Ante un contexto económico conflictivo, el gobierno de Macri apuesta todo a arreglar la deuda con los Fondo Buitres.Será el primer proyecto de ley que procurará aprobar el presidente en el congreso. Ya hay negociaciones con los gobernadores del PJ que apoyarían a cambio de retoques en la coparticipación. Desde la bancada del FPV, entre ellos el ex ministro Kicillof, hablan de posibles juicios por 500 mil millones de dólares.
Por Lázaro Llorens.
La inflación no para. Alcanzó los 4,1 en el mes de enero, según el índice de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. La fuga de dólares tampoco. Desde el levantamiento del cepo, los balances semanales del Banco Central muestran que se fueron del sistema 4.835 millones de dólares. Por esta razón, a pesar de la liquidación de las Cerealeras y del préstamo “puente” de 5000 millones, las reservas del Central siguen en picada.
A este escenario volátil se le suman las paritarias, con gremios agitados por la escalada de precios, que sacude sus bases, en un contexto recesivo. Y un dólar que siguen cuesta arriba y esta semana superó la barrera de los 15 pesos.
Por esta razón, en materia económica, el gobierno del presidente Macri ha puesto todas sus fichas en arreglar, de manera consensuada, la deuda con los Fondos Buitres. Sería la manera de obtener oxígeno financiero en el corto plazo. Lo reconoció la vicepresidente Gabriela Michetti, en canal 13, en show de Mirtha Legrand, cuando anticipó: “vamos a arreglar el tema de la deuda con los holdouts para tener financiamiento más barato y con ese dinero empezar a mover la economía y controlar la inflación emitiendo cada vez menos“.
En el Congreso
Es tan prioritario este arreglo con los Buitres, que, según anticiparon desde el gobierno, será el primer proyecto de ley que procurará aprobar Cambiemos, cuando se abran las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo próximo. Y lo anunciará, el presidente Macri en su discurso inaugural junto con otro paquete de leyes “sociales” como la modificación del mínimo no imponible de ganancias y la reducción del IVA a algunos alimentos.
Lo que haga el congreso, el ámbito más reacio al gobierno, será cardinal. Pues para aprobar un acuerdo con los Buitres, que reclaman una deuda de 9.882 millones de dólares, diputados y senadores deberán derogar primero la ley cerrojo y la ley de pago soberano de la deuda. Dos leyes aprobadas por el kirchnerismo, que aun cuenta con muchos votos en el congreso, y que impiden cualquier tipo de arreglo con Paul Singer y compañía.
Con ese fin, desde el equipo del ex banquero Alfonso Prat Gay diseñaron un proyecto de ley muy escueto y simple. “Sin firuletes” (sic). Reducido casi a la palabra “Deróguese”. Así se le piensa convalidad una rentabilidad del 1000% a un grupo de fondos especuladores pagando unos 7 mil millones de dólares.
En diputados, el proyecto estará en manos del peronista Eduardo Amadeo, uno de los cráneos económicos del PRO en la cámara baja, a cuyo cargo quedará la Comisión de Finanzas, y quien hace unos meses atrás estuvo en el ojo del huracán por cobrar subsidios del Gobierno de la Ciudad a través de su ONG “Observatorio Social”.
No obstante ese no es el peor de sus antecedentes, ya que conforme lo narra en su libro “La salida del abismo“, fue quién como secretario de la Presidencia en el 2002, vino con el cuento de que habría un salvataje por parte de FMI y EEUU por u$s 20 mil millones. Zanahoria con la que se justificó la derogación de la ley de subversión economica exigida por los banqueros, que se habían llevado puesta las reservas de los bancos por un monto de u$s 18 mil millones de dólares, y estaban atrapados penalmente por ella.
Además según lo relata en el mismo libro, Amadeo fue uno de los principales lobistas a los efectos de lograr la derogación de esa ley. Igual que ahora con el cuento parecido de poder acceder al mercado financiero externo, se propone hacerlo con la ley cerrojo y de pago soberano. Siendo por ello premiado por el entonces presidente Eduardo Duhalde con la embajada de EEUU.
Amadeo es además es el único miembro argentino de la Americas Society. Y en marzo del 2001 junto con los hermanos Rhon, luego procesados y detenidos por el vaciamiento del Banco General de Negocios, había sido el anfitrión de la comitiva de súper banqueros de EEUU, encabezada nada menos que por David Rockefeller del CHASE – JP MORGAN, que desembarcó sorpresivamente en Buenos Aires.
Con el ostensible objeto de respaldar el nombramiento de Domingo Cavallo como superministro de Economía, con plenos poderes otorgados por el Congreso. Con los que, mediante reformar la Carta Orgánica del Banco Central, permitió el vaciamiento del sistema financiero que luego dio origen al famososo “corralito bancario”, al autorizarlos a constituir sus reservas con títulos públicos que iban al default.
En el senado, lugar donde el quórum lo tiene el FPV, todo dependerá de la muñeca de Federico Pinedo, actual presidente provisorio del senado, de buen dialogo con los senadores del FPV. Y sobre todo de Rogelio Frigerio, ministro del interior, cuya estratégica misión será ablandar a los gobernadores peronistas que manejan los votos en el Senado.
