La condición secreta impuesto al gobierno de Mauricio Macri por parte del megabanco JP Morgan para financiar el pago a los fondos buitres, fue llevar el precio de boca de pozo del gas natural a 7 dólares el millón de BTU. Razón por la que la ley de pago a los buitres y la resolución del megatarifazo de gas, fueron tramitados sincronizadamente y publicadas en el mismo día en el Boletín Oficial. Para así aumentar sustancialmente las ganancias de las multinacionales petroleras, Pan American, CNOOC, y TOTAL, las que después de YPF son las principales productores de gas natural en Argentina. De las que a su vez el JP Morgan es su sponsor, y colocadora mundial de sus ADRs.
Esto explica el obstinado empecinamiento por parte de Macri, de sostener el megatarifazo a toda costa, para cumplir el pacto secreto con JP Morgan. Después de haber sido embocado por sus funcionarios ex JP Morgan, con la salida apresurada del cepo cambiario, que lo obligó a concretar a un apresurado arreglo con los fondos buitres, quedando así en manos del JP Morgan. Y a su vez este incumplimiento del pacto por parte del Macri, impidió que viniera la “lluvia de dólares” que había prometido. Razón por la cual para cumplir con dicho pacto, procura ahora “institucionalizar” un sendero de precios, para gradualmente llevar el precio del gas natural al nivel exigido por el JP Morgan.
Esto pone nuevamente en evidencia, las nefastas “condicionalidades” que aparejan las deudas externas, que aquejan a Argentina desde su nacimiento. Sin que en 200 años, a pesar del desastroso final de la pasada década de los ’90, hayamos sabido aprender nada de las aciagas experiencias que ellas dejan. En las qué, lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Lo que no se va en pago de intereses, se va en tarifas, o precios. Y lo que no se va en importaciones, se va en giro de dividendos al exterior, y despilfarro de nuestras riquezas. Configurando en este caso un doble vaciamiento: el de la pérdida del recurso natural no renovable, y el de la rentas giradas al exterior.
Por Javier Llorens – 13-9-2016
“Macri, igual que Kirchner: a todo o nada”, con ese título el columnista de CLARIN, Eduardo van der Kooy, publicó una nota a mediados de agosto pasado (14/8/16) mientras el Gobierno se desgastaba por la reacción de la sociedad ante el megatarifazo del gas natural con el que se había despachado. En su comienzo decía textualmente:
““Esto es a todo a nada”. Mauricio Macri repitió esa consigna, casi de guerra, ante cada funcionario que se le acercó para sugerirle una salida política a fin de superar el conflicto por las tarifas. El Gobierno hace más de un mes y medio que convive con ese martirio que lo condena a un desgaste popular. El Presidente es en estas semanas un hombre diferente al que muchos conocieron en los primeros meses de ejercicio del poder. Ante el problema del tarifazo elude las conciliaciones. En el resto sigue más o menos igual.”
“A un funcionario que lo escuchó hablar sobre la “madre de todas las batallas” se le erizó la piel y congeló la sangre. Quizás porque esa combinación de palabras remitió a otro ex presidente, a otro pleito traumático y a una derivación que terminó marcando toda una época. Néstor Kirchner bautizó de ese modo la pelea con el campo detonada en 2008 por la resolución 125. Esa batalla la perdió finalmente en el Congreso, pero le sirvió para inaugurar un ciclo de hostilidades permanentes que se acentuaron con su muerte repentina.”
Ese mismo diario había informado previamente, que el megatarifazo había sido decidido personalmente por el mismo Mauricio Macri, y sus dos edecanes de estado mayor, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Quienes habían rechazado la propuesta gradualista llevada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ordenándole que procediera con el salvaje megatarifazo. Al que el ex presidente Carlos Menem habría denominado “cirugía mayor sin anestesia”.
Aranguren, ex presidente de la SHELL local y regional, es un hombre que proviene del negocio de vender las naftas lo más caras posibles. Y por ello sabe muy bien que la esencia de ese negocio es el gradualismo, consistente en calentar el agua para cocinar las ranas poco a poco, para que estas, o sea el consumidor, no se percate de ello. No obstante acepto hacer de chivo expiatorio y cargar con las iras populares, como pararrayos de una decisión tomada en lo más alto del Gobierno.
La confluencia astral de buitres, JP Morgan Chase, y megatarifazos
El porqué de esa abrupta decisión, que tanta secuela trajo seguidamente, empieza a develarse si uno consulta el Boletín Oficial, y se encuentra que el 17 de febrero se publicó el decreto 367/16, firmado el día anterior por Macri, Marcos Peña, Alfonso de Prat Gay, y Juan José Aranguren. Con el cual, basándose en la ley de Emergencia dictada 14 años atrás sucesivamente prorrogada, se autorizó al ministerio de Energía y Minería a la implementación de nuevas tarifas provisorias de gas natural. Sin concretar previamente las audiencias públicas exigidas en la ley, hasta tanto se produzca una renegociación tarifaria integral de ellas.
En consecuencia se dispuso un aumento del orden del 3.000 %, o sea treinta veces más, en el precio al productor de gas, si se compara con las tarifas más bajas vigentes hasta ese momento. Y un porcentaje de aumento de entre el 500 % y más del 1.500 %, en la tarifa acordada a la distribuidora. Sumada a un parejo aumento de 500 %, en la tarifa para la transportadora de gas.
Lo cual reportaba aumentos totales en el precio final del metro cúbico de gas, de entre 1.250 % y 2.250 %, que se vieron reflejados en innumerables facturas. Y ante la reacción de los consumidores, el Gobierno en lugar de recobrar la racionalidad, aconsejado por los gobernadores de provincia que están dispuestos para cualquier aventura, puso un tope de 500 % a los aumentos respecto la facturación anterior. Dando así vía libre a cualquier consumo, contradiciendo así su declamada intención de fomentar el ahorro, para rebajar la demanda de gas natural.
Incrementos que la Corte Suprema, al anular ese megatarifazo, dijo que eran irracionales, y además los tachó de inconstitucionales e ilegales, al no haberse cumplido con las audiencias públicas, que según la Constitución y la ley deben preceder a cualquier modificación tarifaria. Diciéndole además claramente al presidente Macri, que si creía que podía fijar por su cuenta precios al productor de gas natural (PIST, boca de pozo) sin la intervención de la libre interacción de la oferta y la demanda, en tal caso se trataba de un mercado regulado, que también requiere de audiencias públicas.
Razón por la cual con el dictado de ese decreto, Macri y sus ministros habrían incurrido formalmente en el delito de abuso de autoridad. Y con lo que seguidamente se va a exponer, en cualquier país serio daría lugar a un juicio político en contra de todos ellos. Por haber ido mucho más lejos que eso, al haber concretado una negociación espuria altamente perjudicial para los intereses de los argentinos.
Ya que casualmente ese mismo día 17 de febrero, el ministro de Hacienda y Finanzas Prat Gay, y el secretario de Finanzas Nicolás Caputo, anunciaron formalmente la publicación de las instrucciones para concretar un arreglo definitivo con los fondos buitres. Que con sucesivos viajes a Nueva York, había venido negociando el secretario Caputo.
http://www.economia.gob.ar/instrucciones-para-la-participacion-en-la-propuesta-preliminar-argentina/
Prat Gay es un alto ex ejecutivo del JP Morgan. Y también lo fue Caputo, que luego pasó a ocupar altas funciones en el Deutsche Bank, hasta llegar a presidente de su filial argentina. Un derrotero similar siguió el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, que llegó a ser vicepresidente del JP Morgan en Nueva York, y luego pasó al Deutsche Bank, llegando a ser director de su filial en Argentina.
Y además, tal como dio cuenta la prensa, en plena negociación con los buitres se sumó al equipo económico de Alfonso Prat-Gay como jefe de Gabinete, Vladimir Werning, que se desempeñaba nada menos que como jefe para América Latina del JP Morgan Chase & Co.
