El  gran  plan de Macri para asegurar su continuidad en el poder

En los tres decretazos de Macri referidos a la Ley de Medios en beneficio del grupo CLARIN, deberá intervenir en su tramitación la Procuración General, razón por la que Macri también pretende desplazar a su titular Alejandra Gils Carbó. Asegurándose así el control de la Justicia, con el sistema acusatorio en manos de fiscales que se está por implementar. A lo que se suma la cuestión con las provincias, por la deducción del 15 % de la coparticipación, que la Corte Suprema declaró ilegal.

De esta manera Macri concretó un audaz cuádruple ataque sobre los restantes poderes, la Corte Suprema, la Ley de Medios que regula el cuarto poder de la prensa, la Procuración, y las provincias. Con vistas a cooptar a estas últimas, para  zanjar en el Congreso, al que mantiene cerrado por la imposibilidad de controlarlo, las cuestiones de la Ley de Medios y la Procuración. E incluso la de la Corte Suprema, al haberle fallado el intento de coparla directamente con sus nombramientos en comisión, y cuyo control es un reaseguro para que las otras cuestiones queden firmes.

Y también la cuestión de los fondos buitres, en la que el Ejecutivo no puede eludir la Congreso, cuya solución le permitiría lanzar un gran plan de obras públicas con un masivo financiamiento externo, y facilitarle la cooptación de las provincias con parecidos mecanismos. Para así empoderar a su gobierno con vistas a obtener el control del Congreso en las elecciones de medio término, y asegurar su reelección. Dejando estas inusitadas y embrolladas acciones, con las que Macri inauguró su gobierno, que más allá de la política incursionan en el código penal, ominosos interrogantes respecto el futuro.

Contenido: Las otras patas de una estrategia integral, Procuración, provincias, buitres –  Las graves inconductas y delitos en que habrían incurrido Macri y sus ministros Una cuestión esencial para la democracia La hibris del macrismo “vamos por todo”, como el kirchnerismo

Las otras patas de una estrategia integral, Procuración, provincias, y buitres

La embestida de Macri contra el Poder Judicial designando por decreto a dos integrantes de la Corte Suprema, y contra la Ley de Medios que regula el cuarto poder de la prensa, se revelan que no son maniobras aisladas, sino parte de una plan integral. Que alcanza también al órgano extra poder de la Procuración General, que controla  los fiscales, quienes a su vez en base al sistema acusatorio que se va a implementar, tendrán el control de las causas penales.

Razón por la cual Macri emitió dos DNU, no obstante estarle prohibido por la Constitución dictar ese tipo de decretos en materia penal, tratando de expulsar, o al menos recortar a un mínimo las atribuciones de la actual Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Una vieja enemiga del grupo CLARIN, al haber cuestionado como fiscal de Cámaras la fusión de Multicanal con Cablevisión.

Con uno de ellos le quitó las intercepciones telefónicas que estaban a cargo de la Procuración, diciendo que no estaba garantizado el resguardo de los derechos e  intimidad de las personas, si continuaba en manos de los fiscales que son parte en el proceso, y tendrán en un futuro a su cargo las investigaciones penales. Un argumento curioso por parte de quién estuvo procesado justamente por practicar escuchas ilegales durante su gestión en la CABA; del que recién fue sobreseído tras asumir como presidente.

Con el otro modificó seis leyes, posponiendo sin fecha la aplicación del sistema acusatorio del nuevo Código Penal, que quedará sujeto a discreción del Poder Ejecutivo. Eludiendo así por un lado, el peligro que representaba para su gobierno, el tener una fiscalía de otro palo, que se dedicara a hurgar su gestión, que en la CABA estuvo lejos de la transparencia. Como lo ponen en evidencia los negocios de su amigo de la infancia Niky Caputo, cuyas acciones en CAPUTO SA, subieron cinco veces en un mes, al ser elegido Macri presidente.

Ver NIKY” CAPUTO, EL LAZARO BAEZ DE MACRI

Ver Macri Miente, Lanata omite, Caputo factura

Por otro lado el sistema acusatorio usado en las provincias, ha revelado ser para el poder político, un sistema desacusatorio para garantizar la absoluta impunidad del que manda. Al tener los fiscales el monopolio de la acción y la investigación penal, y depender funcionalmente de un fiscal o procurador general, que a su vez depende del Poder Ejecutivo.

El mejor ejemplo a este respecto es el feudo delasotista de la provincia de Córdoba, que fue pionera en su aplicación desde el año 1998. Y a partir de allí se acabaron los escándalos judiciales resonantes que salpicaban o involucraban al poder político, al haber concentrado la investigación de ellos en dos fiscales supuestamente anticorrupción. Quienes se encargaron de no dar curso a ninguna denuncia que rozara o involucrara a un funcionario político del rango que fuere. De esa manera el delasotismo va ya para cumplir el record de 20 años en el poder, pese la enorme corrupción y desmanejos existentes en  su gestión.

Ver LA RUTA DEL DINERO DLS?

Ver 16 AÑOS DE CORDOBESISMO DELASOTISTA

Contó además para ello desde el 2008, con la estrecha alianza con el grupo CLARIN, sellada con la integración de la hija de De la Sota, Candelaria, al staff de Magnetto. A cambio del control del voto del ministro de la Corte Suprema, el ultradelasotista Juan Carlos Maqueda, que falló a favor de CLARIN en la Ley de Medios.

De la Sota tiene una vieja amistad con Macri y fue empleado de Socma, y según el mismo De la Sota mantienen continuos cabildeos, habiéndolo incluso Macri tentado para la vicepresidencia y luego para la cancillería. Además el notable triunfo que obtuvo el macrismo en Córdoba que le permitió alzarse con la presidencia, lo logró gracias a la defección del peronismo cordobés. Que no solo mezquinó fiscales, sino también boletas en los cuartos oscuros, para que no triunfara el candidato Daniel Scioli.

Ver Macri-De La Sota: Viejas relaciones, nuevos negocios

Por ello seguramente De la Sota, que es un gato que anduvo mucho tiempo por el tejado caliente, le habrá aconsejado al novel príncipe, que lo primero que debe hacer por razones de seguridad, es volar a la Procuradora General kirchnerista Gils Carbó. Para poner allí a “su” Procurador General, como hizo De la Sota en la provincia de Córdoba sucesivas veces. Quién además deberá expedirse en los asuntos que lleguen a la Corte, relacionados con la Ley de Medios, la Procuración, las provincias, etc. Para recién allí implementar el sistema acusatorio cordobés, transformándolo en un invulnerable escudo para su gestión.

Esto es lo que acaba de hacer como medida preventiva el flamante gobernador de la alianza UCR – PRO – UNA Gerardo Morales en Jujuy, pese las declamaciones de independencia judicial que proclamaban airados esos tres partidos. El que entre gallos y medianoche aprobó un paquetazo de leyes, aumentado de 5 a 9 los miembros del Tribunal Superior de Justicia, e implementando el sistema  acusatorio.

