Según el Presupuesto Nacional 2017, es la cifra que se le consigna para las obras del Camino Altas Cumbres, cuya concesión está en manos de Britos SA., dirigida por el operador Horacio Miró, donde se lo apunta de ser “valijero” del ex gobernador de la provincia de Córdoba, Jose Manuel De la Sota. Nuevo lazos de negocios entre el presidente y los dirigentes cordobeses, en tiempos electorales donde se disputan los votos.
Por Lea Ross | @LeandroRoss
El presidente Mauricio Macri permanece atento a los discusiones y acomodos de los dirigentes del PJ. Sobretodo, de aquellos gobernadores o máximos referentes del interior del país a la hora de buscar la re-unificación o no del peronismo. Sin embargo, la provincia que está más atento es la de Córdoba, que en estos momentos está gobernada por su “amigo” Juan Schiaretti, aunque todo indicaría que el principal candidato para estas elecciones a diputado nacional sea el ex gobernador José Manuel de la Sota, con una relación más distante a la del mandatario nacional.
Eso no significa que detrás de estas rivalidades que se formulan a la hora de atraer votos, puedan acordar ciertas propuestas y beneficios a la hora de ayudar determinadas movidas en los casilleros que se esconden en este enorme tablero como es la política y el negocio argentino.
Tal como lo señaló el columnista de Clarín, Martín Bravo, a fines del mes pasado: “El macrismo y el grupo de mandatarios peronistas de buena relación con la Casa Rosada desestiman un acuerdo formal para las legislativas, lo que generaría ruidos de fractura en Cambiemos y en el peronismo, aunque los intereses en juego alientan un pacto silencioso con una negociación que incluye el armado de las listas”.
Según Clarín, y en recelo a los dirigentes de la UCR, ese “pacto silencioso” consiste en la garantía de apoyar determinados proyectos de leyes propuestas desde el Poder Ejecutivo, y que a cambio, desde Nación, garantizar suculentas inyecciones financieras para el avance de las respectivas obras públicas provinciales.
En este pacto, existe un mutuo beneficio de retroalimentación positiva para ambas partes. Por un lado, no solo se garantizaría cierto respaldo legislativo por parte del bloque Cambienos, que no cubre la mitad más uno del Congreso, sino que además, se garantiza desde Nación los manejos espurios que se esconden en las provincias a la hora de sacar provecho los millonarios presupuestos que se destinan a grandes obras, con sospechas de malversaciones y sobreprecios, como una vía no solo para el enriquecimiento ilícito, sino también para rellenar las vaquitas reservadas para las campañas electorales.
Y la provincia de Córdoba, provincia predilecta para el macrismo por su enorme margen que tuvo en las elecciones presidenciales de 2015, no podía estar ajena a esto.
Rutas cordobesas
El Camino de Altas Cumbres es considerado como la obra vial más magnánima de la provincia de Córdoba. Se trata de uno de los recorridos del interior provincial, ubicada al sudoeste de la ciudad capital, que va por la Ruta Provincial 34 para unir la autopista Córdoba – Villa Carlos Paz con el Valle de Traslasierra. El camino había comenzado a idearse hace un siglo atrás, pero con el crecimiento del movimiento automovilístico, se trazó un nuevo camino, cuya construcción comenzó en la década de los sesenta.
En estos momentos, se realiza un último tramo para cerrar el camino, que se desvía al trazado inicial. Consiste en un camino alternativo de 16 kilómetros, que conecte el cruce entre la propia Ruta 34, en el tramo de Las Jarillas, con la Ruta Provincial C-45, a la altura de Falda del Cañete, más la construcción de una doble calzada de esa última ruta hasta la autopista Córdoba – Villa Carlos Paz, dando una suma de 7 kilómetros más.
Los fondos para la realización de ésta obras se parten por presupuesto federal.
Dentro de los anexos del Presupuesto Nacional 2017, aprobados el año pasado por el Congreso de la Nación y por el presidente Mauricio Macri, se consigna la partida presupuestaria que el Estado Nacional se le otorgará a las obras de Altas Cumbres. En ella, se estipula una entrega de 30 millones de pesos para este año. También, se consigna otro egreso más abultado para el próximo año, de unos 700 millones de pesos. Y, finalmente, ya para el año 2019, una suma adicional de 220 millones de pesos.