Pocos días después, el 8 de marzo, Bloomberg publicó una nota con el sugestivo titulo “Wall Street está a cargo de la Argentina (Una vez más)” que fue replicada en Argentina por algunos medios, pero no los de tinte oficialista. En la que decía en su copete: “Después de años de gobierno de izquierdas, los veteranos de Wall Street mantienen altos cargos. Es el mejor equipo económico en América Latina, dice un analista.” Tras entusiasmarse con el pedigrí JP Morgan Chase y Deutsche Bank de los nuevos funcionarios de Economía, agregaba más adelante:
“No es sólo lumbreras de JP Morgan y Deutsche Bank dominan los directorios del gobierno. Goldman Sachs Group Inc., Barclays Inc. y Morgan Stanley están representados también, con funcionarios que ocupan puestos clave en la agencia bancaria de fondos de pensiones y el estado central. Uno de los ex empleados de Goldman, un analista de deuda denominada Demian Reidel que ahora se sienta en el directorio del Banco Central, había comenzado su carrera en JP Morgan.”
En consecuencia decía: “Wall Street está de vuelta en favor de la nueva Argentina, y de una manera grande. Desde que ganó el cargo en noviembre, el presidente Mauricio Macri, un ex hombre de negocios, ha cargado su administración con los comerciantes, financieros, empresarios, economistas y ejecutivos corporativos. No es el tipo de movimiento que un líder podría considerar en este momento, digamos, en los EE.UU., España o Grecia, lugares donde el sentimiento anti-banquero ha llegado a un tono febril en los últimos años.”
Y en relación al arreglo con los buitres agregaba: “Los términos de ese acuerdo, que todavía necesitan la aprobación del Congreso, han sido fuertemente criticados por aliados de Kirchner como demasiado favorable para los acreedores internacionales, algunos de los cuales están a punto de anotar ganancias de tallas grandes en los bonos en default. Y ahí reside la clave de la vulnerabilidad en el viraje que ha hecho Macri: la percepción de que su equipo preparado por Wall Street es demasiado acogedor con los inversores.”
Lo concreto es que estos veteranos JP Morgan boys, concretaron en diciembre del año pasado una apresurada salida del cepo cambiario. Que estaba basada en la receta del “enfoque monetario de la balanza de pagos”, inaugurada en nuestro país por “Joe” Martínez de Hoz, representante formal de los intereses Rockefeller en Argentina en los ’70. Y reimplantada luego por “Mingo” Cavallo durante los ’90.
Receta financiera que consiste en atraer el ingreso de hot money y capitales golondrinas al país, con el arbitraje de altas tasas de interés, para solucionar el desbalance externo de pagos. Que a la larga solo ha traído ruinosos resultados al país, y que en este caso no funcionó adecuadamente de entrada, al encontrarse el país técnicamente en default, como consecuencia de las sentencias del juez Griesa de Nueva York.
Razón por la que el hot money y los capitales golondrinas no abundaron en venir, poniendo así en una situación de alto riesgo al Banco Central. Al punto de verse obligado a pactar una onerosísima operación de REPO (Venta con pacto de retroventa) de títulos, con un grupo de bancos encabezado por el JP Morgan Chase & Co, y secundado por HSBC, Santander, Deutsche Bank, BBVA, Citi y UBS. Los mismos que luego participaron en la financiación del arreglo con los buitres.
Quienes en una típica operación de usura, exigieron una garantía en títulos por 12 mil millones de dólares, a cambio de un préstamo por 5.000 millones de dólares, que solo era un asiento contable. El cual habría tenido un costo exorbitante, con una tasa de interés similar a la del megacanje de Domingo Cavallo. Al haber percibido los bancos antes de su cancelación el pago del interés semestral, correspondiente a las enormemente infladas garantías, siendo esto la punta de lo que vino a continuación.
Para zafar de esa situación de angustiosa necesidad y urgencia en que el mismo se había metido, el actual Gobierno se vio obligado a llegar a un veloz acuerdo con los fondos buitres, a cualquier costo y de cualquier manera. Cayendo así en las garras de estos, detrás de los cuales estaba a la espera el JP Morgan Chase & Co, para brindar sus indispensables servicios financieros, e imponer adicionalmente las condiciones que se le antojara.
Operando así los fondos buitres como el policía malo, que ayuda al bueno a obtener la confesión del aprehendido. Que en este caso no sería la confesión, sino la expoliación del aprehendido, o sea el atrapado en esa apurada situación. Siendo esta típica situación de usura, la esencia de las deudas externas como mecanismo de tutela y expoliación de los países deudores. Brindando este caso un ejemplo más al respecto, como se verá seguidamente.
El merodeo de Bulgheroni a la Casa Rosada
Además un alto personaje, ya no de las finanzas sino del petróleo, visitaba a Macri en febrero. A la par que este le daba vía libre al megatarifazo, y lanzaba la propuesta a los buitres. Según lo reveló su necrología, no fue otro que el pope del petróleo en Argentina, Carlos Bulgheroni del grupo BRIDAS, que falleció hace pocos días. Y en su necrológica CLARIN publicó una foto de él saliendo de la Casa Rosada en el mes de febrero (“Bulgueroni, el empresario audaz que negociaba con los talibanes”, 4/9/16).
Sin embargo, si uno busca en el registro de audiencias del Poder Ejecutivo, no encuentra registrada esa audiencia de Bulgueroni, por lo que habría sido reservada o secreta. Pero si burlonamente, encuentra minuciosamente registradas innumerables audiencias en las que el presidente Macri recibió a sus subordinados, en las que no figura ese notable lobista.
No obstante se podría decir que Bulgueroni conocía la Casa de Gobierno mucho más que el mismo Macri. Ya que junto a su fallecido padre Alejandro, fueron cortesanos de todos y cada uno de los gobiernos que sucedieron al de Arturo Illia, desde 1966 en adelante. Lo que muestra el extraordinario poder y fascinación que ejercían sobre los presidentes argentinos que se sucedieron unos a otros en el sillón de Rivadavia, ya sea democráticamente o de facto.
Habiendo tenido incluso a uno de ellos, el general Reynaldo Bignone, como empleado, previamente a su asunción como presidente de la Nación, en las postrimerías de la última dictadura, quién hoy está condenado por delitos de lesa humanidad. Oportunidad en la que el suegro de Carlos, Juan Ramón Aguirre Lanari, se desempeñó como ministro de relaciones exteriores, tras la derrota en la guerra de Malvinas.
Estos barones del petróleo habían establecido una estrecha alianza con la última dictadura militar, y por ello se enriquecieron inusitadamente con la privatización periférica de YPF. Que dicha dictadura llevó a cabo, bajo la batuta de “Joe” Martínez de Hoz, representante formal de los intereses Rockefeller en Argentina. Acometida mediante la cesión gratuita para su explotación, de áreas que previamente YPF había explorado y desarrollado. Siendo además los únicos que tenían capacidad de intercesión, para pedir por los detenidos en los campos de concentración clandestinos. Privilegio que incluso les estaba vedado a los mismos militares.
No obstante su influencia nada mermó con los gobiernos democráticos que vinieron después. Y por contrario, lograron un totalmente inmerecido aumento en su prestigio social, conforme lo pusieron en evidencia las recientes necrológicas con que se despacharon los principales medios. Habiendo incluso participado los embajadores de EEUU, Noah Mamet; de Francia, Jean-Michel Casa; y de Italia, Teresa Castaldo, en la misa en su memoria, concretada pocos días después. Planteando el interrogante de a qué intereses extranjeros servía el petrolero argentino Bulgheroni.
Alejandro, el fundador del grupo BRIDAS, era un inmigrante italiano émulo de los Rocca, del grupo Techint. Que de la nada, fabricando bridas (unión de caños) para YPF, pasó a detentar los yacimientos más importantes de Argentina. Y es claro que eso no fue producto de la magia de Houdini o Copperfield Bulgheroni, sino del grupo Rockefeller que opera detrás del grupo BRIDAS.
Pasando así a ser, desde su imbricación como contratistas de la Stándar Oil off Indiana en el yacimiento más importante de Argentina, de Cerro Dragón, en Chubut, los representantes en esta de los intereses petroleros de ese poderosísimo factor de poder, tanto en EEUU como en el mundo.
Al punto de haber pasado Bridas a detentar en nuestro país, la nave insignia de ese poderosísimo grupo petrolero financiero, la empresa ESSO, transformada localmente en AXION. Más adelante se detallan otras hazañas de estos corsarios petroleros con bandera argentina, al servicio de ese grupo norteamericano de proyección mundial. Siendo la última de estas, el megatarizafo en cuestión.