A la par designó a dedo a esos nuevos integrantes del Tribunal Superior, incluyendo en este a dos diputados de su bancada que acababan de votar ese paquetazo de leyes. A un fiscal general, proveniente de una familia de prosapia radical. A la hermana del gobernador, como defensora pública. Y a flamantes jueces y fiscales, que se encargaron inmediatamente de poner en prisión a Milagros Salas, negándole la libertad condicional. Así funcionan los feudos provinciales, en forma mucho más agravada que el kirchnerismo en el orden nacional, y Macri evidentemente va por el suyo.
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Ver nota complementaria La embestida de Macri contra la Procuración General 

Macri también atacó a las provincias, al derogar el DNU por el que la presidenta Fernández de Kirchner hizo extensivo a todas las provincias, el cese de la retención del 15 % de la coparticipación federal, que un fallo la Corte Suprema había dispuesto a favor de las provincias de San Luis, Santa Fe, y Córdoba. Lo hizo aduciendo que la anterior presidenta había incurrido en un error al meterse en temas tributarios, que la Constitución veda  a los DNU.

No obstante es claro que el DNU se dictó por razones presupuestarias, para reformar las partidas destinadas a la ANSES. Dado  que Poder Ejecutivo tiene pleno derecho por sí, a renunciar a la coparticipación a favor de las provincias. Un claro ejemplo lo dio el mismo Macri pocos días después, al ceder a la CABA mediante un decreto simple (194/16) parte la coparticipación que le corresponde al Estado Nacional. Pasándola de 1,4 % a un 3,75 %, con un aumento del 168 %.

Razón por la cual el que sería ilegítimo es el DNU de Macri, dado que es un acto de prepotencia inusitada revocar derechos previamente acordados de manera legal por parte de quien le precedió. Y en consecuencia bien podrían demandar las provincias su cumplimiento. Este contradictorio y sinuoso accionar de Macri con los DNU, definiendo su materia según su conveniencia, muestra la mala fe con la que ellos son dictados.

Claramente el objeto de ese DNU contra las provincias, es tomar una prenda, con la cual presionar a las provincias para que se avengan a convalidar en el Congreso las medidas que Macri lleva adelante en relación a la Corte, la Ley de Medios, y la Procuración General. Ya sea aprobando los DNU que Macri dictó al efecto, aprobando los candidatos a la Corte que pretendió nombrar por decreto. Volviendo así a los tiempos de la Generación del 80, donde la garantía de gobernabilidad la daban las “situaciones provinciales”.

Ver nota complementaria La embestida de Macri contra las provincias

Cuestiones a la que se suma la del acuerdo con los fondos buitres que Macri procura obtener velozmente. No solo para poder solventar la neoconvertibilidad establecida tras la salida del cepo cambiario, sino para reendeudar externamente al país, “todo lo que pueda” dijo Macri.

Y así llevar adelante  un faraónico plan de obras públicas a lo largo y ancho del mismo, con vistas a plasmar un triunfo en las cruciales elecciones de medio término, para cambiar la actual composición del Congreso. Lo cual le permitiría sancionar una Ley de Medios favorable a CLARIN, asegurando además su futura reelección como presidente, igual que hizo como intendente.

Además la reapertura de un endeudamiento externo irrestricto le facilitaría la cooptación de las provincias. Ya sea para poder financiar la cesión de la coparticipación a favor de ellas, o para posibilitarles también a ellas el endeudamiento externo, con el aval del Estado Nacional. Se trata en consecuencia de un combo, donde una cosa encaja con la otra.

Pero no obstante la cuestión de los fondos buitres tiene dos pasivos ocultos, que han sido escamoteados a la opinión pública. Uno es el enorme monto que podría representar un arreglo con los fondos buitres, que con financiación incluida podría trepar por sobre los 50.000 millones de dólares. Y el otro es que ese arreglo por efecto de las cláusulas RUFO y las leyes cerrojo, podría deparar que quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010, también quieran gozar de sus beneficios, con lo cual el monto podría potenciase enormemente.

Ver nota complementaria La cuestión con los fondos buitres y sus pasivos ocultos

De esta manera, contando con la complicidad del cuarto poder de la prensa, que tiene como principal agente al grupo CLARIN, y con el control de la Justicia, a través de la Corte Suprema y la Procuración General, mas la cooptación del Congreso con la coparticipación, Macri reuniría en sus manos el ancho de espadas, el de bastos, y el siete de oros. Como para cantar en un futuro truco, quiero retruco, y vale cuatro. Contando con las mismas ventajas competitivas que gozan hoy los regímenes feudales provinciales, como el de Córdoba y tantos otros.

Las graves inconductas y delitos en que habrían incurrido Macri y sus ministros

Por ello una visión holística de los decretazos de Macri, hace evidente que ellos no responden a un accionar improvisado e inconexo, como superficialmente da la impresión de los decretazos os referidos al AFSCA y AFTIC. Que primero subordinaron estos entes al ministro de  Comunicaciones, el ex director de La Voz del Interior Aguad. Luego descabezaron a sus autoridades kirchneristas. Y finalmente se despacharon reescribiendo la Ley de Medios conforme las necesidades del grupo CLARIN.

Como si se tratara de atolondradas medidas sucesivas, que absurdamente se supeditan entre sí. Por contrario, ellas junto el intento de copamiento de la Corte con otro decretazo, y los decretazos referidos a la Procuración General, y respecto el 15 % de la coparticipación, ponen en evidencia el desarrollo de una estrategia integral, para asegurar el éxito concatenado de esas maniobras, a favor del  gobierno macrista y del grupo CLARIN como aliado estratégico.

Con el objetivo de mínima a favor de este, de sembrar científicamente el caos en la legislación que lo afecta. Para hacerla inaplicable contra el grupo, hasta que surja en la Congreso una nueva legislación a su favor. Y con el objetivo de máxima de que queden firmes las cruciales innovaciones introducidas a su favor. Lo cual de todas manera requerirá, por razones de “seguridad jurídica” indispensables para el grupo dirigido por Magnetto, que en algún momento ellas queden formalizadas en una nueva ley debidamente tramitada en el Congreso.

De esta manera no solo se trata de un pago por favores o dádivas mediáticas ya percibidas por parte del macrismo al grupo CLARIN. Sino que además es el punto de partida de una firme alianza para el futuro, con el objetivo inmediato de afianzar y proteger al macrismo en el gobierno. El objetivo intermedio de lograr un triunfo electoral en las elecciones intermedias, que permita alcanzar una mayoría en el Congreso, para dar absoluta seguridad jurídica al big business de CLARIN. Y el objetivo mediato de lograr la futura reelección de Macri.

De igual manera que lo logró el kirchnerismo mediante la estrecha alianza que mantuvo con CLARIN, durante la cual se decía que el Jefe de Gabinete Alberto Fernández era el que ponía los títulos de ese diario. La que duró hasta que en el 2008 comenzó la disputa por la cuestión del triple play de las telefónicas, que es una grave amenaza para el altamente redituable negocio del Cablevisión, con el que el grupo se sostiene. Y a ello se suman otros objetivos colaterales y concurrentes, como el dominar la justicia a través de la Corte. Y especialmente la justicia penal a través de la Procuración General, con el sistema acusatorio fiscal que se está por implementar.

Se podría decir que se trata de un plan “macriavélico”, propio del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ante el cual los “opocialistas”, neologismo macrista de oposición y oficialismo, hacen el papel de secundones o partiquinos bobos, que no parecen ver el trasfondo florentino del curso de los acontecimientos. Y como títeres de voluntades superiores, se dejan arrastrar alegremente por ellos.