Todo esto da un total de 950 millones de pesos, casi mil millones, que quedan en manos de las empresas encargadas de concretar las obras del trazado final de la obra.
La concesión está en manos de la UTE Britos SA – Chediack, ésta última originaria de la provincia de San Luis. Mientras que la primera está señalada de ser la empresa que se ha quedado con los fondos de la obra pública cordobesa para beneficiar a funcionarios públicos.
“Durante el año 2011, a través de una Unión Transitoria de Empresas con la Firma Chediack, se comenzaron los trabajos para la construcción y pavimentación de la continuación del camino de las altas cumbres a través de la ruta provincial número 34, obra que implicará un trabajo de escalas mucho mayores a los efectuados en el Camino del Cuadrado y del Cerro los Linderos”, señalan desde la página web de Britos SA, que también se quedó con esas otras dos obras mencionadas.
El llamado a licitación para esta obra fue realizada en el año 2008. Luego de mucha demora, se le otorgó la concesión a “José J. Chediack S.A.I.C.A – Britos S.A. U.T.E.” en marzo de 2010. La unión transitoria de empresas habrían ofrecido una oferta de 416,7 millones de pesos para ejecutar las obras.
Se supone que el plazo de ejecución era de 36 meses. Sin embargo, las obras todavía no han concluido. Y a finales de 2013, el presupuesto ascendió a 665 millones de pesos, un incremento del casi el 60%. A comienzos de ese año, la UTE recibió un aval de parte de la Dirección Provincial de Vialidad para actualizar los planes de trabajo y las curvas de inversión, que habría llevado a la reactualización de los costos. Esto quedó consignado bajo Resolución 204.
En diciembre de ese año, un artículo del diario El Puntal de Río Cuarto recurrió a dos técnicos de la Dirección de Vialidad Provincial. Señalan que, en realidad, la licitación por los 416 millones era para que el camino desembocara a la altura de una sede de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales), ubicada al noroeste de Falda del Carmen. Pero la traza actual está llevando las obras a desembocar en ese mismo pueblo.
“Lo que está pasando es que todo lo que se hizo técnicamente se borró. Se está haciendo algo totalmente distinto y no hay una motivación técnica. Si hubiera habido un cuestionamiento, se tendría que haber dicho: señores, esta traza está mal hecha, que vuelva al departamento de Estudios y Proyectos para redefinirla. Pero acá no se actuó así. Se acordó políticamente un nuevo camino. Con un agravante: se licitó con la traza original; o sea el presupuesto de 416 millones era para el proyecto que hizo Vialidad; no sabemos cuánto va a costar el nuevo”, señaló uno de los especialistas al medio riocuartense.
Hoy en día sabemos que Britos SA es dirigida por el inefable Horacio Miró, quien fue el titular y posible mentor de la Agencia Córdoba de Inversión y Financimiento (ACIF), creada en 2002 a partir de la Reforma del Estado Provincial. La ACIF se encarga de gestionar los créditos internacionales para las obras del Gobierno. Actualmente, Miró no ejerce ningún cargo público. Tanto desde el periodismo como desde la oposición, se sospecha que trabaja como testaferro del ex-gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, e incluso -en la jerga periodística- como “valijero”. Es decir, de hacerse cargo del transporte del dinero sucio.
Ver Tinelli y Milani, los poderosos amigos de Miró, el “testaferro” de De la Sota
Horacio Miró arribó en Britos, cuando estaba por pasarse de ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) a una Sociedad Anónima. En ese entonces, ingresaba María del Pilar Raffo, socia en Villamora S.A. y Ultradiagnósticos S.A. de Roberto Poplawski, hermano de María del Carmen Poplawski, por entonces secretaria general de la Gobernación y ex presidenta de la ACIF. También ingresó el delasotista Luis Bene, ex síndico del Banco de Córdoba.
