Por Lázaro Llorens
Mauricio Macri persiste con la idea de cerrar un acuerdo con UNA. Su principal contacto con esa fuerza es el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien a su vez, desde del riñón de UNA, está haciendo lo imposible para forzar este acuerdo, a pesar del rechazo explícito de muchos dirigentes y gremios como la CGT Córdoba.
Entre ambos hay contactos telefónicos diarios. El líder de Cambiemos y el mandatario cordobés son dos viejos amigos. Se conocen desde que De la Sota, junto a José Octavio Bordón y Carlos Grosso –luego intendente de la ciudad de Buenos Aires–, se desempeñaban como abogados de Socma, nave insignia del Grupo Macri, durante la dictadura. Por ese entonces, con apenas unos 20 años, apadrinado por su padre Franco, el líder de Cambiemos forjaba sus primeras armas como empresario. Allí conoció a De la Sota, con cuyo asesoramiento legal, el de Grosso y Bordón, el clan Macri hizo millonarios negocios gracias al Estado.
Se trató de la licuación de la deuda privada de 600 millones de dólares que el grupo Macri, mediante sus distintas empresas –Sevel, Fiat, Banco Italia, Sideco– había tomado en el exterior, mediante los famosos “autopréstamos”, que luego de una fenomenal devaluación quedó a cargo el Estado.
Con sorna, la maniobra fue rememorada hace un tiempo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le recomendó a Macri “hablar con su papá (Franco Macri) porque las deudas de las empresas Sevel y Socma fueron estatizadas en 1982”.
Con el advenimiento de la democracia, luego del triunfo de Raúl Alfonsín, para preservar sus negocios con el Estado, los Macri decidieron apostar todo a la renovación del peronismo donde confluían sus tres principales abogados: De la Sota, Grosso y Bordón. Así lo reconoció Franco Macri: “Pensé que para que el peronismo pudiera integrarse al país era necesario que se renovara el viejo peronismo, entonces decidí apoyar jóvenes políticos que por su calidad moral, por su inteligencia, por su modernidad prometían para el futuro y constituyeron el que se llamó peronismo renovador. En ese momento fue evidente mi apoyo a ellos, que fue el apoyo a Grosso, a Bordón, a De la Sota”.
Los resultados de este “apoyo” no tardaron en reverdecer. Tras el triunfo de Carlos Menem en 1989, Grosso, actual asesor político de Mauricio Macri, fue nombrado intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y una de sus primeras medidas fue renegociar el contrato de la basura con la empresa Manliba del grupo Macri, donde aceptó pagar una millonaria deuda de 68 millones de dólares que reclamaba la empresa de su ex patrón y extender su concesión.
Por su parte, luego de sucesivas derrotas, en 1998 De la Sota junto a Germán Kammerath ganaron la gobernación de Córdoba y posteriormente la intendencia de la capital mediterránea. Esta última quedó en manos de Kammerath, recientemente condenado a tres años y medio de prisión por negocios incompatibles con la función pública, en cuya asunción como intendente estuvo presente Mauricio Macri acompañado por Carlos Menem.
Al igual que lo que pasó con Grosso, con De la Sota en el poder, los negocios de Macri en esta provincia crecieron. A comienzos del 2001, De la Sota en persona intentó convocar a otros gobernadores para crear un instituto para promocionar la venta de carne argentina al mundo. La mayoría desconocía que Macri en Córdoba tenía el 60% del paquete accionario del frigorífico Estancias del Sur, donde acababa de hacer una inversión de dos millones de dólares para producir carne precocida con destino a Estados Unidos y Europa.
Poco tiempo después, el 30 noviembre del 2001, mientras el país se sumergía en una debacle sin precedentes, con un presupuesto de 94 millones de pesos, De la Sota les adjudicó a IECSA, la constructora capitaneada por Macri, y v la construcción de 120 nuevas escuelas. Esta obra, promocionada por De la Sota en su campaña, fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tuvo la particularidad de que tan sólo seis meses después de su adjudicación, el contrato con IECSA-Electroingeniería tuvo un reajuste del 154% y se elevó a 239 millones de pesos.
En el 2006, con un presupuesto de 363 millones de pesos y con un guiño del gobierno nacional, IECSA se adjudicó la construcción de 62 kilómetros de la Autopista Córdoba-Rosario. Luego, mediante la firma Cincovial, se quedó con el cobro de peajes en ese corredor. Tras cartón, en el 2008, IECSA, en sociedad con dos empresas, la brasileña Andrade Gutierrez y Britos, propiedad del operador delasotista Horacio Miró, se adjudicó el tendido de 1.700 kilómetros de gasoductos troncales en el interior cordobés. El presupuesto original de estos trabajos era de 1.370 millones de pesos. Iba a ser financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNADES) pero luego de una serie de denuncias ante la Justicia, fue anulada este año por el propio De la Sota.
Cuando se adjudicó esta última licitación, IECSA, en los papeles, ya no pertenecía al líder de Cambiemos. A comienzos del 2007, antes de asumir como jefe de gobierno porteño, Macri se la había vendido por 61 millones de dólares, en cuotas, a su primo hermano Ángelo Calcaterra. La venta incluyó millonarios contratos con el Gobierno de la Ciudad que se había adjudicado IECSA, para construir aliviadores en el arroyo Maldonado y pasos ferroviarios bajo nivel, cuyo control quedó, surrealistamente, en manos de Macri.
Por su parte, en Córdoba, mientras en varias oportunidades el jefe de gobierno porteño y el gobernador De la Sota procuraban sellar un acuerdo político de cara al 2015, que fue rechazado por Jaime Durán Barba, los negocios con el clan Macri se siguieron extendiendo hasta la fecha, con obras que según el propio De la Sota “se pagan al contado”.
Esta obra es la autovía Córdoba-Río Cuarto Ruta Nacional 36, donde nuevamente IECSA se quedó con un jugoso contrato de 385 millones de pesos. La misma fue adjudicada por De la Sota mediante el decreto 354/14 en julio del 2014 y ya lleva dos reactualizaciones, aprobadas por el gobernador cordobés, de 73 millones de pesos. Se solventa únicamente con recursos que provienen de la polémica “tasa vial”, un gravamen que implementó De la Sota sobre los combustibles, no bien asumió su mandato en el 2012, y que está denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional.
Nota publicada en la Revista Ventitres
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