Como es el caso de Sergio Massa, quién según algunos de sus críticos, lo hace a cambios de cargos y prebendas, volviendo así a los tiempos del contubernio entre conservadores y radicales acuerdistas de la década del ‘30. En consecuencia no parece haber escarmentado con el rol de tercero excluido, al que CLARIN y los grandes medios lo relegaron en las últimas elecciones. O el caso del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, integrante de la pronorteamericana RAP (Red de Acción Política), que trata de arrastrar tras él a otros gobernadores.     

Pero el Príncipe de Maquiavelo podía elaborar esos planes, y establecer impúdicas alianzas hace 500 años, porque tenía asegurada su absoluta impunidad. Al concentrar en él lo que hoy se conocen como los tres poderes republicanos, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial. A los que se suman el órgano extrapoder de la Procuración General, y el ominoso cuarto poder de la prensa, que entonces no existía. Pero este no es el caso de Macri, que debe dar cuenta de sus actos como mandatario del Poder Ejecutivo, a los restantes poderes, el Legislativo, y el Judicial con la intervención de la Procuración General.

Frente al Poder Legislativo, está sujeto al juicio político del que sería merecedor por el solo hecho del decretazo ilegal, anticonstitucional, y ahistórico, con el que trató de meter a un abogado del grupo CLARIN por la ventana en la Corte Suprema. Además del posible compromiso  colateral que podría haber asumido respecto esos mismos intereses el otro candidato, favorecido con ese anómalo procedimiento.

Máxime si a esto se suma que esos nombramientos son partes de una maniobra mayor, para tratar de burlar la Ley de Medios, sancionada por el Congreso, y ratificada por la Justicia, que afectaba gravemente la posición dominante del grupo CLARIN. Para  poder domesticar a la Justicia, ante el sistema acusatorio fiscal que se está por implementar. Y para dominar a las provincias, con la cuestión del 15% de la coparticipación federal.

Macri frente a la Justicia Penal

El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, dijo que el decretazo de Macri referido a la Corte Suprema, se trataba de un “abuso de autoridad”. Pero los tratadistas dicen que este delito menor, suele esconder en la práctica otros delitos más graves. Al respecto Macri, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y los ministros firmantes del DNU 267/15, han sido denunciados ante el juez federal en lo penal número 3 de La Plata Ernesto Kreplak, por “desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial”.

La misma fue efectuada por el diputado provincial kirchnerista Adrián Grana, quién afirmó “Macri gobierna al margen de la ley y desobedeciendo a los jueces”. Y se basa en la medida precautelar que dictó el juez contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, el 30 de diciembre. Prohibiendo al Poder Ejecutivo “alterar, modificar, eliminar o suprimir” de alguna manera las previsiones de la Ley de Medios. A la que para eludirla, Macri y sus ministros le pusieron al DNU que disolvió el AFSCA y AFTIC fecha de 29 de diciembre. Pese que ostensiblemente en ese día Macri descansaba como un príncipe en Villa de la Angostura en Neuquén.

Macri recién regresó a Buenos Aires el mediodía del lunes 4 de enero, tras dejar inaugurada en Mar del Plata las vacaciones estivales. Razón por la que como informaron algunos medios, inusualmente la publicación del Boletín Oficial se demoró hasta después del mediodía. Dando así tiempo a Macri a firmar ese decreto en supuesto acuerdo de ministros, el que no obstante luce en el Boletín Oficial con fecha 29.

Lo mismo habría sucedido con el decreto que dispuso la intervención del AFSCA (236/15) que lleva fecha 22 de diciembre, y originó otra inusual demora de publicación del Boletín Oficial hasta el mediodía del día 23, a la espera de la firma de Macri en ese día. Relevando así que las formalidades administrativas del Estado y la función pública, han pasado a ser para el ingeniero empresario Macri, meros ritos carentes de importancia, en aras del pragmatismo.

El que se revela también por la fecha elegida para dictar sus decretazos, en vísperas de las festejos navideños algunos, y de fin de año otros. Buscando evidentemente que pasaran lo mas desapercibidos posibles, ante una opinión pública distraída por esos tradicionales festejos. Lo cual es una burla a una democracia que se debe construir en base de consensos.

La cautelar del juez Arias que Macri y sus ministros habrían incumplido, duró hasta el 7 de enero, fecha en que fue revocada por el juez federal de La Plata Alberto Recondo. Quién adujo que el Poder Ejecutivo gozaba legalmente de la atribución de intervenir cualquier ente, incluido el AFSCA y AFTIC. Y poniendo en evidencia lo protervo de la estrategia de la maraña de decretos desplegada por Macri, dijo también que la cuestión se había tornado abstracta. Dado que el AFSCA y AFTIC posteriormente habían sido disueltas por el DNU que modificó las leyes de creación de esos entes, por lo que no le correspondía expedirse respecto los decretos anteriores.

No obstante ínterin la cautelar de Arias había estado vigente, lo que acreditaría  la existencia de los referidos delitos atribuidos a Macri y sus ministros. Quienes bordeando el código penal, en lugar de cumplirla, interpretaron a su gusto la sentencia judicial, diciendo que había provenido de un juez incompetente, y que la precautelar no se correspondía con los estrictos casos en que estaría autorizado a dictarla.

Explotaron así a su favor la restrictiva ley de medidas cautelares (Nº 26.854) dictada por el kirchnerismo en el año 2013, para paradojalmente tratar de neutralizar la maraña de medida cautelares urdidas por el grupo CLARIN, para obstaculizar la aplicación de la Ley de Medios. El que así habría caído en su propia trampa, urdida para tratar de contrarrestar las trampas de CLARIN.

Revelando la enorme importancia que parece tener esta cuestión para el gobierno macrista, su contumacia en bordear el código penal para impedir que lo dispuesto en sus decretazos se reviera, se puso nuevamente en evidencia una semana después. Con los amparos que dictaron el juez federal Civil y Comercial de la CABA Iván Garbarino, en una causa iniciada por ADDUC (Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores). Y por la jueza federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, ante un planteo de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social.

Quienes entendieron que no estaba acreditada de manera alguna la situación de necesidad y urgencia alegada por Macri, y en consecuencia dictaron una medida precautelar disponiendo la suspensión de los efectos de los decretazos de Macri referidos a la Ley de Medios (13/15, 236/15, y 267/15) y ordenando que se repusiera a las autoridades originales de la AFSCA y AFTIC.

No obstante el polémico Sabbatella  y su elenco no pudieron resumir en sus puestos, por encontrase con un fuerte vallado policial que lo impidió. Alegando el presidente Macri que se habían interpuesto apelaciones al respecto, las que conforme la mencionada ley kirchnerista anticlarin, dejan en suspenso las medidas cautelares, lo cual fue tachado de falso por Sabattella. Y por haber presentado prestamente los informes requerido por dichos jueces, los que también según la referida ley kirchnerista, suspenden las medidas precautelares.

Lo cual no obstante no sería el caso del juez Garbarino, que la dictó hasta tanto hubiera un decisión definitiva al respecto, contrariando lo dispuesto en la ley kirchnerista. Pero sin haber definido si la cuestión era de su competencia, por lo que insistiendo en su postura de interpretar sentencias judiciales en lugar de cumplirlas como corresponde, el macrismo dio a entender que Garbarino no era quién para dictarlas, y por ello optó por no obedecerlas.