Al ser ya una Sociedad Anónima en el 2009, Britos S.A. se quedó con importantes obras públicas, desde la construcción del camino a las Altas Cumbres al primero y frustrado contrato de los gasoductos troncales en el interior del país. Sus ejecuciones, como gran parte de la obra pública cordobesa, quedaron a cargo de la opaca ACIF, una agencia descentralizada, que no rinde cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ni pública sus resoluciones.
En 2010, fue designado como vicepresidente Roberto Poplawski, quien es también socio de Horacio Miró. Ambos comparten negocios en Pilcher S. A., Paquitex S. A., y Anfimar S. A., esta última una sociedad registrada en Uruguay habilitada para emitir acciones al portador.
Por si fuera poco, según ventiló la Fiscalía Federal Nº1, durante las elecciones legislativas 2009, los tres principales empresarios de Britos SA aportaron desde sus bolsillos para la campaña de Unión por Córdoba. Estos son Miró ($ 70.000), Roberto Poplawski ($ 20.000) y Mauro Britos ($ 10.000). Es decir, un total de aporte, por parte de los principales directivos de Brios SA, de 100.000 pesos “en blanco” a la lista oficialista que los benefició con la obra pública cordobesa.
En diciembre de 2014, se había desatado un fuerte escándalo en la provincia de Córdoba, a partir de la filtración de cámaras ocultas realizadas por el periodista Tomás Méndez al empresario Hermann Karsten, director de Kolektor, encargada de la recolección de rentas de la provincia. En dicho material, Karsten asevera que el inefable Horacio Miró es el testaferro del gobernador De la Sota, y que trató de llegar a un acuerdo con el periodista para evitar que su socio se lo emparente como el “Lázaro Báez” de De la Sota. Para eso, acordaron realizar el pago mediante la pauta oficial de la Provincia o, por el contrario, recurrir a alguna publicidad de empresas privadas, perteneceintes a Miró, para luego diagramar una posible triangulación.
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La intriga internacional de Kolektor
La empresa cordobesa Kolektor acusada de corrupción en Guatemala
Con el escándalo del “Kolektor-Gate”, la empresa Britos S.A. publicó un comunicado confirmando que tanto Miró como Poplawski -que también es mencionado en el video- son integrantes del directorio de la compañía y negó haber realizado irregularidades. Fue la primera vez que se obtuvo una confirmación oficial de que el “monje negro”, como se lo alude secretamente a Miró, forma parte de Britos.
En la carta de la empresa, difundida para la prensa, Britos SA también hace mención de la obra Altas Cumbres, debido a que tantos sectores de la oposición como de los medios de comunicación recordaron las obras públicas que se quedó la compañía.
La epístola solo menciona lo siguiente: “La obra, llamada de Altas Cumbres, en ejecución en UTE, cuyo socio principal es la firma ‘José J. Chediack S.A.I.C.A.’, se originó en la presentación a la Licitación Pública abierta el día 22/03/2010, adjudicada con financiación del Gobierno Nacional”.
También, la empresa “informa que durante la actual gestión de Gobierno Provincial no ha participado en ninguna licitación pública ni privada, ni ha celebrado ningún convenio como contratista de obra pública con la Provincia de Córdoba”. Ahí hay una trampa en la redacción, ya que al hablar de la “actual gestión” se refería a ese entonces del tercer período gubernamental de José Manuel de la Sota (2011-2015), cuando las obras más cuestionadas a Britos -Camino del Cuadrado, Altas Cumbres y la frustrada obra de gasooductos- fueron obtenidas en la primera gestión de Juan Schiaretti (2007-2011), quien actualmente está ejerciendo su segundo cargo.
Es así que en febrero de 2015, legisladores de distintos bloques de la oposición presentaron una ampliación a una denuncia que se había hecho en diciembre contra funcionarios públicos de De la Sota, y que en este caso apuntaba a las obras de Altas Cumbres. En ese pedido de investigación, que cayó en manos de Gustavo Hidalgo, en ese entonces fiscal de anti-corrupción, se apuntó a las cifras infladas de los fondos destinados a las obras, además de la polémica sobre el cambio del trazado en base al artículo de El Puntal. La causa quedó en la nada, y el mismo fiscal archivó la causa de Kolektor.