La puesta en vigencia conjunta de la ley buitre y el megatarifazo
Posteriormente, el 28 de marzo, el ministro Aranguren firmo las resoluciones 28, 31 y 34/2016, que consagraron el megatarifazo. Y al día siguiente el Senado de la Nación comenzó el tratamiento de la ley de pago a los fondos buitres, que había sido aprobada en forma exprés por la cámara de Diputados, dándole su aprobación sin cambios en la madrugada del día siguiente. A lo largo de cuyos debates se aseguró que el financiamiento para el pago a los buitres estaba asegurado, con el aporte de los mega bancos JP Morgan Chase & Co y Deutsche Bank.
Ver El mamarracho de los acuerdos con los buitres aprobados por el Congreso
Dicha ley fue promulgada velozmente al día siguiente, 31 de marzo, con la firma de la vice presidente Gabriela Michetti, y los ministro Peña y Prat Gay. De esa manera al día siguiente, 1 de abril, en el Boletín Oficial aparecieron publicadas ambas cosas, que aparentemente son inconexas. La ley de pago a los buitres y su decreto de promulgación, y las resoluciones del ministerio de Energía que dispusieron el salvaje megatarifazo que conmovió a la sociedad.
Luego a mediados de abril, por resoluciones 134 y 146/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se designó a los bancos JP Morgan Chase &Co, Deutsche Bank, HSBC, y Santander, como coordinadores globales y colocadores conjuntos, y al BBVA, Citigroup, y UBS, como colocadores conjuntos para la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares para cancelar la deuda con los buitres. Siendo estos los mismos que habían intervenido en la mencionada operación de REPO con el Banco Central. Quedando así cerrado el quid pro quo, o en criollo el tome y daca, de financiación externa a cambio del megatarifazo del gas natural.
El hombre es el lobo del hombre, y JP Morgan el lobo de la economía
Hace quinientos años Thomas Hobbes dijo que “el hombre es lobo del hombre”, dando origen a un sinfín de teorías políticas y sociológicas. Pero en la era moderna, durante el siglo pasado y el anterior, el banquero anglonorteamericano John Pierpont Morgan, dio un paso más arriba en esa fórmula de depredación.
Ya que su especialidad era usar su poder financiero, para juntar las cabezas de los popes de diferentes ramas industriales, en su yate de alegórico nombre “El corsario”. A los efectos de ensamblar carteles y monopolios que aumentaran sensiblemente las rentas de estos y la suya. Mediante expoliar a los consumidores, y destruir a los competidores que no estaban en la componenda.
Proceso que se denominó “morganización” o disciplinamiento de distintos sectores de la economía. Que hizo por ejemplo, que los monopolios del acero, del petroleó, y el automóvil, propulsaran automóviles cada vez mas grandes y pesados, y que consumieran más combustibles, para aumentar la demanda de sus productos. Y luego no pudo resistir la competencia inteligente de los japoneses, y así hoy Detroit, que era la capital mundial del automóvil, está en ruinas, y la capital del automóvil se trasladó a Toyota.
Dicha “morganización” dio origen en EEUU a un poderoso movimiento antitrust, que culminó con el dictado de la ley Sherman o Antitrust Act, y el posterior descuartizamiento de la legendaria Standar Oil de los Rockefeller. Un siglo después esa yunta llegó a una nueva síntesis, con el JP Morgan Chase & Co, proveniente de la fusión del JP Morgan, con el Chase Manhattan Bank, el banco de los Rockefeller. Los que junto con el Citibank de los Aldrich Rockefeller, apestan a petróleo.
Por su parte en Argentina, a partir de cinco factores, se fue dando en el mercado interno una situación de enorme diferencial de precios del gas natural, y las consecuentes oportunidades que ello brinda. Lo cual habría llevado al lobo JP Morgan Chase & Co, a intervenir para lograr su estandarización o “morganización” al nivel más alto posible, al viejo estilo de su fundador John Pierpont. Esos cinco factores son:
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Las exportaciones de gas a precio ruin de 1 dólar el millón de BTU (MBTU) a Chile, Uruguay, y Brasil, buena parte de ellas sin retenciones. Que se vendía en esos países a 13 dólares el MBTU, diferencial con él que REPSOL habría sufragado la compra de YPF.
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La irrupción de gas natural boliviano, explotado por REPSOL en ese país, que actualmente se pagan a u$s 3,5 el MBTU, y llegó a estar a un precio de u$s 10 el MBTU.
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Las importaciones de GNL (Gas Natural Licuado) explotado por REPSOL en Trinidad Tobago, que actualmente proveniente de otros países está en u$s 5,5 el MBTU, y a 7 MBTU si se lo importa desde Chile, con la intervención de SHELL. El cual llegó a estar a más de u$s 15 el MBTU.
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La aparición del petróleo no convencional de Vaca Muerta y otros yacimientos, por el que REPSOL pretendía un precio especial asegurado para su explotación, de u$s 7,5 el MBTU, que finalmente se concretó en el contrato con Chevron. Al que luego, para obtener la adhesión de Francia como amicus curiae en el conflicto con los buitres, el anterior gobierno lo hizo extensivo al gas convencional off shore, obtenido por TOTAL en Tierra del Fuego.
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Los planes Gas Plus I y II que el anterior Gobierno implementó, ante la caída de la producción interna, con el que premiaba los aumentos de producción que se registraran, primero con un precio de u$s 5, y luego de u$s 7,5 el MBTU.
Ese notable diferencial de precios, entre gas importado, gas convencional, gas no convencional, gas off shore, y gas convencional de nueva producción internos, despertó la insaciable codicia de los barones de la cartelizada industria del petróleo. Cuya estructura oligopólica carente enteramente de competencia, se aprecia con solo ver las actuales UTE que detentan los distintos yacimientos. Que varían en su composición, pero no el nombre de sus pocos intervinientes, y están entrelazados entre sí como hermanos siameses.
Y lo que pretenden, más allá de sus costos de extracción locales, es lograr el precio de importación. Y por eso de consuno redujeron la producción, hasta obtener ese objetivo. Bajo la premisa de que en este mundo moderno dependiente de la energía, igual que los seres vivos del oxígeno que respiran, el precio marginal del petróleo o gas no es el de la última unidad ingresada al mercado, sino el de la unidad que no está en el mercado.
O sea la que (deliberadamente) falta en él, y cuyo precio es el máximo que los consumidores estén dispuestos a pagar. En su desesperación por calefaccionarse, iluminarse, o para accionar sus innumerables dispositivos y maquinarias, incluso las generadoras de otras energías. Razón por la que el precio del petróleo y gas, está íntimamente relacionado con el de la electricidad, conforme la matriz energética argentina.
O sea es el precio de la (deliberada) escases. En un mercado donde conviven el gas natural convencional on shore, el gas natural convencional off shore, y el gas no convencional, con muy distintos costos de extracción. Junto al gas convencional importado desde Bolivia, y el GNL traído en barcos desde orígenes remotos.
El natural interés del JP Morgan CHASE en el gas natural argentino
El anterior Gobierno, ante esa deliberada escases que comenzó a partir del año 2008, implementó como se dijo los planes Gas Plus I y II, tratando de satisfacer esa codicia. Pero ese esquema no satisfizo para nada la angurria de los barones del petróleo. Cuyos principales productores de gas natural convencional son YPF; Pan American, propiedad de BP, Bridas de los Bulgheroni, y la china CNOOC; y la francesa TOTAL.
Cuya producción incremental fue escasa o no existió, y en consecuencia el precio que reciben por la producción básica, que equivale a dos tercios de la producción local, es el más bajo de la escala. Y por ello lideran la pretensión de generalizar para el productor el precio más alto de la escala, que es el de la importación de GNL.
En el siguiente gráfico, basado en los datos del IAP (Instituto Argentino del Petróleo) se puede ver que solo 10 compañías, que además son UTEs entre sí en distintas áreas, detentan el 93 % de la producción de gas natural de todo tipo. Correspondiéndole a las tres primeras, YPF, TOTAL, y Pan American, el 74 % de la producción. Mientras que a la suma de estas dos últimas representa el 41 % de la producción.