Pero a continuación Garbarino concedió la apelación interpuesta por el gobierno, pero sin efectos suspensivos de la precautelar. Ante lo cual el gobierno macrista reaccionó decretando asueto administrativo, y desalojando el edificio del AFSCA, para hacer imposible el cumplimiento de ella. A la espera de un futuro fallo favorable de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, ascendiendo así la resolución del embrollo hacia la Corte Suprema.

No obstante al día siguiente el macrismo abandonó esa delictuosa postura de desobediencia a una orden judicial, y se resignó a que Sabattella y sus huestes ingresaran al AFSCA y recuperaran sus funciones y atributos. Lo cual no obstante solo duró unas pocas horas, porque la Cámara Civil y Comercial, integrada por Francisco De las Carreras, Graciela Medina y Guillermo Antelo, suspendió la medida precautelar que había dejado firme Garbarino.

Para ello adujo que la ley kirchnerista que modificó la ley de amparo, estipula que la apelación suspende la medida precautelar, salvo contadísimos casos de urgencia y necesidad, que según los camaristas no encuadraría en el caso. No obstante la notable velocidad con la que se expidieron a favor del gobierno, inusual en una Justicia caracterizada por su lentitud, revela que se trataba de algo urgente y necesario.

De las Carreras fue uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones  que declaró inconstitucional la ley de Medios, precisamente en los artículos que Macri derogó a favor de CLARIN. Y había sido acusado de recibir dádivas de este grupo, que por interpósita persona le costeó un viaje a Miami, razón por la que tiene un sumario abierto en el Consejo de la Magistratura. Y por su parte tanto Antelo como Medina habían sido recusados por el gobierno kirchnerista, por supuesta parcialidad en sus fallos favorables a las cautelares interpuestas por CLARIN.

Pero más allá de estas cuestiones de forma, al haber tomado esas disposiciones pensando en el interés individual y exclusivo de CLARIN, y no en el interés colectivo, Macri y sus ministros estarían incursos en los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que prevé penas de prisión de hasta seis años, e inhabilitación especial perpetua. Por haber hecho lo relativo a sus funciones,  o sea el dictado de esos decretos, a cambio de dádivas del grupo CLARIN.

Consistente ellas en haberse jugado a fondo a favor de la candidatura presidencial de Macri, apoyándola ostensiblemente, y llevando adelante una feroz guerra sucia periodística contra el gobierno que le precedió, impulsor de la Ley de Medios. Y brindándole además actualmente una coraza mediática con vistas a afianzar su gobierno, y lograr en un futuro una mayoría en el Congreso.

Para así dotar definitivamente de seguridad jurídica a los cuestionados negocios de ese poderoso grupo, en el cual hace tiempo que el fuerte de sus negocios ha dejado de ser el periodístico, para pasar a ser el de la comunicación. Siendo la vertiente periodística solo una forma de afianzar e impulsar sus negocios de comunicación, contra cualquier escollo que se ponga delante. Y por ello al no hacer periodismo y hacer comunicación, su impacto en el campo de la política es preponderante.

De tal manera el delito de dádivas, cohecho, y tráfico de influencias, estaría configurado a la vista de todos. Y en un país con un Congreso y una Justicia seria, el mismo seguramente sería comprobable, con solo obtener el tráfico de comunicaciones electrónicas cursadas entre las cúpulas del macrismo y el grupo CLARIN, antes y después que asumieron al gobierno.

La existencia delatora de ellas, sería posiblemente el motivo por el cual Macri y su elenco tomaron la intempestiva medida de transferir las intercepciones y escuchas telefónicas a la Corte Suprema, días previos al comienzo de la feria judicial. Para ponerla a prudente distancia de su vieja enemiga, la ex fiscal de Cámaras y actual Procuradora General Gils Carbó.

Una cuestión esencial para la democracia

Además esta alianza espuria del gobierno con el matón mediático, con capacidad de moldear la opinión pública, como quedó demostrado en las últimas elecciones, en cierta manera es un atentado contra el sistema democrático. Al poner en inferioridad de condiciones al resto de las fuerzas políticas, que tienen una distinta visión de la realidad y otras propuestas, pero no cuentan con el interesado apoyo del poder comunicativo de CLARIN.

Alianza espuria y subrepticia, que por cierto no es una gran novedad. Ya que se fue dando en un crescendo desde el gobierno militar en adelante, a la par de que en base a ella, el grupo CLARIN vorazmente dejaba de ser un negocio periodístico, para pasar a ser un imperio mediatico comunicacional, al que ningún poder político se animaba a confrontar.

Hasta llegar a su máxima culminación con el kirchnerismo, que no obstante luego de medrar de esa alianza espuria, se animó a confrontar con la bestia, creando un monopolio parecido, sustentado en los medios y avisos oficiales, y pagando objetivamente a la luz de los resultados, un duro precio político por ello. Como consecuencia de la durísima guerra sucia periodística que libraron entre sí ese duopolio mediático, sin límites éticos ni morales. Dejando enteramente de lado a quienes no se plegaban a uno u otro, abriéndose así la famosa grieta.

En consecuencia la síntesis política lúcida de esa tesis y antítesis, dejando de lado el “opocialismo” pánfilo de Massa, Urtubey, Bossio y otros, no es levantarle el brazo triunfador al matón mediático tradicional. Sino todo lo contrario, a los efectos de que ese duopolio mediático deje de existir enteramente por ambas partes, y no involucione hacia el tradicional monopolio del grupo CLARIN. El que con los decretazos de Macri recibirá un impulso adicional, por la invasión que le permite hacia el área de la telefonía. Siendo esta también una manera lúcida y moral, de intentar cerrar la grieta que divide a la sociedad.

Que ahora ha tenido una curiosa inversión de roles y consignas. Dado que los periodistas que antes declamaban que el periodismo es el contrapoder del oficialismo, hoy se proclaman neutrales y estrictamente periodistas, para disimular el oficialismo obsecuente que practican. Y por su parte quienes antes eran obsecuentes oficialistas, hoy ejercen un furibundo periodismo contrapoder.

Para la alicaída democracia argentina que marcha de mal en peor desde 1983, es una cuestión esencial que no exista un matón mediático, con capacidad de moldear o intoxicar a la opinión pública, como lo hace desde hace medio siglo el grupo CLARIN. Que en lugar de haber dado un toque de atención a los problemas argentinos, parece haber acompañando con toques fúnebres la debacle de Argentina como país.

Un ejemplo notable de lo tóxico de ese poder, es el periodismo basura que con fines de erosionar al kirchnerismo, viene desplegando en el caso de la muerte del fiscal Nisman. Tomando el pelo en la leche, o la mosca en la sopa, por contradictorias que sean entre si la mosca y el pelo, para construir una hipótesis de asesinato de la que no existe hasta ahora prueba alguna. Conculcando así elementales reglas de razonamiento lógico, plausibilidad, verosimilitud, rigurosidad, y honestidad que debe alumbrar la tarea periodística.

Otro ejemplo de lo protervo de ese poder, es la destrucción mediática que hizo de un hogar de niños en Córdoba (La Casa del Niño) a los efectos de dirimir una disputa por la tenencia de un terreno en las Sierras, que dicho hogar mantenía con uno de los directores del grupo CLARIN.

Para destruirlo, el grupo CLARIN con formato de escrache y no de información, denunció abusos sexuales existentes en el mismo por parte ex internos. Que tuvo como paradojal colofón, los abusos sexuales que el encargado del campo del director de CLARIN sometió a una ex interna de ese hogar. A los efectos de obligarla a ella y su familia a desocupar el predio, en cumplimiento de las órdenes de su patrón de hacerles la vida imposible para que se fueran. Razón por la que permanece detenido y será sometido en breve a juicio penal oral y público por una multiplicidad de delitos.