La pavimentación de la ruta provincial E-57, también conocida como Camino del Cuadrado, es la otra gran obra vial de la polémica en la provincia de Córdoba. Los trabajos se iniciaron a partir del año 2005, cuya licitación del primer tramo la ganó una serie de empresas, algunas de ellas ligadas a realizar acuerdos mutuos con el gobierno de José Manuel de la Sota, como son los casos de Boetto y Buttigliengo, y la empresa Britos SRL. En ese entonces, se pavimentaron casi 23 kilómetros, desde Río Ceballos hasta la denominada progresiva 22.900. En el año 2007, se licitó el segundo tramo, donde esta vez la ganó una UTE conformada por Helport SA, del grupo empresarial del multimillonario Eduardo Eurnekian, y nuevamente Britos SRL, quien después se convertiría en Sociedad Anónima.
El segundo tramo, de 11 kilómetros aproximadamente, generó un cambio en el trazado de la ruta tradicional que llegaba hasta La Falda. Por órdenes del gobierno provincial, el nuevo camino fue desviado para el lado de Valle Hermoso, para que de este modo se conecte con la Ruta 38. Se trata de la localidad donde emergió Carlos Caserio, una de las figuras estelares del partido Unión por Córdoba y que actualmente ejerce el cargo de senador nacional.
El presupuesto inicial para el segundo tramo fue un total de $ 47.520.000. Según los números aportados por los ex-legisladores Ricardo Fonseca y Rodrigo de Loredo, para el año 2010, las empresas recibieron una partida adicional de $14.300.000 para actualizar los costos más otros $19.900.000 para obras complementarias. Total: $ 81.720.000 recibidos que, según los referentes de la oposición, fueron cobrados en su totalidad, aún cuando la obra no se ha terminado.
A pesar de una inauguración realizada en el año 2011, previo a las elecciones a gobernador donde De la Sota reasumiría por tercera vez, todavía no se ha concretado al día de hoy un último tramo de más tres kilómetros, que es la que desemboca a la ruta 38.
En ese mismo año, vecinos del Valle de Punilla presentaron una denuncia contra las obras del Camino del Cuadrado por los daños ambientales generados en la Reserva Natural Vaquerías. Particularmente, se apunta a la destrucción de la flora y fauna del lugar, más los problemas de los cursos de los arroyos, fruto de la caída de los escombros que tapan las vertientes hídricas. La justicia se declaró incompetente y la denuncia quedó archivada.
A partir del escándalo de Kolektor, legisladores opositores también presentaron las denuncias contra la empresa y funcionarios públicos por las irregularidades den Cuadrado, que también cayó en manos del fiscal Hidalgo. Para mediados de 2016, el gobierno concedió un pedido informe sobre cuánto dinero desembolsó la Provincia para el Camino del Cuadrado. La grilla de abajo, cuyo material accedió Striptease del Poder, se refleja que Britos SA recibió por parte de la provincia un total de $ 133.981.485 por la obra en sí. También, recibió un adicional para los muros de gaviones (casi $ 777.000) y la protección de taludes ($ 1.632.000) para el cauce del arroyo Vaquerías. Es decir, que para cuidar el arroyo, tuvieron que recibir fondos del Estado y no desde sus depósitos. Todo esto da un total de $136.390.700 que se lo quedó Britos.
Ver Camino del Cuadrado: Del Negocio Redondo al Triángulo de las Bermudas
Ya para ese mismo año, el nombre de Horacio Miró figuró en el Boletín Oficial como presidente de Britos SA. Y en diciembre de ese año, Hildalgo fue ascendido a juez, apoyado por los votos de Unión Por Córdoba (oficialismo) y de legisladores ligados al intendente la ciudad capital de Córdoba Ramón Mestre -un férreo defensor del bloque Cambiemos- también salpicado por distintos casos de corrupción en su gestión. La primera medida del juez Hidalgo fue archivar la causa por supuestas irregularidades del Camino del Cuadrado, la otra gran obra polémica de Britos.
