Los karma de Macri

Varias denuncias acosan al principal candidato de la oposición y a su gobierno. Estrategias para evitar la dispersión y negociaciones ante un eventual ballottage.

Por Lázaro Llorens

En un año electoral no le fue bien al candidato Mauricio Macri con las siempre polémicas contrataciones públicas. En abril pasado, en medio de controversias, el líder de Cambiemos le adjudicó a su íntimo amigo y miembro de la mesa chica del Pro, Nicolás Caputo, titular de la constructora SES SA, la limpieza de cuatro hospitales por la friolera de 414 millones de pesos.

Aunque para los medios que suelen ocultar los supuestos errores del Pro esta adjudicación –en la que dineros públicos volvían a manos de empresarios amigos– pasó inadvertida, fue cuestionada por la oposición y el Sindicato de Obreros de Maestranza. Este último, además de denunciar el pago de “sobreprecios”, evasión de las cargas sociales y aportes sindicales, recalcó que una vez firmado el contrato la empresa de Caputo y otras subcontratan a otras compañías, a las cuales les pagan el 50 por ciento de lo que le cobran a la ciudad, y se quedan con el resto sin mover un dedo.

Pocos meses después, en plena campaña, con características muy similares a las contrataciones conCaputo, estalló el “Niembrogate”. En este caso, el periodista y relator deportivo Fernando Niembro, hasta hace poco primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, con su productora La Usina SRL, que no tenía ni un solo empelado registrado, embolsó 21 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad para realizar difusos trabajos de “auditoría” y “encuestas”.

Lo más destacable del “Niembrogate”, que terminó con la renuncia del periodista deportivo a su candidatura, fue que los contratos con La Usina SRL no sólo se hicieron de manera directa, sin licitación pública, aduciendo que eran gastos de “imprescindible necesidad”, sino que nunca fueron publicados en el Boletín Oficial como marca la ley. A esto se le añade que el otro socio de la productora, que facturaba millones, es Atilio Meza, también candidato a diputado suplente por Cambiemos, cuyos ingresos, según la AFIP, apenas trepan a 15 mil pesos mensuales.

Finalmente, cuando la espuma del escándalo de Niembro estaba bajando,  se conoció otra polémica contratación. Fue la de Eduardo Amadeo, ex funcionario menemista y duhaldista, también candidato a diputado por Cambiemos, quien mediante las ONG Asociación Civil Observatorio Social y Asociación Argentina de Políticas Sociales, que él mismo preside, embolsó unos 8,3 millones de pesos en trabajos de “consultoría y soporte” y subsidios.

Al igual que con los casos anteriores, en estas contrataciones nuevamente sobresalieron la falta total de transparencia y las irregularidades. De los 44 contratos firmados por Amadeo con el Gobierno de la Ciudad, en el Boletín Oficial sólo figuran cuatro. Por otro lado, la mayoría de los subsidios que recibieron las ONG de Amadeo fueron otorgados por Carolina Stanley, actual ministra de Desarrollo de la ciudad, esposa de Federico Salvai, el jefe de campaña de la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Pero eso no es todo. Según su currículum vitae, Veintitrés constató que la propia ministra Stanley también había trabajado durante el 2003 para la Asociación Civil Observatorio Social que preside Amadeo. Incluso figura en algunas recientes publicaciones periodísticas de esta ONG a la que ella misma le otorgó millonarios subsidios. “No contestaremos más calumnias ni denuncias”, se limitó a decir, al respecto, el candidato a presidente de Cambiemos, Mauricio Macri.

Lo cierto es que sobre esta seguidilla de controvertidas contrataciones, donde millones de pesos aportados por los vecinos porteños terminaron en los bolsillos de candidatos o miembros del Pro, lo único que no puede alegar Macri es desconocimiento. Fue él, mediante la firma de los decretos 948/08 y 1123/08, quien hizo más discrecionales y opacas las contrataciones de la ciudad, al otorgarles a ministros, secretarios y funcionarios de menor rango amplias facultades para negociar y renegociar todo tipo de contratos públicos como los que se autorizaron con Caputo, Niembro y Amadeo. Estos funcionarios podían otorgar hasta un anticipo financiero del 30% sin que la empresa contratada tuviera que demostrar nada a cambio. De esta manera, lo único que está soportando actualmente el líder de Cambiemos es la consecuencia de sus propios actos. Algo que los budistas llaman karma. 

Negociación, por si las moscas

Mientras los casos de Niembro y Amadeo repercutían en la opinión pública, el lunes pasado el diario La Nación informó que Mauricio Macri se reunió con su contrincante Sergio Massa y el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota. El cónclave se hizo en la casa de Horacio Miro, un ex funcionario del gobierno de Córdoba, devenido próspero empresario, sindicado por el senador macrista Luis Juez y otros de ser el “testaferro” del mandatario cordobés.

Allí, Macri, Massa y De la Sota habrían acordado que quien ingresara al ballottage tendría inmediatamente el apoyo del otro candidato.

Lo significativo es que a De la Sota, Macri y Miro –dueño de la constructora Britos SA–, además de la coyuntura política, los une en Córdoba una controvertida licitación que terminó anulada y con dos siniestras muertes en el medio.

Se trata de la licitación para la construcción de cinco gasoductos troncales para gasificar el interior de la provincia mediterránea. Allí se estipulaba un contrato de 250 millones de dólares que el gobierno de Córdoba, en medio de acusaciones, en el 2009 les adjudicó a la UTE Andrade Gutiérrez (Brasil), Britos SA (Horacio Miro) y IECSA. Esta última empresa, propiedad de Macri, fue vendida en el 2007 a su primo Ángelo Calcaterra, antes de asumir como jefe de gobierno.

La obra nunca pudo desarrollarse por las denuncias de corrupción que sobrevolaron casi desde la misma aprobación del pliego. Tuvo su golpe de gracia a mediados del 2013 cuando por el río Suquía, a metros del despacho del gobernador De la Sota, apareció flotando, molido a palos, el ingeniero Marcelo Arias, vinculado a las obras. Mientras que en Buenos Aires ese mismo día apareció muerta, en el pozo ciego de su casa, Susana Leiva, empleada doméstica de Carmen Poplawski, ex funcionaria de De la Sota, cuyo hermano Walter es socio de Miro en la constructora Britos SA.

Dos años después de estas dos trágicas y coincidentes muertes, explicadas como suicidio la primera y femicidio la segunda –está por desarrollarse el juicio–, el gobernador De la Sota decidió anular la licitación. Mientras, algunos legisladores de la oposición comenzaron a entablar comunicaciones con Brasil, donde por el escándalo de Petrobras la constructora Andrade Gutiérrez, socia de Britos SA y IECSA, está acusada de corrupción, al igual que las fallidas obras de los gasoductos cordobeses.