En el siguiente sociograma, basado en la matriz de consorcios y áreas en explotación que figura al final de la nota, se pueden ver los vínculos societarios a través de UTEs (Unión Transitoria de Empresas) que unen a los principales productores de gas natural locales, bajo la batuta de YPF. Poniendo en evidencia la notable cartelización que existe en esa actividad, carente enteramente de competencia, y con inconfesados objetivos comunes. La que habría propiciado y llevado a cabo el lockout de limitar la oferta de gas, a los efectos de obtener una sustancial mejora en su precio.
El mismo está elaborado en base a la última información emitida por la secretaría de Energía en el 2005, dado que a partir de allí dejó de informar respecto la composición de las UTEs que intervienen en la extracción de hidrocarburos. En él se puede ver que YPF es socia de TOTAL, Pan American, Petrobras, Pluspetrol, Tecpetrol, CGC, Sinopec, y Petrolera LF (Pionner Apache). O sea de todas las principales productoras de Gas reseñadas en el gráfico previo, y de otras tantas.
A su vez TOTAL, aparte de socia de YPF, es socia de Pan American, Pioneer Apache (Petrolera LF) y Petrobras. Y por su parte Pan American, aparte de socia de YPF, también es socia de TOTAL, Pioneer Apache (Petrolera LF), y Wintershal. Completándose con otros alzos esa madeja, hasta alcanzar prácticamente el 100 % de la producción de gas natural.
Y da la casualidad que JP Morgan Chase & Co es el sponsor oficial de las principales empresas que secundan a YPF, TOTAL y Pan American, de punta en cuanto a la pretensión de precios. Al detentar la colocación de sus ADR (American Depositary Receipt) tal como se puede comprobar en el siguiente link.
https://adr.shareowneronline.com/UserManagement/DisplayCompany.aspx
Donde aparece la oferta por parte de JP Morgan de ADRs de BP PLC, la propietaria del 60 % de Pan American. De CNOOC LTDA, la compañía china propietaria del 20 % de Pan American, correspondiendo el otro 20 % a Bridas de los Bulgheroni. Y de TOTAL SA. O sea quienes detentan el 41 % de la producción local de gas natural en Argentina. Con el agregado de que el JP Morgan Chase es un banco estrechamente vinculado con Bridas, tal como lo pone en evidencia, a título de ejemplo, el haber intervenido en la venta de la mitad de Bridas a la petrolera china CNOOC.
A esto debe agregarse que la mitad de las acciones de YPF están en manos de inversionistas de EEUU, encabezados por los bancos Lazard y Goldman Sachs. Que seguramente estarán aplaudiendo el megatarifazo del presidente Macri, impulsado por su distinguido colega JP Morgan Chase.
Compañía que además es presidida actualmente por Miguel Ángel Gutiérrez, otro ex JP Morgan, quién se desempeñó durante dos décadas en altos cargos en ese megabanco. Y pasó luego a ser director de Telefónica Argentina, y a desempeñarse como socio y ejecutivo de la firma de inversiones inglesas, The Rohatyn Group LLC, y como gerente general de la compañía petrolera inglesa, President Energy PLC. Que detenta licencias de exploración en Argentina y Paraguay.
Demostrando su interés por las cuestiones del petróleo argentino, JP Morgan fue además la que en el 2014 compró inmediatamente después de emitidos, los bonos que el anterior Gobierno le entregó a REPSOL como pago por la estatización de YPF, en momentos en que Argentina estaba técnicamente en default por los fallos del Griesa. Y fue también, como se dijo, la que encabezó la onerosa operación de REPO con el Banco Central, que alivió la situación de este, hasta que llegó al arreglo con los buitres.
El denodado esfuerzo del presidente Macri para cumplir con el pacto espurio
El megatarizafo al que incluso se denominó provisorio, tuvo como esencia, como una demostración de autoridad, un parejo aumento de más del 3.000 % en beneficio del productor de gas natural. O sea una multiplicación por 30 del precio de boca de pozo que regía previamente, si uno toma el valor mínimo con descuento vigente hasta ese momento, y el valor máximo sin descuento que el actual Gobierno trató de imponer a partir de abril de 2016.
No obstante el clima le jugó abiertamente en contra respecto la aceptación social del megatarifazo. Dado que el benigno invierno del año anterior, hizo que gran parte de los consumidores gozaran de tarifas que tenían grandes bonificaciones, si se registraba una caída del consumo del 20 % respecto el riguroso invierno anterior.
Y ahora a la inversa, el aún más riguroso invierno de este año, hizo que se registrara un aumento de consumo respecto el año anterior, que reportó en consecuencia la aplicación de las máximas tarifas que dispuso el actual Gobierno. Mostrando así el megatarifazo su máxima brutalidad, para la mayoría de los consumidores residenciales.
En el gráfico adjunto, obtenido en base a las megatarifas autorizadas a Metrogas, la mayor de las distribuidoras de gas, ese explosivo aumento a favor del productor de gas, está representado con las columnas celestes. El que además vino acompañado con un porcentaje de aumento de entre el 500 % y más del 1.500 %, en la tarifa acordada a la distribuidora (columnas verdes). Y de un parejo 500 % de aumento, en la tarifa acordada a la transportadora de gas por ducto (columnas marrones). Lo cual reportaba aumentos totales, en el precio final del metro cúbico de gas, de entre 1.250 % y 2.250 %, salvo en el caso de la categoría SDB (Subdistribuidor) que es solo de un 500 % (columnas rojas).
Se puede observar en el caso del precio al productor, que los menores aumentos por debajo del 3.000 % se reflejan en las categorías R33, R34, y P3, la primera y la última sustancialmente por debajo de ese nivel. Lo cual evidencia que es falso el demagógico argumento usado por el Gobierno, de que eran los sectores de alto consumo y mayor poder adquisitivo, los más privilegiados con los subsidios, y que en consecuencia los que más aumentos porcentuales recibieron.
Pero en cuanto a resultados absolutos por MBTU, ello se refleja a la inversa, conforme el gráfico adjunto elaborado con las megatarifas de Metrogás. En el cual se observa que como un golpe de puño dado en la mesa, como señal de autoridad, el presidente Macri fijó un nivel de u$s 7 el MBTU para el productor de gas en la categoría R34. La más alta residencial, como señal simbólica del que nivel al que pretende llevar a todas. Lo que implicaba un precio final para ella, de casi u$s 10 por MBTU, sin impuestos.
Lo cual para un consumo de 800 m3, o 30 MBTU mensuales, propios de una casa grande o del clima patagónico, significa una factura de gas de u$s 300 mensuales. La que con más impuestos nacionales, provinciales, y municipales, y un tipo de cambio a $ 15, treparía a los seis mil pesos mensuales. Y este parece ser el objetivo a generalizar por parte del JP Morgan Chase & Co.
El cuadro tarifario, como una ruta gradual hacia ese objetivo, fija un precio de u$s 5 el MBTU para el productor de gas, para las restantes categorías residenciales R3. Un precio de u$s 4 el MBTU, para la categoría General P3. Y un precio de u$s 3 el MBTU para las restantes categorías, R1, R2 residenciales, y P1, P2, y SDB de la General. A las que lógicamente hay que sumarles las cargas correspondientes al distribuidor y transportista, más los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Igual que sucedió a principios del 2014, el megatarifazo fue recibido con una red de amparos y medidas cautelares, que de entrada impidieron su aplicación. Repitiéndose así la situación en que se encontró el Gobierno anterior, que intento también imponer un megatarifazo parecido, aunque un poco más gradual. En el marco similar de una economía recesiva por la devaluación del peso, dispuesta por el entonces presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas.
Lo cual a su vez produjo que la tan mentada “lluvia de dólares” que iba a traer Mauricio Macri como presidente “market friendly” (amigo del mercado) no se produjera, y por contrario se retrajera. A la espera del resultado del conflicto, y la demostración por parte de Macri de que es capaz de cumplir con su palabra de caballero con el JP Morgan Chase & Co. Imponiéndole a los argentinos, lo que esos extranjeros quieren para los argentinos, y no precisamente en función del bienestar de estos.
