La empresa cordobesa Kolektor acusada de corrupción en Guatemala

Quedó envuelta en las denuncias de corrupción que determinaron la caída del presidente Otto Pérez Molina. Había sido contratada para realizar el cobro de impuestos.

Por Lázaro Llorens, desde Córdoba

El hecho pasó casi inadvertido: la empresa cordobesa Kolektor, a cargo del cobro de los impuestos en la provincia de Córdoba, es una de las principales compañías investigadas en Guatemala por los presuntos delitos de corrupción que la semana pasada provocaron la renuncia y procesamiento del presidente conservador Otto Pérez Molina y todo su gabinete. 

Pérez Molina, líder y fundador de Partido Patriota, es un ex general de inteligencia. Se formó en la célebre Escuelas de la Américas y también en Harvard; fue recibido por Barack Obama e invitado al selecto foro de Davos. Pateó el tablero en el 2012, al poco tiempo de asumir, cuando, contradiciendo sus propuestas de campaña, propuso legalizar el consumo y tráfico de drogas. No sólo en Guatemala, donde por su frontera con el sur de México el narcotráfico cunde, sino en todo Centroamérica, región que posee los índices de violencia más altos del continente, y por donde pasa el 90 por ciento de la droga que va a Estados Unidos.

“En más de cuarenta años los resultados no han dado lo que esperábamos y es necesario llamar al diálogo, al debate y tener otra posibilidad de encontrar nuevas rutas: otras alternativas entre las que no descartamos que sea la regularización de las drogas, de la producción, del tráfico y el consumo”, dijo textualmente Pérez, cuyo país es la penúltima frontera rumbo Estados Unidos, en las puertas de la Cumbre de las Américas, en abril del 2012. “El éxito se da en la medida en que más líderes en el ejercicio del poder puedan irse sumando a esta propuesta” añadió.

Su arriesgada propuesta hizo que Estados Unidos le bajara el pulgar. Al otro año, el 6 de septiembre del 2013 se conformó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) bajo la supervisión de la ONU y a cargo del colombiano Iván Velásquez. Esa comisión tenía como propósito investigar el financiamiento de los partidos políticos y el contrabando en las aduanas.

A Pérez Molina, las investigaciones de la CICIG no parecieron preocuparle. Por el contario, ese mismo año, a través de sus funcionarios, comenzó tratativas con la empresa Kolektor de Córdoba, a cargo del CEO Hermann Karsten, para realizar trabajos de cobranza y asesoramiento en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala. Ente descentralizado, encargado del cobro de impuestos y administración de la aduana, que durante una década estuvo tutelado por el Partido Patriota de Pérez Molina.

Así lo refleja un artículo, de mayo del 2013, de la revista cordobesa Infonegocios, titulado “Kolektor, cerca de Guatemala”. En la nota, Karsten cuenta: “Por el momento no hay nada cerrado, estamos esperando los informes técnicos y después analizaremos la factibilidad del trabajo. Pero estamos muy entusiasmados con este proyecto”.

Luego de 17 viajes de funcionarios del gobierno de Guatemala a Córdoba, entre ellos el propio superintendente de la SAT Carlos Muñoz, y viajes de Karsten a Guatemala, estas negociaciones se cerraron el 6 de junio del 2014. Ese día, la SAT, mediante el dictamen 045-14, de manera directa, contrató los servicios de Kolektor para tercerizar el cobro de impuestos a unos 14 millones de guatemaltecos, aduciendo baja cobrabilidad. Era un negocio de 35 millones de dólares.

Esta contratación causó revuelo en Guatemala. Por eso, cuatro días después, el 20 de junio, el directorio de la SAT revocó el dictamen y lo dejó sin efecto. Este duro revés provocó la intempestiva reacción del presidente Pérez Molina, primer militar en ser elegido presidente, quien sin estar facultado para hacerlo, no tuvo mejor idea que solicitar la destitución de los directores de la SAT que se habían opuesto al contrato con Kolektor. Con lo cual la polémica siguió creciendo.

