El Código Mestre, un Amor a Palazzos

El Código Mestre, un Amor a Palazzos

Las polémicas detrás de la Reforma de la Carta Orgánica Municipal. En manos de quiénes estamos para convivir.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

En plena mitad de su gestión, hace un año atrás, el intendente Ramón Mestre puso los dados dentro del vaso para jugársela por quedar en el pedestal de ser el reformador del Código de Faltas municipal. Para lograrlo, juntó a un grupo de especialistas en cuestiones jurídicas para que un plazo de ciento-ochenta días terminaran de redactar un anteproyecto para que sea discutido en audiencias, se discutiera en el Consejo Deliberante y así aprobarlo para reemplazar la actual Carta Orgánica de la ciudad, promulgada en 1995.

Este proyecto tiene como objetivo primordial tratar de modificar las conductas disvaliosas que tienen los vecinos, que muchas veces no entienden lo que significa vivir en paz, respetando la Constitución Nacional, respetando la Constitución Provincial, respetando la Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas y decretos que permiten llevar el normal desenvolvimiento de una sociedad como corresponde”, señala Mestre en plena presentación del comité encargado de redactar el anteproyecto. Hoy, ya se encuentra presentado en las oficinas de la intendencia, y ahora permanece discutida por el Consejo Deliberante.

Dicho comité estuvo encabezado por el Dr. Ramón Ortega, administrador general de la Justicia de Faltas. Seguido también por otros cabecillas del ámbito de la “abogalancia”. Entre ellos, Alberto Marcos Zapiola, secretario de servicios públicos de Ramón Mestre padre como intendente, donde participó como letrado de la actual Carta Orgánica en 1995, y que ahora asesora a “Ramoncito”. Además, fue fiscal de estado y presidente del tribunal superior para la polémica intervención de la provincia de Corrientes, ocurrida en 1999, ordenada por el presidente Carlos Menem y llevada a cabo por el radicalismo cordobés. También aparece en el comité el Dr. Antonio María Hernández, ex diputado nacional en los noventa y candidato a vicepresidente de la Nación en 1995; Jorge González Schiavi, riocuartense y especialista en derecho ambiental; Víctor Armando Rolón Lembeye, miembro del tribunal de ética judicial, y Leonardo Massimino, gerente de asuntos legales de Ecogas.

Y finalmente, aunque suene increíble, el séptimo y último integrante que carga la responsabilidad de “modificar conductas” y así respetar la Constitución, en términos de Ramón Mestre, es el Dr. José Luis Palazzo, ahijado del represor Luciano Benjamín Menéndez y acusado de ser un “infiltrado” en la empresa EPEC durante la época más oscura del país.

En marzo de 2013, durante el juicio por la mega-causa de La Perla (Audiencia nro. 14 / Fecha: 08/03/2013), la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba presentó ante el Tribunal una carta escrita por el propio ex jefe del III Cuerpo del Ejército. Allí, el represor estipuló al ministro de gobierno cordobés, coronel Oscar Joan, de que Palazzo colaboraba como inteligencia a la hora de buscar “subversivos” en la planta.Allí en Epec desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco”, señalaba el Cachorro Menéndez en el contenido de la epístola, en referencia a Palazzo.

DibujoHoy, José Luis Palazzo es uno de los titulares del “Honorable” Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin mencionar que además ejerce la abogacía para determinadas empresas, entre ellas, Britos SA, la constructora de Horacio Miró, sindicado de ser el testaferro del gobernador De la Sota.

Este turbio pasado represivo de Palazzo, junto con una seguidilla de negocios realizados durante la democracia, nos permite tomar a su figura como una síntesis del propio anteproyecto presentado por el comité en el que trabaja. Aunque también, adaptándose a una administración tan poco despierta como ha sido la gestión de Ramoncito Mestre.

Quizás pocos recordarán que uno de las primeras medidas del actual intendente fue crear un plan colaborativo ciudadano para la denuncia contra infractores viales, conocido como “foto-multas”. El eje consistía en que los propios vecinos sacaran fotografías, desde sus teléfonos celulares, a todos los conductores vehiculares que infringieran las leyes viales, para así enviar las imágenes vía sms a la base de la municipalidad y, de este modo, multar al dueño del vehículo a partir del número de patente. La descabellada idea quedó en la nada, cuando los propios inspectores de tránsito, mediante asambleas, le hicieron entender al gabinete que con la llegada de los foto-montajes en forma masiva resulta imposible tomar como evidencia una simple fotografía sacada por un desconocido particular.

A pesar de eso, en materia de vialidad, la flojera no se queda atrás. Por lo menos, así se observa en los siguientes artículos de la Reforma:

Artículo 157. El que no atravesare la calzada por la senda peatonal, será sancionado con multa de dos (2) a tres (3) U.E.M.

Artículo 158. El que no respetare las señales de los semáforos o las indicaciones de los agentes encargados de dirigir el tránsito, será sancionado con multa dos (2) a tres (3) U.E.M.

Aclaremos que la Unidad Económica Municipal (U.E.M.) equivale al 1% del salario actual del intendente. Hoy está alrededor de los 15.000 pesos. Es decir, 1% = $150 = U.E.M. Es decir, mientras más cobra el intendente, más alto serán las multas.

Es decir, una multa entre 300 y 450 pesos para el que atraviesa las calles por fuera de las sendas peatonales o aquellos que no respetan las luces de los semáforos. Una maniobra imposible para el inspector municipal o policía adicional a la hora de tomar datos a los particulares.

Tomemos un ejemplo verídico: en los días hábiles por la mañana, en la Av. General Paz, frente al cine Gran Rex, resulta ser una imagen habitual que los peatones crucen las sendas peatonales pero con el semáforo de los autos en verde. Esos peatones pueden conformar un total de dos docenas de individuos; imposible para alguien con la autoridad de librar una multa a cada uno de los que atraviesa la calle en pocos segundos y en veredas tan angostas.