Ver LA VOZ” DEL ABUSO

Respecto la libertad de expresión que proclama, ella se haya fuertemente limitada en sus foros de diversas maneras. Mediante el impedir el acceso a determinadas identidades, ya sea suprimiendo de raíz sus comentarios, diciendo que están en “proceso de moderación”. O por supuestamente no haberse confirmado la registración como usuario, respondiendo un mail que nunca llega al destinatario. De esta manera disimula la censura, como un error de registración.

Ver CLARIN, la grieta, la censura, y el botín electoral

También impide que en los comentarios de las notas, se pongan links que remitan a otras fuentes informativas, cercenándolos de cuajo. Como se puede ver en la siguiente captura de pantalla del diario CLARIN.
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Emplea también como censores a diccionarios de palabras claves, que suprimen de cuajo los comentarios hechos sobre determinados temas, que contengan algunas de esas palabras. Obligando ello apelar a la tradicional elipsis para eludir la censura, tal como se pueden ver en las siguientes capturas de pantalla.

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Moderacion-CLARIN-3Otro ejemplo notable de la cobertura insidiosamente sesgada de CLARIN, la dio recientemente respecto estos asuntos, en la nota con título “Rosenkrantz, con más de 2.000 avales para la Corte” (16/1/15). En la que no solo ocultó que había recibido 1.428 rechazos, siendo los nexos de Rosenkrantz con el grupo CLARIN, uno de los motivos de ellos. Sino que con un pequeño recuadro con título “En contra”, daba a entender que solo había recibido el interesado y descartable rechazo de la kirchnerista Justicia Legítima.

Al día siguiente publicó otra con título “Rosatti también recibió más de 2.000 avales para la Corte” (16/1/15), ocultando también los 1.424 rechazos que recibió este candidato de Macri, pero si detallando prolijamente sus notables adherentes. Y por supuesto sin dar cuenta qué buena parte de las objeciones contra ambos, se basan en la conformidad dada por esos mismos candidatos a su ilegal designación como ministros “en comisión” por parte de Macri.

Buena parte de las adhesiones a Rosenkrantz provienen de la movilizada comunidad judía encabezada por la AMIA. Que valoró que “el Poder Judicial refleje la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo”. Sin extrañarse que esa influyente comunidad que tiene el 0,8 % de la población, ocupe el 20 % de las bancas de la Corte. Incumpliéndose a la par la ley de equidad de género,  que exige un cupo de por los menos un 30 % de mujeres en los cargos públicos. Razón por la cual, más allá de sus deméritos, uno de los dos candidatos de Macri sobran en la Corte.   

En un reportaje hecho desde Washington en el mes de diciembre al antes mencionado Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, este advirtió  que era una cuestión esencial para la democracia, que no existan medios de comunicación que ejerzan una posición dominante en la creación de la opinión pública. Con capacidad de imponer límites, candidatos, u opciones, como antes hacían las dictaduras militares. Lo cual reafirma que los decretazos de Macri respecto la Ley de Medios, más allá de las dádivas y tráfico de influencia, es un atentado contra la democracia.

Esto es importante: estamos hablando de libertad de expresión, no de una empresa que vende galletitas. Los medios de comunicación son vehículos para la libertad de expresión: los monopolios, oligopolios y la concentración indebida afectan la libertad de expresión. Hay empresas multinacionales que coparon casi todo nuestro mercado de cervezas; sin embargo, podés dominar el mercado de la cerveza sin que se lesione la vida institucional. En el caso de la concentración de medios lo que ocurre es una afectación de la democracia, porque ese grupo va a imponer su mirada, va a limitar otras, va a combatir a ciertos gobiernos o criticar a la oposición. Ignorar eso es ignorar toda la doctrina en la materia. Las democracias robustas, como Estados Unidos, ponen límites a la propiedad cruzada de medios. Esto no es ciencia ficción: en Guatemala hay un empresario que tiene cuatro de los seis canales abiertos de difusión. Para ser presidente en Guatemala hay que partir de sus medios y hacer acuerdo con este señor.”

La hibris del macrismo, “vamos por todo” como el kirchnerismo

Hibris es un concepto griego que se refiere a la ‘desmesura’. No como un impulso irracional y desequilibrado, sino a un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses. Que en una democracia serían los que imponen la Constitución y las leyes, el equilibrio de poderes, el respeto a las minorías, y la armonía que debe reinar en ella.

La hibris del poder parece tener pasto fértil en Argentina, no solo en las dictaduras militares, sino también en la democracia. Alfonsín creyó poder dinamizar un “tercer movimiento histórico” que lo llevara a repetir su mandato, para quedarse doce años en el poder. El que no obstante no llegó a seis, ya que tuvo que abandonarlo anticipadamente. Menem, que entregó el país a los inversores extranjeros, logro superarlo, ya que gracias a un nuevo mandato por cuatro años, llegó a los diez años de gobierno. Pero no pudo lograr una nueva reelección que le permitiera quedarse catorce años en el poder.

Duhalde por su parte astutamente acepto acortar su mandato, para impedir que Menem ganara la interna del PJ y volviera a la presidencia. Pero su heredero, los Kirchners, tuvieron la audacia de aspirar, mediante otro “tercer movimiento histórico”, a una reelección indefinida, sucediéndose el uno al otro. Pero la diosa Némesis que castiga las exageraciones, primero tronchó la vida de Néstor Kirchner, antes que pudiera lograr su segundo mandato.

Y además dejó al kirchnerismo sin su estratega, por lo cual su viuda Cristina Fernández se sucedió a sí misma, llegando a obtener una ventaja de casi 40 % de votos sobre su contrincante más cercano. Y borracha por el triunfo, decidió “ir por todo”. Luego incluso intentó un tercer mandato como Menem, que no pudo cuajar por las desmesuras en que había incurrido durante su gobierno. Que quedó manco tras haber permitido que se fugaran del país cien mil millones de dólares, equivalentes a dos tercios del saldo positivo de la balanza de pagos de la “década ganada”, proveniente del milagro de la soja.

En ese marco de desmesuras crecientes, signado por una profunda división del país en dos mitades irreconciliables, llegó Macri al poder con un muy escaso margen del 2 % de los votos. Y si ante ello uno esperaba prudencia, moderación, y equilibrio, nada de esto sucedió, cumpliéndose las peores prevenciones al respecto. Dado que el PRO comenzó a actuar como si en lugar de la República e institucionalidad prometida, hubiesen tomado la Bastilla. E igual que hizo el kirchnerismo después de las elecciones del 2011, parece decidido a “ir por todo”. Comenzando por todo lo que huela a kirchnerismo y moleste al grupo CLARIN.

El liderazgo de Fernández de Kirchner tenía un fuerte componente ideológico, que algunas veces no se trasuntaba en la práctica, lo que era disimulado con una impronta épica de imitación a Evita, y el consuelo de piadosas utopías. Pero la impronta de Macri, con sus antecedentes de ingeniero y empresario inescrupuloso, que llegó a estar procesado por contrabando, parece ser enteramente distinta. Podría describirse como la de un rudo súper chairman, o sea la cabeza principal de una súper corporación, responsable de tomar las decisiones de alta estrategia que le abren paso hacia el futuro.