El primero de febrero de 2017, en su discurso para el inicio de las sesiones legislativas en la provincia, el actual gobernador Juan Schiaretti mencionó que este año “comienzan los trabajos para terminar la bajada del camino de Altas Cumbres”, sin dar ninguna especificación al respecto.
Y es que cuando hablaba de dar “comienzo los trabajos”, se refería al presupuesto inicial que se inyecta a la obra, gracias a la firma del presidente de Macri, de $ 30 millones de arranque, pero que será el próximo donde se verá una verdadera tajada. Según las planillas del Presupuesto 2017, será solo el 3,2% que le asignará la Nación para el monto total, mientras que para el próximo año el chorro de dinero alcanzará un 73,7%. El resto se enviará en 2019, en las elecciones nacionales para presidente.
El total de 950 millones de pesos, de acá hasta las elecciones presidenciales, son casi cuatro veces más que la diferencia que hubo entre la licitación original de la obra con la posterior -más de 248 millones de pesos-. Y nueve veces más grande que las que recibió Britos por el Camino del Cuadrado.
Recordemos que Schiaretti y Macri se conocieron cuando el actual presidente y su padre, Franco Macri, estuvieron procesados por el contrabando de vehículos. Por ese entonces, el actual gobernador cordobés era secretario de industria y comercio nacional, y era quien, por ley, debía controlar a la empresa de los Macri. Ya en su primera gestión como gobernador, Schiaretti le entregó la concesión para la frustrada construcción de gasoductos troncales a la empresa IECSA, manejada por el primo del presidente Ángelo Calcaterra, junto con la empresa brasilera Andrade Gutiérrez -cuyo presidente, al igual que Odebrecht, está preso por el escándalo del Lava Jato- y Britos SA, de Horacio Miró. Y ahora, con el relanzamiento de las obras de gasoductos, Odebrecht se quedó con la mayor parte. Mientras que el resto se lo quedó Electroingeniería e IECSA, con fondos de origen chino. Pero como también se cortó estos mismos créditos extranjeros, se anunció que se volvería a licitar esos tramos y que serían solventados con fondos contraídos por deuda. Hay fuertes sospechas que lo volverían a ganar estas dos constructoras.
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Macri y Schiaretti, unidos por el contrabando
Gasoductos para todos y todas, en especial para parientes y amigos
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Mientras que la relación de Macri y De la Sota es mucho más remota. El segundo se desempeñaba como abogado de Socma, la nave insignia del Grupo Macri, durante la dictadura. La misma Socma que esta metida en el actual escándalo de Correo Argentino. En noviembre del 2001, en su primera gestión como gobernador, De la Sota les adjudicó a IECSA, la constructora capitaneada por Macri, y Electroingeniería, la construcción de 120 nuevas escuelas, con la particularidad de que tan sólo seis meses después de su adjudicación, el contrato tuvo un reajuste del 154% y se elevó a 239 millones de pesos. Ya para su segunda gestión, en 2006, IECSA se quedó con la construcción de 62 kilómetros de la Autopista Córdoba-Rosario. Luego, mediante la firma Cincovial, se quedó con el cobro de peajes en ese corredor. Finalmente, en 2014 durante su tercera gestión, la autovía Córdoba – Río Cuarto se la quedó IECSA con un contrato de 385 millones de pesos inicial, más las siguientes reactualizaciones en los costos.
Ver Macri – De la Sota: Viejas relaciones, nuevos negocios
El proyecto del Camino Las Altas Cumbres es uno de los tantos casos en donde la política y los negocios se entremezclan en la provincia de Córdoba. En esto caso, se pavimenta un “pacto silencioso” cuya vía une, de manera cíclica, al macrismo nacional con el peronismo cordobés.
Si bien ambos se mantienen en disputa como gladiadores que se enfrentan a muerte en el circo de arena de la política electoral, desde adentro de los aposentos del Coliseo se fraguan acuerdos espurios que se garantizan la división de ocupación de poder dentro de los estamentos de los espacios ejecutivos y legislativos.
Una realidad que se ha caracterizado en décadas anteriores y que aún con la proclama del presidente de poner fin a las mafias, no parece concretarse.
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