LOS MALOS CALCULOS DE LOUSTEAU CON SU 125 PARA BENEFICIAR A LAS CEREALERAS

LOS MALOS CALCULOS DE LOUSTEAU CON SU 125 PARA BENEFICIAR A LAS CEREALERAS

El candidato de ECO, Martín Lousteau, que disputará el ballotage el próximo domingo contra Horacio Larreta fue el autor de la polémica resolución 125. Esta medida, respaldada por el gobierno nacional, según una denuncia penal y la propia AFIP le permitió a las cerealeras llevarse 1700 millones de dólares.

Por Lázaro LLorens.

En estos últimos días, Martín Lousteau, candidato a Jefe de Gobierno por el partido ECO, ex ministro de economía de Cristina Fernandez de Kirchner, estuvo en el centro de todas las miradas, luego de su insistencia en competir en el ballotage contra el candidato macrista Horacio Rodríguez Larreta, luego de perder, en primera instancia, por 20 puntos.

A lo largo de toda la campaña, el candidato de ECO mostró una gran precisión para hablar de los números y los problemas de la Ciudad de Buenos Aires sacándole muchos trapitos al sol a la gestión de Mauricio Macri líder del PRO. De lo único que no se lo escuchó hablar con precisión fue de la polémica Resolución 125, que él como ministro de economía de Cristina firmó en el 2008 desatando un agudo conflicto social con las entidades del campo cuyas secuelas perduran.
No es para menos. La famosa Resolución 125 de Lousteau presentada por el gobierno nacional casi como una pre-revolución agraria, destinada a redistribuir el ingreso, en realidad estuvo hecha para beneficiar a las poderosas empresas exportadoras de granos, encabezadas por Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata, nucleadas en la Cámara de Industriales Aceiteros y la Cámara de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

Así lo develó una denuncia penal presentada por el ex legislador Mario Cafiero donde, con datos oficiales publicados por los registros de la Aduana, demostró que durante el breve tiempo que estuvo vigente la Resolución 125 de Lousteau, las cerealeras se birlaron 1.700 millones de dólares, que correspondían a los productores o al Estado. Su denuncia fue ratificada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y obligó al Congreso de la Nación a crear una comisión para investigar a las exportadoras de granos, que jamás funcionó.

La maniobra
Sintéticamente, la maniobra de las cerealeras consistió en cobrarles a los productores de soja una retención del orden del 45%, como lo fijaba la Resolución 125, pero luego pagarle al Estado, una alícuota de entre 25 y 30%, quedándose así con una millonaria e indebida ganancia. “Durante la vigencia (de la Resolución 125), casi un 80 % de las exportaciones de granos y sus derivados pagaron alícuotas de entre el 25 y 30 %… A su vez solo un 17 % tributó la alícuota de entre 30 y 35 %… Y solo un 4 % tributó la alícuota de entre 35 y 40 %, resultando irrelevantes las exportaciones que tributaron una alícuota superior al 40 %” detalla la denuncia de Cafiero que se puede ver en el informe adjunto. De esta manera, añade, se concretó una “enorme transferencia de ingresos de miles de millones de dólares desde los productores hacia los exportadores de granos”.

¿Cómo fue posible esta burla a la Ley? Gracias a la manipulación de las Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE) de granos. Instrumento mediante el cual las cerealeras, realizan ventas futuras de granos al exterior sobre cosechas que en muchos casos ni siquiera se han sembrado. De esta manera, fijan de antemano, el valor de retenciones y el precio, pudiéndole redituar muchas ganancias o pérdidas, si estos valores aumentan o disminuyen al momento de la liquidación real de la cosecha.

Utilizando las DJVE, la maniobra comenzó en septiembre del 2007, cuando la soja alcanzó su precio máximo histórico de 350 dólares la tonelada, y tenía una retención del 27,5%. Por esa fecha las cerealeras encabezadas por Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata, creyendo que la cotización había llegado a su precio máximo, y temiendo un aumento de las retenciones, registraron una masiva venta de granos futuras al exterior, mediante DJVE. Estas llegaron, según Cafiero, a unos 52 millones de toneladas -más de una cosecha anual- sobre una soja que recién se estaba sembrando. “Nosotros creemos que el universo total a investigar es de aproximadamente 11 millones de toneladas” más “16 millones del complejo aceitero” reconoció por su parte, Claudio Moroni, titular de la AFIP.

El problema sobrevino cuando el precio de la soja y otros granos, lejos de estancarse siguieron subiendo, hasta alcanzar en marzo de 2008, en vísperas del dictado de la resolución 125, los 575 dólares la tonelada. Estos precios, según la denuncia, implicaban millonarias pérdidas para las cerealeras del orden de los 1.600 millones de dólares por la diferencia de valores en las DJVE, más otros 1.300 millones de multa, por no cumplir con ellas.