Rodeado a su vez de CEOs, encargados de las estrategias y las tácticas menores, en los que delega la implementación en detalle de las grandes decisiones tomadas por él, siendo el principal de ellos el Jefe de Gabinete Peña. Configurando así un gobierno de expertos y tecnócratas, que según algunos analistas fue lo que llevó al fracaso al gobierno del amigo de Macri, el chileno Sebastían Piñera.

Dado que este esquema de toma de decisiones de tipo corporativo, elaboradas secretamente en la cúpula, donde los errores en los detalles y las formas no tienen mucha importancia, y la única variable es el dinero que se gana o se pierde, cuando las decisiones son acertadas o erróneas, poco tiene que ver con el arte de la política.

Donde la pecunia es otra de las tantas variables, y a veces de menor rango, y donde lo esencial es el feedback que se produce en la elaboración de la toma de decisiones con cúpulas ampliadas. Que compulsan permanentemente con sus bases, y están contenidas por cierto ideario, aunque este sea cada vez más diluido. Donde es muy importante el equilibrio y tino de ellas, el cuidado de los detalles y las formas, el estilo con que se anuncian, y  la argumentación con las que se defienden. Precauciones que hasta ahora Macri parece haber despreciado enteramente, conforme se expuso.

Aventajando notablemente en tal sentido a sus predecesores los Kirchner, que también cultivaban un estilo parecido de toma de decisiones secretistas, incurriendo de esa manera a la larga en notables desaciertos. Pero no al comienzo mismo de su mandato como acometió Macri (por contrario, trataron de democratizar el mecanismo de nombramiento de integrantes de la Corte Suprema) sino cuando este estaba ya avanzado.

Como fue en el 2008 la resolución 125, dictada a favor de los mismos exportadores de granos que hoy apoyan fervientemente al macrismo. Para que, ante el enorme crecimiento que se había registrado en su precio, pudieran comprar la cosecha al valor de las declaraciones juradas que habían presentado previamente, con el fin especulativo de congelar las retenciones, y evitar probables aumentos de ellas. Y de esa manera se llevaron puesta la diferencia entre las nuevas retenciones que dispuso la 125, y las que habían congelado previamente

Los Kirchners especulaban a su vez que luego la 125 les allegaría fondos para el pago de la deuda. Ignorando las enseñanzas de la historia, que dice que las rebeliones fiscales han sido la base de la democracia. Y así con ella se granjearon una eterna enemistad con el campo, que antes los había votado y ahora dio su voto a Macri. Quién por su parte repuso las declaraciones juradas a favor de los exportadores de granos, además de darles otras prebendas.

O como fue la estentórea toma de posiciones a favor de EEUU e Israel por el atentado de la AMIA que hicieron en el 2007, para terminar luego firmando un absurdo acuerdo con Irán en el 2013, que ni siquiera llegó a formalizarse definitivamente. Con el que el kirchnerismo se granjeo la enemistad de Israel y EEUU, y se enajenó el apoyo de influyentes sectores internos. Y luego derivó en la tremenda denuncia del fiscal Nisman de encubrir el terrorismo, rematada con el suicidio de este, que lesionó gravemente su imagen en un decisivo año electoral.   

Por ello Sun Tzu (500 ac) recomendaba convertir un camino tortuoso en la vía más directa, comprendiendo la estrategia de lo directo y lo indirecto. Y advertía que hay caminos que aunque sean más cortos, no deben ser recorridos. Ciudades aparentemente desprotegidas, que no deben ser atacadas. Batallas en un terreno litigioso, que no deben ser dadas. Y ejércitos que no deben ser atacados, porque en circunstancias desesperadas pueden luchar hasta la muerte.

No obstante Macri parece ignorar enteramente esas viejas recomendaciones de estrategia indirecta, y tratando de aprovechar los cien días de gracia que supuestamente goza un nuevo gobierno, en base al consejo de Maquiavelo que al mal hay que hacerlo todo junto, con su ruda mentalidad empresaria lanzó una dura y audaz estrategia integral para empoderar a su gobierno. Con vistas incluso a su futura reelección en el 2019.

Al atacar simultáneamente a los otros poderes. A la Corte Suprema, que controla la Justicia. Al AFSCA, que regula al cuarto poder de prensa y del grupo CLARIN. A la Procuración General, que controla a los fiscales. Y a las provincias que pueden controlar o influir notablemente en el Congreso. Con vistas a dirimir ya sea en el Congreso o en la Corte Suprema el resultado definitivo de esas embestidas.

Pero evidentemente no tuvo un buen comienzo. Dado que quedó empantanado al pretender  cortar camino,  nombrando ilegalmente jueces en “comisión” en la Corte Suprema. Y aunque no lo reconoció  expresamente, esa cuestión parece haber quedado a resolución del Congreso. De esa manera su ataque para ocupar la ciudadela de la Corte se detuvo. Y tampoco pudo tomar la ciudadela de la Procuración General, para la que no basta con dispararle con DNU.

Además la batalla contra la Ley de Medios, derivó como era previsible a un terreno litigioso, que quedará a resolución del Congreso, y en última instancia de la Corte, e incluso puede ir a parar a la OEA. Y estos emprendimientos feroces contra las concreciones del kirchnerismo, pese a haber obtenido solo un margen de ventaja del  2 % en la elección, lo ha llevado a enfrentarse con un ejército desesperado, que parece estar decidido metafóricamente a luchar hasta la muerte.

De tal manera la dura y desmesurada estrategia emprendida audazmente por el ingeniero empresario presidente Macri, tiene un pronóstico reservado. Al estar encastradas sus piezas en un frágil equilibrio de fichas de dominó paradas en forma circular, que se puede derrumbar en cualquier momento. En donde las provincias deben controlar al Congreso, el Congreso a la Corte Suprema y los DNU de Macri, la Corte Suprema también a los DNU de Macri incluidos el de las provincias, con la intervención en el medio de la Procuración General.

Máxime si a ello se suma las desmesuras que está incurriendo el macrismo en el orden socioeconómico, que reportan un ahistórico y solapado regreso a los tiempos de Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz. Como si los argentinos tuviéramos la imposibilidad de aprender de nuestras amargas experiencias históricas, y cuya crítica escapan a esta larga nota, solo justificada por la importancia de la cuestión.-

Notas complementarias:

La embestida de Macri contra la Procuración General

El ataque coordinado por parte del presidente Macri a la Corte Suprema y a Ley de Medios, tuvo evidentemente un tercer frente con la embestida al Ministerio Público Fiscal, y la pretensión expuesta públicamente por el ministro Garavano, de obtener la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Que tiene estabilidad absoluta en su cargo, salvo que se la deponga con un juicio político, que el macrismo carente de mayorías en el Congreso está imposibilitado de llevar adelante.

A Gils Carbó el grupo CLARIN la tiene hace mucho tiempo entre ojos, por haberse opuesto en solitario en el 2007 como Fiscal de Cámaras, a la fusión de Multicanal y Cablevisión. Conducida entonces por  el abogado de CLARIN experto en fusiones Rosenkrantz, designado ahora como ministro de la Corte Suprema en comisión por Macri. En momentos en que el kirchnerismo había llegado al connubio perfecto con el grupo CLARIN, al lograr en ese año la elección de Fernández de Kirchner como presidenta.