Estos, por su parte, ya advirtieron que cualquier apoyo al acuerdo con los fondos buitres u otras leyes, como la aprobación de los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para integrar La Corte Suprema de Justicia, será a cambio de retoques en la coparticipación. Lo llaman “acuerdo de gobernabilidad”. Así lo indicó el senador Rodolfo Urtubey, presidente de la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, hermano del gobernador de Salta, quien sin vueltas propuso: “hagamos un acuerdo de gobernabilidad, poniendo todos los temas sobre la mesa, que incluya todo, como la derogación de la Ley Cerrojo, la aprobación del acuerdo con los holdouts, el tema de la Corte, la coparticipación, todos los temas que son objeto de reunión entre Gobierno y las provincias“.
Millonario peligro
Si Macri y Prat Gay logran vencer todos estos obstáculos y llevar el proyecto al recinto, allí enfrentaran otro importante debate, ante un congreso adverso. No es de índole financiero, sino legal. Dado que si el Estado argentino, por voluntad propia, negocia un acuerdo con los holdouts, posteriormente, los miles bonistas que aceptaron el canje en 2005 y 2010 (93%), y que actualmente tienen embargados sus pagos desde el 2014, pueden reclamar lo mismo. Con lo cual, nuevas y millonarias demandas pueden caer contra Argentina, y nuevos embargos, que de concretarse podrían aumentar la deuda externa, según estimaciones, por la friolera de ¡500 mil millones de dólares! Es decir triplicar la actual deuda externa (146 mil millones).
“Los posibles juicios de los bonistas que entraron al canje es un tema para estudiar y analizar. Porque es un riesgo que se corre. Más allá que se venció la cláusula Ruffo”, explicó ante Veintitrés, el diputado Héctor Recalde, titular del bloque del FPV. Nosotros nos comprometimos con los acreedores que aceptaron la restructuración de la deuda del 2010 a no mejorar nunca la oferta. Entonces esos acreedores podrían potencialmente reclamar. Entonces sería muy importante que antes de modificar cualquier normativa al respecto tener presente esto. Serían unos 500 mil millones de pesos” añadió.
Axel Kicillof, ex ministro de economía y actual diputado, confirmó ante esta revista este peligro que acarrearía arreglar con los Buitres. “Que otros bonistas inicien nuevas demandas es una posibilidad. No hay certezas de que vaya a suceder pero es un riesgo muy grande. La cifra de la demanda podría llegar a 500 mil millones”, dijo el ex ministro quien definió a negociación con los holdouts como “la estafa del siglo”.
También el ex diputado del ARI Mario Cafiero, especialista en el tema Deuda Externa, uno de los pocos que se opuso al canje de Néstor Kirchner en el 2005 por considerarlo inconsistente financieramente, alertó sobre este millonario riesgo. “Todo el esfuerzo de todos estos años de la Argentina, del kirchnerismo, tanto de Néstor como de Cristina, fue pagar la deuda para poder volver a retomar una normalidad financiera. Es como que trataban de reconstruir un puente al que le faltan unos pocos quilómetros para terminar, porque hay un piquete por parte de los Holdouts. Pero ahora es una situación difícil. Porque si arreglamos con los holdouts, los que nos van a hacer otro piquete son los holdin. Con lo cual no vamos a retomar la normalidad financiera” sostiene Cafiero.
El gobierno no habla
Como el proyecto de ley aún está en estudio en el área del ministerio de economía, este medio procuró hablar con algún funcionario para consultar sobre estas advertencias que lanza la oposición. Pero la responsable de prensa de ese ministro, Yael Bialos dijo que “de ese tema se encarga únicamente Prat Gay que estaba de viaje” y que “éramos los primeros periodistas en hacer esta pregunta de miles que la llamaron”.
“Fuimos convenciendo de a poco a los bonistas menos beligerantes, como los italianos. Ahora nos toca la discusión en el Congreso porque esto es una propuesta sujeta a la decisión parlamentaria y también vamos a ir en algún momento a pedirle al juez (Griesa) que levante las restricciones que puso para que la Argentina pueda acceder al mercado”, fue lo único que dijo al respecto, sin mayores detalles, Prat-Gay mientras avanzaba las negociaciones con los holdouts.
Sobre los bonistas que entraron al canje del 2005, el ex banquero del JP Morgan tiene su particular visión. Sostiene que esa restructuración de la deuda de Néstor Kirchner Y Roberto Lavagna no fue agresiva con ellos, sino más bien generosa. Y que esa restructuración, gracias al cupón atado al PBI, “hizo que el canje fuera muy caro para la Argentina”, “La oferta realizada por Argentina en 2005 implicó una reducción de 15,6%. Muy lejos de la presunta y popularmente aceptada quita del 75%”.
Lo dijo el enero del 2013, en un escrito prestado ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde Prat-Gay, como “amicus curiae”, defendió la posición Argentina ante los Fondos Buitres, con los cuales ahora, el ministro está urgido por acordar.
“Hace un tiempo cuando se venció la cláusula Ruffo, se hablaba de 500 mil millones de pesos los posibles juicios de los bonista que entraron al canje. Lo cual es un riesgo potencial enorme. Por eso es necesario un estudio muy profundo con especialistas de distintas materias para analizar bien las consecuencias. Y esto lo vamos a discutir en el bloque. Y vamos a tener asistencia de los técnicos para evaluar antes de modificar las leyes” advirtió Recalde, de cara a lo que será un año parlamentario agitado.
Nota escrita para Revista Ventitrés
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