El megatarifazo recargado o potenciado posterior
Tras la intervención de Corte Suprema, que anuló esos cuadros tarifarios, el Gobierno se despachó días pasados con una propuesta tarifaría supuestamente “gradualista”. Con la que en realidad se sacó la careta respecto el quid pro quo, o tome y daca de buitres por megatarifazo, pactado con el JP Morgan, que evidentemente aún subsiste. Y al que recientemente el vicepresidente de EEUU Joe Biden se encargó de remarcarlo, al expresar que Argentina es un “socio estratégico” de EEUU, en materias de “energía y seguridad”.
Por su parte el presidente Macri sigue evidentemente obstinadamente empeñado en cumplirlo, para atraer las tan mentadas inversiones externas, que se retrajeron ante el incumplimiento hasta la fecha de dicho pacto. Cuyo cumplimiento es además un test ácido para medir la idoneidad del Gobierno, que se propone cambiar demasiadas cosas, para ver si tiene “gobernanza”. O sea mano firme para empuñar el timón, y llevar el barco adonde quieren esos “socios” extranjeros.
Hasta que se pueda ver si merece un apoyo decisivo, o solo se trata de otra experiencia fallida. Siendo por ende la cuestión del magatarifazo, una prueba de fuego. Por eso Macri decía según afirmó Van der Koy, que “la cuestión es a todo o nada”, ya que se trataba de “la madre de todas las batallas”. Expresión que popularizó en la Guerra del Golfo Saddan Hussein, quien no obstante terminó colgando de una horca.
En consecuencia, los cuadros que seguidamente se exponen, extraídos del informe aportado por el ministerio de Energía y Minería para la audiencia pública a concretarse a mediados de septiembre, trasuntan obscenamente la existencia de ese pacto espurio, de buitres por megatarifazo.
Al fijar un “sendero” de precios, con el objetivo desvergonzadamente declarado, de “institucionalizar” definitivamente alrededor del año 2020, un nivel del precio del gas natural de cualquier origen, del orden de u$s 7 el MBTU. En beneficio directo de las multinacionales productoras de gas, más allá de cual sea su costo de producción.
Lo cual por un lado, vulnera frontalmente las leyes y reglamentos que exigen que los precios deben expresarse en pesos. Y a su vez, al estar el precio dolarizado, esto representa un incesante y automático aumento del mismo en pesos, en función de las variaciones del dólar mes a mes.
Razón por la cual siguiendo a Arturo Jauretche, a esos cuadros se los podría denominar el “estatuto del coloniaje gasífero”. Al estar incluso desenfadadamente fijados los precios por millón de BTU, que es una unidad calórica ajena al sistema métrico decimal que rige en Argentina. Y solo es empleada en EEUU y el RU, y en la anglonorteamericanizada industria del petróleo.
En el siguiente cuadro (proveniente de la página 23 de dicho informe) se fija un precio inicial para el productor a partir del 1 de octubre, para la categoría insigne R34, de u$s 5,29 MBTU, con una mínima rebaja de un 25 %, respecto el cuadro anulado por la justicia. Y una mínima rebaja parecida se da en las categorías R3, y R1 y R2. A partir de allí, mediante incrementos semestrales, todas las categorías concurren a un precio uniforme de u$s 6,8 MBTU a partir del 1 de octubre del 2019. Siendo notable que nada se diga en el cuadro respecto las categorías no residenciales.
Este cuadro revela una empecinada y obtusa insensatez y mezquindad por parte del Gobierno. Tratando evidentemente de explotar el factor climático de la venida del estío, que por la caída estacional del consumo residencial, hará que las facturas vengan considerablemente más ligeras. Pero el asunto va a ser desde abril del año que viene, cuando el estío se vaya, y ese cuadro revele plenamente sus escondidos efectos.
Que se pueden apreciar en el gráfico adjunto, en el que se ha calculado qué rebaja reporta la actual oferta, respecto el fracasado megatarifazo anterior. Considerando las dos variables que tenía para cada categoría de usuario. La de la tarifa plena sin ahorro de consumo, y la correspondiente a un ahorro del 15 % en el consumo.
El gráfico revela que a partir del 1 de octubre, existe una disminución en el precio al productor del 25 %, si se considera la tarifa plena propuesta anteriormente. Pero inversamente, si se considera la correspondiente a una rebaja del consumo del 15 %, lo que se registra es un inusitado incremento del 50 % para las categorías más bajas, R1 y R2, y del 7 % para la R3, salvo la R34, que registra una disminución del 6 %.
El cuadro se agrava aún más, si se hace el mismo análisis con los precios a partir del 1 de abril próximo. En tal caso la disminución respecto la tarifa plena anteriormente propuesta, es de solo un 9 % para la categoría más bajas, R1 y R2, y solo de un 18 % para la R3, salvo la R34 que llega a un 22 %.
Pero si la comparación se hace con la megatarifa anterior, correspondiente al 15 % de ahorro en el consumo, el cuadro cambia radicalmente. Dado que ello reporta un inusitado aumento del 81 % para las categorías más bajas, R1 y R2, y del 18 % respecto la R3, salvo la categoría R34, que se beneficia con una mínima disminución del 2 %.
Y a ello en ambos casos, hay que sumarle las variaciones del tipo de cambio que se produzcan ínterin. Por lo que bien puede decirse que el megatarifazo anulado por la justicia, ha sido reemplazado absurdamente por un megatarifazo potenciado o recargado, solo que de acción diferida hasta el invierno que viene.
Con el siguiente cuadro (correspondiente a página 24 del informe) se fijan los precios al productor de gas para las provincia patagónicas, La Pampa, y la Puna, con niveles iniciales sustancialmente más bajos que los del cuadro anterior. Un 62 % menos respecto la categoría insigne R34 del resto del país, y un 70 % menos, en relación a la prevista en el megatarifazo original para estas regiones del país. Tratándose evidentemente de una medida demagógica, para tratar de obtener el consentimiento de las provincias patagónicas, que a la vez son las principales productoras de gas natural.
Pero a partir de allí con incrementos semestrales, todas las categorías concurren a un precio de u$s 6,7 MBTU, a partir del 1 de octubre de 2022, o sea un precio final similar al del cuadro anterior, solo que tres años más tarde. Siendo también notable que nada se dice en este caso respecto las tarifas no residenciales.
Pero el siguiente cuadro (proveniente de la página 25 del informe) se encarga de dejar bien en claro las cosas. Por un lado, en cuanto ratificar que se trata el precio al productor (“Sendero PIST”) generalizado para todas las categorías, incluso las no residenciales. Al graficarse en él los senderos de precios esbozados en los cuadros anteriores. Distinguiendo incluso dos objetivos futuros de mediano plazo, correspondientes a un nivel de u$s 6 y de u$s 8 el MBTU respectivamente. Sin aclaración ni fundamento alguno que explique la elección de esos objetivos, expresados en dólares estadounidenses.
http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/AudPub/MaterialConsulta/GasNaturalFinal.pdf
Cuyo único objeto evidencia ser el de “institucionalizar” el pacto subrepticio arribado con el JP Morgan Chase & Co, de clavar el precio del gas en el nivel de u$s 7 el MBTU. Como si el país fuera una SA a la que se le han fijado determinada extracción de ganancia. La cual en relación a la actual producción de 42,4 millones de miles de M3, o 1.570 millones de MBTU anuales, con un diferencial de precios de u$s 4,6 MBTU (entre u$s 7 y u$s 2,4 MBTU, que regía para el productor hasta antes de asumir el actual gobierno) representa una suma de 7.223 millones de dólares al año.
Si se considera que esa mejora de precios abarca solo al 60 % de la producción base correspondiente el gas convencional, no premiado por aumentos de producción con los planes gas Plus, esto representa una descomunal transferencia de riquezas de 4.334 millones de dólares anuales, monto equivalente a dos años de la AUH (Asignación Universal por Hijo). Que irán a parar al bolsillo de las petroleras, encabezadas por las esponsoreadas por el JP Morgan Chase & Co, Pan American y TOTAL.
Al anunciar el actual Gobierno el arreglo con los buitres, esponsoreado también por JP Morgan Chase & Co, se jactó que había logrado bajar la tasa de interés por debajo del 8 % anual, para los bonos por 16.500 millones de dólares que había emitido para pagar a los buitres, que fueron absorbidos por el JP Morgan Chase y compañía. Lo cual representa una suma de 1.320 millones de dólares anuales.