Por ello a la andanada de decretos sobre la Corte, y la Ley de Medios, Macri la sazonó en el día de Navidad, con sendos DNU dirigidos contra Gils Carbó. Quién debe dictaminar en todo proceso que llega a la Corte, como lo hará seguramente en el embrollo sobre la Ley de Medios, la Corte, y otros.

Con uno de ellos (256/15) Macri se despachó transfiriendo a la Corte Suprema las escuchas telefónicas que por ley habían pasado de la SI (Servicio de Inteligencia) a la Procuración General. A la par que el diario CLARIN, como si tratara de legitimar esa medida, se despachaba con notas de torvo contenido, dando cuenta de supuestamente sospechosos retiros de elementos, del edificio donde se efectúan las escuchas. Pese a la aclaración oficial que se trataba de elementos de la SI (hoy AFI, Agencia Federal de Inteligencia) que se habían empleado transitoriamente durante el traspaso de las escuchas desde la SI a la Procuración.

En ese DNU Macri argumentó para su dictado, que las fiscalías “resultan ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado. Que, en consecuencia, resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación.”

Claramente se refiere así a una cuestión de prudencia y conveniencia, y no de necesidad y urgencia, que supuestamente lo habilitaría para dictar ese DNU. Pero además, coincidiendo con el sobreseimiento con que fue agraciado en la causa penal en la que estuvo imputado por escuchas ilegales tras asumir el mando, se despachó diciendo como si fuera un afectado por la cuestión:

Que el control judicial durante la ejecución de una intervención de las comunicaciones es esencial para garantizar que no se afecte la intimidad de las personas más allá de lo necesario para cumplir el objetivo buscado en la solicitud, razón por la cual resulta imperioso que se consigne únicamente lo estrictamente necesario para los fines del proceso, y se prescinda de información personal sensible que resulte ajena a la investigación.”

Al respecto cabe apuntar que Macri fue procesado penalmente en dicha causa, junto a su ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, y otros funcionarios que han sido citados a juicio penal oral y público, porque estos habían efectuado escuchas ilegales por encargo, vigilando a su hermana Sandra, y al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, por la desconfianza que este último inspiraba a “la famiglia”.

Cargo del que el presidente Macri logró zafar a duras penas, mediante un dudoso informe proveniente de EEUU, y la autoimputación de su padre Franco, que supuestamente demostraban que Mauricio no había tenido nada que ver con el encargo de esas escuchas ilegales. Pero de todos modos la mera existencia de esa trama de intercepciones ilegales, en la que estuvo atrapado como parte interesada y su familia involucrada, hace que Macri sea el menos indicado para legislar al respecto.

Por su parte la Corte Suprema, de forma parecida a los que hizo con el decretazo de Macri nombrando en comisión a dos ministros de esta, dictó una acordada a fines de diciembre, diciendo que posponía para el 15 de febrero la implementación de ese DNU. Aduciendo que “no es posible llevar delante de inmediato esa misión, dada su importancia y especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos y materiales así como una prolija tarea reglamentaria y una ordenada transición”. Agregando “lo anteriormente expresado lo es sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales.”

Con otro DNU de la misma fecha (257/15) bajo el título Código Procesal Penal de la Nación, Macri se dio el gusto de hacer extensas modificaciones a media docena de leyes, lo que hace recordar al título de una vieja película, “Mas barato por docena”. Siendo ellas la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación, y las leyes de Presupuesto.

Lo hizo no obstante que la Constitución le prohíbe expresamente dictar DNU relacionados con la materia penal, como elocuentemente dice el título de este. Aduciendo no obstante infantilmente, que el mismo “no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público”. Lo cual arrancó de inmediato acerbas críticas por parte de expertos, simpatizantes de Macri, y la advertencia de la Procuradora Gils Carbó que el primer día hábil judicial de febrero interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.

En concreto lo que hace inusitadamente ese decreto, es posponer a voluntad del Poder Ejecutivo la entrada en vigencia del sistema acusatorio sancionado por el kirchnerismo. Que delega enteramente en manos de los fiscales el monopolio de la acción penal, y la investigación al respecto, quitándosela a los jueces de instrucción. El cual recién entrará en vigencia, “previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Consejo de la Magistratura”. Suprimiendo de paso todas las fiscalías creadas por la ley que sancionó el Congreso.

El “éxito” de este sistema judicial acusatorio a favor de la política, tiene su notable ejemplo en la Provincia de Córdoba, que es la mentora del mismo. Ya que desde su implementación en 1998, tras los escándalos del vaciamiento del Banco de Córdoba y Banco Social, el enriquecimiento ilícito del ex gobernador Eduardo Angeloz, la concesión de las usinas de EPEC, y el asesinato del senador Maders, ningún funcionario de origen político de mayor o menor rango, volvió a pisar los tribunales cordobeses.

Lo cual se acentúo notablemente con la asunción del delasotismo al poder provincial en 1999. Que se mantiene en el mismo hasta la fecha, gracias a ese control sobre el ministerio público fiscal, y a la alianza estratégica establecida con el grupo CLARIN, que detenta en Córdoba los principales medios gráficos y audiovisuales (La Voz del Interior, Canal 13, y Radio Mitre Córdoba). Motivada por el control del voto del ministro de la Corte Suprema, el ultra delasotista Juan Carlos Maqueda, y sellada definitivamente en el 2009, con la incorporación de Candelaria de la Sota, la hija del varias veces gobernador José Manuel De la Sota, al staff de CLARIN.  

Por lo que claramente el sistema acusatorio, contando además con la firme coraza de la prensa, es en realidad un sistema desacusatorio y de absoluta impunidad para el poder político. Que declama respetar la independencia de los jueces y la Justicia, cuando en realidad la espada de esta ha pasado exclusivamente a mano de los fiscales, que son los que la blanden realmente en el sistema acusatorio.

Como dice el Martín Fierro, “el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien, los que la manejan ven en dónde han de dar el tajo, le cae a quién se halle abajo, y corta sin ver a quién.” Por ello el macrismo evidentemente decidió posponer la aplicación del sistema acusatorio, hasta tanto pueda atrapar la espada por el mango, desplazando a Gils Carbó de su puesto.

La embestida de Macri contra las provincias

Sorpresivamente la Corte Suprema se despachó a fines del año pasado, ordenando la devolución de las retenciones del 15 % de la coparticipación a favor de la ANSES, retenidas a las provincias de Santa Fe y San Luis. Que habían efectuado demandas ante ella por esas retenciones, tras vencerse en el 2006 los pactos fiscales existentes al respecto, a las que luego tardíamente en el año 2011 se agregó Córdoba.

Al ordenar devolver esos fondos desde la interposición de las demandas, la Corte dinamizada probablemente por el cordobés Maqueda, zanjó implícitamente en forma salomónica, la demanda que había interpuesto la Provincia de Córdoba, por el incumplimiento por parte del ANSES de solventar el déficit previsional cordobés. Y la demanda interpuesta contra esa misma provincia, por la inconstitucionalidad de la Tasa Vial creada sobre los combustibles líquidos.

La peligrosidad de ese sorpresivo fallo de la Corte para las arcas fiscales nacionales, fue ampliada sustancialmente por el Poder Ejecutivo, al extender el gobierno saliente de Fernández de Kirchner mediante un DNU, iguales beneficios a las restantes provincias. Representando esto un monto estimado para el 2016 de 120 mil millones de pesos, equivalente al 8,5 % del total de los ingresos de la administración nacional.

