de Casación fue rechazada por Fiscal General. Este presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, controlada en ese entonces por el menemismo, solicitando revocar el sobreseimiento a favor de los directivos de SEVEL y reabrir la investigación por contrabando dado que se trataba de cosas diferentes.

Con todas estas vueltas, la definiciones por la causa de los Macri se dilataron hasta 1999, cuando el Juez Guillermo Tiscornia del Juzgado Federal N°7, también luego destituido por mal desempeño, decidió procesar por contrabando a Franco Macri, sin prisión efectiva, fijando un embargo de 4,9 millones de pesos. Dictando a la par el sobreseimiento de su hijo Mauricio, por entonces presidente del club Boca Juniors, y su cuñado Blanco Villegas.Esta otra causa se había iniciado en los Tribunales Federales de Córdoba, a raíz de otra denuncia por contrabando, similar a la de SEVEL, que involucró a la firma CIADEA – Renault. La había iniciado el polémico juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien la derivó al juzgado de Marquevich, y de allí recaló en lo de Tiscornia.

Sin embargo, ocho meses después, el juez Tiscornia fue suspendido por mal desempeño, y su polémico fallo fue rechazado parcialmente en octubre del 2000 por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Este tribunal confirmó el procesamiento y embargo de Franco Macri y a la vez decidió que su hijo Mauricio y su yerno Blanco Villegas vuelvan a ser investigado por el delito de contrabando agravado.Tres semanas después de este fallo que intentaba buscar justicia, el 11 de noviembre del 2000, cuando la soga comenzaba a ceñir el cuello a los Macri, la Aduana, principal involucrado en toda esta historia, se retiró como querellante de la causa. Es decir, dejó de perseguir a los Macri y a SEVEL por contrabando, y la causa quedó en manos exclusivas de la fiscalía.

Esta retirada aconteció bajo el gobierno de la Alianza, durante la presidencia de Fernando De la Rúa, tres días después que la propia Aduana pidiese ampliar la investigación sobre otras operaciones presuntamente irregulares que habrían perpetrado los Macri. Por ese entonces el defensor de los Macri, Gil Lavedra, quien hoy se llena la boca hablando de la “corrupción K”, había pasado a ser nada más y nada menos que Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el gabinete del presidente De la Rúa. Abandonó el cargo, sin alegar motivo, en el mismo momento en que se produjo el retiro de la Aduana de la causa Macri, como si ya hubiese cumplido con su objetivo.

El juez Carlos Liporace que se había hecho cargo de la causa tras la salida de Tiscornia, públicamente atribuyó esta imprevista retirada de la Aduana, en un momento clave, al entonces ministro de economía de la Alianza José Luis Machinea. Quién por entonces negociaba el mega préstamo llamado “Blindaje” con Francia y otros países para salvar el plan de la Convertibilidad de Menem, Cavallo y Schiaretti.

“Resulta sugestivo para el tribunal que el letrado patrocinante de la querella solicitara tres días antes la ampliación de la investigación a los períodos posteriores a los ya investigados para luego, siguiendo el criterio del Sr. Ministro de Economía (Machinea), desistir de la acción en la causa” disparó Liporace. Quien como todos los jueces que tuvieron en sus manos el expediente Macri, terminó luego fuera del cargo acusado de enriquecimiento ilícito y condenado a cuatro años de prisión.

Según publicó el diario Pagina 12 en esa época, desde el país galo le habrían hecho saber al ministro Machinea que se verían muy perjudicados por un fallo desfavorable contra sus empresas automotrices Renault (CIADEA) y Peugot (SEVEL) las cuales los Macri se habían sido la raíz de todo este escándalo.

Salvados

Luego de la polémica retirada de la Aduana, en febrero de 2001, por el fallo de la Cámara Nacional, el juez Liporace decidió procesar a Mauricio Macri y Blanco Villegas por contrabando agravado y trabar embargos por 5 millones de pesos-dólares.