Pero nada dijo de la contrapartida que iba por debajo de la mesa, que representa un monto anual 3,3 veces superior. Equivalente al servicio de una deuda externa de 54 mil millones de dólares. Siendo este el drama de las deudas externas, en las que el costo de las condicionalidades subrepticias que esconden, no aparecen en los balances que se hace de ellas.
Pero que de todas maneras, representan enormes gabelas para el pueblo, en este caso a través de arbitrarias tarifas de gas natural. Las que si se proyectan por los 32 años de concesión subsistente del yacimiento de Cerro Darón, representa una suma de 139 mil millones de dólares. O sea un importe casi nueve veces superior, al facilitado por el JP Morgan Chase & Co, para poder concretar el arreglo con los buitres.
La ilegalidad e irracionalidad que implica la nueva propuesta de Gobierno
La nueva propuesta del Gobierno, al fijar un horizonte con un precio de gas natural al productor de casi u$s 7 MBTU, con el evidente objetivo de luego mantenerlo en el tiempo, además de carecer enteramente de fundamentos, es ilegal e irracional.
Ilegal porque conforme la ley de privatización de Gas del Estado (24076) el precio al productor salvo un periodo de transición, debe determinarse sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, o sea por el mercado. Que como se vio, es más que defectuoso, por la evidente cartelización que existe en la oferta. Y en este caso ha sido suplantado aparentemente para siempre por el Estado, como regulador del mismo. Pero no en función del bienestar general, sino del bienestar de las empresas petroleras y el JP Morgan Chase & Co.
Si la intención del Gobierno, conforme declaró en la resolución 28/16 era “promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento”, podría aceptarse eventualmente, que se subsidie y desgrave a la oferta, para alentar las inversiones, si esta desequilibrada.
O que incluso momentáneamente se pida un sacrificio al consumidor, para que ellas se concreten. Pese estar reñido esto con la prédica capitalista, que justifica la ganancia por la inversión propia efectuada para poner en marcha el negocio, sin requerir que provenga de los consumidores. Para que en todo caso, una vez recuperada la producción, y saneada la cartelización del mercado, rijan las supuestas leyes de este, basadas en el equilibrio de la oferta y la demanda.
Esto es lo que sucedió recientemente en EEUU, con la irrupción del gas natural no convencional, gracias al ingenio de la industria del petróleo. Que se las suele arreglar para que el grueso de las inversiones las costee de entrada el mismo consumidor, a través del precio. Y a partir de allí, como se observa en el siguiente gráfico, desde un nivel promedio de u$s 5 el MBTU, hubo dos picos en el precio del gas al productor, en el invierno del 2006 y del 2008, que llegó hasta u$s 13 el MBTU.
Para seguidamente caer sustancialmente por debajo de los u$s 5 dólares, incluso a niveles de u$s 2 el MBTU en el invierno del 2012, pese la suba que registro su sucedáneo equivalente, el barril de petróleo. Oscilando actualmente estacionalmente, entre un nivel de u$s 2,6 a u$s 5,2 el MBTU.
Lo cual arroja un promedio anual de u$s 3,9 el MBTU, o sea un 45 % inferior al que se pretende fijar en Argentina. No obstante que casi la mitad del gas producido en EEUU es no convencional, que tiene mayores costos de extracción; que el invierno en los lugares de mayor población es mucho más riguroso que en argentina; y que el poder adquisitivo de la población, es mucho más elevado que el de argentina.
En consecuencia, además de ilegal, es un disparate económico irracional, que va en contra del consumidor, el fijar un horizonte de precios a seis años por delante. Que para Argentina es un larguísimo plazo, y más si se trata de dólares, con las sorpresas que suele deparar este. Dado que conforme las tan mentadas leyes del mercado, un aumento futuro de la oferta tras concretarse las inversiones, debería deparar una sustancial disminución en el precio del producto, tal como ocurrió en EEUU.
La única explicación de este irracional disparate, es que se está tratando de aprovechar la crisis que produjo el intento de megatarifazo anterior, para “institucionalizar” subrepticiamente en los papeles, el pacto espurio con JP Morgan Chase & Co. Fijando formalmente un precio de u$s 7 el MBTU, a cambio de la mano dada para el arreglo con los fondos buitres.
Pero esa disposición esconde también una perversidad económica, dado que simultáneamente el presidente Macri emitió un decreto (893/16) permitiendo nuevamente las exportaciones gas natural. Lo cual supone entonces la existencia no de un mercado local, adonde deba concurrir libremente la oferta y demanda local de gas, sino de un mercado regional.
En donde nuestros vecinos, Brasil, y especialmente Chile y Uruguay, carecen enteramente de ese recurso, y lo importan como GNL. Por lo que serán seguros demandantes del gas natural argentino, si la oferta local llegara a superar la demanda, como ya ocurrió entre 1996 y el 2006. Tendiendo así a mantener altos los precios, cercano al del GNL que importan actualmente, en directo detrimento de los consumidores argentinos.
Quienes de esa manera, pese haber financiado la expansión de la producción local de gas natural, deberán seguir pagándolo como si fuera importado. Configurándose así un doble vaciamiento. El del recurso natural empleado, y el las enormes rentas petroleras que se llevarán al exterior las multinacionales que dominan ese negocio.
El alzamiento del Gobierno contra lo dictaminado por la Corte Suprema
La Corte Suprema con el voto de Lorenzetti e Highton, confirmó “el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial… es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas”. Aspecto que no existe en manera alguna en relación al precio fijado para el productor de gas, denominada también PIST, o boca de pozo.
Y ante el argumento del Gobierno que el megatarifazo se había concretado “para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables”, dichos ministros opinaron que “hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública”.
Apuntando incluso que ello “impone al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Lo cual está lejos de cumplirse con el establecimiento de un sendero de precios, sin fundamento alguno, fijando el precio para el productor en dólares. Sujeto a ajustes periódicos por el aumento del mismo, y por la cotización del dólar, a los efectos de llegar en el año 2019 en una región del país, y en el año 2022 en la restante región del país, a un precio de u$s 6,8 el MBTU.
El cual caree de fundamentación alguna, e incluso supera los precios más altos de importación actuales del GNL, y desde Bolivia, conforme se puede ver en el mismo informe para la audiencia, presentado por el ministerio de Energía y Minería (pag 17). El que casualmente se corresponde con el de las importaciones desde Chile de GNL regasificado proveniente de SHELL, o sea el más caro de todos. Cuya inusual adquisición, que nunca antes se había concretado, fue diligenciada por el ministro Aranguren, ex presidente de la misma SHELL.
Lo cual abre el interrogante si estas importaciones, junto la autorización de exportaciones a ese país, fueron pactadas ex profeso, para justificar la existencia de un precio testigo regional, con el objeto de castigar con él a los argentinos, y abrir la puerta a futuros negocios de exportación. Sin tener para nada en cuanta su poder adquisitivo, en contra de lo expresamente establecido en el fallo de la Corte Suprema.
Al respecto los ministros de la Corte Lorenzetti e Highton expresaron: “Como síntesis de lo expuesto a este respecto, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoriau , en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.”
Advirtiendo que “no debe obviarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”
Recordaron en este sentido que “el régimen implementado en la ley 24.076 (Privatización de Gas del Estado) tuvo por objetivos, entre otros, alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo… propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural… y asegurar que las tarifas que se apliquen a esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la ley. Acorde a ello se previó que, en la determinación de la tarifa se aseguraría el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento”.
Y como anticipándose a la nueva e ilegal propuesta efectuada por el Gobierno, de fijar un precio del gas natural por seis años para adelante, dijeron: “La responsabilidad del Estado concedente y su autoridad no se detienen en el momento del otorgamiento de la concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación, ya que ello implicaría la renuncia de la administración a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas”.
