Por decreto de necesidad y urgencia el presidente Macri puso al AFSCA y al AFTIC bajo la órbita del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. No por casualidad, dado que el grupo CLARIN tiene una vieja relación con el ministro de comunicaciones, y en esos organismos enfrenta asuntos pendientes por miles de millones de dólares. Por eso pretende desplazar a sus respectivos titulares que responden al kirchnerismo.
Por Lázaro Llorens
El viernes 11 de diciembre pasado, luego de poner el primer pié en la Casa Rosada, una de las primera decisiones que tomó Macri fue firmar el decreto 13/2015. Esta polémica normativa dispuso un reordenamiento y la creación de nuevos ministerios. Entre estos, el “Ministerio de Comunicaciones”, que estará a cargo del diputado cordobés Oscar Aguad, y que tendrá bajo su estricta supervisión la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual -AFSCA-y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información –AFTIC-. Dos organismos que por ley deben ser autárquicos y descentralizados.
El sábado 12 a través de la cadena cordobesa Cadena 3, medio que se vio fuertemente afectado por la Ley de Medios, el ministro Aguad anticipó que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno”. Y en relación a la permanencia de Martín Sabatella como presidente del AFSCA, cuyo mandato vence en el 2017, destacó que seguirá buscando su apartamiento porque, según el ministro, de profesión abogado, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente.” (sic).
Nada sorprende. Estas primeras medidas son una evidencia clara sobre lo primero que hará el gobierno de Macri en materia de comunicaciones. Que no es otra cosa que modificar las leyes 26.522 -Ley de Medios- y 27.078 -Ley Argentina Digital- ambas aprobadas por el kirchnerismo y que hoy aprietan fuertemente los zapatos de Clarín. Sería en pago, dicen los opositores, por el apoyo mediático que recibió el presidente durante las campañas, de parte de los medios de Héctor Magnetto, que ahora quiere cobrar su factura contra culata de camión.
Caballo de comisario
Oscar Aguad, alias “el milico”, es un diputado radical conservador, ex funcionario de la Alianza. Tiene una estrecha y vieja relación con el Grupo Clarín. De 1985 a 1994 fue miembro del directorio del diario La Voz del Interior, el más importante de Córdoba, hoy propiedad de Clarín.
Época en la que el diario estaba copado por un grupo de ex estudiantes del influyente Liceo Militar de Córdoba. Se llamaban los “liceístas” y eran los encargados de que no se publicara ni una palabra sobre los delitos de lesa humanidad que habían cometido las juntas militares durante el proceso.
Por esta ligazón, el flamante ministro de comunicación de Macri, se opuso enérgicamente a la Ley de Medios argumentando que era “inconstitucional” y “vulnerarán derechos adquirido”, los mismos argumentos de Clarín. En el 2012 fue uno de los tantos políticos opositores que firmó, ante Carlos Jornet, ex presidente de ADEPA y director del diario La Voz del Interior, la declaración de “Chapultepec”. Se trató de una movida política de Clarín para frenar la embestida del kirchnerismo, que por ese entonces había recibido un espaldarazo de la Corte Suprema de Justicia, cuando declaró constitucional la Ley de Medios.
Su posición coincide con la del presidente Macri quien públicamente sostuvo que “la ley de medios fue un intento estúpido por controlar los medios de comunicación. Hay que modificar esa normativa e ir hacia un modelo de convergencia”.
Control
Precisamente gracias al decreto 13/2015, Aguad tendrá bajo su estricta supervisión los estratégicos AFSCA y el AFTIC, dos organismos donde Clarín tiene importantes temas pendientes, de cientos de millones de dólares.
En el AFSCA, está el polémico “plan de adecuación” que pretendió imponerle el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a Clarín durante años y que hoy está frenado en la justicia. Este obliga a la compañía de Magnetto a dividirse en varias sociedades. Por esta razón, para evitar el desguace de Clarín, hay que modificar a Ley de Medios.
Como primer paso, debe remover de la presidencia del AFSCA a Sabatella, un funcionario K abiertamente enfrentado al grupo Clarín. Su argumento es que Sabatella no es un funcionario independiente e imparcial. Por eso Aguad, contradictoriamente, quiere desplazarlo y poner en su lugar al macrista Miguel Godoy, que tampoco reúne esos requisitos.
Para hacerlo, existen tres alternativas: hacer que Sabatella renuncie, cosa que dijo que no haría; ser depuesto por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri, solución que que hablaría mal del republicanismo de Cambiemos; o mediante un juicio de destitución. Tramite engorroso, teniendo en cuenta que según la ley la remoción debe ser aprobada “por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (39 miembros), mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada“.
En ese marco debe leerse el allanamiento que ordenó hace una semana atrás el juez macrista Claudio Bonadío, al Afsca por pedido de Clarín, para buscar el expediente del grupo, que según las autoridades está colgado en su sitio web. “Esto asusta, es peligroso, se quiere violentar una ley para favorecer a los intereses corporativos de un grupo cuya posición dominante la usa para lesionar la libertad de expresión, la pluralidad y lo hacen con una parte del poder judicial” cargó Sabetella.
No al “Triple Play”
En cuanto al AFTIC, otro órgano controlado por el kirchnerismo, Clarín necesita modificar la Ley Argentina Digital para evitar que las compañías telefónicas (Telefónica y Telecom) ingresen, a través del “Triple Play”, al negocio del cable, donde su empresa Cablevisión reina casi en condiciones monopólicas. El ingreso de “Las Telco” sería para vender un combo de televisión, Internet y teléfono que implicaría un duro revés para para el multimedio de Magnetto, cuyo “core business” -corazón del negocio- es el cable que le reporta el 76% del total de los ingresos del Grupo (662 millones).