“En este país no van presos ni drogadictos ni delincuentes y se la agarran con uno. No quiero pensar en un supuesto complot contra mi figura o la de mi padre, aunque en la Argentina estamos muy acostumbrados a estas cosas” dijo al respecto el actual presidente argentino, que se la pasa hablando de la transparencia y la República, al enterarse del fallo.

Sus explicaciones conspirativas se debieron a que este procesamiento le cayó justo cuando anunció públicamente que dejaba Boca para ingresar a la política partidaria. “Me parece una decisión poco feliz que lleguen a procesarme por esto. Lo único que hice fue seguir los pasos que me dijo la Aduana. Si alguien fija las reglas y las cumplís, no veo por qué estoy involucrado” añadió Macri, arrojando culpas a los funcionarios del Estado, entre los cuales estaba en primera fila su amigo Schiaretti por entonces funcionario de la provincia de Córdoba.

Con este procesamiento, ahora sí, el agua parecía llegarles al cuello a Mauricio y Franco Macri. Pero el 8 de agosto del 2002, en plena debacle económica y social, bajo el gobierno interino de Eduardo Duhalde, la Corte menemista, sin publicar los fundamentos, aceptó el planteo de “cosa juzgada” presentado por los constitucionalistas Gil Lavedra y Carrió y todos quedaron sobreseídos.

De esta manera, el actual presidente y familia salieron indemnes del accionar judicial, gracias a lo más rancio de la justicia menemista: primero fragmentando una compleja maniobra de contrabando en diferentes causas; luego pagando los tributos evadidos en una parte de esa maniobra, sin contemplar intereses ni multas; y finalmente planteando el sobreseimiento por cosas juzgada en hechos y delitos totalmente distintos. Y dejando además enteramente en el olvido, las multas y sanciones que debía pagar por haber fraguado el régimen de intercambio automotriz compensado.

Dentro de la Corte, la votación fue ajustada. Cinco votos contra tres. Se pronunciaron a favor los jueces Julio Nazareno (presidente), Eduardo Moliné O’connor, Antonio Boggiano, Guillermo Lopez, y Adolfo Roberto Vázquez, todos menemistas. En contra Carlos Fayt, Augusto Cesar Belluscio y Enrique Petrachi.

En su escrito, el juez Fayt, para justificar su voto en disidencia, alegó: “se advierte que sobre la base de una premisa arbitraria, el tribunal de casación otorgó a la garantía del non bis in ídem una extensión impropia que importó desvirtuar la finalidad y el alcance de las normas constitucionales en juego. En efecto, al considerar que el hecho había sido decidido en su totalidad por los tribunales que habían intervenido anteriormente, el a quo ha incurrido en una mera afirmación dogmática que no se sustenta en las particularidades del presente caso y en la doctrina que surge de los fallos dictados por esta Corte, en especial en cuanto a que tal principio no se aplica cuando no existe unidad esencial entre los hechos imputados en los diversos procesos y que, por lo tanto, es posible realizar la investigación de las distintas conductas en diversas jurisdicciones”.

Por su parte, el juez Petrachi, ya fallecido como Fayt, clasificó la sentencia de la Cámara de Casación como “arbitraria” remarcando que “se ha omitido el tratamiento de aspectos argumentales básicos relativos tanto al alcance de la cosa juzgada como de las relaciones de competencia entre magistrados, sin cuya resolución previa la decisión no puede sostenerse como acto jurisdiccional válido. Corresponde, en consecuencia, su descalificación por aplicación de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias”.

Como si fueran pocas las irregularidades, en el 2002, cuando la Corte sobreseyó los Macri, su abogado defensor Gil Lavedra se desempeñaba como conjuez -juez suplente- en la Corte menemista. Es decir, como habitualmente se dice, tenía llegada directa a ambos lados de la barandilla de tribunales, como juez y como parte.

Más destituciones

Luego de este polémico falló, el caso Macri parecía estar muerto y sepultado. Pero al año siguiente, en mayo del 2003, por intereses políticos, resurgió de las cenizas cuando el entonces presidente Nestor Kirchner, apenas a asumió su mandato, decidió renovar integralmente la Corte Suprema. Para eliminar la influencia del ex presidente Menen, su contrincante en las elecciones, dentro del tribunal, y lograr que convalidara la pesificación dispuesta por el Gobierno del presidente Duhalde.