Por su parte el flamante ministro Rozatti dijo que la mencionada ley de privatización de Gas del Estado, “prevé expresamente que una vez finalizada una etapa de transición, “se desregularán los precios de gas en punto de ingreso al sistema de transporte y las transacciones de oferta y demanda gasífera serán libres dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de la industria, de acuerdo con el marco regulatorio”. Razón por la cual “durante la vigencia de este régimen transitorio la actividad no puede ser calificada como “desregulada”, ya que sobre ella repercuten diversas instancias regulatorias instrumentadas por el Poder Ejecutivo”.
Confirmando que ende que “el análisis del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas, lo cual requiere necesariamente, la celebración de una audiencia pública… Esta Corte no puede discutir la decisión política de convertir a un mercado libre en un mercado regulado, o viceversa, pero lo que sí debe es considerar la razonabilidad y consecuencias jurídicas de esa decisión”.
Y respecto la gradualidad, cuestionando la postura del Gobierno de entenderla por etapas en función del tiempo, apunta que ella “no se vincula necesariamente con porcentajes (aumentar diez veces el valor de un peso no tiene el mismo significado que aumentar dos veces el valor de mil) sino con la ponderación de los montos fijados en concepto de tarifa en función de la capacidad de pago de los usuarios.” Afirmando al respecto:
“De ahí que, al formular un control de razonabilidad de las medidas impugnadas, corresponde sostener que en materia de servicios públicos no es admisible desvincular el “costo global de la prestación” de la “capacidad de pago de los usuarios”, pues así como es lógico suponer que el monto de las tarifas se calcula en función del financiamiento del servicio, también lo es deducir que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable que deba ser solventado únicamente por los usuarios generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y, por vía de consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio. Conforme a lo expresado, la aplicación del principio de “gradualidad” no debe verse como un obstáculo para compensar el retraso histórico en el valor de las tarifas sino como la condición de posibilidad para su concreción jurídica irreprochable.”
El estado actual de la extracción del gas natural
El precio interno para el productor de gas natural local tuvo una significativa mejora a lo largo de los últimos años, tanto en dólares como en pesos, como se puede apreciar en el gráfico adjunto. Ya que pasó de u$s 0,8 MBTU en el año 2001, a u$s 0,5 en el 2002, por efecto de la pesificación. Pero a partir del 2004 / 2005 supero el dólar por MBT y los precios que regían durante la convertibilidad, y con grandes oscilaciones por la estacionalidad, llegó a un nivel de u$s 2,4 en noviembre del 2009. Alcanzando un precio similar al de EEUU y otros países productores de gas natural de diversos tipos.
A partir de ese mes con la asunción del actual Gobierno, se registró una nueva escalada en el precio interno, del orden del 55 % en solo seis meses, llegando el precio promedio en mayo de este año, a u$s 3,7 MBTU. Lo que representa un incremento del 333 %, o sea más de cuatro veces en dólares, respecto el precio más bajo vigente durante el último año de la convertibilidad.
En cuanto al precio en pesos del gas natural por mil metros cúbicos, el mismo aumento 61 veces desde el 2001, ya que pasó de $ 32 a $ 1.950 actuales. Ningún precio interno aumentó de esa manera, ya que el índice de Precios Mayoristas del INDEC solo creció 9,3 veces desde el 2001 en adelante, mientras que el índice de Variación Salarial lo hizo solo 13,8 veces. Por lo que puede decirse que actualmente los productores de gas se encuentran en una situación de privilegio, en relación con el resto de la población que demanda su producto.
Comparándolo con los niveles de importación, se puede observar en el siguiente gráfico que los precios de esta han caído sustancialmente, después de llegar a un pico en el 2013. Acercándose notablemente al precio interno, ya que el gas natural importado de Bolivia está actualmente en u$s 3,5 el MBTU, un nivel semejante al precio interno con los aumentos dispuestos por el actual Gobierno. Mientras que el GNL regasificado en Argentina, está en u$s 5,5 el MBTU.
Respecto el gas natural cabe apuntar que el mismo no es un comoditie internacional que se trafique en los mercados globales, ya que su traslado por medio de ductos es de corto alcance. En cambio el GNL, que es gas natural congelado transportado en buques metaneros, si es un comoditie en el mercado mundial. Con un precio actual de importación en baja por parte de EEUU según su agencia de energía, ya que este país lo estaría importando desde Trinidad Tobago a u$s 3,35 el MBTU (u$s 3,26 el millar de pies cúbicos, casi equivalente al MBTU) por lo que se podría decir que Argentina ha comprado y está comprando caro el GNL, y podría comprarlo más barato.
https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9103us3m.htm
Al respecto en el 2015, con un consumo interno de 53 millones de Miles M3, Argentina importó un 10 % desde Bolivia, y otro 10 % como GNL. Lo cual daría un mix de precios de u$s 2,8 MBTU, si se considera el último precio interno del gobierno anterior. O de u$s 3,90, si se considera el último precio interno, dispuesto por el actual gobierno.
Ante el lockout petrolero que fue reduciendo la producción a lo largo de los años, en búsqueda de los precios de importación, el anterior Gobierno desarrollo los planes Gas Plus I y II. Con el que premiaba los aumentos de producción que se registraran, primero con un precio de u$s 5 y luego de u$s 7,5 el MBTU,
Pero con severas penalidades en casos de incumplimiento, por el que se debían pagar multas equivalentes al valor importado del gas comprometido no cumplido. Intentado en un primer momento que las empresas se hicieran cargo de la compra de ese gas. Y ante el fracaso de ello, esos planes se atendieron con subsidios, que en realidad no los recibía el consumidor, sino las petroleras.
Las eternas condicionalidades de la sempiterna deuda externa
Argentina no imprime dólares, y por la sempiterna fuga de divisas que padece, cíclicamente carece de ellos. Entrando así ante los vencimientos de deuda, en un estado de necesidad y urgencia, en el que aparece la clásica y antiquísima usura, pero en gran escala, que musita “yo te presto, la tasa es esta, y además…”. Estas son las sempiternas condicionalidades de las deudas externas, con las que se establecen tutelas informales sobre los países periféricos, atrapados en deudas que no pueden pagar.
Y por eso deben renovarlas continuamente, apareciendo en cada ocasión de esto las condicionalidades usurarias, como la que se acaba de describir. En la que quedó atrapado el presidente Macri con el JP Morgan Chase & Co, para zafar de las garras de los buitres. A las que se echó por propia voluntad, con la apresurada e improvisada salida del cepo cambiario que implementaron sus funcionarios, provenientes de esa misma banca.
Condicionalidades que han azotado a nuestro país desde nuestro nacimiento como nación independiente, con la legendaria deuda de Baring Brothers. Que deparó a título de ejemplo, una deforme tenencia de la tierra con la ley de enfiteusis, que aun afecta nuestras posibilidades como nación.
Las que incluso han sido públicas, como sucedió en la década de los ’90, impuestas por el FMI y el Banco Mundial, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”, y del Plan Brady de capitalización de las deudas externas. Que nos obligaron a la privatización y extranjerización de nuestros bienes colectivos, desembocando en la catástrofe del 2001.
Y en este caso se trata algo parecido, ya que el subrepticio pacto del presidente Macri con el JP Morgan Chase & Co, implica una nueva extranjerización de un recurso no renovable colectivo, sumado a la explotación de un mercado cautivo. Para transformar a Argentina en un hub regional de producción de gas natural, en beneficio no de sus habitantes, sino de las multinacionales petroleras que lo llevarán a cabo.
Por ello la opinión de algunos expertos, que afirman que nunca estuvo la tasa de interés internacional tan baja como ahora, es una muestra de panfilismo, al desconocer el verdadero mecanismo de la deuda. Y más aún si se toman deudas para afrontar gastos corrientes, como ya hicimos y se está haciendo actualmente, sin generar mecanismos que posibiliten su repago.
Por ende la deuda externa no es una cuestión de “intereses”, como decía el ex presidente Néstor Kirchner. Y en consecuencia, hizo un arreglo de deuda simulando una enorme quita de ella que no era tal, para evitar que se la investigara. Y esa errada concepción la pagó duramente su viuda, la presidenta Fernández de Kirchner, que como consecuencia de ese mal arreglo se vio acorralada por los fondos buitres, y para evitar caer en sus garras, no tuvo otra salida que echarse en manos de los chinos.