Cuya aplicación no obstante fue suspendida provisoriamente por la jueza en lo Contencioso Liliana Heiland, ante una demanda interpuesta por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República. Alegando que el DNU carecía de explicación respecto las “excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado”.

Y por su parte en simultáneo, la Corte Suprema rechazó un planteo de la provincia de Formosa para gozar también de esa devolución, diciendo que ella solo se pronuncia ante demandas específicas, y que no puede hacer extensivas “irreflexivamente” las sentencias recaídas en causas parecidas. Requiriendo además que conforme lo estipulado con la reforma constitucional de 1994, se arribe a un nuevo acuerdo de coparticipación entre las provincias y la Nación.

Posteriormente Macri se despachó con otro DNU (73/16) con el que derogó el de Fernández de Kirchner al respecto. Aduciendo que la Constitución prohíbe dictar DNU referidos a la materia tributaria, al ser el Parlamento el único que tiene esa facultad al respecto, y por eso era necesario derogarlo con otro DNU. Pero el DNU de Fernández de Kirchner no estaba referido estrictamente a la cuestión tributaria, sino a la coparticipación, a la que bien puede renunciar el poder Ejecutivo con un decreto simple.

Igual que hizo pocos días después Macri al cederle a la CABA con un decreto simple (194/16) un mayor porcentaje de su coparticipación. Habiendo dictado Fernández de Kirchner el suyo como DNU, por reformar las partidas presupuestarias, al disponer que la deducción del 15 % que iba a la ANSES, se atienda con rentas generales. Razón por la cual el DNU de Macri sería otro acto de prepotencia inusitada, al pretender revocar derechos adquiridos por las provincias, concedidos legalmente por quien la antecedió en el cargo.

Se trata en consecuencia de otro grave embrollo, con el que Macri parece querer obtener un quid pro quo, o sea algo para negociar a cambio de algo con las provincias. Que son las que pueden conformar la decisión en la Cámara de Senadores, en los acuerdos que esta debe prestar, comenzando por los relacionados con los nuevos integrantes de la Corte Suprema.

Siguiendo con los DNU de Macri, que absurdamente según la reforma introducida por el kirchnerismo, pueden ser convalidados por solo una de las cámaras, y deben ser revocados por ambas cámaras. Y continuando con otras leyes claves, como la derogación de la ley cerrojo, indispensable para poder llegar a un acuerdo con los fondos buitres. 

Este chantaje lo describe elegantemente el gobierno diciendo “gobernabilidad se paga con gobernabilidad”, lo que contiene una cruda implicación, dado que lo contrario de la gobernabilidad es el caos. En momentos en que tanto el déficit nacional como los provinciales han crecido en forma alarmante, lo cual ha desatado una pugna por la apropiación de los ingresos fiscales, que seguramente terminará en la Corte Suprema. Por ello el gobierno nacional, aunándolo con la cuestión del grupo CLARIN y la de la Procuración, parece decidido a copar esa parada de cualquier manera, por improlija, inconstitucional, o ilegal que fuera.

La cuestión con los fondos buitres y sus pasivos ocultos

Como candidato Macri dijo que lo primero que haría sería ponerse a disposición del juez norteamericano Griesa, para solucionar el problema con los fondos buitres. Para ello nombró como secretario de Finanzas al bróker de la bolsa, Luis Caputo, quién se reunió con el mediador Daniel Pollack, cuatro veces en las cuatro primeras semanas del mandato de Macri.

Al mismo tiempo que su jefe el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay decía: “No crean ni un segundo el verso de que peleándonos con los buitres estamos haciendo un servicio a los argentinos. Esta negociación no va a durar ni 15 años ni 48 horas. Queremos resolver este problema y lo vamos a resolver lo más rápido y justamente posible”.

El motivo de estas urgencias, no es porque Macri este empeñado en cumplir con su palabra. Sino porque la solución de la cuestión con los buitres es clave para su plan de empoderamiento en el gobierno. Que igual que hizo cuando era jefe de Gobierno de la CABA, y acorde con sus antecedentes de ingeniero constructor perteneciente a la “patria contratista”, se basa en una fórmula muy sencilla.

Aprovechar el desendeudamiento externo que a duras penas llevó adelante el kirchnerismo, desquiciando los organismos de crédito interno, para reendeudar externamente al país y a las provincias en forma masiva. Y así poder llevar adelante un faraónico plan de obras desde Ushuaia a La Quiaca, que se pueda ostentar en todo el país. Igual que hizo con los metrobuses y bicisendas en Buenos Aires.

Ayudando a sostener además con esos ingresos de divisas, a la neoconvertibilidad, similar a la de Martínez de Hoz y Cavallo,  que se reinstaló con la apertura del cepo cambiario, consagrando la libertad absoluta al movimiento de capitales. Que requiere a su vez que no exista el déficit fiscal, o que este sea mínimo, para que los préstamos obtenidos vayan a obras y gastos de capital y no gastos corrientes. Por eso la decisión de eliminar no se sabe si la grasa, o los grasas del Estado, según dijo Prat Gay. A lo que se agrega la necesidad de recursos para cooptar a las provincias, ya sea a través del aumento de la coparticipación, o la posibilidad de que se endeuden externamente contando con el aval del estado nacional

Se trata de un plan similar al de la conservadora Generación del Ochenta, que además del control de “las situaciones provinciales” apelando a cualquier medio, con sus obras faraónicas en base al crédito externo, hizo de Buenos Aires al decir de André Malraux, “la capital de un imperio que nunca existió”. Que trajo a Argentina un breve y desigual bienestar, que solo duró esa generación.

Pero ese plan tiene un escollo, que es el bloqueo financiero impuesto por los fondos buitres encabezados por Paul Singer. Y cuya solución tiene otros dos escollos. Uno es el pasivo oculto a la sociedad, que esas demandas reportan, que recién tenuemente se empezaron a sincerar.

Que no son los 11.359 millones de dólares que figuran en el informe de la Secretaría de Finanzas, sino que por efecto de la potenciación de intereses judiciales, gastos, y costas, treparían a más del doble, según expertos como Daniel Marx. Lo que erogaría otro tanto como carga de intereses para su financiación, por lo que se trataría de un Megacanje por más de 50 mil millones de dólares, como el de Cavallo del 2001. Por ello los fondos buitres han requerido que las negociaciones sean secretas hasta arribar a un acuerdo, para ínterin no exasperar a la población.

El otro escollo es la clausula RUFO modificada por las leyes cerrojos, que podrían hacer extensivas a los acreedores que aceptaron los canjes del 2005 y 2010, los beneficios que se otorguen a los fondos buitres. Razón por la cual el problema en vez de morir allí, podría repotenciarse. Y todo ello requiere que no solo el Poder Ejecutivo, sino que el Congreso en pleno ponga su firma en el acuerdo en que se arribe con los fondos buitres.

Al relegarse otras alternativas que podrían dar solución al problema, siempre y cuando no se aspire a volver como dice el tango, sumiso y vencido al mercado de la deuda, para crear un pasajero y dudoso bienestar. Para que esto, sumado al control de la opinión pública con el aporte de CLARIN, el control de la Corte Suprema con los candidatos designados en comisión, y el control de la Procuración General y los fiscales penales, le posibilite a Macri ganar las elecciones de medio término del 2017, y su reelección en el 2019.

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