Otro punto, que fue puesto en escena por las distintas movilizaciones de los carreros, fue la controvertida multa para aquellos que contratan a particulares en la recolección de la basura.

Artículo 228. El que contratare servicios particulares no autorizados por la Autoridad de Aplicación para la disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, patógenos, industriales, peligrosos, restos de obras y demoliciones, o aquellos residuos peligrosos que puedan constituirse en insumos para otros procesos industriales, que no se encontraren registrados, autorizados o habilitados, o que se encontraran consignados en el Anexo I de la Ley Nacional 24.051 o las que la modifiquen o sustituyan, o que incumplieran las normas municipales, relativas a cada una de dichas actividades, será sancionado con una multa de cien (100) a diez mil (10.000) U.E.M. En su caso, el Juez dispondrá la remoción de la vía pública del vehículo o motovehículo y la disposición final de los residuos a costo del infractor. Para retirar el vehículo, los elementos, cosas o herramientas utilizadas, deberá acreditar el pago de la multa, y el cumplimiento de todas las obligaciones municipales establecidas por la Autoridad de Aplicación.

Es decir, ¡de entre 15.000 a un millón y medio de pesos para el vecino que contrate a un carrero para que se lleve la basura!

Según apuntan los carreros, esto llevaría a la pérdida de sus puestos de trabajo y el riesgo a una mayor marginación. En materia de basura, no es descabellado pensar que desde el municipio se plantea agrandar la cancha a las concesionarias recolectoras de residuos.

Tal como lo hemos planteado en Striptease del Poder (http://stripteasedelpoder.com/?p=560), justo en medio de las inundaciones y de la marcha de los fiscales del 18F, los partidos de Unión por Córdoba y la UCR aprobaron la eliminación del impuesto al sello a las recolectoras de basura. A pesar de ser una medida provincial, esto beneficia directamente a las dos entidades que tercerizan el servicio público, que son COTRECO -cuyo dueño es Horacio Busso, primo hermano de Sergio Busso, actual presidente de la bancada del delasotismo en la Unicameral-, y Lusa –que pertenece al correntino Juan Carlos Romero, el mismo dueño que Ersa, otra empresa de Corrientes que entró a Córdoba de la mano de De la Sota-.

Nunca hay que perder el punto de vista que los lazos entre el radicalismo cordobés y el empresariado correntino se mantuvieron a partir de la intervención federal a la provincia de Corrientes, ocurrida en el año 1999, liderada por Oscar Aguad bajo una gestión que nunca estuvo exenta de polémicas. Parece ser una tremenda casualidad que el Dr. Alberto Marcos Zapiola haya sido el fiscal de estado y presidente del tribunal superior de la intervención, y que ahora integra el Comité para la reforma del Código municipal, junto con Palazzo.

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Finalmente, la reforma del código muestra su costado represivo al restringir la protesta y las exposiciones de artesanías.

Artículo 160. Las personas individuales, grupo de personas, organizaciones políticas, sociales, civiles, sindicales y toda otra agrupación que causare alteración al tránsito mediante la obstrucción y ocupación de la vía pública, impidiendo la libre circulación de personas y/o vehículos, serán sancionados con multa de cien (100) a quinientas (500) U.E.M.

En tales supuestos la autoridad administrativa de aplicación podrá requerir el auxilio del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de la Provincia para restablecer la circulación.

En el supuesto que la ocupación afecte corredores sanitarios de emergencia, de seguridad y de transporte público de pasajeros, la sanción se duplicará.

Artículo 253. El que realizare comercio ambulante de productos artesanales de su propia elaboración en la vía pública, será sancionado con multa de tres (3) a veinte (20) U.E.M. La devolución de la mercadería, vehículos, puestos o elementos con los que se practica la venta ambulante procederá previo pago de la multa, gastos de traslado y estadía correspondientes.-

La venta de artesanías en las calles cordobesas es una de las fuentes de trabajo que persiste dentro del comercio cultural. Las denuncias por aprietes de parte de inspectores municipales persisten en las denuncias de aquellos que toman la venta de sus propias elaboraciones como su fuente de ingreso. En cuanto la imprecisión del artículo 160 puede tranquilamente aplicarse a manifestaciones como las que se realiza cada 24 de marzo, que es la convocatoria más masiva que se hace anualmente, en el que incluso participa la Juventud Radical.

En pleno ocaso de su mandato, y con la esperanza de ser re-elegido, ahora con las pocas chances de ser candidato a gobernador, Ramoncito Mestre espera tener la convicción de obtener un apoyo de consenso con esta nueva reforma. O como él lo dice, desde una columna que escribió para La Voz del Interior: “Estoy convencido de que con Amor se construye, y esa construcción se realiza entre todos”.

Pero el Amor no parece florecer en este marco jurídico que propone. Arbitrariedades, entradas represivas y huecos mercantiles son los que se observan con un simple ojo en las letras.

Parafraseando a Rodolfo Walsh, solo es cuestión de meses para que la corrupción y la represión se junten. Esa unión que sintéticamente lo encarna José Palazzo se encuentra a viva voz en este ante-proyecto amoroso. Con un cierto nivel de patetismo.

En la madrugada del 8 de marzo, a eso de las 3:30 am, el coche del Dr. Ramón Ortega fue detenido por la policía en barrio Villa Belgrano, pegado a la calle Gauss. El alcoholímetro le detectó altos niveles. Lo suficiente como para librarle una buena multa.

Ortega es el cabecilla del comité de reforma del Código Municipal. Una muestra sobre quiénes van a decidir cómo debemos convivir entre nosotros mismos.

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