Con ese objetivo, el caso Macri, fue una de las cinco causas estudiadas por la Cámara de Diputados de la Nación, para abrirles juicio político a los jueces menemistas Nazareno, Lopez, Vázquez, Boggiano y Moliné O’Connor, ante el cual, los tres primeros optaron por renunciar, mientras que los otros dos fueron enjuiciados políticamente y destituidos.Notablemente, uno de los que se opuso públicamente a estos cambios en la Corte, fue el constitucionalista Gil Lavedra, defensor de Macri, que como se dijo se desempeñaba como conjuez del máximo tribunal. Con notable espíritu corporativo, pese la corrupción achacada a la corte menemista, el actual diputado de Cambiemos clamó: “no me parece lógica esta actitud. Cualquiera sea el juicio que nos merezcan los miembros de la Suprema Corte, no son los hombres, sino la institución la que debemos empezar a respetar”.

Aun así, la causa de los Macri, fue analizada únicamente en la Cámara de Diputados para los casos de Boggiano y Moliné O’connor. Cuando pasó a la cámara alta, como era una olla que podía salpicar a muchos funcionarios y jueces, los senadores la dejaron de lado sin dar mayores explicaciones. Otra evidencia de hasta donde llegaban las influencias el clan Macri.

Todo esto acontecía mientras Mauricio Macri, con el cuerpo del expediente por contrabando aún caliente en el ropero, hacía su debut en la política y competía por primera vez por la Jefatura de Gobierno porteño, frente al candidato kirchnerista Aníbal Ibarra.

Por eso nuevamente, el líder de Cambiemos aguzando su visión conspirativa, interpretó que el juicio a la Corte, tenía a su vez como propósito dañar sus aspiraciones políticas. “Me sorprendió, porque pensé que iban a ser más sofisticados si querían tratar de perjudicarme en mi campaña política” denunció Macri, desde Washington, derecho viejo.

“En ese dictamen hubo cuatro instancias y la empresa ganó tres. Perdió solamente en la Cámara. Ganó en primera instancia, perdió en la Cámara, fue a Casación, que le dio la razón y después a la Corte. En la Corte firmaron el dictamen todos, menos Nazareno. Qué cosa increíble ¿no? Justo lo inculpan a Nazareno sobre este tema” añadió, faltando abiertamente a la verdad.

“Basta consultar en la web oficial de la Corte el fallo del 8 de agosto de 2002 que consagra la impunidad de Macri, para verificar que el mismo lo encabezó Nazareno” le retrucó inmediatamente Ibarra, quien finalmente venció a Macri en esas elecciones. “Pese a haber sido favorecido por la mayoría automática de la corte menemista, Macri dijo públicamente que el fallo de la Corte que favoreció al Grupo Macri no fue firmado por Nazareno y eso es una flagrante mentira” disparó.

Poco años después, en el 2007, como si nada hubiese pasado en el país del no me acuerdo, Macri fue electo Jefe de Gobierno Porteño, mientras que su amigo Schiaretti, aliado con el kirchnerismo, se consagró como gobernador de Córdoba por primera vez.

Posteriormente, a fines del 2015, blandiendo flamígeramente la espada de la transparencia, la República y la lucha contra la corrupción, el ex presidente de SEVEL y contrabandista, como lo denominaba su hoy aliada Elisa Carrió, surgió electo presidente de Argentina. A la par que su amigo Schiaretti, se consagraba nuevamente como gobernador de Córdoba, por segunda vez como candidato del peronismo.

Así, dos viejos compinches, unidos por la adrenalina del contrabando, se reencontraron en el turbio fango de la política que azota desde siempre a Argentina. Al que algunos sociólogos procuran explicar, diciendo que es la zaga de un país cuya capital en sus orígenes se dedicaba esencialmente al contrabando de esclavos y manufacturas.