Estas pérdidas, no solo fueron evitadas enteramente con la polémica Resolución 125 firmada por Lousteau, que fijó retenciones móviles de acuerdo al precio de los granos, con lo cual este bajó a valores de fines del 2007 (350 dólares la tonelada). Sino que además, al haber congelado con las DJVE las alícuotas de las retenciones en un 27,5% esas millonarias pérdidas se transformaron en pura ganancia. Dado que mientras las cerealeras compraban la cosecha a los productores descontando una retención del orden del 45 %, luego, a la Aduana, sólo le liquidaban el 27,5 %.

“Esa situación cierta y ruinosa de tener que enfrentar pérdidas multimillonarias tenía una única solución. El aumento de las retenciones antes de comenzar la cosecha. Las que además sería muy conveniente que fueran móviles, ante la gran volatilidad que evidenciada el precio internacional de los granos” señalaba textualmente la denuncia de Cafiero. “De esta manera la enorme pérdida de u$s 1.656 millones gracias al oportuno dictado de la resolución 125 en forma previa a la inminente cosecha, pudo revertirse en una módica ganancia de u$s 62,5 millones. Un nivel adecuado al que se suele dibujar en los balances en esa actividad” agregaba.

El ocultamiento
Además de Lousteau, en el diseño de Resolución 125, fueron participes necesarios la presidenta Cristina Fernandez y su marido Néstor Kirchner, ambos, en los hechos, a cargo del Poder Ejecutivo. Con las retenciones móviles, el matrimonio K, además de facilitarles una circunstancial salida a las exportadoras, pretendían percibir en un futuro cuantiosos recursos para afrontar los pagos de la deuda externa, ante la imposibilidad de Argentina de recurrir al mercado externo de capitales. Por eso sostuvieron hasta el final a la 125, que concluyó con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos.

Otro artífice de este negociado fue el senador K Roberto Urquía. Dueño de Aceitera General Deheza (AGD), socio de la multinacional Bunge, lobista de las empresa cerealeras, y miembro de la CIARA. Según el informe de Cafiero, en el congreso nacional, el aceitero Urquía, se encargó de: modificar la ley de granos (N°26.351) para permitirles a las cerealeras realizar las maniobras con las DJVE; obtener una modificación de la Resolución 125 con rebajas de las retenciones a favor de los aceiteros; y garantizar el quorum en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Agricultura, que él integraba, para que la polémica Resolución 125 sea transformada ley, cosa que evitó el famoso voto en contra de Cobos.

Fue justamente la denuncia del ex diputado lo que desbarajustó todo. Las mismas fueron corroboradas por la propia AFIP, que inició una investigación contra las cerealeras por la evasión de 1.700 millones de dólares, entre las cuales, en primera fila, estaba AGD del senador K Roberto Urquía. Causó tal revuelo que el propio Congreso, el 20 de agosto del 2008, luego que la 125 fuera rechazada, por unanimidad y sin debate alguno creó una comisión para investigar a las poderosas exportadoras de granos.

“Los legisladores bucearán en las DJVE –entre noviembre de 2007 y marzo de 2008–, con las cuales las cerealeras lograron congelar las alícuotas de las retenciones para exportaciones que se habrían realizado después de los aumentos que decretó el Gobierno. La sospecha alcanza a las principales compañías exportadoras: Bunge Argentina, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata encabezan –según las denuncias– el ranking” informó al respecto el diario oficialista Pagina 12.

La comisión debía estar integrada por doce diputados y senadores. Tenía 90 días para expedirse, y explicar lo sucedido con los 1.700 millones de dólares que se llevaron las cerealeras según la propia AFIP. Sin embargo, con la anuencia de las bancadas del kirchnerismo y del radicalismo, jamás funcionó.

A partir de allí todo fue silencio. Silencio que se rompió este año cuando, en plena campaña para la jefatura de gobierno porteño, la presidenta Cristina disparó contra su ex ministro Loustau a raíz de la 125, llamándolo “un desagradecido” que “casi hizo volcar al Gobierno”. “Cuando escuchaba a estos que nos querían dar algunas lecciones, sobre todo algunos que me costó sangre sudor y lágrimas” dijo la Presidenta con rencor.

Su ataque provocó la respuesta del candidato de ECO. “Yo renuncié y la Presidenta, en lugar de decir esto no era así, nos equivocamos, mandó al Congreso la ley” se excusó Loustau. Aunque reconoció ser el “responsable de la parte técnica porque lo que quería hacer (el entonces Secretario de Comercio Guillermo) Moreno era mucho peor”.

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