“Hemos cerrado pruebas en donde se evidencia que había un negocio viciado a beneficiar a un empresa y por eso felicitamos al directorio –de la SAT– por haber revocado la decisión y los respaldamos”, denunció por entonces el legislador oposito Carlos Barreda, del partido Unidad Nacional de la Esperanza. “Se tiene información de que hubo 13 viajes a Guatemala, entre Karsten y Lucía María Balbuena, gerente de sistemas de Kolektor” detalló.

Las aguas parecieron calmarse, pero dos meses después, desde Córdoba, Pérez Molina recibió otro inesperado chubasco. Esta vez fue una cámara oculta publicada en las redes sociales por el conocido abogado cordobés Marcelo Touriño. En ella aparece Karsten, en las oficinas de Kolektor, negociando, en nombre del gobernador José Manuel de la Sota, pauta publicitaria a cambio de “protección periodística”. 

Su interlocutor era el periodista Tomas Méndez, actual candidato a intendente por la ciudad de Córdoba, por ese entonces conductor del programa ADN, que se emitía por Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), hoy acusado de hacer un periodismo de “extorsión”.

“Cuando yo estoy hablando con Hermann (Karsten) lo llama el ministro de Deporte de la Nación; lo llama el presidente de Guatemala… Karsten me puede llevar a Guatemala para ver cómo funcionan los scaners para ver cómo detectan la droga. Él maneja la Aduana de Guatemala… es el dueño de las aduanas en Guatemala y en cinco países de Centroamérica”, aseguraba en esa cámara oculta Méndez, íntimo amigo de Karsten, auspiciante del programa ADN.

Su publicación causo una tormenta política. En Córdoba, las oficinas de Kolektor fueron allanadas. Se presentaron casi una media docena de denuncias en la Justicia provincial y federal, por lo que Karsten, para calmar los ánimos, debió renunciar a la gerencia de Kolektor.

En Guatemala, el 16 de abril del 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU a cargo de Velázquez, anunció el descubrimiento de una red de contrabando y sobornos, entre una veintena de funcionarios guatemaltecos y unos mil empresarios, en la aduana controlada, según el periodista Méndez, por Karsten.

Específicamente la investigación, conocida como “La Línea”, le atribuye a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, actualmente prófugo de la Justicia, ser el cabecilla de esa organización delictiva que operaba bajo la aduana. La misma también la integraban ochos funcionarios de la SAT. Entre ellos, el superintendente Carlos Muñoz, actualmente preso, quien a mediados del 2013 había visitado Córdoba a los fines de contratar los servicios de Kolektor.

Luego de estas denuncias de “La Línea”, ministros, funcionarios y altos dirigentes del Partido Patriótico comenzaron a caer uno a uno. Primero fue la vicepresidenta Baldetti, jefa del prófugo Monzón, quien el 20 de agosto pasado fue detenida y encarcelada por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Luego, el presidente Pérez Molina, mentor de la idea de legalizar el tráfico y consumo de drogas, quien acusado por los mismos delitos que Baldetti, el 3 de septiembre pasado debió renunciar a su cargo y ponerse inmediatamente a disposición de la Justicia.

Donde no pasó nada fue en Córdoba y la Argentina. Acá todas las denuncias referidas a Karstencomenzaron archivarse. Mientras que el escándalo de Kolektor en Guatemala, que tumbó a un gobierno, fue olímpicamente soslayado. “Karsten en países centroamericanos ha logrado insertar distintos tipos de ‘negocios ocultos’ dedicados a cuestiones que tienen que ver con las materias tributarias, aduaneras, tercerizaciones en la gestión pública, sistemas de software”, asegura a Veintitrés el abogado Fabián Moscovich, quien desde del año pasado viene pidiendo ante la Justicia federal y provincial que investigue a Kolektor y Karsten por la causa Córdoba Bursátil y ahora está por viajar a Guatemala para aportar pruebas en la investigación de “La Línea” 

Publicada en la Revista Veintitrés el 08/09/2015 http://m.veintitres.com.ar/article/details/42301/socios-poco-confiables