Pero lo peor de la deuda, es la inconsciencia histórica de los gobernantes argentinos, que asistidos por una burocracia elemental, ignoran enteramente los entresijos al que estuvieron sometidos los anteriores gobernantes. Y de esa manera cada uno que llega, se cree vivo por incurrir en las mismas tretas de sus antecesores. Que en realidad no son tretas, sino encerronas. Ante esa “miopía del pasado”, Winston Churchill decía que el gobernante que desconoce la historia de su país, no puede gobernarlo.
La deuda externa y la “miopía” del pasado y del futuro de los gobernantes argentinos
Basta ver un poco para atrás para citar algunos ejemplos de la “miopía del pasado”, relacionada con el petróleo y la deuda. Por lo pronto en abril del 2014, el anterior Gobierno intentó un megatarifazo parecido, dosificado con aumentos en junio y agosto, que no pudo prosperar por los obstáculos que encontró en la justicia. En circunstancias en que procuraba desesperadamente mostrarse “market friendly” con las empresas norteamericanas, a la espera del fallo de la Suprema Corte de ese país, por las demandas de los buitres por la deuda en default.
Acometió el mismo simultáneamente con pago de las sentencias del CIADI, el arreglo con el Club de Paris, y la indemnización a REPSOL por la estatización parcial de YPF. Por lo que seguramente el JP Morgan Chase & Co, que se quedó con los bonos que se le entregaron a REPSOL, habrá sido quién deslizó la exigencia de ese megatarifazo, que la justicia argentina frustró. Y por su parte lo mismo hizo la justicia de EEUU, en relación a la posibilidad de revertir la demanda de los buitres.
Otra instancia se dio con los primeros fallos del juez Griesa en contra de Argentina, a fines del 2012. Oportunidad en que el anterior Gobierno, para poner de su lado al poderoso grupo norteamericano Rockefeller, abandonó la política de resguardo del consumidor y del mercado interno que había iniciado tras la estatización parcial de YPF.
Y tras una entrevista personal del hoy difunto Carlos Bulgueroni con la entonces presidenta Fernández de Kirchner, se lanzó la explotación de Vaca Muerta con la intervención de la rockefelliana Chevrón. Quitando retroactivamente las altas retenciones que hasta entonces tenía el petróleo, y disponiendo un precio para el gas no convencional de u$s 7,5 MBTU.
Otra circunstancia bajo el anterior Gobierno durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue cuando con la intervención del entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, se simuló en los años 2006 al 2008 la colocación de deuda externa, no obstante permanecer Argentina en default. Mediante la triangulación de las reservas internacionales de dicho banco, con la intervención del JP Morgan y el Deustche Bank.
La condicionalidad que habría acompañado a esa simulación de colocación de deuda, fue el cese del conflicto judicial que el Estado nacional mantenía con el grupo Bulgheroni, por sus ilícitos con el Banco del Interior y Papel Tucumán. Más la prórroga de la concesión por otros cuarenta años del yacimiento de Cerro Dragón, el de mayor producción en Argentina.
Proveniente de un contrato firmado cincuenta años atrás, durante la presidencia de Arturo Frondizi, detentado actualmente por Pan American. Cuyos accionistas como se dijo son BP y Bridas, y en cuyo directorio había figurado el representante formal de los intereses de Rockefeller en Argentina, “Joe” Martínez de Hoz.
Como resultaba indecoroso que tras el arduo conflicto que habían mantenido, el Estado nacional terminara premiando al grupo Bulgheroni con esa prórroga, la solución que se encontró fue sancionar en forma exprés la “ley corta” de hidrocarburos, transfiriéndole la administración de las concesiones petroleras a las provincias. Destruyendo así la posibilidad de la coordinación de una política petrolera nacional, como sostenía la doctrina de Mosconi.
De esa manera el entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y su jefe de Gabinete Norberto Yahuar, se encargaron de prorrogar dicha concesión hasta el 2048. En base a un plan de aumento de la producción, que Pan American nunca cumplió. Lo cual no obstante le permitió al grupo Bulgueroni vender el 50 % de su participación en ese yacimiento a la petrolera china CNOOC, por tres mil millones de dólares, sin que en el país haya entrado un solo dólar de esa transacción.
Por su parte BP, la compañía anglo norteamericana que es socio de los Bulgueroni Bridas en Pan América, denunció que para obtener esa prórroga, se había pagado una coima de 300 millones de dólares, que investiga la SEC norteamericana. Estando también radicada en la justicia argentina desde tiempo atrás esa misma denuncia, a cargo del mediático fiscal Guillermo Marijuan.
Quién dijo haber recibido amenazas de muerte por parte de sus investigaciones contra figuras del kirchnerismo, cuando en realidad la recibió en relación a esa denuncia. Y además aseguró que viajaba a Estados Unidos para interiorizarse de ella, cuando en realidad lo hizo para presenciar la Copa América. Mostrando esto que la desidia, duplicidad, y desaprensión de quienes nos gobiernan, alcanza a todos los poderes.
Hay otros ejemplos anteriores, como la prórroga de la concesión del mega yacimiento de gas argentino de Loma de la Lata, a favor de REPSOL YPF. Con la simultánea autorización para la libre exportación de gas natural al precio de un dólar el MBTU, sin retención alguna, por parte del entonces presidente Fernando de la RUA. A cambio de una magra suma en dólares para atender los acuciosos pagos de la deuda externa, y obtener el apoyo de España para el ruinoso Blindaje.
Medidas que fueron justificadas con un plan de aumento de producción de Loma de la Lata, que Repsol YPF nunca cumplió. Pero que permitió que siguiera exportando a vil precio recursos gasíferos, por los que cobraba trece veces más del otro lado de la cordillera, habiendo financiado con esa diferencia la compra de YPF.
En relación a Pan American Cerro Dragón, hay otros ejemplos ilustrativos previos. Como la transformación de ese contrato en concesión petrolera, por parte de Menem y Cavallo, en el marco del Plan Brady, de canje de deuda externa por privatizaciones. Que era liderado por el JP Morgan, Chase Manhattan Bank, y el Citibank. Y la prórroga por cinco años que dispuso el presidente Raúl Alfonsín, en el marco del Plan Austral y el Plan Houston, apoyado por los mismos bancos.
Y también la prórroga que había dispuesto previamente, por otros cinco años, el último presidente de la dictadura militar, Bignone, que antes había sido empleado de los Bulgheroni. Y la indemnización, restitución de la concesión, ampliación de ella, y transferencia de los contratos firmados por YPF con Bridas, que dispuso el presidente de la dictadura anterior, Juan Carlos Onganía. Revirtiendo así la anulación de ese y otros contratos, que había dispuesto el derrocado presidente Arturo Illia.
El neurólogo Facundo Manes, que manifiesta su intención de incursionar en la política, se refirió de esta manera al trastorno de “miopía del futuro”, que sufren los pacientes que han recibido lesiones en el lóbulo frontal de su cabeza.
“Uno de los casos más famosos es el de Phineas Gage, un joven estadounidense que en 1848 trabajaba como capataz en una empresa de ferrocarril y sufrió un accidente. Una barra de hierro atravesó el lóbulo frontal de su cabeza, pero siguió con vida. Antes de la lesión, Gage era un empleado eficiente, equilibrado y muy trabajador.”
“Después, su personalidad cambió totalmente. Pasó a ser desinhibido y a elegir las opciones más riesgosas tanto para sí mismo como para su familia. Desestimaba las consecuencias negativas de sus decisiones y buscaba la recompensa inmediata. Se sabe que este tipo de pacientes con problemas en el lóbulo frontal sufren una “miopía del futuro” ya que no pueden medir las consecuencias negativas de sus decisiones a mediano y a largo plazo.”
Afirma en consecuencia que es necesario que Argentina “salga de la miopía del futuro como la que sufren los pacientes como Phineas Gage. Es el mayor drama que enfrentamos. Como sociedad debemos dejar de tomar decisiones que sólo brindan satisfacciones inmediatas pero hipotecan el destino”. Para ello deberíamos comenzar por escudriñar profundamente a los candidatos que se presentan a las elecciones, para evitar votar a Phineas Gage, o a otros a quienes metafóricamente, “una barra de hierro atravesó el lóbulo frontal de su cabeza”.-
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