Fue justamente el “Triple Play” lo que motivó la pelea de Clarín con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008. Pelea que llevó a la compañía de medios a oponerse duramente a la polémica Resolución 125, apoyando a las entidades del campo que le propinaron al kirchnerismo su primera gran derrota política en las calles y el congreso.
Sobre este punto, el presidente Macri, durante la campaña, adelantó que está en contra del ingreso de las telefónicas al cable y habló de la necesidad de un “marco regulatorio claro”. Lo hizo en septiembre del 2014, cuando recién lanzaba su candidatura a presidente, en el acto inaugural de las “Jornadas Internacionales de Televisión por Cable” auspiciado por La Asociación Argentina de Televisión por Cable (AATC), cuyo socio principal es Clarín. “Esta industria tiene mucho para aportar, necesita un marco regulatorio claro para competir entre el cable, las telefónicas y las plataformas satelitales. Esperamos en el futuro, si Dios quiere y los argentinos nos dan la posibilidad de gobernar, que podamos tener reglas claras”, dijo el ahora presidente, en un claro guiño a Clarín.
Cabe destacar que el presidente de AATC es Walter Burzaco, hermano de Eugenio Burzaco, recientemente designado por Macri como secretario de Seguridad de la Nación. Ambos, son hermanos de Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, ex socio de Clarín, actualmente preso en Estados Unidos por acusaciones de corrupción y pago de coimas en el llamado FIFAgate.
Por último, en el AFTIC intervenido por Aguad, Clarín también tiene pendiente la aprobación de la compra de la telefónica Nextel. La misma fue declarada “ilegal” por parte de este organismo luego de que sus 710 canales fueron dados de baja por el organismo. “Ambas decisiones de AFTIC son ilegales, abusivas y discriminatorias; revelan una clara actitud persecutoria y una estrategia sistemática del organismo para perseguir y perjudicar a un operador de telecomunicaciones en beneficio de sus competidores, las telefónicas” denunció Clarín.
Para el multimedio, la compra de la telefónica Nextel fue estratégica. Ante el desembarco del Triple Play, le permitió desembarcar en el negocio telefónico por poca inversión. “Si no comprábamos Nextel, a la larga íbamos a tener que vender Cablevisión” explicó Carlos Moltini gerente general de Cablevisión. “Montar una red móvil desde cero requiere no menos de 1500 millones de dólares. Nextel permite arrancar de una base importante” añadió.
El legajo del “Milico”
Oscar Aguad tiene 65 años. Es un político radical, duro, conservador, convencido de que el gran problema de los países de Latinoamérica son los “gobiernos populistas”. Fue el candidato a gobernador de Cambiemos en las elecciones pasadas. En su legajo tiene una famosa foto, en un balcón, en plena democracia, junto al represor Luciano Benjamín Menéndez, condenado diez veces a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
Sobre esa foto, lapidaría para cualquier funcionario, Aguad jamás dijo una palabra. En ella también aparece el ex gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, padre del actual intendente de la ciudad de Córdoba homónimo, con quien hoy está enfrentado. 
El nombre Oscar Aguad también sonó reiteradas veces en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en los Tribunales Federales de Córdoba. Es por la estrecha relación que tuvo cuando fue ministro de gobierno de Mestre con otro represor, Carlos “Tucán” Yanicelli, ex policía de la temible D2, condenado también por delitos de lesa humanidad, y cuyo nombre figuraba en el libro Nunca Más, a quien nombro nada menos que jefe de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba.
En cuanto a su perfil político, en Córdoba, el flamante ministro de Comunicaciones de Macri, aún es recodado por llevar adelante un duro ajuste, cuando fue la mano derecha de Mestre entre 1995 y 1998. Tan duro que hizo que el pueblo de Córdoba, luego 15 años de hegemonía radical, optara por el peronismo.
Este se caracterizó por la reducción de salarios a los empleados públicos, reducción de jubilaciones, cierre de hospitales y escuelas, privatizaciones, emisión de bonos, etc. Fue exactamente el mismo que aplicó cuando en 1999 Mestre como interventor de la Provincia de Corrientes por el gobierno de la Alianza, lo nombró interventor en la municipalidad de esa ciudad.
Iniciaron su gestión con una brutal represión contra los manifestantes que tenían cortado el puente General Belgrano que une Corrientes con Resistencia y terminó con dos manifestantes muertos. El motivo “estratégico” de esa violenta medida, fue viabilizar la circulación de los bonos (“CeCaCor”) que iban a emitir en Corrientes para hacer frente al déficit fiscal. Que igual que había sucedido antes en Córdoba, eran recibidos masivamente por el Supermercado Libertad que tenía en Resistencia el empresario compinche de Mestre, Euclides Bugliotti.
Es en la provincia de los yacarés donde Aguad, ferviente enemigo de la corrupción K, fue imputado por la desaparición 60 millones de dólares contantes y sonantes del Banco de la Nación de Corrientes, que fueron sustituidos con los papelitos de los Cecacor. Esta maniobra, igual que antes había sucedido en Córdoba, estaría relacionada con la necesidad de “cebar la bomba” para que el empresario compinche Bugliotti, hiciera correr los Cecacor, que cotizaban muy por debajo la par respecto los pesos dólares de entonces. La causa penal abierta con motivo de esa desaparición, luego de interminables “chicanas legales” desplegadas por Aguad, fue cerrada por prescripción por la Corte Suprema de Justicia.
Como se puede ver, Aguad ha demostrado tener una especial habilidad para la Política & Negocios, que tanto él como otros integrantes de Cambiemos, reprochan al gobierno de los K. Y ahora esa Política & Negocios evidencia estar dirigida en función de los grandes negocios del grupo CLARIN.
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